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15 de Junio: Día contra los CIEs (#CIEsNO).

Hoy, 15 de junio de 2017, resulta necesario e imperativo denunciar y reivindicar un nuevo Día contra los CIEs.

Como en años anteriores, un servidor vuelva a plasmar su definición personal sobre los CIEs como centros de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Ante esta clara opinión al respecto, y en una nueva jornada de denuncia social, legal y humanitaria contra estos aberrantes centros vulneradores de Derechos Humanos, comparto la recopilación de los post publicados en este blog en contra de los mismos:

#CIEsNO

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CIEsNO

#CIEsNO: el único CIE adecuado es el CIE cerrado.

Esta semana el Ministro del Interior (Juan Ignacio Zoido) anunció que el Gobierno tiene previsto la apertura de tres nuevos CIEs. Todos los que vengan siguiendo este blog desde hace tiempo conocen mi opinión acerca de estos centros de reclusión de extranjeros.

Para los no asiduos, recomiendo la lectura de mi post ‘CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos’, donde doy mi opinión particular de lo que son los CIEs, y donde los defino (cito literalmente) como “un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas)”.

Esta es mi opinión expresada hace tres años, y a día de hoy nada ha cambiado al respecto. Y no es solo una cuestión de apreciación personal, los CIEs vienen siendo cuestionados desde hace años desde el punto de vista jurídico, moral, social, humanitario y sanitario. Defensor del Pueblo, ONGs, entidades religiosas, profesionales del Derecho, activistas, vienen denunciando y recalcando lo difícil que resulta encajar los actuales CIEs dentro del respeto a los más esenciales principios en los que se sustenta un Estado democrático y de Derecho (que presuma de serlo).

Repito que la intención de este post no es la de dar mi opinión sobre los CIEs porque ya la di en su día y se mantiene intacta, sino la de unirme a tantos y tantos que, ante este nuevo anuncio realizado por el Ministerio del Interior, no se cansan de exigir que el único CIE adecuado es el CIE cerrado.

Cabe destacar que uno de estos tantos sea Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche que no solo afirma categóricamente que los “CIE son centros de sufrimiento e impunidad”, sino que concluye de manera irrefutable que “el mejor destino de los CIEs sería que desaparecieran”.

Recomiendo encarecidamente, para quienes conozcan o no la realidad de los CIEs que escuchen la siguiente entrevista a este ilustre magistrado, donde se pronuncia sin pelos en la lengua sobre estos vergonzosos centros de reclusión de extranjeros.


Por todo lo expuesto, y ante este nuevo anuncio que prevé la apertura de tres nuevos CIEs, solo cabe repetir hasta la saciedad: el único CIE adecuado es el CIE cerrado.

#CIEsNO

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CIEsNO

15J: #CIEsNO.

Ayer, día 15 de Junio, se celebró el Día contra los CIEs.

Desde este blog ya he tenido ocasión de dar mi opinión personal sobre la consideración que me merecen los CIEs, definiéndolos como centros de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Con el fin de conmemorar este día de denuncia social, legal y humanitaria de los CIEs, aprovecho para dejar una recopilación de todas las valoraciones y pronunciamientos realizados en el blog sobre este asunto:

Tribunal Supremo, CIEs y Real Decreto 162/2014.

Paremos los Vuelos: lectura recomendada.

Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs.

CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos.

Políticas migratorias: Análisis crítico de la Ley de Extranjería.

Después de todas estas reflexiones solo cabe una única conclusión válida y acorde con los Derechos Humanos: #CIEsNO.

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CIEsNO Jurisprudencia Opinión

Tribunal Supremo, CIEs y Real Decreto 162/2014.

En estos días se ha conocido la noticia de que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado cuatro preceptos del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

Según el comunicado publicado por APDHAAndalucía ACOGE, y SOS Racismo, a la espera de conocer el texto completo de la sentencia, el pronunciamiento del Tribunal Supremo anula los siguientes preceptos:

Artículo 7.3 párrafo segundo y Artículo 16.2 k), los cuales vulneran el Artículo 17.2 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, según el cual a “las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad”, situación que no garantiza el RD 162/2014.

Artículo 21.3, al resultar contrario al Artículo 62.2 de la Ley de Extranjería, que impide los internamiento sucesivos en los CIEs más allá de los 60 días, al considerar que todo internamiento “se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente”.

Artículo 55.2 párrafo primero, al no respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al respecto al Derecho a la Intimidad personal garantizado por el Artículo 18.1 de la Constitución por lo que respecta a los registros personales con desnudo integral, destacando entre otras la STC 57/1994.

