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10-D: Recopilación de post en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hago una recopilación de los posts publicados en este blog sobre el tema. Espero que os resulte de interés:

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10-D: Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos.

Adelantándome al próximo sábado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en este post tratare un aspecto fundamental en este ámbito: el  Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos.   

Más concretamente, el Estándar Mínimo Internacional de Derechos Humanos reconocido a los extranjeros en España en relación con los Tratados Internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.

Partiendo de estas premisas, comencemos:

1º.- ¿En qué consiste el principio de Standard Mínimo Internacional?

El Standard Mínimo Internacional (SMI), viene configurado por aquellos Derechos que se consideran inherentes a todo ser humano, y que se reconocen por el hecho de ser persona. Estos Derechos no están condicionados a ningún tipo de requisito adicional, ni admite discriminación alguna es su concepción como tal.

2º.- ¿Dónde tiene su origen el reconocimiento del Standard Mínimo Internacional?

Los Derechos integrados en el SMI tienen su legitimación última en una saga de Convenios Internacionales, entre los que cabe destacar los siguientes:

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
  • Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CIPDTMF).
  • Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales  (CEDH).

Por medio de estos Convenios Internacionales se reconoce un SMI de Derechos abogando por dos Principios fundamentales para su concepción:

a) Son Derechos inherentes e intrínsecos a la dignidad humana de las personas, que se reconocen así por ser inseparables del ser humano como tal, siendo por ello indisponibles por los Estados partes de dichos Convenios Internacionales.

b) Son Derechos cuya aplicación no permite discriminación entre seres humanos iguales, o lo que es lo mismo, su reconocimiento se fundamenta en el Principio de no discriminación, sin que quepa distinguir entre nacionales y extranjeros1.

3º.- ¿Cuál es la incidencia del SMI en el ordenamiento jurídico español?

El SMI, así como los Principios que le sirven como inspiración, tienen especial trascendencia en España, y no únicamente por el hecho de ser Estado parte en los Convenios citados –a excepción funesta del Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares-, sino porque así lo reconoce expresamente el Artículo 10 de la Constitución.

De dicho precepto se desprende, por una parte, la impronta imprescindible de la dignidad humana como leitmotiv en el reconocimiento de los Derechos que integran en SMI; y por otro, la esencia interpretativa de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en los Textos Internacionales a los que se ha hecho referencia anteriormente.

Así se ha manifestado el Tribunal Constitucional, que declaró en la STC 36/1991, que si bien el Artículo 10.2 de la Constitución “no da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los correspondientes preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el capítulo 2º del Título I CE.”

4º.- ¿Cuál es el contenido del SMI que se reconocen a los extranjeros en España?

Para delimitar los Derechos integrantes del SMI que España reconoce a los extranjeros, y en qué medida, debe partirse de la STC 107/1984, de trascendental importancia2. De la misma se desprende que los Derechos y Libertades, según se reconozca su titularidad o no los extranjeros, se dividen en tres grupos:

a) Standard mínimo de Derechos, que “corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos”. Estos derechos son los que, citando por todas a la STC 236/2007, “pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica (STC 107/1984, FJ 3), pero también el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 99/1985, FJ 2) y el derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita (STC 95/2003, FJ 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (STC 144/1990, de 26 de septiembre, FJ 5), y el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (STC 137/2000, de 29 de mayo, FJ 1). Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal, pero no constituyen una lista cerrada y exhaustiva.”        

b) Derechos modulables, que “pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”. Estos derechos son los que no siendo atribuidos a los extranjeros dentro del SMI por la Constitución, sí pueden ser reconocidos a favor de los mismos por medio de los Convenios Internacionales de los que España sea parte o a través de las Leyes, como sucede con Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social. Respecto a los mismo, afirma la STC 236/2007, que “el art. 13 CE autoriza al legislador a establecer “restricciones y limitaciones” a tales derechos, pero esta posibilidad no es incondicionada por cuanto no podrá afectar a aquellos derechos que “son imprescindibles para la garantía de la dignidad de la humana que, conforme al art. 10.1 CE, constituye fundamento del orden político español”, ni “adicionalmente, al contenido delimitado para el derecho por la Constitución o los Tratados Internacionales suscritos por España” (STC 242/1994, FJ 4). De nuestra jurisprudencia se deduce que éste sería el régimen jurídico de derechos tales como el derecho al trabajo (STC 107/1984, FJ 4), el derecho a la salud (STC 95/2000, FJ 3), el derecho a percibir una prestación de desempleo (STC 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2), y también con matizaciones el derecho de residencia y desplazamiento en España (SSTC 94/1993, FJ 3; 242/1994, FJ 4; 24/2000, de 31 de enero, FJ 4).”

c) Derechos no perteneciente a los extranjeros, que son los reconocidos en el art. 23 de la Constitución, según dispone el art. 13.2 y con la salvedad que contienen. Estos derechos, el Derecho al sufragio activo y pasivo, esto es, el Derecho a ser elector y a ser elegible, pertenecen en exclusividad a los ciudadanos españoles, permitiendo únicamente el ejercicio de estos Derechos a los extranjeros según el texto del Artículo 13.2 de la CE3.

