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Datos y estadísticas relevantes un día después del 10-D.

Un día después de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, mi intención es mirar hacia atrás en este año 2014 y hacer una pequeña reflexión sobre el valor y la importancia de los Derechos Humanos en nuestra sociedad actual. Y para ello tiraré de datos. De estadísticas.

Es cierto que en ocasiones las simples estadísticas resultan frías e infieles con la realidad. Sin embargo, cuando hablamos de Derechos Humanos, los datos, las simples estadísticas, suelen ser un fiel reflejo de la realidad que nos rodea, de la miseria humana y humanitaria que se ceba con los más desfavorecidos y que empieza a ser cotidiano hasta lo peligrosamente absurdo.

Siguiendo esta reflexión, los datos nos dicen que, según UNICEF, hay 15 millones de niños y niñas víctimas de la guerra, y hasta 230 millones que viven en países y áreas afectadas por algún conflicto bélico (1).

Que en el próximo año 2015, según la ONU, hasta 78 millones de personas precisarán de ayuda humanitaria, pudiendo aspirar, tan solo, a dar cobertura a 57 millones (2). No obstante, es necesario precisar que según el Banco Mundial, el umbral de pobreza alcanza ya los 1.000 millones, o lo que es lo mismo, el 14% de la población mundial (3).

Por su parte, en España, el umbral de pobreza infantil alcanza cifras escalofriantes: uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza (4), niveles superados en la UE únicamente por Rumania.

A la reciente publicación del Informe realizado por el Senado de los EEUU, que revelan las torturas sistemáticas aplicadas por la CIA a los sospechosos de terrorismo tras el 11-S (5), hay que sumar los más de 100 países que en pleno siglo XXI siguen practicando la tortura y los malos tratos (6), según Amnistía Internacional. España no es la excepción: 6621 denuncias por torturas o malos tratos y hasta 833 muertesbajo custodia del Estado en la última década, según datos del Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura (7).    

En estas últimas cifras relativas a España sobre vulneración de Derechos Humanos (donde no podemos olvidar la nasciturusLey Mordaza (8), concebida por el poder y no por el pueblo; o la deslealtad y la injusticia, todavía hoy, hacia las víctimas y familiares de víctimas del franquismo [9y 10]), posiblemente habría que incluir (o sumar) las vulneraciones de Derechos Humanos en el ámbito de las migraciones: esas mazmorras ajenas al Derecho que son los CIEs; las perennes devoluciones en caliente realizadas por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que ahora sí, tienen “cobertura legal”, a pesar de su antijuricidad (11); las asesinas concertinas; la exclusión sanitaria a la que están sometidos más de 800.000 de inmigrantes en situación irregular(12 #yoelijoserhumano), y que ya le valió a España un tirón de orejas por parte del Consejo de Europa;  las muertes de inmigrantes en el Tarajal a manos (presuntamente) de la Guardia Civil; la muerte de inmigrantes, año tras año, en las aguas del Estrecho; la diarrea verbal que de forma constante se derrama por la boca del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (la última hoy mismo [13]).

Todos estos datos son precisamente eso: datos y simples estadísticas, pero muy ilustrativas de que tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el camino que lleva al pleno reconocimiento, garantía y respeto de los Derechos Humanos está recién comenzado., y del que queda mucho por recorrer.

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son lo mejor de nosotros. Denles vida.” Kofi Annan

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Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería.

Parece ser que desde el Gobierno no paran de pensar que los ciudadanos somos tontos, que se nos puede manipular en esto de las migraciones. Después de todo el siniestro circo de las devoluciones en calientes que llevamos viendo desde hace meses, si hace unos días el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió la legalidad de este tipo de actuaciones, hoy, el Ministro de Interior, Fernández Díaz, aseguraba ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (nada más, y nada menos), que España cumple con su obligación de hacer frente a la presión migratoria “con pleno respeto a los derechos humanos”.

Así es. Y como llevan haciendo desde hace meses, se quedan tan panchos.

Como vengo advirtiendo desde hace meses respecto a las devoluciones en caliente, que es totalmente identificable con cualquier valoración sobre políticas migratorias, parece que una mentira, a base de repetirla incesante e indecentemente, termina convirtiéndose en verdad.

Por ello, a veces me pregunto si realmente es tan complicado concebir una Política Migratoria tan incompatible con el Derecho, con el respeto a los Derechos Humanos, con una lógica humanitaria y humanista, en conclusión, un Derecho de Extranjería y una Política Migratoria basados en el simple sentido común.

Haciendo un ejercicio de reflexión, entiendo que este propósito no es tan complicado. Imaginar un Derecho de Extranjería partiendo del sentido común y del respeto a los Derechos Humanos no deber ser, como ocurre hoy día en España, la excepción, sino la regla general. El Derecho de Extranjería debe ser desde el minuto uno, totalmente garantista, en contra de una concepción restrictiva y represiva de Derechos y Libertades, que es más bien lo que tenemos hoy en día en España.

Partiendo de estas sencillas bases, y de mi humilde opinión en la materia, entiendo que los fundamentos sobre los que debería edificarse un Derecho de Extranjería realmente garantistas con los Derechos Humanos de todo inmigrante, esto es, lo que vendría a ser una Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería, serían los siguientes:

1º.- Derecho de Extranjería y Derechos Humanos.

No es posible entender, y por tanto concebir y desarrollar, el Derecho de Extranjería si no es bajo el condicionante absoluto e irrenunciable del respeto a los Derechos Humanos, tanto es su concepción dada por la Constitución española, como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que España es parte.

2º.- Respeto del Ordenamiento Jurídico nacional e internacional.

No basta con que Derechos Fundamentales y Derecho Humanos estén expresamente previstos y recogidos en el Derecho de Extranjería si por parte del Estado y las instituciones que lo representan no se obtiene un reconocimiento efectivo de estos Derechos. Esta violación del Derecho nacional e internacional por parte del Estado no solo provoca una absoluta inseguridad jurídica, sino además, la ausencia total de garantías, impropio de un Estado Democrático y Derecho.