Como no podía ser de otra manera, esta Sentencia del Tribunal Supremo tiene una importancia vital en el respecto y garantía de los Derechos de los extranjeros retenidos en estos Centros de reclusión de extranjeros que son los CIEs.

Sin embargo, su contenido resulta insuficiente mientras estos Centros, ajenos en la práctica a los Derechos Humanos, sigan existiendo en pleno siglo XXI. Ahora más que nunca en el que los CIEs están de plena actualidad en los medios gracias a esta resolución de Tribunal Supremo, resulta necesario denunciar la infamia de estas mazmorras para inmigrantes y gritar fuerte y claro: #CIEsNO.

En relación con lo dicho, vuelvo a hacer eco de dos entradas antiguas de este blog en relación con la denuncia de los CIEs y su actual regulación:

  • “CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos”, mediante el cual repaso la realidad de los CIEs y la falsedad que existe en el respeto de los Derechos reconocidos por la Ley de Extranjería a favor de los inmigrantes recluidos, y en el que reitero mi definición particular de los CIEs como “un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte”.  
  • “Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs”, con el que mostraba mi personal rechazo al RD 162/2014, Reglamento que ya nacía viciado por su evidente y contrastada vulneración de Derechos, como acaba de quedar demostrado.

De ambos textos, así como del pequeño granito de arena que un servidor aporta desde esta tribuna de opinión, se derivan dos conclusiones incontestables e irrefutables a día de hoy:

1º.- Que hace ya mucho tiempo que en un Estado que se califica a sí mismo como Democrático y de Derecho, los CIEs tuvieron que haber dejado de exisitr. Repito, #CIEsNO.

2º.- A pesar de labor del Tribunal Supremo en la purga del RD 162/2014, su contenido continua siendo en exceso vulnerador de los Derechos Humanos más básicos de todos los extranjeros recluidos que padecen cada día el presidio de los CIEs.

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CIEsNO Opinión

Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs.

El día 15 de Marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Su entrada en vigor no ha dejado indiferente a nadie, y muchos han sido los sectores que ya se han pronunciado respecto al contenido del mismo.

Estudiado el contenido de este nuevo Reglamento sobre los CIEs, al igual que la gran mayoría, no tengo otra opción que mostrar mi rechazo más absoluto por esta regulación de unos Centros de reclusión de extranjeros, que primero, no deberían de existir, y segundo, aprueba un Reglamento que ya nace viciado por la evidente y contrastada vulneración de los Derechos contenidos en esta nueva normativa.

Partiendo de estos extremos, y de esta sencilla valoración previa, mi apreciación crítica del Real Decreto 162/2014, y las conclusiones a las que he llegado, son las siguientes:

1º.- “RECONOCIMIENTO” DE QUE LOS CIES NO SON RECINTOS RESPETUOSOS CON LA DIGNIDAD HUMANA.

Aunque parezca mentira, sorprende que la Exposición de Motivos del RD 162/2014 comience por afirmar que “la experiencia adquirida desde la implantación de los centros de internamiento, tanto desde el ámbito del Ministerio del Interior como desde el enfoque aportado por diversos organismos ajenos a dicho departamento y movimientos y colectivos sociales de distinta índole, aconsejan que los centros en los que se hallan los extranjeros deban sufrir una profunda reforma que traslade esos cambios demandados a la propia estructura y funcionamiento de los mismos”.

Partiendo de esta premisa, es necesario recordar que la labor de estos colectivos sociales, como los llama el legislador, y que incluyen entre otros a ONGs, agentes sociales, abogados, Oficina del Defensor del Pueblo o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, ha sido la denuncia sistemática de los CIEs, motivado fundamentalmente, por la violación del Derechos Humanos (para saber más puedes leer mi artículo ‘CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos’).

No obstante, esta “profunda reforma” que se pregona en la Exposición de Motivos, no tiene su reflejo, desgraciadamente, en el texto del RD 162/2014. En su día, definí los CIEs como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Esta definición, a pesar de la aprobación del RD 162/2014, a día de hoy no ha cambiado.

2º.- CENTRO NO PENITENCIARIO.

Al igual que la definición que de los CIEs hace la Ley de Extranjería  (Artículo 62.1 bis), el Reglamento en su Artículo 1.2 define estos centros como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

Esta definición, definición teórica, resulta carente de sentido y razón en tanto en cuanto no viene respaldada por la realidad. Partimos, por tanto, de una premisa inexistente, lo que hace que, como se dijo anteriormente, el Reglamento nazca ya viciado desde un inicio.

