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Jurisprudencia Residencia

¿Cómo recurrir con éxito la denegación de Residencia de Larga Duración por antecedentes penales?

Exceptuando la adquisición de la nacionalidad española (que para muchos es el estatus jurídico de mayor valía que pueden alcanzarse en España por un foráneo), la Residencia de Larga Duración es el objetivo primordial al que aspiran los extranjeros no comunitarios y que les dota de una tranquilidad (casi) absoluta como residentes legales en España.

Este estatuto jurídico, que reconoce el Derecho de residencia indefinida en España, se ha convertido en los últimos años en el común denominador de la mayoría de los extranjeros extracomunitarios. No en vano, según estadísticas del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI), en junio de 2015 los extranjeros con Residencia de Larga Duración en España representaban más del 80%.

Como consecuencia de ello, resulta de vital importancia cumplir con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería para la obtención de este Derecho de Residencia, pero sobre todo, no conceder a las Oficinas de Extranjería ningún motivo para que puedan denegar este tipo de trámites.

En los últimos años, además de las denegaciones de Autorizaciones de Residencia de Larga Duración debido a las ausencia de España, la Administración viene considerando la mera existencia de antecedentes penales no cancelados como causa automática para denegar.

En relación con este último motivo, y entendiendo que en la mayoría de los casos la denegación de la Residencia de Larga Duración no resulta conforme a Derecho, mediante el presente post se pretende enumerar, desde nuestra experiencia como abogados especializados en Derecho de Extranjería, una serie de axiomas esenciales para poder combatir con éxito este tipo de denegaciones en sede judicial:

1º.- Conocer las limitaciones jurídicas al Derecho de Residencia de Larga Duración.

Resulta evidente que para poder combatir con éxito la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración basada en la tenencia de antecedentes penales no cancelados, lo primero que se debe conocer precisamente es en que supuestos cabe limitar el Derecho de Residencia de Larga Duración.

Partiendo de la premisa innegable de que existe una incorrecta transposición al Derecho de Extranjería española de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que omite (deliberadamente o ¿no?) aspectos esenciales de la misma, resulta necesario acudir a la propia Directiva, cuyo Artículo 6, titulado “Orden público y seguridad pública”, apartado 1º dispone expresamente que “Los Estados miembros podrán denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública”, y sigue afirmado que “Al adoptar la correspondiente resolución, el Estado miembro tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia”.

2º.- Práctica administrativa generalizada: denegación automática.   

A pesar de lo expresado por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, así como las condiciones exigidas por dicho precepto para que la Administración pueda limitar, y por tanto denegar, el estatuto de Residencia de Larga Duración, la práctica administrativa en general viene decretando la denegación automática de la Autorización de Residencia de Larga Duración por la mera existencia de antecedentes penales no cancelados, sin valorar ningún otra circunstancia al respecto.

En consecuencia, la regla general será un Resolución denegatoria en el cual la Administración no demuestra ni motiva mínimamente la concurrencia de las premisas exigidas por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, en especial, la existencia de razones de orden público o seguridad pública.

3º.- Correcta interpretación de los conceptos “orden público” y “seguridad pública”.

Partiendo de los dos principios anteriores, una buena defensa jurídica debe basarse en la adecuada interpretación que de los conceptos jurídicos indeterminados “orden público” y “seguridad pública” se viene realizando por la jurisprudencia, especialmente la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de demostrar que la Administración se aparta de estos criterios interpretativos a la hora de resolver la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración.

Entre esta jurisprudencia consolidada, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de diversos Tribunales Superiores de Justicia, cabe destacar, entre otras muchas, Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 3 de septiembre de 2000, Asunto C-355/98; Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 10 de julio de 2008, Asunto C-33/2007; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de marzo de 2008, Recurso Nº 307/2008; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 15 de febrero de 2011, Recurso Nº 370/2010; o Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 8 de septiembre de 2011, Recurso Nº 274/2011.

La jurisprudencia citada coincide en exigir, para que la Administración pueda limitar el estatuto de Residencia de Larga Duración, que concurran las siguientes premisas:

a) Existencia de razones de orden público o seguridad pública.

b) Existencia de motivos suficientes, razonables y razonados de que la conducta personal del extranjero constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

c) Que se tenga en cuenta, única y exclusivamente la conducta personal del extranjero, sin que pueda alegarse razones que no tengan relación directa con el caso concreto o basadas en motivos de prevención general.

d) Tener en cuenta de manera expresa que la existencia de condenas penales no constituye, per se, y de manera automática razón suficiente para denegar una Autorización de Residencia de Larga Duración.

