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Jurisprudencia Nacionalidad

Denegación de nacionalidad por residencia: ausencia de España.

Como ya se expuso en un anterior post del blog sobre causas más comunes de denegación de Nacionalidad Española por Residencia, las salidas de España, y consecuentes ausencias del territorio nacional, viene siendo uno de los motivos de denegación más usados por parte del Ministerio de Justicia.

Por regla general, se suele alegar una “muletilla” estereotipada en la Resolución denegatoria según la cual se comunica al interesado que no aparece justificada su residencia habitual en territorio español ya que el interesado tiene ausencias continuadas de España de más de x meses, y se cita a continuación como apoyo jurisprudencial las Sentencias de la Audiencia Nacional de 17 de febrero y 12 de diciembre de 2011.

Pues bien, en relación a esta causa de denegación de la nacionalidad española por residencia, y a pesar de la jurisprudencia citada por el Ministerio de Justicia, entiende un servidor que existen fundamentos jurídicos para poder rebatir este motivo acudiendo precisamente a la propia jurisprudencia de la Audiencia Nacional al respecto.

En primer lugar, es necesario partir de la premisa de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 7 de Abril de 2015, Recurso Nº 1698/2013(reiterando entre otras a Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 20 de Marzo de 2015, Recurso Nº 1499/2013; de fecha 1 de Diciembre de 2014, Recurso Nº 983/2013; de fecha 6 de Noviembre de 2014, Recurso Nº 1252/2013; de fecha 28 de Octubre de 2014, Recurso Nº 813/2013; de fecha 18 de Junio de 2014, Recurso Nº 1089/2013; o de fecha 13 de Junio de 2013, Recurso Nº 409/2012) considera que “Este Tribunal viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, […] no se desvirtúa por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer excepcionalmente en el extranjero por razones de trabajo o estudios”.

Relacionado con lo expuesto, la Sentencia de fecha 24 de Marzo de 2015, Recurso Nº 248/2013 considera igualmente que “La doctrina de la Sala del TS (por todas S. TS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 15 julio 2002 Recurso de Casación núm. 4290/1998) es clara: residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la petición no quiere decir prohibición absoluta de salir del territorio nacional durante ese periodo, de modo que (S. TS Sala 3 Sec 6 23-11-2000) la no presencia física ocasional y por razones justificadas del territorio español no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español”.

Esta resolución judicial viene a confirmar, entre otras muchas, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 20 de Marzo de 2015, Recurso Nº 79/2014; de fecha 4 de Marzo de 2015, Recurso Nº 1042/2013; de fecha 9 de Octubre de 2014, Recurso Nº 807/2013; de fecha 13 de Junio de 2013, Recurso Nº 409/2012; de fecha 17 de Febrero de 2011, Recurso Nº 459/2010; de fecha 22 de Abril de 2010, Recurso Nº 169/2009; o de fecha 6 de Noviembre de 2008, Recurso Nº 229/2007.

En virtud de la jurisprudencia citada, entiendo que para combatir con fundamentos este tipo de denegaciones de nacionalidad resulta de vital importancia tener en cuenta dos premisas esenciales:

A) Justificación válida de los motivos por los que se han realizado las salidas de España.

Según se desprende de la jurisprudencia citada, es criterio de la Audiencia Nacional el considerar que no se interrumpe la situación de residencia legal continuada por ausencias de España debidamente acreditadas y bajo motivos razonablemente admisibles.

En este sentido, son diversos los pronunciamientos judiciales que avalan diferentes supuestos en los que las ausencias de España quedarían válidamente justificadas, pudiendo citarse entre otros muchos:

  • Por razones de trabajo o estudios: Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 7 de Abril de 2015, Recurso Nº 1698/2013.
  • Por motivos de investigación o colaboración docente: Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 24 de Marzo de 2015, Recurso Nº 248/2013.
  • Por turismo o visitas a familiares: Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 9 de Octubre de 2014, Recurso Nº 807/2013.
  • Por enfermedad y razones médicas propios o de familiares directos: Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 24 de Marzo de 2015, Recurso Nº 248/2013 y Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 20 de Marzo de 2015, Recurso Nº 79/2014.

B) Demostración de domicilio fijo y estable en España.

En relación con esta última premisa, y reiterando jurisprudencia de la Audiencia Nacional, considera también la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 24 de Marzo de 2015, Recurso Nº 248/2013, que existen numerosos datos en el expediente que demuestran su interés por asentarse laboralmente en España y no puede desconocer esta Sala las dificultades que supone encontrar en España en periodo de crisis una ocupación laboral estable y el interés demostrado por la recurrente por conseguir realizar un trabajo acorde con su cualificada formación profesional.

