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TEDH: España y sus devoluciones en caliente vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Feliz noticia esta semana procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y varapalo para España por sus devoluciones en caliente realizas contra extranjeros en Ceuta y Melilla: el TEDH las declara contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En concreto, las devoluciones en caliente, denunciadas de manera constante en este blog (ver aquí), vulnera el Artículo 4° del Protocolo N° 4, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros, así como el Artículo 13, que reconoce el Derecho a un recurso efectivo.

Como anteriormente comenté, este blog se ha pronunciado de manera reiterada y contundente -un total de 15 post al respecto así lo demuestran- en contra de esta aberración jurídica que son las devoluciones en caliente, por lo cual queda poco que decir, más allá de la enorme alegría por el pronunciamiento del TEDH, así como felicitar a los compañeros por tan arduo y exitoso trabajo: ¡Mi más sincera enhorabuena!

Os dejo el enlace a toda la información sobre el casoN.D. y N.T. v. España (8675/15 y 8697/15)– en la web del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), que merece la pena visitar.

Finalmente, me viene una reflexión a la cabeza: ¿Dará España cumplimiento efectivo a esta Resolución del TEDH y cesarán definitivamente las devoluciones en caliente?

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Adhiérete contra las devoluciones en caliente ante el Parlamento Europeo.

Como ya contáramos en este blog en el mes de abril de 2015, el despacho de abogados del que formo parte (INFANTE & PEÑA ABOGADOS) presentó en esa fecha una Petición ante el Parlamento Europeo relativa a las devoluciones en caliente que se vienen realizando por parte de España en Ceuta y Melilla contra inmigrantes y potenciales solicitantes de asilo.

Para aquellos que todavía no lo conozcan, las devoluciones en caliente, además de ser manifiestamente ilegales, vulneran las garantías jurídicas y Derechos Fundamentes con amparo constitucional e impiden el legítimo ejercicio del Derecho de Asilo en aquellos casos protegidos, tanto por el ordenamiento jurídico español como por el Derecho Internacional.En concreto, la Petición interpuesta contra España se fundamenta en la creación de  un apartheid jurídico en Derecho de Extranjería en las ciudades de Ceuta y Melilla para la figura jurídica de la Devolución, dentro del cual no se respetan los Derechos y garantías jurídicos-procesales reconocidos en la LO 4/2000 y el RD 557/2011, y en consecuencia, en la propia Directiva 2008/115/Constitución Española (para conocer más, pinchar aquí).

Afortunadamente, la Petición se encuentra ya en fase de adhesión a la misma bajo el nombre de Petición n° 0337/2015, presentada por Alejandro Peña Pérez, de nacionalidad española, sobre el incumplimiento de la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Por medio de este post se pretenden varios objetivos. En primer lugar, dar a conocer la existencia de esta Petición. Seguidamente, conseguir la mayor difusión posible, no solo entre los lectores habituales de este blog, sino entre todos aquellos que tengan un mínimo de sensibilidad hacia los Derechos Humanos de los inmigrantes y que pueden ayudar a que esta iniciativa se conozca aún más. Y por último, pedir abiertamente tu adhesión a la Petición n° 0337/2015, por medio de la cual podremos conseguir que cesen de una vez por todas con las devoluciones sistemáticas llevadas a cabo por España al margen del Estado de Derecho, y que reiteramos, viene generando según nuestra opinión jurídica, un apartheid jurídico en las ciudades de Ceuta y Melilla

Esperamos poder contar con vuestro apoyo y que esta Petición alcance los objetivos deseados. Igualmente, agradeceríamos la máxima difusión con el fin de poder obtener el mayor número de adhesiones posibles.

¡ADHIÉRETE!

Muchas gracias y seguimos en la lucha.

 

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Ministerio del Interior y Devoluciones: Balance de una mentira.

El último post publicado en este blog trataba sobre la mal denominada transparencia institucional que existe en el Ministerio del Interior sobre la realidad oculta de las devoluciones en caliente que tanto se afanan en querer negar.

Esta semana, apenas unos días después de esta publicación, y de los balones fuera echados por el Ministerio en la consulta realizada por un servidor, se hace público el “Balance de la lucha contra la inmigración irregular” del año 2014. Su contenido, a la par que revelador, deja en evidencia la gran farsa que supone el circo que el Ministerio del Interior ha montado en relación con las devoluciones ilegales llevadas a cabo en Ceuta y Melilla, y vienen a confirmar la veracidad de ese viejo refrán español que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.

No puede ser otra la conclusión si se observa con un mínimo de detenimiento el balance publicado por el Ministerio del Interior. Según su contenido, es necesario destacar dos afirmaciones relevantes:

1º.- “En 2014, se registraron cerca de 19.000 intentos de asalto al vallado de Melilla (un 350% más que 2013). Gracias a las medidas disuasorias y a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el 90% de los asaltantes no accedieron a Ceuta y Melilla” (página 10 del documento resumen).

Ministerio del Interior y Devoluciones: Balance de una mentira.

 

 

 

 

 

 

 

2º.- En el apartado relativo a repatriaciones, se afirma que “Las devoluciones descendieron un 17,6%. En 2013 se registraron 5.002 casos mientras que en 2014 fueron 4.121, lo que supone una diferencia de 881 personas menos” (página 13 del documento resumen).

Ministerio del Interior y Devoluciones: Balance de una mentira.