3º.- In dubio pro inmigrante.

A diferencia de lo que ocurre actualmente (excepciones aparte), resulta imprescindible que la interpenetración del Derecho de Extranjería que en el día a día realizan las diferentes Administración competentes en la materia, resulte en todo caso, y siempre en caso de duda, favorable a los Derechos en intereses del inmigrante, desterrando cualquier tipo de interpretación restrictiva.

Se aboga, por tanto, por una interpretación y aplicación garantista del Derecho de Extranjería.

4º.- Derecho de Extranjería y políticas Migratorias:

Resulta necesario concebir las Políticas Migratorias, y por tanto el Derecho de Extranjería, desde dos aspectos fundamentales:

a) Respeto del Derecho a la vida digna en el propio país, dirigido al extranjero que se encuentra fuera de España, basado en el reconocimiento de una política activa, sana y eficaz de ayuda y cooperación al desarrollo que impida la situación indeseada de las migraciones forzosas por motivos económicos, políticos o humanitarios.           

b) Concepción humanitaria y humanista del Derecho de Extranjería, para el inmigrante que se encuentra en España, que reconozca plenamente sus Derechos y Garantías, ya sean residentes legales o se encuentren en situación irregular.

5º.- Inmigrante irregular como sujeto de Derechos Humanos.

Partiendo de la consolidada jurisprudencia constitucional, en relación a todo inmigrante como sujeto de Derecho Humanos inherentes a su condición como ser humano, resulta necesario el pleno reconocimiento de estos Derechos a todo inmigrante en situación irregular, al margen de convicciones políticas y criterios de oportunidad, sin que exista menoscabo de los mismos (como puede ser la limitación en el Derecho a la Educación, restricciones el en Derecho a la Asistencia Sanitaria, Seguridad jurídica, Tutela judicial efectiva, fácil acceso a vías de regularización permanentes, etc…).

6º.- Evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

El leitmotiv de todo Derecho de Extranjería debe ser en todo momento el implementar el acceso a la residencia legal, procurando el mantenimiento de este estatus jurídico. En consecuencia, resulta imprescindible la existencia de mecanismos flexibles encaminados a la consolidación del estatus como residente legal, evitando la caída en situaciones de irregularidad sobrevenida, especialmente en épocas de crisis económicas (de drásticas consecuencias para los trabajadores extranjeros).

7º.- Verdadero Derecho de Asilo y Protección Internacional.

Resulta imprescindible desarrollar y aplicar un Derecho de Asilo y Protección Internacional realmente benévolo, eficaz, veraz y respetuoso con la situación de las personas beneficiarias de estos estatutos. Resulta imprescindible desterrar el hermetismo y las restricciones que acompañan al reconocimiento del estatuto de refugiado, o subsidiariamente, al de protección internacional.

8º.- Gestionar de forma adecuada la inmigración laboral a medio-largo plazo.

Resulta imprescindible saber gestionar de manera adecuada la inmigración laboral, ya sea en origen como la existen en España en economía sumergida, especialmente si se tiene en cuenta las expectativas de futuro para España, marcadas por la baja natalidad, el descenso de población y el incremento del envejecimiento de la población (INE).

9º.- Derecho Sancionador con mayores garantías.

Resulta necesario ponderar y dotar de proporcionalidad al Derecho sancionador previsto en el Derecho de Extranjería, derivado de su estatus de simples sanciones administrativas.

Una mención especial merece la sanción de expulsión, que, entre otras medidas, debe ser redefinida como sanción excepcional, como mayores garantías jurídicas y de defensa, procedimientos menos sumarios, y bajo un reconocimiento expreso de inejecutabilidad de este tipo de actos administrativos hasta que no recaiga resolución firme en vía judicial que homologue la conformidad a Derecho de esta medida.

10º.- Deslegitimación de los CIEs.

En una regulación del Derecho de Extranjería bajo el prisma de los Derechos Humanos, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) existentes actualmente no tiene cabida legal ni legitima en un Estado de Derecho.

Resulta ineludible e inevitable su clausura inmediata hasta tanto en cuanto no sea posible la concepción de un CIE bajo el respeto más absoluto de los Derecho Humanos, si ello es posible. En su ausencia, y en los supuestos en los que la ejecución de una expulsión sea imperativa, se dotarán de otro tipo de medios menos coercitivos y reclusivos para llevarla a cabo.

________

Este simple decálogo, esta Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería, que evidentemente necesita de desarrollo en todos sus aspectos, parte de una concepción irrenunciable del Derecho de Extranjería en relación, no solo con el respeto de los Derechos Humanos derivados de la Constitución y de Tratados y Convenios Internacionales en la materia y de los que España es parte, sino de forma básica y primordial con el sentido común.

En consecuencia, y después de lo expuesto hasta el momento, solo llego a una única conclusión: otro Derecho de Extranjería es posible.

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GAZA SOMOS TODOS.

Este es mi primer artículo que no trata sobre Derecho de Extranjería o Derechos Humanos en materia migratoria. Es la primera vez que me salgo del contenido sobre el que gira este blog, pero no he podido evitarlo: la masacre que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza no me han permitido mirar para otro lado.

Las cifras lo dicen todo:

Las cifras hablan por sí solas. Vergüenza. Genocidio. Avasallamiento. Crímenes de Guerra, según Navi Pillay,  Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los calificativos son innumerables, pero con un solo significado: horror humanitario.

La intención de este nuevo artículo no es explayarme dando mi opinión moral y humanitaria sobre la actitud del ejército israelí, como ya he dicho, las cifras y las imágenes que se ven cada día ya son argumento suficiente para actuar de defensa humana y de acusador humanitario.

Mis palabras son solo de denuncia. Una denuncia que se une a gran parte de la comunidad internacional (la que no está callada, mirando hacia otro lado mientras la sangre de inocentes se derrama sin cesar) ante un genocidio consentido por los de siempre (esos que mueven los hilos de las marionetas del panorama mundial).