[…] Además, aunque fuera del periodo relevante existen otros datos que demuestran su interés por obtener una ocupación profesional en España mantenida en el tiempo, tanto antes como después del periodo relevante. […] Por otra parte tiene su domicilio fiscal en España, presentando declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas desde 2006 a 2010, es titular de un vehículo y ha sido apoderada de un partido político en las elecciones de marzo de 2008.

Igualmente, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 20 de Marzo de 2015, Recurso Nº 79/2014, afirma que “junto con otra comprensiva de la escolarización de sus hijos, de su trabajo como empleada de hogar, del contrato de alquiler de la vivienda, del empadronamiento y de cuentas bancarias fue aportada en vía administrativa en el recurso de reposición y ni siquiera fue valorada por la resolución inmediata aquí recurrida”, y como consecuencia de ello, concluye que las ausencia “no puede constituirse en obstáculo frente a una residencia legal iniciada el 29-6-2001, estando acreditado que la actora tiene su familia más directa en España – marido e hijos – con los que convive – obra certificado de empadronamiento-, hijos que han cursado estudios en España”.

En relación con lo que se acaba de exponer, se recomienda hacer referencia a otros extremos de arraigo y vinculación con España:

a) Tiempo de residencia legal en España.

b) Localización del domicilio estable en España.

c) Comportamiento Ejemplar.

d) Arraigo social y familiar en España.

e) Estabilidad o arraigo Laboral.

f) Suficiente grado de integración.

Siguiendo las dos premisas marcadas, así como la jurisprudencia citada al efecto, resulta posible combatir con garantías la denegación de la nacionalidad española por residencia basada en ausencia de España.

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Trámite_Extranjería

La inscripción de matrimonio en el Registro Civil Central.

Por imposición del ordenamiento jurídico, cuando un ciudadano español contrae matrimonio tiene la obligación de que este enlace se inscriba en un Registro Civil español para que produzca plenos efectos jurídicos. Cuando ello ocurre en el extranjero, estos enlaces matrimoniales se inscriben en el Registro Civil Central.

En relación con esta premisa, por medio de este post se explicarán los aspectos más destacados a conocer sobre el procedimiento de inscripción de matrimonio en el Registro Civil Central.

 1º.- ¿Cuándo procede la inscripción de matrimonio en el Registro Civil Central?

Como se señaló al  inicio del post, los matrimonios celebrados en el extranjero y en los que está involucrado un ciudadano o ciudadana español deben inscribirse en el Registro Civil Central.

Los supuestos en los que ello puede ocurrir, generalmente, son los siguientes:

a) Persona de nacionalidad española que contrae matrimonio con un extranjero fuera de España.

b) Persona extranjera que adquiere la nacionalidad española, se encontraba casado con anterioridad y reside en España.

2º.- ¿Para qué sirve la inscripción?

La inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero ante el Registro Civil Central sirve para reconocer plenos efectos jurídicos a dicho enlace.

En la inscripción, además de los datos de identidad de ambos cónyuges, se reconoce fe pública al enlace, así como el día, hora y lugar en el que se contrajo.

3º.- ¿Cómo se solicita la inscripción del matrimonio en el Registro Civil Central?

La inscripción se solicita directamente ante el Registro Civil Central cuando se resida en España. En caso contrario, la inscripción se realizará ante el Registro Civil del Consulado español donde resida el cónyuge español. Una vez realizada la inscripción del matrimonio ante el Consulado correspondiente, éste comunicará al Registro Civil Central su existencia para que proceda a su registro.

4º.- ¿Qué documentos resulta necesarios para realizar la inscripción?

Como regla general, resulta necesaria la siguiente documentación:

  • Certificado original de matrimonio expedido por el Registro Civil del lugar donde se haya celebrado el enlace, que deberá estar debidamente legalizado, y en su caso traducidoal español.
  • Certificado literal de nacimiento del cónyuge de nacionalidad española emitido por un Registro Civil español.
  • Certificado de nacimiento del cónyuge extranjero, legalizado, y en su caso traducido.
  • Documento Nacional de Identidad del cónyuge español y Tarjeta de Identidad de Extranjero o Pasaporte del cónyuge extranjero.
  • Certificado de empadronamiento acreditativo de que el solicitante tiene su domicilio habitual en España.
  • Hoja declaratoria de datos, modelo oficial que será facilitado por el propio Registro Civil.