3º.- EN CONSECUENCIA: CRIMINALIZACIÓN (Y ESTIGMATIZACIÓN) DEL INMIGRANTE.

La realidad demuestra que en la práctica no se cumple el Principio de Proporcionalidad estipulado en el Artículo 1.4 del RD 162/2014, ni “el de intervención menos restrictiva y el de atención especializada a personas vulnerables [que] regirán, entre otros, la gestión de los centros”.

Dicha afirmación queda en evidencia cuando las decisiones (judiciales) no responden efectivamente a ese marcado carácter restrictivo. O cuando en la delimitación de “personas vulnerables” que contiene dicho precepto se excluye de forma premeditada supuestos de evidente y eminente arraigo, como son, a modo de ejemplo, el ser padre, madre o hijo de un ciudadano de nacionalidad española; o tener un marcado arraigo social, familiar, laboral, etc… en España.

(Según se desprende del reciente Informe de Pueblos Unidos, ‘CIE, Criminalizados, Internados, Expulsados’, sobre el CIE de Aluche, Madrid, de 300 extranjeros visitados en dicho CIE, al menos 30 tenían hijos menores españoles y 37 tenían hijos menores extranjeros, nacidos en España en su mayoría).

A esta situación hay que sumar el hecho de que no se imponga de manera imperativa la separación entre extranjeros irregulares y extranjeros condenados penalmente (Artículo 7.3: “se procurará que las instalaciones permitan la separación…”).

Este “se procurará”, el cual sorprende que no resulta obligatorio para los CIEs, redunda precisamente en esa generalización, criminalización y estigmatización del inmigrante, sin distinguir entre el extranjero recluido por una simple sanción administrativa y el que lo está por una condena penal.

4º.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INADECUADA.

Como ya se ha denunciado, el RD 162/2014 ha perdido la oportunidad de adecuar estos centros de reclusión a la realidad social y humana para los cuales deberían estar “previstos”.

Se deja en manos de la policía la dirección, coordinación, gestión, inspección, vigilancia y seguridad de los CIEs (Artículo 3), quedando en manos de la Administración general del Estado y de las ONGs la administración (¿?) y las condiciones sanitarias y sociales.

¿No responde precisamente este tipo de estructura y organización, asentada sobre funcionario policial, a lo que es y debe ser un Centro Penitenciario? ¿No hubiera resultado más sensato, lógico, razonable y humanitario que la dirección, coordinación, gestión e inspección de los CIEs hubiera recaído bajo competencia del funcionariado no adscrito al Cuerpo Nacional de Policía, como ocurre con cualquier otra entidad o Administración Publica? Tendría algo de sentido que se les asigne a la policía labores de seguridad o vigilancia, ¿pero dirección, coordinación, gestión, inspección?

¿Por qué los inmigrantes recluidos en los CIEs, administrados al fin y al cabo, no son tratados como el resto de administrados en su relación con una Administración Publica, más aun si se pregona que los CIEs no tienen carácter penitenciario?

5º.- ¿CIES PROVISIONALES?

¿Alguien puede explicarme que es esto de los CIEs provisionales? Si ya se parte de la premisa de que los CIEs que existen en España no cumplen con las exigencias propias de este Reglamento, ¿qué hace pensar que un CIE habilitado ad hoc, e improvisado sobre la marcha, sí es merecedor de este indulto (Artículo 5: “Cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros, podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional…”)?

Estas dudas sobre la existencia de los CIEs provisionales resultan más alarmantes cuando a estos CIEs de “quita y pon” no se les exige que cumplan con las obligaciones contenidas en el RD 162/2014 (Artículo 5: “…podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional procurando que sus instalaciones y servicios sean similares a los de los centros…”).

De nuevo, una puerta abierta a la existencia de CIEs carentes de condiciones para albergar a seres humanos. ¿…?

6º.- CONTINÚA LA SITUACIÓN DE DESINFORMACIÓN DEL INMIGRANTE RECLUIDO.

Sorprende especialmente que el texto del RD 162/2014, y más concretamente, su Artículo 37, que regula las condiciones de cese de reclusión en los CIEs, salida del mismo y ejecución de la orden de expulsión, no contemple expresamente mención alguna relativa a la comunicación previa y anticipada al afectado del momento en el que va a ser expulsado de España.