Por ello, que quede constancia de mi más enérgica condena al Estado de Israel por la masacre humanitaria sobre el pueblo palestino asentado en la Franja de Gaza, ante la mirada inerte de los peces gordos del mundo civilizado.

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Mújica y los pobres del África.

Domingo por la noche. La Sexta. Salvados. Pepe Mújica. Primera sentencia: “Los pobres de África no son de África, son de nuestra humanidad”. Segundo veredicto: “El problema de la inmigración clandestina que se quiere meter en Europa se arregla arreglando la pobreza en África, y no construyendo muros”.

Que preciso y que simple. No hace falta decir más. A veces, las cosas son más simples de lo que nos quieren hacer ver. No más fácil, pero sí más simple, que no es lo mismo. A escasos tres días de la Elecciones al Parlamento Europeo del 25-M, uno se cuestiona cuál es el verdadero destino y cuál es el verdadero protagonismo, en primer lugar, de las migraciones en el panorama europeo, y en segundo término, del continente africano.

Hace cuatro años, en las anteriores elecciones europeas, me encontraba este cartel electoral en plena estación de trenes de Cádiz, como igualmente estarían por el resto de España y de Europa:

Su contenido y mensaje eran más que evidentes. Este año no he visto nada parecido. Formalmente se ha sido más prudente, aunque si acudimos a los Programas Electorales de los partidos políticos, los mensajes se adhieren más a esa fortaleza infranqueable que quieren que sean nuestras fronteras, el castillo medieval que debe ser la Europa de la Edad Media. Hay excepciones, sí, pero salvando los planteamientos de Izquierda Unida, pero sobre todo de ‘Podemos’, el panorama es desalentador para el (ser humano) inmigrante.

En un mundo donde todo está globalizado, donde el dinero y las mercancías fluyen de un lugar a otro del mundo, donde la era digital te permite acudir al instante al otro extremo del planeta, el pobre, sin embargo, está localizado, enclaustrado, secuestrado, maniatado en su propio país. En su propia tierra. Ya no existe la libertad de movimiento que preconizaba el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya no es necesario. Solo se habla de cierre de fronteras, de seguridad interna, de control exhaustivo, de políticas de asilo más rigoristas e impermeables, de inmigración cualificada, etc…

Y de estas concepciones y políticas migratorias, la única sensación que me queda es que no aprendemos la lección. No somos capaces de mirar al prójimo a los ojos y entender que es lo que nos demanda, lo que necesita, que urge de nosotros. Como decía Mújica, los pobres de África no pertenecen únicamente al continente africano. Europa –todo el mundo- es responsable de su presente, pero sobre todo de su futuro (como también lo fue de un pasado colonialista y de expolio perenne). ¿Qué ser humano se prestaría a estar meses, años, en el camino si pudiera vivir dignamente en su tierra? ¿Qué persona aspiraría a malvivir lejos de casa, cuando pueden vivir dignamente en su propio país?

Hemos olvidado (o ni siquiera concebimos todavía) que ese axioma que Mújica sintetizaba en una pobreza humanitaria, globalizada y solidarizada más allá de las fronteras geopolíticas, no es solamente el presente que estamos viviendo, sino especial e irremediablemente, el futuro que nos espera si no se actúa como es debido. Hoy son 200, 300, 400 o incluso 1.000, las personas que acuden cada día a intentar saltar las vallas de Melilla y Ceuta. Pero quien nos dice que mañana o dentro de unos meses no pueden ser 10.000, 50.000 o 100.000 las personas que realicen ese mismo intento de entrada en Europa. ¿De verdad piensa alguien que un puñado de Guardias Civiles actuando ilícitamente, y vulnerando la Ley de Extranjería mediante las devoluciones en caliente, pueden hacer frente a un asunto de esta magnitud?  ¿O será el ejército el que controle la frontera exterior si esta supuesta hipótesis se llegara a dar algún día? ¿Cómo actuarían entonces? ¿Quién puede poner freno a una muchedumbre de 100.000 seres humanos hambrientos que avanzan por obligación, más que por deseo, hacia las puertas de Europa?

No hay que olvidar que cada año se tira a la basura millones y millones de euros destinados al control de fronteras, a los CIEs, a los viajes de ejecución de las expulsiones, a medidas represivas, que tendrían mayor valía y provecho si se destinaran a políticas cooperación y ayudas al desarrollo o a programas juveniles de empleo y formación. Hay un proverbio que dice ‘Dale a un hombre un pescado, y comerá por un día; enseña a un hombre a pescar, y comerá toda su vida’. Pues bien, la actual postura europea de estos últimos años se ha ocupado, no solo a no dar ese pez diario al hambriento, sino que en tiempo de crisis ha cerrado el grifo de las ayudas a la cooperación y al desarrollo, quebrando en dos las pocas cañas de pescar que existían y de las que dependían los más desgraciados. En consecuencia: de aquellos polvos, estos lodos.

Recuerdo nuevamente las categóricas afirmaciones de Mújica: “Los pobres de África ya no son de África, son de nuestra humanidad”. “El problema de la inmigración clandestina que se quiere meter en Europa se arregla arreglando la pobreza en África, y no construyendo muros”. Y vuelvo a sobreponerme de la realidad que nos rodea hoy. De los programas electorales. Del panorama del 25-M.

En 1789 la Revolución Francesa cambio el panorama político, social y humano sentando un antes y un después en la historia. Las primaveras árabes de estos últimos años, sentaron las bases de una nueva revolución de análogos proporciones. Y que decir de Ucrania. Quién sabe si, por no estar Europa haciendo bien las cosas, se esté acercando el momento en el que caiga la última gota que haga rebosar el vaso de la paciencia y el estoicismo del pobre en África, y nos encontremos viviendo un levantamiento de profundas magnitudes reclamando a Europa lo que es legítimamente suyo: pan, respeto y dignidad.

