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Nacionalidad

30-06-2017: Fin de la competencia de Registros Civiles para la presentación de Nacionalidad por Residencia.

Como viene dejara claro el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, más concretamente en su Disposición Transitoria Segunda y su Artículo 4.1, mañana, 30 de junio de 2017, es el último día en el que los Registro Civiles son competentes para iniciar procedimientos de Nacionalidad Española por Residencia.

En efecto, según dispone expresamente la referida DT 3ª, bajo el título “Presentación de solicitudes ante Registros Civiles, órganos administrativos y por vía electrónica”, la misma estipula lo siguiente:

“1. Durante el periodo transitorio que media desde la entrada en vigor del presente real decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados podrán seguir presentando sus solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado. Dichas solicitudes se presentarán en soporte papel. En tales casos, el Registro civil realizará al interesado los requerimientos necesarios para completar las solicitudes incompletas y, una vez contengan toda la documentación exigida por el presente real decreto, las remitirá a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

2. A efectos de lo previsto en esta disposición transitoria, la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General. Cuando no pueda llevarse a cabo dicha conversión a formato electrónico, será responsable de la misma la Dirección General de los Registros y del Notariado.

3. Una vez finalizado el periodo transitorio a que se refiere esta disposición, las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. Ambas modalidades son asimismo posibles durante el periodo transitorio que finaliza el 30 de junio de 2017”.

De idéntica manera, el Artículo 4.1 del RD 1004/2015 mantiene que “El procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado, bien a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien, si se trata de solicitudes presentadas en fecha igual o anterior al 30 de junio de 2017, mediante presentación de la solicitud ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de interesado, sin perjuicio en todo caso de las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. El modelo normalizado de solicitud se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia. Se facilitará al interesado constancia de la fecha y hora del registro de entrada de la solicitud presentada telemáticamente”.

Pues, como se exponía más arriba, esa fecha señala del 30 de junio de 2017 llega mañana. En consecuencia, las únicas vías adecuadas para poder iniciar los trámites de Nacionalidad Española por Residencia, esto es, presentar válidamente la solicitud correspondiente, será una de las siguientes:

1º.- De manera telemática, identificándose correctamente a través de la sede electrónica de la web del Ministerio de Justicia, ya sea personalmente o  por medio de un abogado especialista en Nacionalidad Española.

2º.- A través de cualquier registro público habilitado al efecto por el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, esto es:

a) Cualquier registro electrónico de una Administración Pública y Oficinas de registro  habilitadas el efecto.

b) Ante las Oficinas de Correos.

c) Por medio de los Consulados y Embajadas de España en el extranjero.

d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En consecuencia, recuerda que la manera de iniciar tu procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia resulta de vital importancia para su correcta y adecuada resolución.

Por ello, si no estás seguro de cómo dar los pasos en el camino correcto, no dudes en acudir a profesionales que te oriente a lo largo del proceso y que se encarguen personalmente de preparar y presentar tu solicitud de Nacionalidad Española por Residencia en tu nombre directamente ante el Ministerio de Justicia.

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CIEsNO

15 de Junio: Día contra los CIEs (#CIEsNO).

Hoy, 15 de junio de 2017, resulta necesario e imperativo denunciar y reivindicar un nuevo Día contra los CIEs.

Como en años anteriores, un servidor vuelva a plasmar su definición personal sobre los CIEs como centros de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Ante esta clara opinión al respecto, y en una nueva jornada de denuncia social, legal y humanitaria contra estos aberrantes centros vulneradores de Derechos Humanos, comparto la recopilación de los post publicados en este blog en contra de los mismos:

#CIEsNO

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Residencia Trámite_Extranjería

Reagrupación Familiar: Régimen General vs. Régimen Comunitario.

La Reagrupación Familiar tiene sus particularidades según se trámite dentro del Régimen General de Derecho de Extranjería, o por medio de su Régimen Comunitario.

Para los profanos en la materia, si bien pueden entender que estamos hablando de una misma situación y de un procedimiento idéntico, nada más lejos de la realidad. Entre ambos supuestos existen diferencias destacables que merece la pena poner de relieve.

En este sentido, cabe destacar como elementos diferenciadores más significativos entre el procedimiento de Reagrupación Familiar en Régimen General y Régimen Comunitario, lo siguientes:

a) Marco jurídico.

Como primer elemento diferenciador se encuentra el encuadre jurídico y la normativa aplicable en cada caso.

Para la Reagrupación Familiar por Régimen General es de aplicación la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, dada su última redacción conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Por su parte, la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario se regula por medio del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

También será de aplicación la LO 4/2000 y el RD 557/2011 “en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables” (Artículo 1.3 LO 4/2000).

b) Familiares beneficiarios.

Los familiares beneficiarios en uno y otro procedimiento también es un elemento diferenciador significativo.