5º.- Partiendo del contenido del SMI ¿De qué derechos son titulares los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular?

Concluyendo con todo lo expuesto hasta el momento, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional reconoce expresamente el contenido esencial del SMI respecto a los extranjeros en situación irregular a través de los siguientes Derechos (especialmente reconocidos en la STC 236/20074):

  • Derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en la aplicación de la Ley, ex Artículo 14 CE (STC 107/1984, FJ 3; STC 137/2000, FJ 1).
  • Derecho a la Vida, a la Integridad física y moral, Artículo 15 CE (STC 107/1984, FJ 3).
  • Derecho a la Libertad ideológica y religiosa, Artículo 16 CE (STC 107/1984, FJ 3; STC 20/1990, FJ 3).
  • Derecho a la Libertad y a la Seguridad, Artículo 17 CE (STC 115/1987, FJ 1; STC 144/1990, FJ 5).
  • Derecho al Honor, la Intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Artículo 18 CE (STC 107/1981, FJ 2; STC 107/1984, FJ 3; STC 214/1991, FJ 1 y 8; STC 207/1996, FJ3, que cita entre otras a las SSTC 231/1988, 197/1991, 20/1992, 219/1992, 142/1993, 117/1994 y 143/1994).
  • Derecho a la Libertad de Expresión, Artículo 20 CE, por su vinculación con el  Artículo 16 CE (STC 6/1988, FJ 5), Artículo 21 CE (STC 163/2003, FJ 2; STEDH caso Stankov, de 13 de Febrero de 2003, § 85; STEDH caso Rekvényi, de 20 de Mayo de 1999, § 58) y Artículo 22 CE (STEDH caso Vogt, de 26 de Septiembre de 1995, § 64; STEDH caso Ahmed, de 2 de Septiembre de 1998, § 70).
  • Derecho a la Libertad de Reunión y Manifestación, Artículo  21 CE (STC 99/1985, FJ 2; STC 115/1987, FJ 2; STC 91/2000, FJ 3 y 7; STC 95/2003, FJ 5; especialmente STC 236/2007, FJ 6 y SSTC sucesivas), y en su vinculación con el Artículo 16 CE (STC 163/2003, FJ 2; STEDH caso Stankov, de 13 de Febrero de 2003, § 85; STEDH caso Rekvényi, de 20 de Mayo de 1999, § 58).
  • Derecho a la Libertad de Asociación, Artículo 22 CE (STC 115/1987, FJ 3; STC 173/1998, FJ 8; STC 104/1999, FJ 3; especialmente STC 236/2007, FJ 7 y SSTC sucesivas), y en su relación con el Artículo 16 CE (STEDH caso Vogt, 26 de Septiembre de 1995, § 64; STEDH caso Ahmed, 2 de Septiembre de 1998, § 70).
  • Derecho a la Tutela judicial efectiva y al beneficio de la asistencia jurídica gratuita, Artículo 24 CE (STC 99/1985, FJ 2; STC 95/2003, FJ 4 y 5).
  • Derecho a la Legalidad penal (y Sancionadora Administrativa), Artículo 25.1 CE (STC 42/1987, FJ 2; STC 154/1990, FJ 3).
  • Derecho a la Educación, Artículo 27.1 CE (STC 6/1981, FJ 3; STC 86/1985, FJ 3; especialmente STC 236/2007, FJ 7 y SSTC sucesivas; STEDH caso Irlanda contra Reino Unido, de 18 de Enero de 1978, § 238; STEDH caso Príncipe Hans- Adams II de Lichtenstein, de 12 de Julio de 2001, § 46), y su especial vinculación el Artículo 16 CE (STC 5/1981, FJ 9) y el Artículo 17 CE (STC 86/1985, FJ 3).
  • Derecho a la Libertad de Sindicación, Artículo 28.1 CE (especialmente STC 236/2007, FJ 8 y SSTC sucesivas).
  • Derecho a la Huelga, Artículo 28.2 CE (STC 11/1981, FJ 11; especialmente STC 259/2007, FJ 7).