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Negro: por tanto, extranjero.

Los controles selectivos realizados por la policía en busca y captura de inmigrantes en situación irregular no son algo nuevo. Tampoco son nuevas las acusaciones de cupos de inmigrantes que deben cubrir los agentes de la autoridad por orden de las altas esferas. Mucho menos resultan novedosas las redadas de tintes racistas cometidas por estos mismos policías en el ejercicio de sus funciones.

Lo que sí es nuevo, al menos en los últimos 22 años, en que se haya interpuesto una denuncia por comportamiento racista ante el Ministerio del Interior por ser requerido en plena calle para ser identificado simplemente por ser negro. Y es eso, precisamente, lo que sorprende: que sea inusual la denuncia de este tipo de actos racistas.

Con el paso del tiempo, nos hemos acostumbrado a ver en la calle, en las entradas de metro, estaciones de autobús o tren, en las plaza del barrio, e incluso en la televisión, cómo los controles de la policía a personas inmigrantes (o no), se realiza sin seguir criterios razonables y objetivos, ausentes de cualquier tipo de matiz o condicionante subjetivos. Los inmigrantes, por un axioma que parece irrefutable, son negros, o moros, o de ojos rasgados, llevan velo, o tienen cara de indios.

Así de sencillo se reduce el estereotipo del extranjero que pisa nuestras calles para gran parte de los policías que en este país realizan los controles rutinarios de documentación. No se suele parar a un hombre blanco, trajeado y de zapatos lustrosos. No, eso no suele ocurrir. Pues bien, este tipo de actitudes, no solo son estereotipos creados sobre personas extranjeras (o no), sino que además resultan ser claramente racista y xenófobas.

Hay que recordar que la Ley de Extranjería dispone en el Artículo 23.1 que “A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”.

Teniendo en cuenta el contenido de este precepto, sorprende nuevamente que en pleno siglo XXI, y siendo España un país receptor de un alto volumen de inmigración desde hace dos décadas, no se hayan superado estos estereotipos y encasillamiento que recaen en relación a la raza, color, vestimenta o concepción religiosa de las personas.

Una de las cosas más importantes que la inmigración aporta a cualquier sociedad es la mezcla de culturas, razas, religiones, valores, formas de entender el mundo… Precisamente, esta mezcla es lo que debería hacer ver de una (puñetera) vez a la sociedad en general, y a la policía en particular, que ya no resulta extraño ver en nuestros parques jugando a niños españoles con la piel tan negra como el carbón, color caramelo o blancos como la leche. Que existen ciudadanas españolas que llevan velo, no comen cerdo y acuden a rezar a las mezquitas. O ciudadanos españoles que, por muy rasgados que tengas sus ojos, son tan españoles como yo, que nací hace ya unos años en la ciudad de Sevilla.

Da igual de donde venga la mezcla: extranjeros nacionalizados, hijos de matrimonios mixtos, menores nacidos en España de padres extranjeros, o inmigrantes que residen aquí desde hace años. No importa. Lo importante, y lo que no resulta de recibo a estas alturas, es que no logremos concebir, ni al “presunto” extranjero como a un ciudadano español; ni a auténticos ciudadanos españoles de piel negra bajo clichés o estereotipos que no son los castizos, los “nuestros”.

De no ser así, la mayoría de los policías de este país seguirán de forma sistemática parando por el color de su piel, por la forma de los ojos, o por su vestimenta a ciudadanos españoles con la convicción absoluta de que están ante extranjeros. O no…

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Acción popular a 9.000 Euros: ¿justicia para todos?

9.000 Euros. Esta es la fianza impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Ceuta para que las ONGs puedan ejercitar la acción popular (concretamente: la Coordinadora de Barrios y Migreurop, compuesta por CEAR, Andalucía Acoge, APDHA, SOS Racismo y Elín).

9.000 Euros, sí: 1.500 euros por barba… Y lo primero que me pasa por la cabeza es: ¿estamos locos o qué? ¿Cómo es posible que se pueda exigir a estas entidades sin ánimo de lucro 9.000 Euros para ejercitar la acusación popular?Desconozco los fundamentos jurídicos que ha podido esgrimir la jueza delJuzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta para tomar esta decisión, pero evidentemente, no los comparto.

No entiendo que para poder ejercitar un Derecho reconocido por la Constitución española haya que pasar previamente por caja y desembolsar tan monstruosa cantidad ¿acaso la justicia no era gratuita es este país? ¿o cómo va esto? Por más que le doy vueltas al asunto no lo entiendo…

Lo primero que hay que tener en cuenta, como acabo de exponer, es que la acción popular viene reconocida como Derecho Constitucional en su Artículo 125, según el cual “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular […], en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.

Si acudimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal), esta acción se regula expresamente en los Artículos 101 y 270. Según el primero de estos preceptos, “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”. Por otro lado, el Artículo 270 preceptúa que “Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley”.

Es cierto que la posibilidad de establecer fianza viene reconocida también en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 280: “El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio”), pero esta exigencia de fianza nunca puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia, ni mucho menos para ejercitar una acción pública. Este planteamiento, que resulta eminentemente lógico, no es de un servidor, sino que tiene amparo legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial también recoge, regula y reconoce la acción popular de conformidad con el contenido constitucional expuesto. De entre su articulado, destaca expresamente el Artículo 20.3, según el cual, y ante la posibilidad de exigir fianza para poder ejercitar la acción popular, establece que “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.

Teniendo en cuenta este último precepto, me reafirmo en mi idea de no compartir la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta de exigir la cantidad de 9.000 Euros de fianza a las ONGs para poder ejercer la acción popular. ¿Cómo es posible (y entendible) que entidades sin ánimo de lucro puedan hacer frente a dicha cuantía? ¿Cómo se puede concebir que un órgano judicial coarte el acceso a la justicia, y por ende, el Derecho a la tutela judicial efectiva de esta manera?