 

 

 

 

 

(Antes de entrar en materia, pregunta colectiva que todo el mundo de ha hecho (oh, ignorantes de nosotros…) tras la publicación del balance: ¿Cuándo, dónde y cómo se han cuantificado estos 19.000 intentos de salto? ¿Quién ha sido el matemático? ¿Es el mismo que cuenta el seguimiento de las huelgas generales o el de asistencia a alguna de las manifestaciones contra los recortes que ha habido en los últimos años? ¿Por qué no 25.000, 30.000, o ya puestos o 42.358?).

Pues bien, desde un inicio, ya salta la primera evidencia de que las mentiras tienen las patas muy cortas y no llegan lejos: 19.000 intentos de salto, esto es, un 350% más que respecto a 2013, se reflejan en tan solo 4.121 casos de devolución, un 17,6% menos que el año anterior.

Asombros pero cierto, las cuentas no cuadran: ¿Cómo es posible que ante 19.000 saltos (o intentos de salto, como los denomina el Ministerio) no existan 19.000 expedientes de devolución? ¿Dónde están los 14.879 casos no registrados en las estadísticas? ¿Está el Ministerio afirmando que en 14.879 casos no se ha aplicado la Ley de Extranjería y se ha producido lo que todo el mundo conoce como devoluciones en caliente?

Recuerdo que en la respuesta a la consulta realizada por esta parte por medio del Portal del Transparencia al Ministerio del Interior se afirmaba tajantemente que “Las devoluciones de extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en nuestro país, se rigen por lo dispuesto en el art. 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en art. 23 del R.D. 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley”. Bajo esta afirmación, mi pregunta vuelve a ser la misma: si la devolución del extranjero únicamente se puede realizar siguiendo el procedimiento legalmente previsto, ¿cómo es posible que ante 19.000 intentos de salto únicamente se hayan llevado a cabo  4.121 casos de devolución? O dicho de otro modo ¿Está reconociendo el Ministerio de lnterior, torpemente, que ha realizado 14.879 devoluciones en caliente?

Recuerdo igualmente que en un intento de querer legitimar la forma de actuar de sus agentes considera en su respuesta que “el concepto de “devoluciones en caliente” que menciona el solicitante, término que no se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico, cabe entenderlo referido al rechazo en frontera, que se desarrolla habitualmente  en un breve espacio de tiempo como una respuesta inmediata ante intentos de asalto masivo por desbordamiento en puntos no habilitados, orientada al desalojo de la misma hacia el lugar de procedencia, sin posibilidad por ello de recuento estadístico oficial al respecto”.

En relación con lo afirmado por el Ministerio, hay que dejar constancia de que la faculta de realizar el “rechazo en frontera” por parte de los agentes de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla no entró en vigor hasta el 31 de marzo de 2015, motivo por el cual los saltos o intentos de salto de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla producidos en 2014, únicamente pudieron ser combatidos jurídicamente por medio de la figura jurídica de la devolución (para quien quiera conocer mi opinión sobre las devoluciones en caliente).

Resulta curioso, por no decir perverso, que una vez definidas las “FIGURAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE EXTRANJERÍA” para llevar a cabo repatriación de extranjeros (denegación de entrada, readmisión, devolución y expulsión) los 14.879 supuestos no sometidos a devolución, según estadísticas del propio Ministerio, tampoco tengan “encaje contable” en ninguna de las anteriores figuras.

De ello cabe concluir que, o bien el Ministerio del Interior reconoce de manera torpe y mostrenca que ha realizado 14.879 devoluciones en caliente, o bien y en legítima defensa del Ministerio, que estos 14.879 extranjeros se encuentran en el limbo (jurídico o teológico, que cada uno juzgue según sus creencias).

En fin, como decía al comienzo de estas líneas, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, aunque según parece, a estas alturas de la película parece no importarles lo más mínimo.

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Ministerio del Interior, Devoluciones y Transparencia.

Ministerio del Interior, devoluciones y Transparencia.
Hace un mes, como buen ciudadano, sentí curiosidad por el Portal de Transparencia que el Gobierno ha creado como respuesta a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según el Artículo 1 de dicha Ley, se establece como objetivo primordial “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.
Con la finalidad (empírica) de saber si esto era realmente cierto, hice una pequeña consulta al Ministerio del Interior sobre las polémicas actuaciones en la frontera sur de España por parte de los agentes de la Guardia Civil: las devoluciones en caliente.