Esta situación de desinformación sigue vulnerando la dignidad de la persona al negar el Derecho a conocer el día y el momento en el que va a ser expulsado. Partiendo del texto del RD 162/2014, cabe preguntarse dónde quedan las obligaciones impuestas judicialmente a los CIEs de comunicar el día exacto de ejecución (Auto de los Juzgados de Instrucción Nº 6, 19 y 20 de Madrid, de fecha 27 de febrerode 2012, y Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Valencia, de fecha 9 de Mayo de 2011.

7º.- HORARIOS Y VISITAS.

Por lo que respecta a los horarios, dispone el Artículo 40.3 del Reglamento que “El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno, así como, al menos, cuatro horas de paseo diurno”.

Si bien el Reglamento no habla en ningún momento de celdas, la realidad demuestra que los CIEs no tienen habitaciones, sino precisamente celdas para reclusos. Vuelvo a reiterar una vez más que no resulta compatible una concepción de los CIEs como centros no penitenciarios cuando la posibilidad de “paseo diurno” (esto es, libertad pura y dura dentro del CIE) solo queda limitada a cuatro horas al día.

Más de lo mismo si nos referimos a la regulación del régimen de visitas contenido en el Artículo 41 del Reglamento. Si uno lee con detenimiento dicho precepto, observa claramente que:

  • No se aseguran el poder recibir visitas de varios familiares al mismo tiempo (Artículo 41.4: “El número de personas que podrá simultanear la comunicación con un mismo extranjero se determinará en las normas de régimen interior, dependiendo de las características y posibilidades de cada centro”).
  • No se garantiza el Derecho a la intimidad, en tanto en cuanto las visitas “salvo resolución judicial en contrario, se realizarán con vigilancia meramente visual” (Artículo 41.5).
  • No se reconoce expresamente el contacto corporal en las visitas (un beso, un abrazo, una caricia por parte un familiar o un ser querido).
  • No se reconoce expresamente los encuentros íntimos al extranjero recluido (algo a los que sí tienen Derecho los reclusos –bis a bis).

8º.- SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA.

A pesar de la denuncia en este sentido por parte de ONGs y del Defensor del Pueblo, el RD 162/2014 reconoce los sistemas de video-vigilancia y circuitos cerrados de video como una opción (Artículo 54.2: “La vigilancia del interior podrá incluirla visualización y control por circuito cerrado de televisión de todas las dependencias…”), y no como una obligación.

Esta ha sido, y viene siendo, una de las mayores demandas a nivel de transparencia dentro de los CIEs. Concretamente, la Oficina del Defensor del Pueblo, en su documento “Criterios Generales de la Institución con relación a los Centros de Internamiento (CIES)”, denuncia expresamente esta ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro de los CIEs, por lo que respecta a la carencia y limitaciones del sistema de video-vigilancia.

9º.- ¿LUCES EN LOS CIES CON EL NUEVO REGLAMENTO?

A pesar de las voces que se han alzado proclamando posibles luces en esta nueva norma por lo que respecta al reconocimiento de Derechos, según mi opinión el RD 162/2014 no hace sino reproducir los Derechos contenidos en la propia Ley de Extranjería, los cuales, a día de hoy, se siguen vulnerando de manera flagrante.

El hecho de que este nuevo Reglamento transcriba y reitere Derechos, no garantiza su cumplimiento por parte del Estado. Es más: ¿si no se respetaban estos Derechos reconocidos expresamente en una Ley Orgánica, como es la Ley de Extranjería, que hace pensar que el hecho de duplicarse en un Reglamento les otorga mayores garantías de exito?

Ya tuve ocasión de pronunciarme sobre el respeto de estos Derechos en mi artículo ‘CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos’, al cual me remito.

No obstante, lo que si me sorprende de manera especial es el hecho de que el RD 162/2014 se planteé la “superación” de los actuales CIEs en lo que respecta a Derechos, instalaciones, personal adecuados, recursos materiales, esto es, lo que viene siendo un lavado de cara de estos Centros de reclusión para extranjeros, pero en cambio, todo ello tenga que llevarse a cabo, como establece la Disposición Adicional 2ª, bajo el título de “No incremento de gasto público”, sin que esta magna labor conlleve un “incremento del gasto público ni […] incremento de dotaciones, de retribuciones, o de otros gastos de personal al servicio del sector público”.