Exigir 9.000 Euros a ONGs para poder ejercer la acción popular debe considerarse, según mi criterio, como un acto cuya inadecuación impide expresamente el ejercicio de la acción popular, según manifiesta el Artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay que recordar que si no se posibilita el ejercicio efectivo de la acción popular en esta causa, ¿qué queda? En primer lugar, la teórica figura de la acusación particular resulta inerte e inexistente en la muerte de estos 15 inmigrantes. ¿Quiénes actúan en nombre de las víctimas? ¿Se conocen sus familiares? ¿Han sido, incluso, identificadas?

Ante esta situación la pregunta vuelve a ser la misma ¿Qué queda? Soy de la opinión de que este tipo de causas penales no puede quedar a criterio único del Ministerio Fiscal por diferentes motivos. En primer lugar, porque después de todo lo ocurrido, resulta manifiestamente evidente que los interés de las víctimas (los 15 inmigrantes muertos) no son los mismos que los intereses defendidos por Ministerio Fiscal (aunque la teoría jurídica diga otra cosa). Segundo, por ser quienes son los posibles responsables penales, esto es, la Guardia Civil, resulta necesaria una acusación independiente, externa e interesada que vele por los verdaderos intereses de las víctimas y por esclarecer la verdad de todo lo ocurrido aquel fatídico día. Tercero, porque si existen evidencias demostradas de posible responsabilidad penal, resulta necesario una contraparte fuerte e indubitativa que exija el cumplimiento efectivo de dicha responsabilidad penal y de las consecuencias que la misma conlleve aparejada. Y en cuarto lugar, porque cuando tenemos a un Ministro del Interior que reclama la unidad nacional y el “sentido de Estado” ante una tragedia de estas magnitudes, en las cuales existen 15 víctimas mortales, sin ninguna responsabilidad política ni penal, y cierra filas de forma abrupta e irracional ante las negligencias cometidas por agentes de la autoridad el día 6 de febrero, precisamente por ello, resulta necesario e imprescindible la personación de esta acusación popular.

Según Sáez y López Fernández, se define al acusador popular “como aquel ciudadano que, ante la perpetración de una infracción penal, siente en su ser y su propia dignidad, aun sin haber sido víctima ni perjudicado por el delito, toda la conciencia de su responsabilidad cívica y comparece ante los Tribunales de la Justicia Penal en demanda de que se castigue al culpable”(1).

Las preguntas vuelven a surgir: ¿se encuentran dentro de esta definición las acciones legales llevadas a cabo por parte de la Coordinadora de Barrios y Migreurop? Indiscutiblemente, . ¿Se puede limitar esta definición de acusación popular bajo la evasiva legal de una fianza de 9.000 Euros? Mi respuesta resulta incuestionable: NO.

Por todos estos motivos, esos 9.000 Euros no pueden ser vistos jurídicamente, y desde mi punto de vista, como un requisito formal previsto y exigido expresamente por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino más bien como una traba en el acceso a la justicia y al Derecho a la tutela judicial efectiva de 15 seres humanos fallecidos el día 6 de febrero por negligencia (o anormal actuación) de cuerpos de seguridad del Estado español, que vulnera además de estos Derechos fundamentales, el contenido expreso del Artículo 20.3 de la Ley del Poder Judicial, cuando taxativamente sentencia que:

“No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.

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Consejo de Europa y Violación del Derecho a la Asistencia Sanitaria de inmigrantes irregulares.

Ayer fue noticia destacada en todos los medios la clara y evidente condena que el Consejo de Europa ha realizado respecto a la política sanitaria del Gobierno de España respecto a los inmigrantes en situación irregular. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha sido tajante: la exclusión de inmigrantes en situación irregular del Derecho al acceso a la Asistencia Sanitaria vulnera la Carta Social Europea, y por ende, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Así de simple. Como en tantos otros asuntos, y en pleno asalto a los Derechos Sociales y al Estado del Bienestar, el Gobierno vuelve a sufrir un nuevo varapalo en sus políticas de continuos recortes. En este caso, vulnerando Derechos Humanos básicos e inherentes a todo ser humano, y que según el Comité Europeo de Derechos Sociales, afectan a la dignidad humana de los inmigrantes en situación irregular.

En concreto, las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales dirigidas a España,y publicadas hace unos días, dejan en evidencia que las reformas introducidas en la Ley de Extranjería (LO 4/2000) por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, son contrarias, y por tanto violan de forma flagrante, la Carta Social Europea, y por ende, Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En necesario recordar que tras dicha reforma, el Artículo 12 de la Ley de Extranjería hace una remisión expresa para el reconocimiento del Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros a lo estipulado en la legislación vigente en materia sanitaria. Desde esa misma fecha, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, pasaba a tener un nuevo Artículo 3 ter, según el cual:

Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.

En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.”  

De este modo, España pasaba a limitar el Derecho pleno de acceso al Sistema Sanitario de aquellos inmigrantes en situación irregular, muy al contrario de lo estipulado hasta ese momento.

Como consecuencia de ello, y a pesar de que en estos momentos el Comité Europeo de Derechos Sociales no puede entrar de lleno sobre el asunto (por ser una reforma fuera del periodo objeto de valoración), si censura expresamente la mutilación de este Derecho en los siguientes términos:

a)  Considera que la exclusión de los inmigrantes en situación administrativa irregular resulta contraria a la Carta Social Europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Concretamente y en especial, la Carta Social Europea, considera en su preámbulo que “el goce de los derechos sociales debe quedar garantizado sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, proveniencia nacional u origen social”, y reafirma dicho Principio fundamental cuando en la Parte I de la Carta considera que Toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar” (11), y que Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y médica” (13)”.

En relación con ello, el Artículo 11 de la Carta, sobre el Derecho a la Protección de la Salud,  preceptúa que:

“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, las partes contratantes se comprometen a adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para entre otros fines:

1. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente.

2. Establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma.

3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras”.