4º.- Dejar constancia de aquellos aspectos positivos y acreditativos de arraigo del extranjero.

Con el fin de respaldar todos los axiomas anteriores, se recomienda hacer referencia expresa a todos aquellos aspectos positivos que concurran en el extranjero y relativos a la situación de arraigo en España, entre los que se pueden citar (además de los cinco años de Residencia Legal previos):

a) La existencia de arraigo laboral, arraigo social u otros aspectos que dejen constancia de su plena integración en España.

b) Hacer referencia a la existencia de condena penal única y/o al cumplimiento íntegro de la condena o condenas impuestas.

c) Acreditar el hecho de estar plenamente reinsertado socialmente, sin que haya existido reincidencia penal.

d) Por último, y más importante de todas las citadas, la existencia de arraigo familiar y su vinculación con el Derecho a la vida en familia, amparado jurídicamente tanto a nivel nacional como supranacional, así como por la jurisprudencia nacional e internacional existen al respecto.

5º.- Supuestos reales: éxitos judiciales.

Por último, y como dice el sabio refranero español que para muestra un botón, y que predicar con el ejemplo es el mejor argumento, comparto en este post tres casos diferentes de denegación de Autorización de Residencia de Larga Duración por existir antecedentes penales no cancelados recurridos en vía judicial y cuyo resultado ha sido plenamente satisfactorio para los intereses de nuestros clientes.

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Expulsión

Artículo 57.2 LO 4/2000: Expulsión por tenencia de antecedentes penales.

Además de la posibilidad de que un extranjero sea sancionado y expulsado de España por el hecho se estar en situación administrativa irregular, esto es, no tener estancia o residencia legal en el país, también existen otras posibles causas de expulsión, entre las que destaca la tenencia de antecedentes penales.

Este supuesto de expulsión, no considerado por la Ley de Extranjería como sanción (a pesar de sus nefastas consecuencias para el extranjero) se encuentra previsto en el Artículo 57.2 de la LO 4/2000 (Ley de Extranjería), cuyo precepto dispone que podrá ser expulsado aquel “extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.

Dada esta primera definición legal, cabe destacar los siguientes aspectos de esta causa de expulsión: 

Características esenciales:

La expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 se caracteriza por los siguientes elementos esenciales:

a) Resulta de aplicación a todo extranjero, sea o no residente legal en España (a excepción de los ciudadanos comunitario y familiares).

b) Su premisa básica es la existencia de antecedentes penales por delitos cuya sanción conlleve la privación de libertad superior a un año.

c) Es indiferente que la condena penal haya sido impuesta en España o en el extranjero, aunque si se exige que haya existido dolo y que en España se imponga la pena privativa de libertad superior a un año.

d) No tiene la consideración de sanción, sino de medida impuesta que la LO 4/2000 impone por la tenencia de determinados antecedentes penales. Tampoco se debe confundir con la expulsión judicial prevista en el Artículo 89 del Código Penal.

e) No se podrá imponer este tipo de expulsión si los antecedentes penales en los que se basa hubieran sido cancelados por el extranjero.

f) Al igual que la expulsión por situación administrativa irregular, la expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 conlleva aparejada una prohibición de entrada en territorio español y en el resto del espacio Schengen1de 3 a 5 años, pudiendo alcanzar los 10 años cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública.

g) Cuando el extranjero afectado sea residente legal en España, la imposición de esta medida de expulsión también conllevará la extinción de la Autorización que habilite al extranjero a residir o permanecer legalmente en España, o el archivo del procedimiento que se encontrara en trámite para acceder a dicha situación.