La solicitud de información, bajo el asunto “Devoluciones de extranjeros realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla” hacía referencia a cuatro aspectos básicos:
1º.- Según afirmación reiterada de autoridades de la Guardia Civil y representantes del Ministerio del Interior, destacando entre ellos al propio Ministro Fernández Díaz, las devoluciones de extranjeros realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla se hacen al amparo de la legalidad Vigente.
Desde una gran número de entidades se afirma lo contrario (ONGs, abogados, Asociaciones Pro Inmigrantes, Subcomisión de Extranjería del CGAE, Defensor del Pueblo, Comisión Europea, Consejo de Europa, etc…), considerando que se viola de manera flagrante los Derechos Humanos de los inmigrantes con estas devoluciones, denominadas comúnmente como devoluciones en caliente.
Ante estas dos posiciones, y ante la evidencia de que las devoluciones realizadas por la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla no se amparan en los Artículos 58 de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011 (al no existir identificación del extranjero devuelto, procedimiento administrativo previo, asistencia letrada, interprete, posibilidad de solicitar protección internacional, etc…), desearía conocer bajo que encuadre jurídico, según criterio del Ministerio del Interior, se realizan estas devoluciones. Concretamente desearía conocer expresamente el cuerpo normativo, nacional e internacional, y preceptos concretos de estas normas jurídicas, en las que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil amparan jurídicamente las devoluciones de extranjeros en las fronteras de Ceuta y Melilla.
2º.- Igualmente, desearía conocer el tratado internacional o norma jurídica que delimita expresamente el límite fronterizo terrestre entre Ceuta- Marruecos y Melilla-Marruecos.
3º.- Así mismo, el tratado internacional o norma jurídica que escuda la afirmación del Ministerio del Interior de que las vallas fronterizas que separan las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos se encuentran en territorio marroquí, en contra de la versión mayoritaria de expertos jurídicos que consideran que todas las vallas fronterizas se encuentran situadas en territorio español.
4º.- Por último, desearía conocer las estadísticas de los últimos cinco años, si es que existen, de extranjeros devueltos por las autoridades españolas en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya sean: (1) al amparo de los Artículos 58 de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011, o (2) al amparo de las normas jurídicas alegadas por el Ministerio del Interior y que representan las denominadas devoluciones en caliente
Ante esta solicitud de información, la respuesta del Ministerio del Interior, recibida esta misma semana y haciendo gala de la “transparencia” que le confiere la Ley 19/2013, ha sido la siguiente:

Respuesta a la primera solicitud:

“Las devoluciones de extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en nuestro país, se rigen por lo dispuesto en el art. 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en art. 23 del R.D. 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
Asimismo, la disposición adicional décima de la citada Ley, introducida por la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en vigor desde el 1 de abril del presente año, establece la posibilidad de que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada  ilegal en España. Respetando en todo caso la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España sea parte.
La Guardia Civil basa su actuación en las fronteras de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en la custodia de costas y fronteras, cuya misión tiene encomendada a tenor del art. 12 de Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme a los requisitos de entrada en territorio español establecidos en el art. 25 de la citada Ley Orgánica 4/2000, impidiendo el paso ilegal de las mismas; así el concepto de “devoluciones en caliente” que menciona el solicitante, término que no se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico, cabe entenderlo referido al rechazo en frontera, que se desarrolla habitualmente  en un breve espacio de tiempo como una respuesta inmediata ante intentos de asalto masivo por desbordamiento en puntos no habilitados, orientada al desalojo de la misma hacia el lugar de procedencia, sin posibilidad por ello de recuento estadístico oficial al respecto”.

Respuesta a la segunda solicitud:

SILENCIO ABSOLUTO.

Respuesta a la tercera solicitud:

SILENCIO ABSOLUTO.

Respuesta a la cuarta solicitud:

“Con respecto a  las  estadísticas de  devoluciones  realizadas al amparo de los artículos 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000, y art. 23 de su Reglamento,  en  virtud  de  las labores  de control  de inmigración  irregular que  están  atribuidas  por  la  LO  2/1986  de  13  de  marzo  de  Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad, al Cuerpo Nacional de Policía, las mismas se constituyen en “funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”,  por  lo  que  el  acceso  a  dicha  información  se  halla  limitado  al amparo del art. 14.1.g) de la Ley 19/2013”.
Por si todavía el lector de este post todavía no se ha dado cuenta, resulta burlesca la concepción respecto a “garantizar el derecho de acceso a la información” o el alcance de “las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento” de la que hace gala el Ministerio del Interior. Su cinismo tampoco tiene parangón. De las respuestas otorgadas por el Ministerio, así como de los silencios ofrecidos, no cabe sino destacar el circo de la farsa en la que se ha convertido esta Administración.
¿De verdad se cree el Ministerio del Interior que las devoluciones ilegales realizadas por la Guardia Civil son las que se regulan en los Artículos 58.3 b) de la LO 4/2000 y 23 del RD 557/2011? ¿Considera realmente que los extranjeros devueltos ilegalmente han tenido acceso a los Derechos que estos preceptos reconocen (Derecho a la asistencia letrada, Derecho a un intérprete, obligación de dictar por escrito una resolución de devolución, Derecho a interponer recursos, Derecho a la no devolución, non-refoulement)? ¿En serio piensan que sus agentes reconocen y respetan todos estos Derechos cuando acarrean al extranjero hacia las puertas fronterizas y se deshacen de ellos como de si escoria se tratara? ¿De verdad, Señor Fernández Díaz?
Y qué decir de la afirmación de que el amparo legal se encuentra en la nueva Disposición Adicional 10ª en la LO 4/2000 y en la figura del rechazo en frontera. Al margen del cuestionamiento jurídico y constitucional de esta nueva regulación ¿Qué amparo normativo existía antes de la aprobación de la Ley Mordaza? ¿O es que el Ministerio tenía o sigue teniendo licencia para actuar al margen del Ordenamiento Jurídico? Y eso de que se actúa “respetando en todo caso la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España sea parte”. De risa…    
Sobre el silencio respecto al marco jurídico que delimita la frontera entre Ceuta-Marruecos y Melilla-Marruecos, ni hablar… Mucho menos respecto a la delimitación del lugar en que se encuentran las vallas fronterizas. Si el Ministerio del Interior tiene tan claro que las vallas se encuentran en territorio marroquí, ¿cómo es posible que no sea capaz de concretar la norma jurídica que así lo refleja? ¿Acaso lo ignora? ¿O tiene miedo a reconocer que la farsa que viene manteniendo se puede venir abajo?
Por último, y respecto a las estadísticas, ¿resulta sensato denegar el acceso a estos datos en base a la consideración de que puede resultar “perjudicial a funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”? ¿Cómo es posible que revelar la verdad pueda resultar perjudicial? ¿No será que esa “verdad” es algo relativa y distorsionada? ¿O directamente puede dejar en evidencia que lo que el Ministerio del Interior pretende considerar como devoluciones o rechazos en frontera son realmente lo que pretende negar a diestro y siniestro?: Que las devoluciones en caliente son la única y real transparencia que pretende ocultar el Ministerio del Interior.
Os seguiré contando…
(Para aquellos que estén interesados, os facilito las resoluciones de solicitud de acceso y contestación del Ministerio del Interior).
Solicitud de acceso (pdf).
Contestación del Ministerio del Interior (pdf).
      
ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
extranjeria@ip-abogados.com
www.ip-abogados.com
www.abogadoextranjeriacadiz.com
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Devolución Opinión

I&P denuncia a España por la “regulación” de las Devoluciones en caliente.

Como ya se publicó en este blog la semana pasada, la “regulación” de las devoluciones en caliente en la Ley de Extranjería es ya una realidad, aunque dicha situación pueda resultar un auténtico disparate jurídico contrario al Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los inmigrantes.

En respuesta a este despropósito por parte del España y ante la evidente aberración jurídica que supone la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, desde INFANTE & PEÑA ABOGADOS, despacho del que formo parte junto a mi compañera Mercedes Infante Domínguez, hemos denunciado la situación ante la Unión Europea por medio de un doble mecanismo: Denuncia ante la Comisión Europea y Petición ante el Parlamento Europeo.

Para todos aquellos que estén interesados, les resumimos los aspectos más significativos en los que se fundamentan ambas acciones dirigidas contra España:

ACCIÓN E INSTITUCIÓN A LA QUE SE DIRIGE:

  • Denuncia contra España ante la Comisión Europea.
  • Petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA VULNERADO POR ESPAÑA:

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES:

Las acciones interpuestas contra España se fundamentan básicamente en el hecho de que la aprobación de la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, bajo el título de “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, supone una evidente vulneración del contenido y el espíritu de la Directiva 2008/115/CE.

Partiendo de dicha premisa, consideramos que lo pretendido y llevado a cabo por parte de España con esta nueva regulación contraria al Derecho de la UE, es la instauración de un apartheid jurídico en Derecho de Extranjería en las ciudades de Ceuta y Melilla para la figura jurídica de la Devolución, dentro del cual no se respetan los Derechos y Garantías jurídicos-procesales reconocidos en la LO 4/2000 y el RD 557/2011, y en consecuencia, en la propia Directiva 2008/115/CE.

CONTENIDO:

Las denuncias interpuestas contra España basan su contenido en cuatro pilares fundamentales:

A) Delimitación y encuadre de la figura jurídica de la Devolución dentro del Derecho de Extranjería español mediante el Artículos 58 de la LO 4/2000 y Artículo 23 del RD 557/2011.

B) Concreción de la figura de la Devolución dentro de la Directiva 2008/115/CE, concretamente a través de la definición de expulsión contenida en su Artículo 3.5.

C) Consideración de los Derechos y Garantías jurídico-procesales reconocidos expresamente por la LO 4/2000 y por el RD 557/2011 para los extranjeros sometidos Devolución, identificando a su vez todos estos Derechos y Garantías dentro del articulado de la Directiva 2008/115/CE.

D)  Como conclusión de los elementos anteriores, se realiza una comparativa entre la regulación contenida en la LO 4/2000 y el RD 557/2011 sobre la figura jurídica de la Devolución, incluido el contenido de la Directiva 2008/115/CE, y la nueva figura del rechazo en frontera de la Disposición Adicional 10ª en la LO 4/2000, denunciando expresamente la creación, para una misma realidad fáctica, de dos figuras jurídicas diferentes según el lugar del territorio nacional en el que se den: rechazo en frontera para la zona fronteriza de Ceuta y Melilla; y Devolución para el resto del perímetro fronterizo español (¿?…).

DERECHOS Y GARANTÍAS JURÍDICO-PROCESALES VIOLADOS:

Con la introducción de la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla en detrimento de la Devolución –además de denunciar la pretensión por parte de España de querer dar visos de legalidad aparente a la práctica ilegal de las devoluciones en caliente llevadas a cabo de manera sistemática por parte de la Guardia Civil-, se concretan los Derechos y Garantías directamente afectados por la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000 en relación a los extranjeros en Ceuta y Melilla:

  • Derecho a la asistencia jurídica por un abogado de todo extranjero objeto de Devolución (Artículos 22.2 LO 4/2000; 23.3 RD 557/2011; 13.3 y 13.4 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a un intérprete, si no comprende el idioma (Artículos 22.2 LO 4/2000; 23.3 RD 557/2011; 13.3 Directiva 2008/115/CE).
  • Obligación de dictar por escrito una resolución de Devolución dictada por la Delegación del Gobierno en Ceuta/Melilla, que deberá respetar todas las Garantías administrativas reconocidas por el Ordenamiento Jurídico, ser motivada en Derecho e indicar los recursos que contra la misma puedan interponerse (Artículos 20.2 LO 4/2000; 35 y ss. Ley 30/1992; 23.1 RD 557/2011; 12.1 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a interponer recurso contra la resolución de Devolución, tanto en vía administrativa como judicial (Artículos 20.1 LO 4/2000; 13.1 y 13.2 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional, y contemplado en el Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951 (Artículos 58.4 LO 4/2000; 23.6 b) RD 557/2011; 18.1 d) y 19.1 Ley 12/2009; 5 c) Directiva 2008/115/CE). Además, cabría incluso hablar de vulneración de Derechos reconocidos expresamente por el Artículo 58 de la LO 4/2000 y por el Artículo 23 del RD 557/2011 para la Devolución, de difícil delimitación dentro de la Directiva 2008/115/CE, salvo mejor criterio de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo, entre los que se encuentran:
  • Derecho a comparecer ante la Comisaria de la policía nacional a efectos de ser identificado e iniciarse el correspondiente procedimiento de Devolución conforme a Derecho (Artículos 58.3 LO 4/2000; 23.2 RD 557/2011).
  • Derecho a ser informado sobre la posibilidad de acceder a la residencia legal por razones humanitarias, cuando el extranjero sometido a Devolución sea víctima de trata de seres humanos, de mafias o de redes criminales organizadas (Artículos 59 y 59bis LO 4/2000).

ÁMBITOS DE VULNERACIÓN DE LA DIRECTIVA 2008/115/CE:

Consideramos que la Directiva 2008/115/CE se vulnera desde tres esferas diferentes:

A) Limitación de los Derechos y Garantías jurídico-procesales contenidas en la LO 4/2000 y el RD 5572011, derivados en última instancia de la Directiva 2008/115/CE.

Como se desprende de manera ineludible, los Derechos y Garantías reconocidos expresamente para la Devolución por el Ordenamiento Jurídico español y por la Directiva 2008/115/CE, han sido cercenados de manera explícita para los extranjeros sometidos a esta nueva figura jurídica denominada rechazo en frontera por la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, única y exclusivamente, si tiene lugar en los territorios de Ceuta y Melilla.

B) Discriminación en la aplicación de la Directiva 2008/115/CE.

Consideramos que por medio de la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000 deriva igualmente una doble discriminación en la aplicación de la Directiva 2008/115/CE.

En primer lugar, existe discriminación en cuanto a su aplicación efectiva, en tanto en cuanto, España decide no reconocer toda la batería de Derechos y Garantías jurídico-procesales reconocidos expresamente por la Directiva 2008/115/CE en la nueva figura del rechazo en frontera. Y en segundo lugar, la discriminación nace expresamente del incumplimiento de propio Artículo 2 de la Directiva 2008/115/CE, ya que España no puede alegar ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 2.2 a efectos de considerar inaplicable la Directiva a los extranjeros rechazados en frontera.

C) Realización encubierta de actuaciones ilegales y presuntamente delictivas por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por medio de las denominadas devoluciones en caliente, ahora rechazo en frontera.

Es a día de hoy vox populi la realización sistemática de devoluciones en caliente por parte de los agentes de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que además de ser manifiestamente ilegales, pueden llegar a revestir ilícito penal.

Mediante la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, España pretende, por tanto, intentar dar visos de legalidad a evidentes actuaciones ilegales y presuntamente delictivas, situación que va en contra del contenido y del espíritu de la Directiva 2008/115/CE.

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Este es el contenido en el que se basan, tanto la Denuncia ante la Comisión Europea, como la Petición ante el Parlamento Europeo. Por el momento estamos a la espera de respuesta. Con cualquier novedad os tendremos informados.

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Aprobadas las devoluciones en caliente: hacia el apartheid jurídico.

Se consumó la tragedia para los Derechos Humanos de los inmigrantes en España. Así es, el pasado martes se publicó en el BOE la bien llamada Ley Mordaza, que no obstante, el Gobierno ha decido bautizar con el eufemismo de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de “protección de la seguridad ciudadana”.

Dentro de esta norma, se prevé la controvertida, ilegal y, con toda seguridad, inconstitucional Disposición Adicional Décima, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, mediante la cual se reforma la Ley de Extranjería y se suprime la figura de la devolución prevista por dicha Ley para los inmigrantes en Ceuta y Melilla, creando expresamente una especie de apartheid jurídico.

Así es, y no puede ser entendido de otra manera, si tenemos en cuenta que con la limitación en la aplicación de la regulación ordinaria de la Ley de Extranjería, también se están limitando los Derechos y Garantías jurídicas previstas para todo supuesto de devolución legal. El texto de la Disposición Adicional Décima lo deja muy claro (saber más sobre publicaciones de devoluciones en caliente en este blog).

Ante este tipo de comportamientos claramente vulneradores de Derechos Humanos y Garantías jurídico-procesales nacidos de un parlamento nacional, uno se pregunta seriamente donde están los límites de la moral y la racionalidad humana en este tipo de actuaciones. Pero esta pregunta no solo le limita a esta actuación concreta. No señor, el texto completo de la Ley Orgánica 4/2015 es una alegato inequívoco de que los Derechos Fundamentales proclamados por la Constitución Española se encuentran en horas bajas, donde parece ser que la lógica irracional del Derecho se alinea y se identifica con tiempos pasados donde la democracia era un bien preciado ajeno y despreciado por este país.