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1 Así se desprende de manera clara de los Artículos 2.1 DUDH; 2.1 PIDCP; 2.2 PIDESC; 7 CIPDTMF; y 14 CEDH.

2 Esta Sentencia ha sido reiterada por jurisprudencia consolidada, citándose entre otras, STC 99/1985, FJ 2; STC 115/1987, FJ 1; STC 94/1993, FJ 2; STC 116/1993, FJ 2; STC 242/1994, FJ 4; STC 130/1995, FJ 2; STC 91/2000, FJ 1; STC 137/2000, FJ 1; STC 95/2000, FJ 3; STC 95/2003, FJ 5; STC 72/2005, FJ 5; y la importantísima STC 236/2007, FJ 3.    3 Artículo 13.2 CE: “2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

4 En complemento de esta STC, ver también SSTC 259/2007, 260/2007, 261/2007, 262/2007, 263/2007, 264/2007, y 265/2007.

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Datos y estadísticas relevantes un día después del 10-D.

Un día después de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, mi intención es mirar hacia atrás en este año 2014 y hacer una pequeña reflexión sobre el valor y la importancia de los Derechos Humanos en nuestra sociedad actual. Y para ello tiraré de datos. De estadísticas.

Es cierto que en ocasiones las simples estadísticas resultan frías e infieles con la realidad. Sin embargo, cuando hablamos de Derechos Humanos, los datos, las simples estadísticas, suelen ser un fiel reflejo de la realidad que nos rodea, de la miseria humana y humanitaria que se ceba con los más desfavorecidos y que empieza a ser cotidiano hasta lo peligrosamente absurdo.

Siguiendo esta reflexión, los datos nos dicen que, según UNICEF, hay 15 millones de niños y niñas víctimas de la guerra, y hasta 230 millones que viven en países y áreas afectadas por algún conflicto bélico (1).

Que en el próximo año 2015, según la ONU, hasta 78 millones de personas precisarán de ayuda humanitaria, pudiendo aspirar, tan solo, a dar cobertura a 57 millones (2). No obstante, es necesario precisar que según el Banco Mundial, el umbral de pobreza alcanza ya los 1.000 millones, o lo que es lo mismo, el 14% de la población mundial (3).

Por su parte, en España, el umbral de pobreza infantil alcanza cifras escalofriantes: uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza (4), niveles superados en la UE únicamente por Rumania.

A la reciente publicación del Informe realizado por el Senado de los EEUU, que revelan las torturas sistemáticas aplicadas por la CIA a los sospechosos de terrorismo tras el 11-S (5), hay que sumar los más de 100 países que en pleno siglo XXI siguen practicando la tortura y los malos tratos (6), según Amnistía Internacional. España no es la excepción: 6621 denuncias por torturas o malos tratos y hasta 833 muertesbajo custodia del Estado en la última década, según datos del Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura (7).    

En estas últimas cifras relativas a España sobre vulneración de Derechos Humanos (donde no podemos olvidar la nasciturusLey Mordaza (8), concebida por el poder y no por el pueblo; o la deslealtad y la injusticia, todavía hoy, hacia las víctimas y familiares de víctimas del franquismo [9y 10]), posiblemente habría que incluir (o sumar) las vulneraciones de Derechos Humanos en el ámbito de las migraciones: esas mazmorras ajenas al Derecho que son los CIEs; las perennes devoluciones en caliente realizadas por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que ahora sí, tienen “cobertura legal”, a pesar de su antijuricidad (11); las asesinas concertinas; la exclusión sanitaria a la que están sometidos más de 800.000 de inmigrantes en situación irregular(12 #yoelijoserhumano), y que ya le valió a España un tirón de orejas por parte del Consejo de Europa;  las muertes de inmigrantes en el Tarajal a manos (presuntamente) de la Guardia Civil; la muerte de inmigrantes, año tras año, en las aguas del Estrecho; la diarrea verbal que de forma constante se derrama por la boca del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (la última hoy mismo [13]).

Todos estos datos son precisamente eso: datos y simples estadísticas, pero muy ilustrativas de que tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el camino que lleva al pleno reconocimiento, garantía y respeto de los Derechos Humanos está recién comenzado., y del que queda mucho por recorrer.

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son lo mejor de nosotros. Denles vida.” Kofi Annan

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10 de Diciembre: ¿Día Internacional? de los Derechos Humanos.

Día 10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha simbólica que coincide con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de Diciembre de 1948.