Si se descarta el milagro de los panes y los peces, esta nueva regeneración de los CIEs, lo que por algunos ha sido denominado como “luces”, es todo un misterio…

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CIEsNO Derechos Humanos

CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son para muchos (incluido un servidor) una de las figuras más controvertidas que contiene las Leyes de Extranjería en Europa. Por lo que respecta a España, este pensamiento no es una excepción.

Partiendo de la premisa básica de que uso estas líneas para la denuncia de una institución indigna e incompatible con el ser humano migrante, mi concepción del CIE quedó plasmada hace unas semanas en el artículo ‘Políticas migratorias: Análisis crítico de la Ley de Extranjería’. En él definía el CIE como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas).

Esta es la definición que, según mi experiencia y la de estas instituciones públicas y privadas, se adecúa más a lo que realmente es un CIE. Evidentemente no es la concepción del CIE que nos da la Ley de Extranjería, pero la realidad, como en otros tantos ámbitos de la vida, supera con creces a la teoría. La Ley dice una cosa. Los hechos, denuncias, la realidad, dicen otra.

Pero, ¿qué es realmente un Centro de Internamiento de Extranjeros?  Resumiendo brevemente, según dispone la Ley de Extranjería, el CIE es un recinto de carácter no penitenciario en el cual se puede internar a un extranjero, previa autorización judicial, que se encuentra en proceso de ser expulsado o sobre el cual consta ya un expediente de expulsión decretado (para conocer más, puedes visitar los artículos: ‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: conceptos básicos (I)’ y ‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: consejos legales (II)’). La propia Ley de Extranjería prevé una serie de Derechos y obligaciones en relación a los “internos”.

Pero, ¿realmente es así? En absoluto, para comprender verdaderamente la realidad de los CIEs uno no se puede quedar en la teoría legal, la cual resulta totalmente superficial y contraria a lo que cada día ocurre de manera extendida en la gran mayoría de los CIEs de España. Por todos estos, resulta muy útil y visual exponer la verdadera realidad de los CIEs de forma comparativa con las previsiones legales (las cuales quedan totalmente en evidencia), partiendo de mi propia experiencia, pero sobre todo, de las constantes denuncia que entidades vinculadas con el mundo de las migraciones no se cansan de evidenciar (1):

1.  Según la Ley de Extranjería los CIEs son “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

FALSO. La realidad demuestra que este primer axioma, de entrada, no se cumple. El ambiente carcelario resulta innegable. Partiendo de que existen CIEs que están asentados en los que anteriormente fueron antiguos centros penitenciarios, en todos los CIEs la estructura coincide: existen celdas, no habitaciones; el inmigrante está recluido y confinado; baños y aseos fuera de las celdas; la dirección y gestión se realiza por funcionariado policial; las condiciones impuestas son de carácter penitenciario; existen celdas de aislamiento o castigo; existe un control absoluto sobre la persona; el trato otorgado es el propio de un recluso.

2.  En los CIEs se salvaguardan “los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”.

FALSO. En los CIEs, además de la libertad ambulatoria (esto es, el encarcelar a una persona sin permitirle que pueda moverse libremente), se vulneran prácticamente todos los Derechos (Humanos y Fundamentales) reconocidos por el Ordenamiento Jurídico, como se verá a continuación.

3.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser informado de su situación”.

FALSO. Una de las mayores denuncias que las entidades independientes recogen es la falta de información sobre la situación en la que se encuentra el extranjero recluido. Desconoce su situación dentro del CIE. Desconoce qué motivo lo ha llevado a estar encarcelado. Desconoce a quién dirigirse dentro del CIE. Desconoce cuáles son sus Derechos. Desconoce quién es su abogado. Desconoce con certeza el tiempo exacto que permanecerá recluido. Desconoce cuál será su  destino final: ¿será expulsado o puesto finalmente en libertad? Esta situación de desinformación suele provocar desorientación y situaciones de agobio y angustia.

4.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad”.

FALSO. La mayoría de denuncias existentes por vulneración en los CIEs tiene que ver con la violación continuada e ininterrumpida de estos Derechos. Las muertes de Samba Martine en diciembre de 2011 el CIE de Aluche y de Ibrahim Sissé en enero de 2012 el CIE de Barcelona son prueba de ello. A estas muertes hay que sumar las de Jonathan Sizalima en 2008 y Mohamed Abagui en 2010. Ambas en el CIE de Barcelona.