De este tipo de actuaciones, sobresale un tufillo a soberbia retestinada que se filtra de manera evidente desde las alcantarillas. Un tufillo a soberbia que pasa sobre el criterio jurídico de un sinfín de expertos en la materia que llevan denunciando la barbaridad que suponen dentro del ámbito de los Derechos Humanos en general, y del Derecho de Extranjería en particular, la figura de las devoluciones en caliente y las pretensiones infames de este Gobierno, ya consumadas, de querer darle (y darse a sí mismo) visos de legalidad a una práctica claramente impropia en un Estado de Derecho.

Repito: no ha importado, ni importa, la opinión al respecto de profesionales del Derecho, ONGs, defensores del Derechos Humanos, jurista expertos en la materia, Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Defensor del Pueblo, Instituciones de la UE, etc… Nada de ello ha válido ni ha sido tenido en cuenta.

En fin, lo único que uno saca en claro de este panorama dantesco es que en tiempos de crisis económica, la crisis se traslada al ámbito de los valores y de la razón, dando lugar a una crisis humana, humanitaria y humanista, donde los primeros perjudicados y recortados son los Derechos de los ciudadanos. Si hablamos de inmigrantes, los recortes pasan por encima de sus Derechos Humanos más elementales. Supongo que será la traición del inconsciente de la masa gris de gran parte de los representantes de nuestro parlamento nacional, que consolida esa idea rancia de que estos despojos procedentes del África profundo no pueden tener de modo alguno la consideración de ciudadanos en España. Solo faltaba eso…

Pues lo dicho: consumado queda esta muerte anunciada de los Derechos Humanos de los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Uno tiene el único consuelo de pensar que con la publicación de la Ley Mordaza solo se ha perdido una batalla.

La guerra, en esta infame regulación de las devoluciones en caliente bajo el seudónimo de rechazo en frontera, no acaba más que empezar…

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Devolución Opinión

El circo de la farsa: más sobre Devoluciones en caliente.

¡Buenas tardes niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas! ¡Pasen y vean otro nuevo espectáculo del Circo de la Farsa en el que se ha convertido este Gobierno cuando “legisla” sobre las devoluciones en caliente! ¡No se lo pierdan, espectáculo asegurado!

Este podría ser, sin exageraciones, el titular sobre la nueva vuelta de tuerca que el Gobierno pretende introducir sobre su “regulación” de las devoluciones en caliente, lo que les convierte en un circo en toda regla. Sí señor, el Circo de la Farsa. No cabe otro nombre.

No puede ser otro el calificativo a dar a esta cabezonería del Gobierno de hacer lo que no puede hacer. De legislar lo que no se puede legislar. De dar apariencia de legalidad a lo que no puede revestir legalidad y legitimidad jurídica alguna. Sin embargo, en esta continua cabezonería, como ya ocurriera con otros asuntos en los que la presión social parece haber hecho mella (aborto, privatizaciones, ¿tasas judiciales?), se atisba un mínimo paso atrás en sus pretensiones de querer incluir esa figura pseudo-jurídica de las devoluciones en calientes en la Ley de Extranjería.

En efecto, según las últimas noticias, el Gobierno retrocede en sus pretensiones de “legalizar” (repito, algo imposible) las devoluciones en caliente, solamente cuando los saltos de la valla se produzcan en grupo. En concreto, el nuevo texto pasa a ser el siguiente:

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

De este nuevo texto, parece al menos que el Gobierno comienza a recuperar en parte la sensatez y el respeto por el Ordenamiento Jurídico nacional e internacional, así como por la propia Constitución. Y digo recuperar en parte porque, no obstante, quedan en el aire otras vulneraciones inherentes de Derechos Humanos en esta nueva propuesta, así como una serie de incógnitas sin aclarar.

Por lo que respecta a las vulneraciones de Derechos Humanos, parecer ser que el Gobierno, además de todas las violaciones referidas hasta el momento, hace oídos sordos a las interdicciones contenidas en Convenios Internacionales sobre prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, que es lo que se viene haciendo hasta ahora en Ceuta y Melilla sin reconocimiento de Derechos ni garantías jurídicas, y que es precisamente lo que el Gobierno pretende “regular” para saltos en grupo.

Entre los Convenios Internacionales que prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros se encuentran el Protocolo 4º del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 4: Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Artículo 19.1: “Se prohíben las expulsiones colectivas”), la Carta Africana sobre Derechos Humanos(Artículo 12.5: “La expulsión masiva de extranjeros estará prohibida”), la Convención Americana sobre Derechos Humanos(Artículo 22.9: “Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”) o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Artículo 22.9: “Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente”), por ciento, todavía no ratificado por España.

Y que decir tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en sus Sentencias CONKA vs. BÉLGICA, de 5 de febrero de 2002 o HIRSI JAMAA Y OTROS vs. ITALIA, de 23 de febrero de 2002, delimita expresamente la prohibición de este tipo de expulsiones colectivas.    

Delimitadas, pues, las vulneraciones, vayamos ahora con las incógnitas.

¿Es de suponer que en el caso de aprobarse esta nueva Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, los saltos de la valla de manera individual recibirán el trato previsto para ello en la propia Ley de Extranjería, reconociéndose Derechos y garantías jurídicas? ¿O se seguirán realizando devoluciones en caliente, porque total, a estas alturas de la película que les quiten lo bailado…? ¿Qué entiende el Gobierno por grupo a estos efectos? ¿Dos personas son un grupo? ¿Tres? ¿Cuatro personas?