Derechos y garantías jurídico-procesales:

El extranjero que se vea afectado por un procedimiento de expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 tiene reconocido los siguientes Derechos y garantías jurídico-procesales:

  • Derecho a la asistencia letrada desde el inicio del procedimiento administrativo de Expulsión, que será gratuita en las mismas condiciones que para los españoles (Artículos 22.2 y 63.3 LO 4/2000; Artículos 235.2 y 243 a) RD 557/2011; y Artículo 13.3 y 13.4 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a un intérprete, si el extranjero no comprende el idioma (Artículo 22.2 y 63.3 LO 4/2000; Artículos 235.2 y 243 b) RD 557/2011; Artículo 13.3 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a la tutela judicial efectiva y al resto de garantías jurídicas reconocidas por el Artículo 24 de la Constitución española.
  • Derecho a interponer los recursos jurídicos previstos legalmente contra la Resolución que imponga la expulsión, en especial el Recurso Contencioso-Administrativo en sede jurisdiccional (Artículo 20.1 LO 4/2000; Artículo 245.1 RD 557/2011; y Artículo 13.1 y 13.2 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional y en relación con el Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951 (Artículo 64.5 LO 4/2000; Artículo 246.7 RD 557/2011; Artículos 18.1 d) y 19.1 Ley 12/2009; y Artículo 5 c) Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a que se comunique a las autoridades consulares del país del extranjero el inicio del expediente de expulsión, la detención, internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la Resolución del procedimiento de expulsión (Artículo 62.5 LO 4/2000; y Artículos 237 y 248 RD 557/2011).

Procedimiento de Expulsión:

La medida de expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 se inicia de oficio por denuncia realizada por parte de cualquiera de las autoridades competentes para ello, esto es, las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Oficinas de Extranjería, Comisaría  General de Extranjería y Fronteras, Comisarías de la Policía Nacional (comisarías provinciales, locales y de puestos fronterizos).

La incoación, tramitación y resolución de este tipo de expulsión se realiza generalmente bajo los cauces del procedimiento Preferente de expulsión previsto por el Artículo 63 de la LO 4/20002.

Las fases esenciales por las que pasa este procedimiento son las siguientes:

a) Alegaciones contra el acuerdo de incoación en el plazo máximo de 48 horas. De no realizarse alegaciones, el acuerdo de iniciación será considerado como propuesta de resolución.

b) (Posible) periodo probatorio respecto a las pruebas propuestas, cuyo plazo será de 3 días si las mismas hubieran sido admitidas.

c) Resolución por parte de la Oficina de Extranjería competente que impondrá, como regla general, la medida de expulsión al extranjero condenado penalmente.

Medidas Cautelares:

Durante la tramitación del procedimiento de este tipo de expulsión, y con el fin de garantizar la ejecución del mismo, podrá decretarse alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica del extranjero ante la autoridad que se decrete.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o equivalente.

d) Detención cautelar por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

e) El internamiento en un CIE, previa autorización judicial, hasta un máximo de 60 días.

f) Cualquier otra medida cautelar que se estime adecuada y proporcionada por un juez.

Resolución de expulsión y efectos jurídicos:

Resuelta e impuesta la medida de expulsión al extranjero condenado, la misma será notificada al afectado, o en su caso, al letrado que consta habilitado en el procedimiento.

Como se indicó más arriba, además de la propia decisión de expulsión, se impondrá una prohibición de entrada en el territorio nacional y en el resto del espacio Schengen por un periodo de 3 a 5 años, pudiendo llegar hasta los 10 años. Igualmente, se extinguirá la Autorización de Residencia (o Estancia) de la que sea titular el extranjero, o  se archivará cualquier procedimiento que se encuentre en trámite a este respecto.

Ejecutividad de la Resolución de expulsión:

La Resolución de expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 será inmediatamente ejecutable. Si no pudiera llevarse a cabo, la Administración podrá solicitar ante un juez el internamiento del extranjero en un CIE hasta que la ejecución pueda hacerse efectiva.

Limitaciones respecto al extranjero Residente de Larga Duración:

Cuando la medida de Expulsión vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000 recaiga sobre un extranjero que tenga reconocido el estatuto de Residencia de Larga Duración, la Oficina de Extranjería estará obligada a tener en cuenta los Derechos que dicho extranjero tiene reconocidos por parte de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

En efecto, es necesario recordar que, no habiendo sido transpuesta correctamente al ordenamiento jurídico español la mencionada Directiva, resulta de aplicación directa su articulado. En este sentido, para que la Administración pueda imponer este tipo de expulsión al extranjero titular de una Autorización de Residencia de Larga Duración, el Artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE exige que concurran las siguientes premisas:

a) Existencia de razones de orden público.

b) Existencia de motivos suficientes, razonables y razonados de que la conducta personal del extranjero al que se pretende expulsar por esta vía constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

c) Obligación de valorar: duración de la residencia en dicho Estado; edad del extranjero afectado; consecuencias que la expulsión acarrearía para el extranjero y sus familiares; y los vínculos que pudiera tener con el país de residencia o la ausencia de vínculos con su país de origen.