En el caso concreto de Samba, la muerte se produjo después de diez visitas a los servicios sanitarios del CIE, en las cuales no recibió la atención médica que cabría esperarse. Únicamente se prestó servicios de traducción en una de las visitas, a pesar de que Samba no entendía correctamente el castellano. A la vista de los hechos, ¿cómo puede decirse que se respetan la vida, la integridad física y la salud de los extranjeros recluidos en un CIE, cuando la muerte de una persona viene provocada por una deficiente atención sanitaria?

Y los casos en los que se denuncian malos tratos de palabra y de obra, tratos intimidatorios y degradantes, agresiones, violaciones sexuales, vejaciones, humillaciones,… tampoco son escasos. En la mayoría de estos supuestos, perpetrados por funcionarios de la policía, existe además el agravante de que las víctimas no siempre pueden o no quieren identificar a sus agresores por miedo a represalias. En unos casos se dificulta las investigaciones de estos abusos de autoridad, y en otros muchos, las víctimas son expulsadas de manera urgente, lo que provoca la finalización prematura de cualquier investigación que puede aclarar los hechos y la posible responsabilidad de sus autores.

La ausencia de cámaras de vigilancia ahonda más en esta situación de impunidad que parece campar a sus anchas por los CIEs en España.

Otro comportamiento que vulnera la dignidad de la persona es la ausencia del Derecho a conocer el día y el momento en el que el extranjero va a ser expulsado. A pesar de que algunos jueces empiezan a limitar esta vulneración de Derechos, este tipo de actuaciones no es la norma común a la hora de ejecutar la expulsión. Estas expulsiones sin previo aviso, además de vulnerar el Derecho a la intimidad y la dignidad del extranjero, acarrean una situación de permanente ansiedad, angustia y agobio que no cesa durante todo el periodo de reclusión en el CIE.

5.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento”.

FALSO. Por lo expuesto hasta el momento, y lo que se seguirá exponiendo, se concluye claramente que esta premisa tampoco se cumple. Vuelvo a recodar que en esta situación de reclusión cuasi-delictiva, por una mera sanción administrativa, no es compatible con las limitaciones impuestas en la realidad.

6.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”.

FALSO. Además de las muertes referidas, la “asistencia médica y sanitaria adecuada”brilla por su ausencia. Se han documentado deficiencias en la atención sanitaria, así como la insuficiencia de la misma. Además de encontrarse la gestión sanitaria, por regla general, en manos de entidades privadas, existe únicamente una atención médica general, sin que exista atención de especialistas varios, como por ejemplo, odontología, ginecología o atención psicológica y psiquiátrica.

No se puede negar el impacto, no solo en la salud física, sino también en la psicológica, que sufren los extranjeros recluidos en un CIE en las condiciones descritas. En concreto, la reclusión en un CIE, además de los síntomas físicos (dolores de cabeza, problemas osteomusculares, dolores de estómago o problemas dermatológicos), provoca síntomas psicológicos y emocionales como son, según detalla la plataforma CIES NO en su Informe, “insomnio, tensión extrema y estrés, tristeza profunda y ganas de llorar, dificultades de adaptarse a la situación, pensamientos irracionales, rumiaciones y angustia por las condiciones del encierro y por la posibilidad de la expulsión”. Igualmente “sensación de indefensión cognitiva” o “estado de alerta permanente”ante la incertidumbre del momento de la expulsión.

Se reclama incluso cierta privacidad en la atención sanitaria e independencia por parte del personal médico respecto a la dirección del CIE.

Por su parte, la atención social es prácticamente inexistente. A pesar de ser un Derecho reconocido en la Ley de Extranjería, en CIEs como el de Valencia, se niega este Derecho bajo el argumento de falta de presupuesto. Inaceptable.

7.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro” y a “ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique”.

FALSO. Existen graves problemas de indefensión por lo que respecta al Derecho a comunicarse y relacionarse con el abogado. A veces se desconoce la identidad del abogado o como comunicarse con él. Otras no se posibilita el entregarle copia de documentación que se considere necesaria o relevante. Incluso, por experiencia propia, he sufrido los problemas en el acceso de un notario para la realización de un poder general para pleitos, de vital importancia si se quiere recurrir la expulsión en sede judicial.

Ante estas situaciones, el extranjero queda abandonado a su suerte, resultando el Derecho a la Tutela judicial efectiva vacío de contenido.

8.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial”.

FALSO. Las posibilidades y horarios de comunicación con el exterior son claramente insuficientes si tenemos en cuenta una vez más que el extranjero recluido de libertad (y de otros muchos Derechos) se encuentra en esa situación por una mera sanción administrativa.