En primer lugar, la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario da cobertura legal a los siguientes familiares:

  • El cónyuge, siempre que se mantenga el vínculo matrimonial (esto es, que no haya recaído nulidad matrimonial o divorcio).
  • La pareja con la que se mantenga una unión registral (pareja de hecho)  con efectos en un Estado miembro de la UE o en un Estado parte en el EEE, que impida la posibilidad de dos registros simultáneos, siempre que no se haya cancelado dicha inscripción.
  • Los descendientes directos, los de su cónyuge o pareja registrada, menores de veintiún, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.
  • Los ascendientes directos, los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo.
  • Otros familiares, cualquiera que sea el grado de parentesco, siempre que en el país de procedencia estén a cargo o vivan con el ciudadano comunitario, que existan graves motivos de salud o de discapacidad, y sea estrictamente necesario que el ciudadano comunitario se haga cargo del mismo.
  • La pareja de hecho no registrada con la que exista una relación estable, siempre que se demuestre la existencia de un vínculo duradero mediante la convivencia familiar de al menos un año continuado, excepto si existe descendencia común, en cuyo caso será suficiente con acreditar la convivencia estable.

Por su parte, los familiares beneficiaros de la Reagrupación Familiar en Régimen General son los siguientes:

  • El cónyuge, siempre que no exista separación de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. Nunca podrán ser reagrupados más de dos cónyuges, aunque la ley personal del extranjero más de un cónyuge.
  • La pareja del extranjero reagrupante con una relación afectiva análoga a la conyugal (pareja de hecho), bien inscrita en un registro público, bien acreditando la existencia de dicha relación no registrada con carácter previo a la llegada del reagrupante a España. Esta situación no será compatible con el matrimonio.
  • Los hijos del extranjero residente y del cónyuge (incluidos los adoptados), menores de dieciocho años o mayores de esa edad incapaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.
  • Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad incapaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, bajo la representación legal del extranjero residente.
  • Los ascendientes en primer grado del reagrupante (padres) y de su cónyuge que vivan a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. La edad de sesenta y cinco años podrá disminuirse si se acredita la existencia de razones humanitarias.

c) Requisitos exigidos.

Otro elemento diferenciador entre ambos procedimientos es la menor exigencia en lo requisitos exigidos para el procedimiento de Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario respecto a la de Régimen General, a pesar de encontrarse ejerciendo en sendos casos el Derecho a la Vida en Familia.

Esta menor exigencia de requisitos en el procedimiento en Régimen Comunitario se evidencia en base a los siguientes aspectos:

Ejercitable con la Residencia Inicial. Al margen de los supuestos especiales, un requisito básico para poder presentar la Reagrupación Familiar en Régimen General es el hecho de haber residido legalmente un año y tener reconocido, al menor, el Derecho a residir por otro año más. Esta exigencia se incrementa para el supuesto de querer reagrupar al ascendiente, en cuyo caso el extranjero reagrupante debe ser titular de la Autorización de Residencia de Larga Duración.

En la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario esto no ocurre, pudiéndose ejercitar el Derecho a la Reagrupación Familiar desde el mismo momento que nace el vínculo familiar que otorga el Derecho, sin ni siquiera ser residente legal con carácter previo.

Acreditación del vínculo familiar. A diferencia de lo que sucede en Régimen General, donde el vínculo familiar se acredita mediante simple copia, aportándose el documento original en sede consular, en Régimen Comunitario dicho vínculo debe ser debidamente acreditado desde un inicio con documentación original, legalizado según el mecanismo aplicable al país de origen y traducido, en su caso. 

Medios económicos suficientes. La exigencia de medios de vida para el procedimiento de Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario, exento en la mayoría de los supuestos, contrasta con la necesidad de disponer de los mismos para la Reagrupación Familiar en Régimen General en base a determinadas exigencias (cuantificación de los medios económicos en base al IPREM y a razón del número de miembros de la familia; estabilidad laboral mínima y expectativas de mantener dicha situación económica en el futuro).

Inexigibilidad de vivienda. Para la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario no resulta exigible bajo ningún concepto el tener que demostrar que se dispone de vivienda para poder acoger a los familiares beneficiados, algo que resulta obligatorio en el Régimen General.

Inexigibilidad del Informe de Disponibilidad de Vivienda. Como consecuencia de lo anterior, tampoco resulta exigible este Informe en la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario.

d) Procedimiento.

Como último aspecto diferenciador, se encuentra el procedimiento y la tramitación, pudiendo destacarse los siguientes aspectos:

Posibilidad de tramitar estando en España. En contra de lo que ocurre con el procedimiento de Reagrupación Familiar en Régimen General, que exige que el extranjero reagrupado se encuentre en su país de origen a la espera de que se resuelva el procedimiento, la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario no está supeditada a esta exigencia.

Se invierte el procedimiento. En la Reagrupación Familiar por Régimen General  la tramitación se divide en dos fases: en primer lugar, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, que concederá la Autorización de Residencia Temporal por Reagrupación Familiar; y en segundo lugar, una vez concedida esta Autorización, ante la Oficina Consular de España en el país de procedencia del extranjero reagrupado, que concederá el respectivo Visado de Residencia para que éste pueda realizar la entrada en España.