En consecuencia, resulta de vital importancia que la Resolución que impone la medida de expulsión y extinción de la Autorización de Residencia de Larga Duración motive expresamente la existencia de estas premisas, circunstancia que deberá ser respetuosa con la interpretación jurisprudencial consolidad existente de los conceptos “orden público” y “seguridad pública” (en especial, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE).

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1 Actualmente forman parte del espacio Schengen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

2 No obstante, es necesario recordar que dicho procedimiento resultará de aplicación cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Existencia de riesgo de incomparecencia por parte del extranjero.

b) Cuando el extranjero evite o dificulte su expulsión.

c) Si el extranjero representa un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

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Residencia Trámite_Extranjería

El problema de la tenencia de Antecedentes Penales: requisitos para su cancelación.

La tenencia de antecedentes penales de un extranjero, además de las consecuencias propias a toda sanción penal, tiene el inconveniente añadido de que afecta directamente a su situación administrativa en España. Su influencia en la vida del extranjero puede tener múltiples formas de expresión. Desde cerrar las vías de acceso a la residencia legal en España, hasta la expulsión de España por la misma causa.

No obstante, como veremos a continuación, la manera de excluir la consideración de los antecedentes penales es solicitar su cancelación, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello.

En concreto, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Derecho de Extranjería, la existencia de antecedentes penales puede afectar a un ciudadano extranjero de alguna de las siguientes maneras:

1. IMPEDIR EL ACCESO A LA RESIDENCIA LEGAL.

El primer impedimento que puede tener una extranjero que cuente con antecedentes penales en España es la imposibilidad de obtener una Autorización de Residencia y/o Trabajo Inicial, o lo que es lo mismo, impedir el acceso a la residencia legal.

Concretamente, el Artículo 31.5 de la Ley de Extranjería dispone que  para “autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España…”.

El precepto citado resulta más que evidente, por lo que cualquier solicitud de una Autorización de Residencia y/o Trabajo Inicial tendrá una respuesta negativa de forma automática.

2. OBSTACULIZAR LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN VIGOR.

Aunque en estos casos la tenencia de antecedentes penales también resulta un problema, sin embargo no conlleva la denegación instantánea del trámite de renovación. Al contrario, para estos supuestos, la Ley de Extranjería preceptúa que los antecedentes penales serán valorados teniendo en cuenta “la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad” (Artículo 31.7).

En virtud de dicho artículo, la Administración deberá valorar (al menos eso dice la teoría) dichas circunstancias a fin de resolver si los antecedentes penales en cuestión, deben o no, motivar la denegación de la renovación solicitada. Por regla general, gran parte de estos expedientes acaban siendo denegados, empujando al extranjero a una nueva situación de irregularidad sobrevenida.

3. IMPEDIR LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA.

Un requisito fundamental para poder obtener la nacionalidad española por residencia es, según el Artículo 22.4 del Código Civil, que el extranjero acredite “buena conducta cívica”. A todos los efectos, y hablando claro, que el solicitante no tenga antecedentes penales.

Nos encontramos, por lo tanto, ante otro supuesto en el que la tenencia de antecedentes penales supone un problema serio para el extranjero.

(No obstante, hay que matizar que en estos casos la referencia a la buena conducta cívica exigida por el Código Civil tiene un sentido y una interpretación jurisprudencia más amplia que la de simples antecedentes penales).

4. PROVOCAR LA EXPULSIÓN DE ESPAÑA.

Dispone el Artículo 57.2 de la Ley de Extranjería que “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.

Hay que recordar que en estos casos, la sanción impuesta no solo conllevaría la expulsión del territorio nacional, sino que además lleva aparejada una prohibición de entrada en todo el espacio Schengen, así como la extinción de la Autorización que habilite al extranjero a residir legalmente en España, si la tuviera.