Una vez recluido el extranjero, se le priva de su teléfono móvil, lo cual imposibilita claramente la comunicación con el exterior. A ello hay que sumar las restricciones y controles en el acceso a la agenda personal del teléfono, o las limitaciones en horario, acceso y suficiencia en las cabinas que existen en el CIE, muy pocas en relación al número de personas encerradas.

Por lo que respecta al régimen de visitas, se ha constado en muchos casos las dificultades existentes para llevarlos a cabo: periodos de escasa duración (en Barcelona, por ejemplo, es de 30 minutos una vez a la semana); retrasos en la entrada, sin compensación de tiempo; supresión del régimen de visitas; o cambios de horarios. Todo ello sin previo aviso, tanto para los extranjeros recluidos y para los visitantes.

La vulneración de este Derecho a poder comunicarse, se deja notar en el hecho de que se suele impedir en contacto físico entre las personas. Los familiares no se puedes besar. No se pueden tocar. No se pueden abrazar. Los hijos no pueden tener un mínimo contacto con sus padres y madres, lo cual resulta cruel e inhumano. ¿Dónde queda el respecto de todos los demás Derechos? ¿De los Derechos Humanos? ¿Dónde queda el bien superior del menor?

A ello hay que unir las limitaciones provocadas por la propia dirección y gestión de los CIEs, en manos de la policía, lo cual conlleva que amistades y familiares que se encuentren en situación irregular no puede acudir a realizar visitas por miedo a que se les puede iniciar un expediente de expulsión y sufrir en sus propias carnes el horror de ser encerrados en un CIE.

9.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano”.

FALSO. La muerte de Samba tras diez atenciones sanitarias en las que solamente una fue asistida por traductor demuestra que este Derecho tampoco se respecta.

A nivel personal, me constan impedimentos por parte del notario a realizar poder general para pleitos por no existir traductor que explicase al extranjero lo que iba a firmar (CIE de Aluche, Madrid).

10.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que […] existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar”.

FALSO. Si resultan cuestionables los CIEs como centros decentes y adecuados en el que puede estar encerrada una persona adulta, mucho menos puede concebirse que un menor se pueda encontrar dentro de las cuatro paredes de estas cárceles.

Hay que dejar constancia de que la práctica totalidad de los CIEs destacan por la precariedad de sus instalaciones y por el descuido de las mismas, impropias tanto para adultos como para menores de edad.

11. Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”.

FALSO. La redacción de este precepto, así como el contacto del extranjero recluido con este tipo de organizaciones resulta algo engañosa, ya que se prevé como Derecho del extranjero, y no como facultad de este tipo de organizaciones pro inmigrantes y de Derechos Humanos.

Si ya resulta complicada la comunicación externa con familiares, amigos o su abogado, uno se puede imaginar la complicación que debe suponer el contacto con estas entidades. Incluso la labor de estas ONGs se encuentra muy controlada y limitada. Pero no solo ONGs. Resulta absurdo, inadmisible e irracional el hecho de que hace poco se denegara la entrada en el CIE Barranco Seco, Gran Canaria, a una comisión de jueces y fiscales que pretendían visitar el centro.

A veces uno se pregunta que tendrán que ocultar…

No obstante, es necesario reivindicar y resaltar la importantísima labor que día a día realizan estas organizaciones denunciando, asesorando  y apoyando a nivel social y anímico. Sin ellas, los CIEs serían un agujero negro al margen de los Derechos Humanos mayor de lo que hoy día son.

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Pero además de la vulneración metódica de estos Derechos, aún hay más: se denuncia mala y escasa alimentación; imposibilidad de acceder a los baños durante la noche (situados fuera de las celdas); escasa y deficientes medidas de higiene; duchas con agua helada o hirviendo, sin término medio; problemas de custodia de enseres personales; etc…

Esta realidad innegable deja constancia, sin ningún ápice de dudas, de lo que es realmente un CIE en España y su disconformidad con el Ordenamiento Jurídico. No obstante, y por si acaso existe alguna indecisión al respecto, y alguien puede considerar que existe falta de imparcialidad en estas denuncias, es necesario recordar que todas estas violaciones de Derechos Humanos no se desprende únicamente de un servidor que se apoya en su experiencia personal y en los contundentes Informes de entidades con una experiencia de campo mayor que la mía.