Si acudimos a la RAE, se define la palabra grupo como una “Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto”. ¿Y pluralidad? Si acudimos a su definición de pluralidad, se entiende como “Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas”. ¿Y multitud? Pues bien, si finalmente acudimos a la definición de multitud, la RAE la concreta como “Número grande de personas o cosas”.

Siguiendo estas definiciones, y sin que el Gobierno haya entrado en detalle, ¿Qué se debe entender por grupo? ¿Entenderá el Gobierno que grupo, pluralidad, multitud, “número grande de personas”, son precisamente eso, un número grande de personas? ¿O en vez de aplicar las definiciones de la RAE hará uso del refranero español que dice: “Dos son compañía, tres son multitud”? ¿RAE o refranero? Mucho me temo que ganará lo segundo.

Y a todo esto, ¿recuperará el Gobierno la plena sensatez y dejará de representar el Circo de la Farsa intentando “legalizar” las devoluciones en caliente? O mejor aún, ¿dejará de llevarlas a cabo y de vulnerar la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos?  

En conclusión, y entre tantas preguntas e interrogantes: ¿será al final verdad, pues, ese sabio proverbio que dice: “el que hace la ley, hace la trampa”?

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Devoluciones en caliente y reforma chapucera de la Ley de Extranjería.

Parece ser que ya se conoce el texto con el que el Gobierno prevé modificar la Ley de Extranjería para dar “cabida” a las devoluciones en caliente. Y digo parece, porque después de la actuación ilegal, delictiva y chapucera del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil en relación a estas devoluciones ilegales, el Gobierno pretende ir más allá en este círculo vicioso de trasgresiones jurídicas con una reforma manifiestamente contraria al Ordenamiento Jurídico.

En efecto, según rezaría la nueva Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, se establecería lo siguiente:

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Este texto, exiguo, pero indecente jurídicamente, reúne todas las condiciones para ser considerado una aberración jurídica. Algo que no puede ser. Algo que es incompatible con el Derecho.

En primer lugar, y como ya expusiera en mi entrada de febrero de este año, “Devoluciones en caliente y reforma urgente de la Ley de Extranjería”, esta reforma resultaría claramente inconstitucional, al vulnerarse Derechos Fundamentales como serían el Derecho a la Tutela judicial efectiva (Art. 24.1), el Derecho de defensa o el Derecho a la asistencia letrada (Art. 24.2), cuyo reconocimiento resulta claro a la luz de consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Estos Derechos, juntos con otros de reconocimiento constitucional, como es el Derecho de Asilo (Art. 13.2), se unen a la vulneración del Artículo 10.2 de la Carta Magna, el cual obliga a España interpretar todos estos Derechos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En virtud de lo expuesto, los Derechos y garantías de los extranjeros citados anteriormente, se verían claramente cercenados con esta nueva Disposición Adicional, vulnerando por tanto la Constitución española, y en relación con ella, el Derecho Internacional del que España es parte en materia de Derechos Humanos.

En segundo lugar, y por lo que respecta al Derecho procedente de la Unión Europea, la nueva reforma iría en contra de la propia Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, reguladora de los procedimientos en los que un Estado pueda decidir sobre la expulsión de un extranjero, devolución incluida, y que reconoce igualmente y de forma imperativa el Principio de no Devolución (-non-refoulement-), el Derecho a la asistencia de un abogado, y en su caso, Derecho a un intérprete, la Obligación de dictar por escrito la orden de devolución, y el Derecho a recurrir cualquier resolución de devolución ante los tribunales.

En tercer lugar, sorprende el término utilizado por el Gobierno para integrar en la Ley de Extranjería las devoluciones en caliente, que no es otro que el de “rechazo en frontera”.

Al margen del eufemismo del concepto, que pretende evitar decir a las claras lo que realmente esconde, una vulneración continuada en el tiempo de la Ley de Extranjería desde hace años, resulta insólito que el Gobierno haga uso del término rechazo en frontera, por dos motivos fundamentales:

a) Cuando el texto de la reforma afirma que “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, hace uso de una regulación ya contenida en la propia Ley de Extranjería.

En efecto, dispone su Artículo 58 b) que procederá la devolución cuando el extranjero que “pretenda(n) entrar ilegalmente en el país”.

La identidad de ambos supuestos, devolución y “rechazo en frontera” (esto es, devolución en caliente) demuestran por tanto, que lo que el Gobierno pretende es excluir deliberadamente de la legalidad vigente a esos extranjeros que padecen cada día las devoluciones ilegales, condenándolos a la negación más absoluta de Derechos y garantías básicos reconocidos por la Constitución, El Derecho Internacional y la Ley de Extranjería.

b) Más sorprendente aun es el hecho de que el término “rechazo en frontera” ya tiene uso dentro del Derecho de Extranjería. En efecto, este término hace referencia a aquellos supuestos en los que personado el extranjero ante un puesto fronterizo terrestre y solicitando la entrada, la autoridad competente considera que dicho extranjero no cumple con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería. Como consecuencia de ello, se procede a denegar la entrada en España, y por tanto, su rechazo en frontera.

En conclusión, confundir, o intentar confundir, el término rechazo en frontera con lo que realmente está sucediendo, que no es otra cosa que flagrantes, ilegales y delictivas devoluciones en caliente, dejan en evidencia la falta de fundamentos jurídicos en la reforma pretendida por el Gobierno, que además resulta a todas luces inconstitucional y contraria a los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte en materia de Derechos Humanos.

