Expediente de Expulsión con antecedentes penales

Expediente de Expulsión

antecedentes penales

Expediente de Expulsión con antecedentes penales


La expulsión por la tenencia de antecedentes penales, vía Artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, se impone al extranjero que haya sido condenado (dentro o fuera de España), por un delito doloso que imponga pena privativa de libertad superior a un año, salvo que dichos antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Además de la expulsión, se impondrá una prohibición de entrada que afecta a España y al resto del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza).

En último lugar, también se decretará la extinción de la Autorización de Residencia de la que sea titular el extranjero.

¿En qué situación se debe encontrar el extranjero para poder ser expulsado?

Para que el extranjero se pueda ver afectado por este tipo de expulsión es necesario que conste una condena penal derivado de una actuación dolosa y que la pena prevista sea de prisión superior a un año. No importa que el extranjero sea residente legal o esté en situación irregular para la incoación de este tipo de expulsión.

¿Cuáles son las principales características del procedimiento de expulsión?

Cabe destacar como aspectos más destacados de la Expulsión con condena penal los siguientes:

  • Según jurisprudencia consolidada, este tipo de expulsión no tiene la consideración de sanción, sino más de una medida prevista en la Ley de Extranjería.
  • Se puede aplicar tanto a extranjeros residentes legales, como para la expulsión en situación irregular.
  • Es imprescindible que el delito en cuestión del que deriva la Expulsión se haya cometido de manera dolosa y tenga prevista como sanción la pena privativa de libertad superior a un año en su rango de menor condena.
  • Además de la expulsión de España, conlleva aparejada una prohibición de entrada en territorio español y en el resto del espacio Schengen de 3 a 5 años. Cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública se podrá imponer una prohibición de entrada de hasta 10 años.

¿Cuáles son los Derechos reconocidos al extranjero sometido a este expediente de expulsión?

En la incoacción de todo expediente de expulsión se reconoce al extranjero los siguientes Derechos:

  • Derecho a la asistencia de abogado, que será gratuita en las mismas condiciones que para los españoles.
  • Derecho a un intérprete, si el extranjero no comprende el idioma.
  • Derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el Artículo 24 de la Constitución.
  • Derecho a presentar alegaciones en el plazo legalmente establecido tras la incoacción del expediente de expulsión.
  • Derecho a recurrir la sanción de expulsión, tanto en vía administrativa como recursos en vía judicial.
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional y en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
  • Derecho a que se comunique a las autoridades consulares del país del extranjero el inicio del expediente de expulsión, la detención, internamiento en un CIE y la Resolución de expulsión.

¿Qué medidas cautelares puede ser decretadas en este caso?

Durante la sustanciación del procedimiento de expulsión, y con el fin de garantizar la ejecución de la expulsión, se podrá decretar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica del extranjero ante la autoridad que se decrete.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o equivalente.

d) Detención cautelar por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).

e) Internamiento en un CIE, previa autorización judicial.

f) Cualquier otra medida cautelar se estime adecuada por un juez.

¿Qué efectos tiene la Resolución de expulsión?

Impuesta la expulsión, la misma será notificada al extranjero, o en su caso, al abogado habilitado en el procedimiento.

Además de la propia expulsión, se impondrá una prohibición de entrada en el territorio nacional y en el resto del espacio Schengen por un periodo de 3 a 5 años, salvo que se aprecie con carácter excepcional que la conducta del extranjero constituye una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, en cuyo caso dicha prohibición podrá alcanzar los 10 años.

La Resolución que acuerde este tipo de expulsión, impuesta a través del procedimiento preferente, será inmediatamente ejecutable. Si no pudiera llevarse a cabo, se podrá solicitar el internamiento en un CIE hasta que la misma pueda hacerse efectiva, con un plazo máximo de 60 días.


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