El día tiene su sentido, como es lógico. Se conmemora la celebración del reconocimiento “universal” de esos Derechos mínimos, o mejor dicho, de ese estándar mínimo de Derechos reconocidos a todo ser humano por el simple hecho de serlo, sin que quepa ningún tipo de discriminación. Este reconocimiento, a simple vista, tiene un sentido más teórico que practico si tenemos en cuenta la cruda realidad social, jurídica, política y judicial que nos rodea. No se puede hablar realmente de un reconocimiento pleno de los Derechos contenidos en la Declaración Universal. En absoluto.Quizás haya quien pueda pensar que es una opinión muy pesimista. Al contrario, el día a día se encarga de demostrar que no existe realmente una justicia universal que reconozca universalmente la existencia de unos Derechos Humanos de ámbito mundial. Es verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ahí, pero a día de hoy está más cerca de ser considerado un amasijo de añejo papel mojado que una autentica norma jurídica de alcance internacional.

No digo que no existan mecanismo de defensa y protección de los Derechos Humanos. Estos mecanismos existen, por supuesto. Pero su existencia tiene, según mi opinión, un sentido más formalista que material: están ahí, existen, previstos por el Derecho nacional o internacional, pero su ejercicio efectico y los resultados materiales, por regla general, o no existen, o de existir, las soluciones llegan de manera extemporánea, años después.

Vuelvo a repetir que este no es un planteamiento pesimista, sino más bien la plasmación del sistema jurídico y judicial de amparo de los Derechos Humanos.

Y el hecho evidente de que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es un mero amasijo de papel mojado viene reflejado por el respecto que los Estados y las propias instituciones de ámbito internacional tienen respecto a su propio contenido y la trascendencia última de sus Derechos más elementales.

Hoy día no se puede decir (Artículo 1) que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, cuando una gran parte del planeta se muere cada día de hambre por desnutrición y falta de alimentos; de sed por la falta de agua potable; de enfermedades, unas más comunes, tratables y curables, otras complejas, pero merecedoras de cuidados paliativos.

Tampoco se puede afirmar que (Artículo 2) “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, porque realmente si existen diferencias que marcan, segregan y oprimen al diferente, al otro, a la minoría, dentro y fuera del propio país.

La misma conclusión cabe realizar cuando se dice que (Artículo 7) “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”, cuando hemos creado una justicia para ricos y otra para pobres, con o sin tasas judiciales.

No se puede considerar que realmente (Artículo 3) “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, cuando la pena de muerte es un arma punitiva de los Estados y la guerra es un instrumento de agresión preventiva.

Mucho menos que (Artículo 4) “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”. La trata de personas, esclavitud del siglo XXI, somete a hombres, mujeres, niños y niñas a explotación laboral, sexual, económica y social ante los ojos cuasi-impasibles de los que deben actuar. Repito de nuevo, no digo que no se haga nada, sino que no se hace todo lo que debería hacerse.

No es verdad que (Artículo 5) “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Ejemplo de ello son los CIEs y las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, y como ejemplo internacional más evidente (y cuya promesa de clausura motivo un Premio Nobel de la Paz): GUANTÁNOMO. En este último caso, y según mi opinión, también afecta a los CIEs, tampoco puede afirmarse que (Artículo 9) “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Casos como el Guantánamo afectan también a Derechos Humanos tan básicos y elementales como el Derecho de toda persona (Artículo 8) “a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; (Artículo 10) “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”; (Artículo 11) “a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

No es válido afirmar que (Artículo 6) “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, o que (Artículo 15) “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, no al menos para saharauis, palestinos o, recientemente, dominicanos en la República Dominicana.

Idénticas conclusiones podrían realizarse respecto a Derechos Humanos tales como el Derecho a la intimidad personal y familiar (Artículo 12); Derecho de Asilo (Artículo 14); Derecho a contraer matrimonio en plena igualdad (Artículo 16); Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 18); Derecho a la Libertad de opinión y de expresión (Artículo 19); Derecho a la Libertad de reunión y de asociación pacíficas (Artículo 20); Derecho de participación política (Artículo 21); Derecho a un nivel de vida digno (Artículo 25); o Derecho a la educación (Artículo 26).

Pero sobretodo, por lo que al sentido de este blog corresponde, resulta totalmente falso a día de hoy el Derecho reconocido en el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

Este Derecho, creado a imagen y semejanza para los interesases particulares de una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, dejo de tener vigencia a medida que las migraciones internacionales dejaron de ser necesarias para la causa, y pasaron a ser un estorbo indeseado para los país desarrollados de occidente. Un Artículo 13 que únicamente fue verdaderamente efectivo cuando nosotros éramos emigrantes, pero que ha perdido cualquier vigencia moral y jurídica cuando los inmigrantes empezaron a ser otros.

En definitiva, y visto lo visto, ¿puede afirmarse positivamente que existe a día de hoy ese  “orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (Artículo 28)?