En la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario, sin embargo, ocurre todo lo contrario: primero, se tramita el correspondiente Visado por Reagrupación Familiar Comunitaria, que habilitará al extranjero reagrupado poder realizar la entrada en España (no obstaste, el Visado únicamente será exigible en aquello casos en los que el extranjero pertenezca a un país sometido a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores); en segundo lugar, una vez realizada la entra en España, el extranjero se deberá dirigir a la Oficina de Extranjería competente para tramitar la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión.

Exento de tasas administrativas. El extranjero beneficiario de la Reagrupación Familiar en Régimen Comunitario no tiene la obligación del pago de tasas administrativas, ni en la tramitación del Visado, ni para la tramitación de la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión.

En la Reagrupación Familiar por Régimen General, sin embargo, tanto la tramitación de la Autorización de Residencia Temporal por Reagrupación Familiar, como del posterior Visado de Residencia, llevan estipuladas tasas de obligado cumplimiento.

Vigencia de la Residencia. Por regla general, la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión tendrá una vigencia de 5 años, siendo la siguiente (Residencia Permanente) de una duración de 10 años.

En cambio, en la Reagrupación Familiar por Régimen General la vigencia de la Autorización será la misma que tiene el reagrupante.

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Residencia Trámite_Extranjería

¿Puede un abogado solicitar por representación Tarjeta de Familiar de Comunitario?

Es conocido por quienes nos dedicamos al ámbito del Derecho de Extranjería, que existen procedimientos en los cuales no resulta necesaria la comparecencia personal del extranjero para iniciar, y por tanto, presentar la solicitud de determinadas Autorizaciones. En estos casos, otra persona debidamente representada, como por ejemplo un abogado especialista en Derecho de Extranjería, es el encargado de iniciar el trámite correspondiente en su lugar.

Dentro de esta posibilidad de presentar por representación, en alguna ocasión me han preguntado si resulta posible solicitar por esta vía una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión, incluso llegado el momento, la Tarjeta de Residencia Permanente como Familiar de Ciudadano de la Unión.

Mi respuesta es , al contrario de lo que mantiene la Administración, encabezada por la Dirección General de Migraciones. Los fundamentos jurídicos para ello son los siguientes:

1º.- Cabe reiterar el primer lugar el supuesto de hecho planteado: solicitud, en nombre y representación de un extranjero, de una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión por Régimen Comunitario.

2º.- Derivado de ello, hay que partir del hecho de que todo abogado actúa en estos casos al amparo de lo Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual se dispone que “Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado”.

3º.- En el mismo sentido, el Artículo 66.1 a) de la Ley 39/2015, para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que “Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente”.

4º.- En relación con lo preceptuado, y teniendo el abogado debidamente otorgada la representación de su cliente, cabe tener en cuenta el contenido de la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, cuyo aparato 1º exige que “Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los órganos competentes para su tramitación. […]”.

En idénticos términos, la Disposición Adicional 8ª, párrafo primero, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, afirma que “De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes iniciales relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo o a prórrogas de estancia”.

5º.- Teniendo en cuenta esta clara limitación de comparecencia personal del extranjero impuesta por la LO 4/2000 y el RD 557/2011, no obstante, cabe objetar, en primer lugar, que el propio RD 240/2007 no impone la obligación de comparecencia personal al extranjero para solicitar la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión en su Artículo 8.

Es más, dicha comparecencia personal sí se exige en su Artículo 7.6 para el Certificado de registro de ciudadano de la Unión de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando dispone que “Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros”.

Esta obligación, reitero, no se prevé en el Artículo 8 para la Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión, que solamente afirma que “La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente”.

6º.- En segundo lugar, cabe recordar igualmente, que según disponer el Artículo 1.3 de la LO 4/2000, corroborado por la Disposición Final 4ª del RD 240/2007, “Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables”.

En consecuencia, siendo posible al amparo de la Ley 39/2015 el inicio de un procedimiento administrativo por medio de representante debidamente acreditada, y no resultando obligatoria la comparecencia personal en ninguna de las fases de dicho procedimiento, claramente mucho más beneficioso que las exigencias impuestas por la LO 4/2000 y el RD 557/2011, considero sin lugar a dudas que la solicitud por representación de una Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión resulta plenamente conforme a Derecho.

7º.- No se debe olvidar que un razonamiento jurídico idéntico, y siguiendo las mismas premisas (aplicación de la normativa más beneficiosa), es el que llevó al reconocimiento del silencio administrativo positivo en Régimen Comunitario, directamente al amparo, en su día de la Ley 30/1992, hoy, Ley 39/2015, en contra de lo dispuesto por la Disposición Adicional 1ª de la LO 4/2000 (reconocimiento por parte de la Dirección General de Migraciones en su Resolución SGI11/1014, de 6 de Noviembre de 2013).