Comentario a la STS de 18 de julio de 2017 sobre el Artículo 7 del RD 240/2007.

Todavía está caliente el cadáver de lo que hasta hace poco era, no la única interpretación posible del Artículo 7 del RD 240/2007, pero sí probablemente la más lógica, racional y necesaria: la no aplicación de las exigencia sobre medios de vida estipuladas por el Artículo 7 del RD 240/2007 y por la Orden PRE/1490/2012 en relación a los familiares de ciudadanos españoles de terceros Estados.

Como decía, aún está caliente el cadáver, y el alevoso y premeditado homicida del mismo no ha sido otro que el Tribunal Supremo a través de su restaurado Recurso de Casación (del que estoy convencido no será la única víctima en el ámbito del Derecho de Extranjería).

Visto el contenido de la reciente Sentencia de 18 de julio de 2017, el estudio y valoración jurídica de la misma resulta, según mi punto de vista, estéril e inútil. Su contenido es el que es, no deja margen ni imaginación a elucubraciones que agudicen el ingenio, lamentablemente.

En este sentido, y a modo de duelo público y compartido, creo que esta desastrosa sentencia es merecedora, más que de una disertación jurídico-científica, de una valoración filosófica-deontológica. Por ello, aun pudiendo parecer compleja, entiendo bajo mi opinión personal que las vergüenzas de esta sentencia se vislumbran en tres premisas esenciales (que no hay que perder de vista):

a) Imposición “igualitaria” (pseudo-discriminatoria) del Régimen Comunitario a los familiares de ciudadanos españoles en las condiciones que se venían imponiendo al resto de familiares de ciudadanos comunitarios.

b) Degradación del ciudadano español, en su propio país, a no poder tener un reconocimiento pleno y efectivo en su más esencial entendimiento del Derecho a la Vida en Familia, que parece estar cada vez más alejado de esos mínimos a los que aspira el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que no termino de entender para quien está reservado).

c) El más absoluto desprecio –nos movemos en terrenos pantanosos de ideologías tenebrosas- hacia esa forma de hacer jurisprudencia basada en el sentido común y en una concepción humanitaria de entender esta rama del Derecho, cuando no hace tanto al Tribunal Supremo se le llenaba la boca afirmando que a la madre de un ciudadano español no se la podía expulsar, dijera lo que dijera la Ley de Extranjería (STS de 26 de enero de 2005: qué tiempos aquellos).

Así de simple como de cruel. Como decía, no hay más cera que la que arde…

Por ello reitero el comentario que hice al inicio del post: día de luto para el Derecho de Extranjería a manos del Tribunal Supremo, con el desconsuelo de saber, a ciencia cierta, que no será el último…