Resulta evidente que dichos compromisos quedan vacíos de contenido por lo que respecta al Derecho de acceso a  la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes en situación irregular.

b)  Que los Estados Partes de la Carta Social Europea, España entre ellos, tienen en todo caso la obligación de facilitar el acceso a la Atención Sanitaria para todo inmigrante, cualquiera que sea su situación de administrativa.

En este sentido, y teniendo en cuenta el contenido del Artículo 11 de la Carta, considera el Comité que “la atención sanitaria es condición previa para preservar la dignidad humana y que esa dignidad humana es el valor fundamental y de hecho el núcleo de la legislación europea sobre Derechos Humanos”.

c)  El Derecho al acceso a la Asistencia Sanitaria tiene carácter universal al ser un elemento esencial del Derecho a la Protección de la Salud, según ha reconocido también el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

d)  Critica que en tiempos de crisis se haya producido este recorte de Derechos que afecta directamente a los más vulnerables.

Considera que el hecho de ser Estado Parte conlleva aparejado el deber de utilizar todos los instrumentos necesarios para garantizar expresamente a toda persona los Derechos a la Salud, a la Seguridad Social, a la Asistencia Social y Médica y el Derecho al acceso a los servicios de Bienestar Social.

Además, critica abiertamente que el Gobierno de España se ampare explícitamente en la crisis económica para la “reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta”, precisamente “en un período de tiempo en el que los beneficiarios necesitan de mayor protección”, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables.

Finalmente, concluye de forma tajante que “la crisis económica no puede servir de pretexto para una restricción o negación de acceso a la Atención Sanitaria que afecta a la propia esencia de dicho Derecho”.

e)  Por último, afirma que si bien no puede incluir en las presentes Conclusiones la vulneración de este Derecho (al encontrarse examinado el periodo 2008-2011), no obstante, de mantenerse esta restricción al Derecho de acceso a la Asistencia Sanitaria contra los inmigrantes en situación irregular, la misma será puesta de manifiesto expresamente en las próximas Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales dirigidas contra España.

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18 de Diciembre: Día Internacional del Inmigrante.

Ayer, día 18 de Diciembre, se conmemora el Día Internacional del Inmigrante (y también, el  Día Europeo de Acción Contra los Centros de Internamientos). Lo significativo de este día, y el sentido del mismo, viene motivado por la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre de 1990.

Esta Convención regula el estatus jurídico y los Derechos Humanos inherentes a la persona migrante, es decir, aquella persona que decide abandonar su tierra en busca de un futuro mejor. Si bien la Convención entró en vigor en el año 2003, la lista de países que han provocado dicha eficacia jurídica con su ratificación (actualmente 47 Estados), dice mucho de quienes son realmente los verdaderos interesados en que este instrumento jurídico esté dotado de indiscutible eficacia jurídica. Como ocurriera en el artículo de la semana anterior, la realidad se encarga de demostrar que cuando hablamos de Derechos Humanos, y más concretamente, de Derechos Humanos propios de la persona inmigrante, los intereses no son los mismos para todos los Estados.

En efecto, en esa lista de 47 Estados que ha ratificado la Convención*, no se encuentra ningún país que pueda ser considerado como receptor de inmigrantes. Al contrario, los Estados que han dado su ratificación son originarios de la inmigración actual. No encontramos ningún país occidental y desarrollado. No está ningún Estado de la UE. No están los países nórdicos. No está Rusia, ni los EEUU. No están las grandes potencias asiáticas como son la China, Japón y la India. Tampoco están los denominados Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán).

En conclusión, no están los Estados desarrollados e industrializados que más mano de obra inmigrante reciben y necesitan. Y lo peor no es que no hayan ratificado la Convención, sino que parafraseando la célebre expresión de Sabino Fernández Campo: Ni están, ni se les esperan.

Han pasado ya 23 años desde la aprobación de la Convención, y ninguno de estos estados industrializados se ha dignado a ratificar la Convención. Resulta curioso ver como los interés cambian de manera diametralmente opuesta de una época a otra. La Europa destruida por la II Guerra Mundial, no es la misma que la Europa del Bienestar (ahora en decadencia). Como tampoco lo son los Estados Unidos, país por antonomasia nacido de sangre inmigrante. Por lo tanto, n es lo mismo ser un país de emigrante que un país receptor de inmigración. Los intereses, como los vientos, cambian cuando menos se lo espera uno, y donde dije digo, digo Diego…    

Ante esta situación, la única duda que puede surgir es saber a qué temen tanto estos Estados ricos, poderosos, desarrollados e industrializados, que necesitan de mano de obra inmigrante (mano de obra barata, eso sí…), pero que no quieren incluir en sus ordenamientos jurídicos esa serie principios básico que contiene la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la pega a la ratificación de la Convención? Acaso se considera excesivo que la Convención parta por reconocer un conjunto de Derechos a todos los inmigrantes por el simple hecho de ser persona, algo que ya hace por cierto, Declaración Universalde los Derechos Humanos. ¿O acaso es el prever expreso el Principio de No Discriminación en el reconocimiento de “Derechos a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción” de los derechos previstos en esta Convención?

Si uno acude al texto de la Convención, concluye de manera evidente que los Derechos reconocidos en la misma son tan básicos y elementales, que no pueden poner en riesgo la “seguridad” ni el “orden socio-laboral” de estos Estados desarrollados e industrializados. ¿Qué problema existe entonces en querer abordar el Derecho a migrar como un Derecho Humano, o en reconocer expresamente a los propios inmigrantes una serie de Derechos Humanos reconocidos ya, por otro lado, a toda persona a través de otros instrumentos jurídicos? A veces la única conclusión posible a dicha actitud, a dicho comportamiento, es el no querer considerar al inmigrante como una persona digna de estos Derechos. El querer verlo como el otro, que no forma parte de nosotros, por mucho que se empeñe, por mucho esfuerzo y ganas que ponga por su parte.