(Entrevista sobre el tema realizada en Es.Radio para el programa ‘En casa de Herrero’).

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Negreros del s. XXI (by Ministerio del Interior).

A pesar de haber visto este tipo de comportamientos en anteriores ocasiones, las últimas actuaciones de la Guardia Civil tras los saltos fronterizos en Melilla resultan propios de auténticos negreros.

Como aquellos que perseguían al otro en las colonias del antiguo Congo Belga. O las redadas realizadas en el corazón del Amazona. Parece que uno está viviendo in situ los relatos que recoge Fray Bartolomé de las Casas en su ‘Brevísima relación de la destrucción de las Indias’. O sin ir más lejos, las cacerías que Vargas Llosa describe de manera magistral y visceral, al mismo tiempo, en ‘El sueño del celta’.

Nada más lejos de la realidad, y si no juzguen ustedes mismo tras ver los siguientes videos difundidos por la Asociación PRODEIN recientemente: los hechos hablan por sí solos.

Más allá de las infinitas e infames devoluciones en caliente, que ya quedan en pura anécdota, sorprende la dureza y la violencia con la que se emplea la Guardia Civil en su “obligación” de defender a la madre patria. Qué modos… como para rechistar lo más mínimo. Maneras propias de la camorra italiana, puros matones de calles oscuras que se refugian bajo el poder que ostentan para agredir, sin ton ni son, a quien se pone por delante.

Y no solo eso. No, que va. Seres humanos amarrados de pies y manos, transportados como animales hacia el paso fronterizo con Marruecos, donde Dios (o Alá) saben lo que les ocurrirá o les ha ocurrido ya.

Que sucia o vacía debe de estar la conciencia de una persona para tratar como escoria a un semejante que carga como única penitencia con el simple hecho de haber nacido donde uno no elige. Donde el hambre, la miseria, la corrupción, las enfermedades, únicamente ofrecen la muerte como futuro. Que falta de humanidad, empatía y de respeto a la legalidad por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que no lo olvide nadie), que no les basta con realizar devoluciones notoriamente ilegales, sino que además se encargar de dejar marcados los cuerpos de sus víctimas con un único y sencillo mensaje: NO vuelva usted mañana, sino ya sabe lo que le espera.

Este tipo de actuaciones, como dejé claro desde un principio, son propio de auténticos negreros. Negreros del siglo XXI, pero que siguen guardando las formas de sus ancestros, conservando arraigada la tradición para que no se pierda con el paso de los siglos. ¡No, por Dios!

Si los primeros negreros levantaran la cabeza, que orgullosos estarán de ellos…

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Reflexión ética sobre las Devoluciones en Caliente.

Simple. Hermosa. Incuestionable. Así se puede calificar la profunda reflexión llevada a cabo hace unos días por José Luis Segovia Bernabé, profesor de Ética Social en la Universidad Pontificia de Salamanca, en relación a la presentación del Informe ‘“Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley’.

Más allá de los planteamientos jurídicos en los que se sustenta dicho informe, los cuales corroboran todo lo dicho y denunciado desde hace meses por distintas plataformas, incluso por un particular en este blog, esta reflexión sorprende precisamente por su humanidad. Por ir más allá de las leyes y del Derecho, basándose única y exclusivamente en el sentido común, en la lógica humana y humanitaria.

Al margen de las innegables vulneraciones de Derecho que suponen las devoluciones en caliente realizadas por España en la frontera sur, su propuesta supera el mero plano legal (ya de por sí rebatible) para cuestionar la miseria del ser humano cuando ejecuta la propia devolución ilegal, cuando niega a su semejante como persona, cuando impone una complicidad silenciosa a través de la sociedad que mira hacia otro lado cuando se ningunean a seres humanos.

Merece la pena ver este video de apenas trece minutos para cuestionarnos moralmente a nosotros mismo y entender, de una puñetera vez, hasta donde llega la ceguera social sobre el fenómeno de las devoluciones en caliente y la vulneración sistemática de Derechos (revestidos, sin duda, de ilícitos penales).

Este velo perenne, que no deja ver la realidad, en ocasiones se confunde con el dicho de que la ‘Justicia es ciega’. Nada más lejos de la realidad: no se puede, ni se debe, confundir la indiferencia, la ignorancia, la condena al ostracismo, con la imparcialidad que se supone representa a la Justicia. Prueba de ello es la obligación impuesta esta semana por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta para que proceda a identificar a los agentes de la guardia Civil que estuvieron presentes, y los cuales pueden tener alguna responsabilidad penal, en las muertes, a manos del Estado, de los 15 inmigrantes el pasado mes de febrero en la playa de El Tarajal.

Algo que se antoja a primera vista como un hecho lógico de lo sucedido aquel día, sin embargo, se considera irrelevante jurídicamente en primera instancia por parte de su Señoría en Ceuta. Sí, quizás resulte ilógico, pero así son las cosas en este país: una Justicia que más que ciega, está cegada.

Podría seguir con mis reflexiones sobre este sistema podrido, que ganas no me faltan,  pero entiendo que la verdadera protagonista de este nuevo artículo es, sin duda, la maravillosa reflexión del profesor Segovia Bernabé.

¡Espero que la disfruten tanto como yo!