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Como se dijo anteriormente, en estos cuatro supuestos, la tenencia de antecedentes penales supone a todos los efectos un problema importante para el extranjero. Al margen de otras herramientas jurídicas que puedan hacerse valer contra estos antecedentes, generalmente secundarias, la manera más directa de afrontar este problema es solicitar la cancelación de los antecedentes penales.

A estas alturas algunos se habrán preguntado en que consiste la cancelación de antecedentes penales. En palabras sencillas, la cancelación es un Derecho reconocido en el Código Penal mediante el cual se permite a una persona condena penalmente a que dichas condenas y las sanciones impuestas por las mismas sean borradas del Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministerio de Justicia. En consecuencia, con la cancelación se consigue que dichos antecedentes penales se consideren como inexistentes y no puedan ser tenidos en cuenta, además de en otros ámbitos, a los efectos planteados en este artículo.

En relación con lo expuesto, las cuestiones básicas para poder solicitar la cancelación de antecedentes penales son los siguientes:

A) ¿Qué requisitos se exigen para solicitar la cancelación de antecedentes penales?

El Código Penal establece que para poder cancelar antecedentes penales tendrán que cumplirse los siguientes requisitos:

1.- Haber satisfecho las responsabilidades derivadas de la condena penal, salvo en los supuestos de insolvencia declarada judicialmente.

2.- Haber transcurrido sin delinquir nuevamente, una vez extinguida la pena, los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves; 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; 3 años para las restantes penas menos graves; y 5 años para las penas graves.

En todo caso, el cómputo de los plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.

B) ¿Cómo se decreta la cancelación de antecedentes penales?

Si bien el Código Penal dispone que la cancelación podrá ser declarada de oficio, esto es, a instancias del propio Ministerio de Justicia, en la práctica, dicha situación es mero papel mojado. Por regla general, tendrá que ser el extranjero condenado el que inste la cancelación de sus antecedentes penales.

C) ¿Cómo se puede solicitar la cancelación de antecedentes penales?

Para los extranjeros, la solicitud de cancelación variará según su situación administrativa.

El EXTRANJERO RESIDENTE LEGAL, podrá solicitar la cancelación por una de estas dos vías: en persona, acudiendo al propio Registro General del Ministerio de Justicia, Madrid, o bien ante cualquiera de sus Gerencias Territoriales repartidas por España; por correo, dirigido al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Ambas posibilidades pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Justicia.

Para el EXTRANJERO EN SITUACIÓN IRREGULAR, y a pesar de que la legislación aplicable no realiza distinción alguna en este sentido, el Ministerio de Justicia no permite usar ninguna de estas dos vías alegando, precisamente, la situación de irregularidad administrativa.

En estos casos, no queda otra opción que solicitar la cancelación de antecedentes penales a través del Juzgado o Tribunal sentenciador, el cual, comprobado el cumplimento de los requisitos exigidos, procederá a ordenar la cancelación solicitada.

Si bien a primera vista puede parecer que no existen diferencias significativas, en la práctica, las vías habilitadas por el Ministerio de Justicia para los extranjeros residentes legales puede ser inmediata o en apenas unos días, mientras que realizar el mismo trámite de cancelación a través del Juzgado o Tribunal sentenciador puede suponer meses de espera.

No obstante, y a pesar de esta discriminación sin fundamento legal aplicada por el Ministerio de Justicia, el extranjero en situación irregular no tendrá otra opción que ejercitar el derecho a la cancelación por vía judicial. En estos casos, el extranjero podrá actuar personalmente, o bien acudiendo a los servicios de un abogado de confianza que tenga experiencia en este tipo de procedimientos.

D) ¿Qué consecuencias conlleva cancelación de antecedentes panales?

Como se dijo anteriormente, una vez cancelados los antecedentes penales, los mismos no podrán ser tenidos en cuenta en contra del extranjero. De este modo, y en sentido contrario al planteado en el presente artículo, estos antecedentes ya no podrán ser motivo de denegación para:

1. El acceso a la residencia legal.

2. La obtención de la renovación de la actual Autorización.

3. Obtener la nacionalidad española por residencia.

4. Como causa de expulsión por motivos penales.