Aplicando un mínimo de sentido común, no tiene explicación, coherente ni racional, la negativa a la ratificación de la Convención, incluso partiendo de la idea de que la misma no es ni de lejos un estatuto migratorio perfecto para el inmigrante que establezca una política migratoria de puertas abiertas, como sí hacía sin embargo, el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (digo hacía, porque ya nadie se cree la eficacia jurídica de dicho precepto). Al contrario, la Convención distingue, entre Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Parte III) y otros Derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación regular (Parte IV). Por lo tanto, no es todo de color de rosas. La Convención, además de diferenciar entre inmigrantes regulares e irregulares en el reconocimiento de Derechos, tampoco soluciona todas las cuestiones que la inmigración ofrece hoy en día.

Es precisamente por ello, que se entiende menos todavía esa hipocresía que mantienes ciertos Estados pudientes (muchos, muchísimos) que se vanaglorian de Leyes de Extranjería acordes y respetuosos con los instrumentos jurídico-internacionales en la materia, pero sin embargo se niegan a ratificar y asumir el acondicionamiento de su leyes migratorias a un documento tan valioso y trascendental como es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Una situación de hipocresía y doble moral al antojo de único criterio superior a cualquier otra motivación más razonable y ética: ser simplemente un país de acogida de inmigración. O lo que es lo mismo desde su punto de vista: mano de obra barata.

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* Por orden alfabético: Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guayana, Guinea, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor, Turquía, Uganda y Uruguay.

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10 de Diciembre: ¿Día Internacional? de los Derechos Humanos.

Día 10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha simbólica que coincide con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de Diciembre de 1948.

El día tiene su sentido, como es lógico. Se conmemora la celebración del reconocimiento “universal” de esos Derechos mínimos, o mejor dicho, de ese estándar mínimo de Derechos reconocidos a todo ser humano por el simple hecho de serlo, sin que quepa ningún tipo de discriminación. Este reconocimiento, a simple vista, tiene un sentido más teórico que practico si tenemos en cuenta la cruda realidad social, jurídica, política y judicial que nos rodea. No se puede hablar realmente de un reconocimiento pleno de los Derechos contenidos en la Declaración Universal. En absoluto.Quizás haya quien pueda pensar que es una opinión muy pesimista. Al contrario, el día a día se encarga de demostrar que no existe realmente una justicia universal que reconozca universalmente la existencia de unos Derechos Humanos de ámbito mundial. Es verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ahí, pero a día de hoy está más cerca de ser considerado un amasijo de añejo papel mojado que una autentica norma jurídica de alcance internacional.

No digo que no existan mecanismo de defensa y protección de los Derechos Humanos. Estos mecanismos existen, por supuesto. Pero su existencia tiene, según mi opinión, un sentido más formalista que material: están ahí, existen, previstos por el Derecho nacional o internacional, pero su ejercicio efectico y los resultados materiales, por regla general, o no existen, o de existir, las soluciones llegan de manera extemporánea, años después.

Vuelvo a repetir que este no es un planteamiento pesimista, sino más bien la plasmación del sistema jurídico y judicial de amparo de los Derechos Humanos.

Y el hecho evidente de que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es un mero amasijo de papel mojado viene reflejado por el respecto que los Estados y las propias instituciones de ámbito internacional tienen respecto a su propio contenido y la trascendencia última de sus Derechos más elementales.

Hoy día no se puede decir (Artículo 1) que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, cuando una gran parte del planeta se muere cada día de hambre por desnutrición y falta de alimentos; de sed por la falta de agua potable; de enfermedades, unas más comunes, tratables y curables, otras complejas, pero merecedoras de cuidados paliativos.

Tampoco se puede afirmar que (Artículo 2) “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, porque realmente si existen diferencias que marcan, segregan y oprimen al diferente, al otro, a la minoría, dentro y fuera del propio país.

La misma conclusión cabe realizar cuando se dice que (Artículo 7) “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”, cuando hemos creado una justicia para ricos y otra para pobres, con o sin tasas judiciales.

No se puede considerar que realmente (Artículo 3) “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, cuando la pena de muerte es un arma punitiva de los Estados y la guerra es un instrumento de agresión preventiva.

Mucho menos que (Artículo 4) “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”. La trata de personas, esclavitud del siglo XXI, somete a hombres, mujeres, niños y niñas a explotación laboral, sexual, económica y social ante los ojos cuasi-impasibles de los que deben actuar. Repito de nuevo, no digo que no se haga nada, sino que no se hace todo lo que debería hacerse.

No es verdad que (Artículo 5) “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Ejemplo de ello son los CIEs y las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, y como ejemplo internacional más evidente (y cuya promesa de clausura motivo un Premio Nobel de la Paz): GUANTÁNOMO. En este último caso, y según mi opinión, también afecta a los CIEs, tampoco puede afirmarse que (Artículo 9) “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Casos como el Guantánamo afectan también a Derechos Humanos tan básicos y elementales como el Derecho de toda persona (Artículo 8) “a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; (Artículo 10) “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”; (Artículo 11) “a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

No es válido afirmar que (Artículo 6) “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, o que (Artículo 15) “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, no al menos para saharauis, palestinos o, recientemente, dominicanos en la República Dominicana.

Idénticas conclusiones podrían realizarse respecto a Derechos Humanos tales como el Derecho a la intimidad personal y familiar (Artículo 12); Derecho de Asilo (Artículo 14); Derecho a contraer matrimonio en plena igualdad (Artículo 16); Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 18); Derecho a la Libertad de opinión y de expresión (Artículo 19); Derecho a la Libertad de reunión y de asociación pacíficas (Artículo 20); Derecho de participación política (Artículo 21); Derecho a un nivel de vida digno (Artículo 25); o Derecho a la educación (Artículo 26).

