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Jurisprudencia Opinión

Comentario a la STS de 18 de julio de 2017 sobre el Artículo 7 del RD 240/2007.

Todavía está caliente el cadáver de lo que hasta hace poco era, no la única interpretación posible del Artículo 7 del RD 240/2007, pero sí probablemente la más lógica, racional y necesaria: la no aplicación de las exigencia sobre medios de vida estipuladas por el Artículo 7 del RD 240/2007 y por la Orden PRE/1490/2012 en relación a los familiares de ciudadanos españoles de terceros Estados.

Como decía, aún está caliente el cadáver, y el alevoso y premeditado homicida del mismo no ha sido otro que el Tribunal Supremo a través de su restaurado Recurso de Casación (del que estoy convencido no será la única víctima en el ámbito del Derecho de Extranjería).

Visto el contenido de la reciente Sentencia de 18 de julio de 2017, el estudio y valoración jurídica de la misma resulta, según mi punto de vista, estéril e inútil. Su contenido es el que es, no deja margen ni imaginación a elucubraciones que agudicen el ingenio, lamentablemente.

En este sentido, y a modo de duelo público y compartido, creo que esta desastrosa sentencia es merecedora, más que de una disertación jurídico-científica, de una valoración filosófica-deontológica. Por ello, aun pudiendo parecer compleja, entiendo bajo mi opinión personal que las vergüenzas de esta sentencia se vislumbran en tres premisas esenciales (que no hay que perder de vista):

a) Imposición “igualitaria” (pseudo-discriminatoria) del Régimen Comunitario a los familiares de ciudadanos españoles en las condiciones que se venían imponiendo al resto de familiares de ciudadanos comunitarios.

b) Degradación del ciudadano español, en su propio país, a no poder tener un reconocimiento pleno y efectivo en su más esencial entendimiento del Derecho a la Vida en Familia, que parece estar cada vez más alejado de esos mínimos a los que aspira el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que no termino de entender para quien está reservado).

c) El más absoluto desprecio –nos movemos en terrenos pantanosos de ideologías tenebrosas- hacia esa forma de hacer jurisprudencia basada en el sentido común y en una concepción humanitaria de entender esta rama del Derecho, cuando no hace tanto al Tribunal Supremo se le llenaba la boca afirmando que a la madre de un ciudadano español no se la podía expulsar, dijera lo que dijera la Ley de Extranjería (STS de 26 de enero de 2005: qué tiempos aquellos).

Así de simple como de cruel. Como decía, no hay más cera que la que arde…

Por ello reitero el comentario que hice al inicio del post: día de luto para el Derecho de Extranjería a manos del Tribunal Supremo, con el desconsuelo de saber, a ciencia cierta, que no será el último…

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Residencia Trámite_Extranjería

Artículo 31.3 LO 4/2000: aplicación directa y numerus apertus.

El día a día del abogado especialista en Derecho de Extranjería suele venir marcado por un denominador común: la lucha constante contra la interpretación restrictiva y sistemática que suele caracterizar a la Administración.

Dentro de este elenco de atrocidades limitativas de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España, existe un aspecto que suele predominar entre todas las Oficinas de Extranjería, y que resiste la insuficiente oposición jurídica por parte de los abogados extranjeristas, como son: 

a) la consideración de que los únicos supuestos de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias admisibles dentro del Derecho de Extranjería suelen ser los previstos en el RD 557/2011

b) la negativa tajante e innegociable de que no resulta posible alegar la directa aplicación del Artículo 31.3 de la LO 4/2000 para amparar un supuesto de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias distintos a los previstos reglamentariamente.

Pues bien, a pesar de que pueda parecer que la aplicación directa del Artículo 31.3 de la LO 4/2000 y la consideración como numerus apertus de los supuestos de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias sea un caballo de batalla en desuso, de vez en cuando resulta necesario recordar la valía y transcendencia de estos dos principios dentro del Derecho de Extranjería, que son una condición sine cuanon si realmente se aboga por la plena defensa de los Derechos de los extranjeros.

Partiendo de estas premisas, es necesario recordar que la consideración de los supuestos de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias como una lista tasada que se encuentra reconocida, única y exclusivamente, dentro de la regulación reglamentaria del Derecho de Extranjería, esto es, su consideración como numerus clausus, (posición en la que se parapeta la Administración), está más que superada a nivel jurisprudencial. En este sentido, el Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera tajante al respecto, y haciendo referencia al concepto de Arraigo, ha sentenciado (entre otras muchas, en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de fecha 27 de diciembre de 2006, Recurso Nº 7957/2003; 12 de abril de 2007, Recurso Nº 8437/2003 y Nº 6699/2003; 19 de abril de 2007, Recurso Nº 9537/2003; 24 de mayo de 2007, Recurso Nº 321/2004 y Nº 403/2004; 28 de junio de 2007, Recurso Nº 783/2004; y 22 de noviembre de 2007, Recurso Nº 2469/2004) que “el referido precepto reglamentario define un supuesto en que ha de entenderse acreditado el arraigo, mas sin que pueda considerarse que efectúa una definición, como “numerus clausus”, de lo que deba entenderse por arraigo, cuyo concepto resulta de su perfil legal y jurisprudencial”.