Al contrario, entre instituciones de reconocido prestigio, la Oficina del Defensor del Pueblo, en un pronunciamiento bajo el título “Criterios Generales de la Institución con relación a los Centros de Internamiento (CIES)”, denuncia, entre otros, los siguientes extremos:

a) Priorización de las medidas de seguridad y control policial sobre las condiciones de vida y Derechos de los extranjeros recluidos en los CIEs.

b) Modelo inadecuado de los CIEs, basado en la custodia directa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, labor que debería ser realizada por personal especializado en intervención social.

c) Ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro del CIE (ausencia de correcta identificación; carencia y limitaciones del sistema de video vigilancia).

d) Ausencia generalizada de servicios de asistencia social, a pesar de ser un imperativo legal.

e) Sobrepoblación de algunos CIEs, lo cual deja en evidencia las carencias y deficiencias estructurales.

f) Ausencia de módulos adecuados de convivencia familiar.

g) Inadecuación de los funcionarios policiales para el desempeño de labores que van más allá de la custodia de personas privadas de libertad.

Además del Defensor del Pueblo, la divulgación reciente del “Informe al gobierno español sobre la visita a España realizada por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes”, publicado el día 30 de Abril de 2013, recalca las siguientes conclusiones:

a) Sobre los CIEs de Aluche, Madrid y Zona Francia, Barcelona, el Comité considera que “el aspecto y la estructura de ambos centros eran más bien los típicos de un ambiente carcelario, con rejas en las ventanas, en los corredores y las celdas. El ambiente seudo-carcelario, además, era acentuado por el régimen restrictivo y las restricciones en los contactos permitidos con el exterior”.

b) Respecto a denuncias por malos tratos, el Comité afirma respecto a hechos ocurridos en el CIE de Barcelona que “las lesiones habían sido declaradas coherentes con las acusaciones de malos tratos”; y por agresiones denunciadas en el CIE de Aluche, que “tal y como pudo comprobar el médico del centro, eran coherentes con las denuncias”.

Acaba concluyendo respecto a la pasividad de las autoridades españolas que la “ausencia de toda investigación constituye una falta de cooperación con el CPT, así como una potencial violación de las garantías de procedimiento derivadas del art. 3 del Convenio Europeo sobre Derecho Humanos”.

c) En relación al trato degradante hacia los internos, el Comité afirma que “desaprueba también las prácticas seguidas en los dos establecimientos visitados de llamar a los detenidos por su número de detención. Muchos de los detenidos entrevistados la consideraban una práctica humillante y degradante”.

d) El Comité exige que se “revisen la provisión de comida”, se “aseguren que los internos cuenten con suficientes productos para mantener su higiene personal así como la de las celdas en las que se encuentran” y que se “garanticen a los internos el acceso a baños y aseos limpios en cualquier momento, incluidas las noches”.

e) En relación a la atención sanitaria “recomienda elevar la presencia del personal de enfermería” y adoptar medidas para “asegurar que los internos tengan acceso, en su caso, a dentista y ginecólogo” y “la adopción de medidas para garantizar asistencia psicológica y psiquiátrica para las personas retenidas en los CIE”.

f) Por lo que respecta a las escasas posibilidades de tener contacto con el exterior, y considerando que “la regla general debería ser que los extranjeros puedan recibir visitas en régimen abierto, limitándose las visitas cerradas a través de un cristal a casos excepcionales y debidamente justificados”, reprocha que en estos CIEs la regla general sea el régimen cerrado.

Considera el Comité que “para los extranjeros que tenían niños, que eran una parte considerable de la población del centro, la limitación del contacto físico no solamente es muy difícil para él, sino que podría afectar mucho más negativamente a los propios menores; en este contexto, el CPT recuerda que debería tomarse en consideración el interés superior del niño”.

Después de todo el repertorio de denuncias expuestos y documentadas por todo tipo de instituciones públicas o privadas, la definición del CIE que se aportó en el comienzo cobre mayor peso. Y debe ser reiterada: un CIE es un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Ante esta definición, solamente cabe realizarse una única pregunta posible: ¿de verdad existe alguien que crea realmente que los CIEs deben seguir existiendo?

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(1)Entre todas estas denuncias públicas, cabe destacar los recientes informes realizados por Pueblos Unidos (‘Encerrados tras las rejas. Informe 2012sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España’, Abril 2013) y por la plataforma CIE NO (‘¿Cuáles el delito? Informe de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores’, Marzo 2103), los cuales han sido muy elocuentes y desgarradores. Recomiendo la lectura de ambos informes, así como el de cualquier otro que denuncie la vergonzosa realidad que ocurre en  los CIEs de toda España.