Pero sobretodo, por lo que al sentido de este blog corresponde, resulta totalmente falso a día de hoy el Derecho reconocido en el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

Este Derecho, creado a imagen y semejanza para los interesases particulares de una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, dejo de tener vigencia a medida que las migraciones internacionales dejaron de ser necesarias para la causa, y pasaron a ser un estorbo indeseado para los país desarrollados de occidente. Un Artículo 13 que únicamente fue verdaderamente efectivo cuando nosotros éramos emigrantes, pero que ha perdido cualquier vigencia moral y jurídica cuando los inmigrantes empezaron a ser otros.

En definitiva, y visto lo visto, ¿puede afirmarse positivamente que existe a día de hoy ese  “orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (Artículo 28)?

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Concertinas, Derechos Humanos y sentido común.

El miércoles, después de tantas negativas seguidas, unas tras otras, como un parapeto de escusas inertes, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sorprendía a todos al plantear la posibilidad (remota) de retirar las odiosas concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla “Si demuestran que hay otros medios disuasorios más eficaces que la concertina,rectificaremos”.

No se puede negar que la noticia ha de ser tomada como un paso positivo en relación con el respeto a los Derechos Humanos (de momento, en grado de tentativa) de los inmigrantes. Sin embargo, esta buena nueva no logra librarse de cierto tufillo que le es propio a toda declaración de intenciones procedente del Ministerio del interior en relación con políticas migratorias. Como dice el refrán, y nunca mejor dicho, será que la cabra siempre tira al monte…

Partiendo de esta declaración de intenciones, es necesario matizar que el planteamiento no es del todo acertado. Según mi opinión, se vuelve a caer en el error, nuevamente, de plantear como opción primera y primordial el uso de concertinas, mientras que la alternativa (si llega a demostrarse que existe), es su retirada.

Pues bien, partiendo de ese planteamiento erróneo, entiendo que existen razones de sobra para que triunfe esa oprimida alternativa que es retirar las concertinas, por los siguientes motivos:

1º.- Por respeto a los Derechos Humanos.

Según reconoce expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que evidentemente España es parte, todo ser humano (inmigrantes incluidos, para el que todavía lo dude) tiene reconocido el Derecho a la Vida y a la Integridad física (Artículo 3), a la Dignidad humana (Artículo 1) y Derecho a no padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 5).

En idéntico sentido, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su Artículo 6 el Derecho a la Vida como inherente a la persona humana y en el Artículo 7 el Derecho a no ser sometido a tatos crueles, inhumanos o degradantes.

Motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

2º.- Por acatamiento del Derecho de la Unión Europea.

Al margen del resto de la normativa comunitaria que hace referencia a la obligación de los Estados miembros de salvaguardar la dignidad de toda persona, es necesario recordar que según la Carta Europea de Derechos Fundamentales, también se reconoce expresamente en su capítulo I, el respecto de los Derechos a la Dignidad Humana, Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad de la persona, y la Prohibición de tratos inhumanos o degradantes, en sus Artículos 1 a 4, en ese orden.

Por otro lado, y derivado del Consejo de Europa, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconoce nuevamente la Obligación de respetar los Derechos Humanos (Artículo 1), Derecho a la vida (Artículo 2) y la Prohibición de someter a toda persona a tratos inhumanos o degradantes (Artículo 3).  

Motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

3º.- Por obediencia  a la Constitución española y la propia Ley de Extranjería.

En efecto, la Constitución española, en contra de lo que considera el Gobierno de la Nación, dispone en su Artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, […] son fundamento del orden político y de la paz social”, y añade en su apartado segundo que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.  

Más concretamente, dicho leitmotiv viene reconocido expresamente por la Ley de Extranjería en su Artículo 3.1 que dispone que “Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos”.

El Artículo 3.2 reitera nuevamente que “Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España”.

Nuevamente, motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

4º.- Por sumisión a la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en la materia.

El Tribunal Constitucional viene delimitando claramente cómo ha de entenderse el respeto y reconocimiento a estos Derechos Humanos de ámbito universal en jurisprudencia consolidada. Muestra de ello, entre otras muchas Sentencias, es la STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, según la cual se expone palmariamente que “nuestra jurisprudencia ha reiterado que existen derechos del Título I que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” (STC 107/1984, FJ 3) […]. Estos derechos son los que “pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y moral, […]. Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal,…”.

Motivo suficiente, qué duda cabe, para la retirada de las concertinas.

5º.- Por respeto al criterio jurídico, moral y ético de todos aquellos equivocados (ONGs, abogados, defensores de Derechos Humanos, entidades religiosas, instituciones humanitarias, sindicato de policía, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Unión Progresista de Fiscales, personajes de la política, Defensora del Pueblo, sociedad civil, etc…) que considera, en contra de la opinión del Gobierno, que las concertinas son una medida desmedida, inhumana, alegal y antijurídica, ilegítima, inmoral y asesina.

6º.- Por respetar al pueblo que le dice a su Gobierno que no va por el camino correcto.

Aunque sea evidente, es necesario recordar que al  menos en teoría, el Gobierno se debe a la nación como bien establece el Artículo 1.2 de la Constitución española cuando dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Esta legitimación del Gobierno derivada de todos aquellos que equivocados, debe ser también, motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

7º.- Por dar la imagen de que España es un Estado Democrático y de Derecho, al menos también en teoría, que respecta los Tratados y Convenios Internacionales de los que es parte en materia de Derechos Humanos, y no una república bananera al margen de los principios más básicos emanados de dicho Ordenamiento jurídico internacional.

8º.- Y por último, y creo que más importante que cualquier norma jurídica nacional o internacional, interpretación jurisprudencial, criterio moral, ético o jurídico, u opinión pública,… el SENTIDO COMÚN y una evidencia innegable: las consecuencias que provocan las concertinas.

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Sus efectos y resultados, tan innecesarios como inhumanos, no necesitan comentarios. Hablan por sí solos. Y hasta que no se invierta la idea, el hecho de contemplar el uso de concertinas, no ya como primera opción, sino como una opción en sí misma, no se logrará avanzar en camino correcto y adecuado en el respecto de los Derechos Humanos en general, y de las personas inmigrantes en particular.