De igual manera, y por lo que respecta a la aplicabilidad directa del Artículo 31.3 de la LO 4/2000 como fundamento último para poder amparar jurídicamente la existencia de un supuesto real de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias no previsto reglamentariamente, el Tribunal Supremo también viene respaldando esta tesis, destacándose su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 8 de enero de 2007, Recurso Nº 38/2005 –reiterada por Sentencias de fecha 9 de enero, Recurso Nº 40/2005 y 10 de Enero, Recurso Nº 39/2005– (todas ellas resolutivas de los recursos interpuestos en su día contra el Real Decreto 2393/2004, anterior Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería), las cuales dejaban claro que “sucede respecto al extremo que estamos estudiando lo mismo que respecto a las autorizaciones por razones humanitarias. La regulación del precepto no es exhaustiva, […] aparte de que puede aplicarse directamente el mandato del artículo 31.3 de la ley orgánica”.

En virtud de todo lo expuesto, no cabe duda de que el abogado extranjerista debe tener siempre presente estos dos principios esenciales en su lucha por el pleno reconocimiento de los Derechos y Libertades de los extranjeros, muy a pesar del criterio (cuasi absoluto) en contra de la Administración, ampliando miras y horizontes en el reconocimiento legítimo de un sinfín de supuestos de Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias que, aun no previstos expresamente en el RD 557/2011, tienen la misma transcendencia legal en el seno del Derecho de Extranjería.

(Para un estudio más amplio al respecto se puede consultar mi artículo “Arraigo, Circunstancias Excepcionales y Razones Humanitarias: evolución histórica dentro del Derecho de Extranjería”, publicado en la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, Nº. 30, págs. 35-67, 2012).

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CIEsNO Jurisprudencia Opinión

Tribunal Supremo, CIEs y Real Decreto 162/2014.

En estos días se ha conocido la noticia de que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado cuatro preceptos del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

Según el comunicado publicado por APDHAAndalucía ACOGE, y SOS Racismo, a la espera de conocer el texto completo de la sentencia, el pronunciamiento del Tribunal Supremo anula los siguientes preceptos:

Artículo 7.3 párrafo segundo y Artículo 16.2 k), los cuales vulneran el Artículo 17.2 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, según el cual a “las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad”, situación que no garantiza el RD 162/2014.

Artículo 21.3, al resultar contrario al Artículo 62.2 de la Ley de Extranjería, que impide los internamiento sucesivos en los CIEs más allá de los 60 días, al considerar que todo internamiento “se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente”.

Artículo 55.2 párrafo primero, al no respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al respecto al Derecho a la Intimidad personal garantizado por el Artículo 18.1 de la Constitución por lo que respecta a los registros personales con desnudo integral, destacando entre otras la STC 57/1994.

Como no podía ser de otra manera, esta Sentencia del Tribunal Supremo tiene una importancia vital en el respecto y garantía de los Derechos de los extranjeros retenidos en estos Centros de reclusión de extranjeros que son los CIEs.

Sin embargo, su contenido resulta insuficiente mientras estos Centros, ajenos en la práctica a los Derechos Humanos, sigan existiendo en pleno siglo XXI. Ahora más que nunca en el que los CIEs están de plena actualidad en los medios gracias a esta resolución de Tribunal Supremo, resulta necesario denunciar la infamia de estas mazmorras para inmigrantes y gritar fuerte y claro: #CIEsNO.

En relación con lo dicho, vuelvo a hacer eco de dos entradas antiguas de este blog en relación con la denuncia de los CIEs y su actual regulación:

  • “CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos”, mediante el cual repaso la realidad de los CIEs y la falsedad que existe en el respeto de los Derechos reconocidos por la Ley de Extranjería a favor de los inmigrantes recluidos, y en el que reitero mi definición particular de los CIEs como “un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte”.  
  • “Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs”, con el que mostraba mi personal rechazo al RD 162/2014, Reglamento que ya nacía viciado por su evidente y contrastada vulneración de Derechos, como acaba de quedar demostrado.

De ambos textos, así como del pequeño granito de arena que un servidor aporta desde esta tribuna de opinión, se derivan dos conclusiones incontestables e irrefutables a día de hoy:

1º.- Que hace ya mucho tiempo que en un Estado que se califica a sí mismo como Democrático y de Derecho, los CIEs tuvieron que haber dejado de exisitr. Repito, #CIEsNO.

2º.- A pesar de labor del Tribunal Supremo en la purga del RD 162/2014, su contenido continua siendo en exceso vulnerador de los Derechos Humanos más básicos de todos los extranjeros recluidos que padecen cada día el presidio de los CIEs.