Expediente de Expulsión por situación irregular

Expediente de Expulsión

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Expediente de Expulsión por situación irregular


El expediente de expulsión por situación irregular, vía Artículo 53.1 a) de la Ley de Extranjería, se impone al extranjero que se encuentra en situación administrativa irregular en España.

Esta sanción, además de la expulsión de España lleva aparejada una prohibición de entrada que afecta, además de a España, al resto del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza).

¿En qué situación se debe encontrar el extranjero para poder ser expulsado?

Para que el extranjero se pueda ver afectado por la sanción de expulsión resulta necesario que se encuentre en situación irregular en España, ya sea por no disponer de Autorización de Residencia (y Trabajo) o no haberla renovado en plazo.

¿Cuáles son las principales características del procedimiento de expulsión?

Cabe recalcar como aspectos más destacados del procedimiento de expulsión los siguientes:

  • Es la principal y más grave sanción en Derecho de Extranjería para un extranjero.
  • Se aplica a extranjeros en situación irregular (aunque la LO 4/2000 permite que en otros supuestos también se puede imponer a residentes legales).
  • Existen dos procedimiento: preferente, de carácter sumario, y el ordinario, con más garantías.
  • Es una sanción Administrativa, no una sanción penal.
  • Toda expulsión conlleva una prohibición de entrada en territorio español y en el resto del espacio Schengen de 3 a 5 años. Excepcionalmente, esta prohibición de entrada podrá llegar hasta los 10 años cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública.

¿Qué Derechos tiene reconocido un extranjero al que se le inicia un expediente de expulsión?

En la incoacción de todo expediente de expulsión se reconoce al extranjero los siguientes Derechos:

  • Derecho a la asistencia de abogado, que será gratuita en las mismas condiciones que para los españoles.
  • Derecho a un intérprete, si el extranjero no comprende el idioma.
  • Derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el Artículo 24 de la Constitución.
  • Derecho a presentar alegaciones en el plazo legalmente establecido tras la incoacción del expediente de expulsión.
  • Derecho a recurrir la sanción de expulsión, tanto en vía administrativa como recursos en vía judicial.
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional y en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
  • Derecho a que se comunique a las autoridades consulares del país del extranjero el inicio del expediente de expulsión, la detención, internamiento en un CIE y la Resolución de expulsión.

¿Qué medidas cautelares puede ser decretadas?

Durante la sustanciación del procedimiento de expulsión, y con el fin de garantizar la ejecución de la expulsión, se podrá decretar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica del extranjero ante la autoridad que se decrete.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o equivalente.

d) Detención cautelar por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).

e) Internamiento en un CIE, previa autorización judicial.

f) Cualquier otra medida cautelar se estime adecuada por un juez.

En todo caso, si el procedimiento aplicado es el Ordinario, se podrá acordar cualquiera de las medidas expuestas excepto el internamiento en un CIE (en plazo de salida voluntaria).

¿Qué efectos tiene la Resolución de expulsión?

Impuesta la expulsión, la misma será notificada al extranjero, o en su caso, al abogado habilitado en el procedimiento.

Además de la propia expulsión, se impondrá una prohibición de entrada en el territorio nacional y en el resto del espacio Schengen por un periodo de 3 a 5 años, salvo que se aprecie con carácter excepcional que la conducta del extranjero constituye una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, en cuyo caso dicha prohibición podrá alcanzar los 10 años.

Por lo que respecta a la ejecución de la expulsión, la misma dependerá del procedimiento seguido para su imposición.

Si se hizo uso del procedimiento preferente, la ejecución de la expulsión será inmediatamente ejecutable. Si no pudiera llevarse a cabo, se podrá solicitar el internamiento en un CIE hasta que la misma pueda hacerse efectiva, hasta un plazo máximo de 60 días. Si se hubiera seguido el procedimiento ordinario, se concederá un plazo de salida voluntaria del país, de entre 7 y 30 días. Finalizado el plazo de salida voluntaria sin que el extranjero haya abandonado el país, podrá decretarse su expulsión inmediata, y caso de no poder llevarse a efecto, solicitarse el internamiento en un CIE.

¿Cuándo prescribe y caduca un expediente de expulsión?

El plazo máximo para resolver y notificar un expediente de expulsión es de seis meses contados desde el acuerdo de incoación. Transcurrido este plazo, se considerará caducado el procedimiento, debiendo procederse al archivo del mismo.

Por lo que respecta a la prescripción, la sanción de expulsión impuestas vía Artículo 53.1 a) de la Ley de Extranjería prescribe a los 2 años contados desde que fue impuesta. El cómputo del plazo no comenzará a contar hasta que no haya finalizado el periodo de prohibición de entrada impuesto (con un máximo de 10 años).

¿Qué ocurre si el extranjero tiene antecedentes penales?

Independientemente de estar en situación irregular o ser residente legal, el hecho de haber sido condenado penalmente puede acarrear la expulsión por antecedentes panales.


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