No obstante, y al margen de los documentos mencionados, cuando el Juez encargado del Registro Civil lo considere oportuno podrá requerirse documentación adicional que resulte necesario para la correcta inscripción del matrimonio.

5º.- ¿Es posible la inscripción de cualquier tipo de matrimonio?

Los matrimonios celebrados en el extranjero podrán acceder al Registro Civil Central, siempre y cuando sean conformes al ordenamiento jurídico español.

De este modo, cabe apreciar las siguientes limitaciones a la válida inscripción:

a) Cuando uno de los cónyuges sea menor de edad, este deberá estar legalmente emancipado.

b) No se reconocen los supuestos de poligamia, pudiendo acceder al Registro Civil Central únicamente el primero de los matrimonios. El segundo o ulteriores matrimonios podrán ser inscritos siempre y cuando se haya disuelto el vínculo conyugal que los precede.

c) No son válidos los matrimonios entre parientes en línea recta por consanguinidad ni adopción. Tampoco serán válidos los matrimonios entre familiares colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, salvo dispensa judicial.

d) No podrán inscribirse los matrimonios cuando uno de los cónyuges haya sido condenado por ser autor o participe en la muerte dolosa de la pareja o cónyuge de la persona con la que ha contraído matrimonio, salvo dispensa judicial.

e) Cuando existan deficiencias mentales, intelectuales o sensorialespor parte de uno de los cónyuges que invaliden su capacidad para contraer matrimonio.

6º.- ¿Se pueden inscribir en el Registro Civil Central los matrimonios religiosos?

Sí, siempre y cuando el matrimonio se haya celebrado acorde al ordenamiento jurídico español y sea conforme con los acuerdos firmados con las diferentes confesiones religiosas.

Además de la Iglesia Católica, España tiene firmados acuerdos (1992) con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España.

7º.- ¿Tiene alguna ventaja la inscripción del matrimonio en el Registro Civil Central a efectos de Derecho de Extranjería y Nacionalidad?

Claramente sí. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de ser cónyuge de nacional español permite el acceso al Régimen Comunitario de Derecho de Extranjería. Para ello, y en caso de alegarse el ser cónyuge de español, es imprescindible acreditar la existencia del vínculo matrimonial, según exige la Administración, debidamente inscrito en un Registro Civil español.

Igualmente, y en relación a la tramitación de la nacionalidad española por residencia, el hecho de ser cónyuge de nacional español permite la reducción del tiempo de residencia legal exigido a tan solo un año.

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Jurisprudencia Residencia

¿Cómo recurrir con éxito la denegación de Residencia de Larga Duración por antecedentes penales?

Exceptuando la adquisición de la nacionalidad española (que para muchos es el estatus jurídico de mayor valía que pueden alcanzarse en España por un foráneo), la Residencia de Larga Duración es el objetivo primordial al que aspiran los extranjeros no comunitarios y que les dota de una tranquilidad (casi) absoluta como residentes legales en España.

Este estatuto jurídico, que reconoce el Derecho de residencia indefinida en España, se ha convertido en los últimos años en el común denominador de la mayoría de los extranjeros extracomunitarios. No en vano, según estadísticas del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI), en junio de 2015 los extranjeros con Residencia de Larga Duración en España representaban más del 80%.

Como consecuencia de ello, resulta de vital importancia cumplir con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería para la obtención de este Derecho de Residencia, pero sobre todo, no conceder a las Oficinas de Extranjería ningún motivo para que puedan denegar este tipo de trámites.

En los últimos años, además de las denegaciones de Autorizaciones de Residencia de Larga Duración debido a las ausencia de España, la Administración viene considerando la mera existencia de antecedentes penales no cancelados como causa automática para denegar.

En relación con este último motivo, y entendiendo que en la mayoría de los casos la denegación de la Residencia de Larga Duración no resulta conforme a Derecho, mediante el presente post se pretende enumerar, desde nuestra experiencia como abogados especializados en Derecho de Extranjería, una serie de axiomas esenciales para poder combatir con éxito este tipo de denegaciones en sede judicial:

1º.- Conocer las limitaciones jurídicas al Derecho de Residencia de Larga Duración.

Resulta evidente que para poder combatir con éxito la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración basada en la tenencia de antecedentes penales no cancelados, lo primero que se debe conocer precisamente es en que supuestos cabe limitar el Derecho de Residencia de Larga Duración.

Partiendo de la premisa innegable de que existe una incorrecta transposición al Derecho de Extranjería española de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que omite (deliberadamente o ¿no?) aspectos esenciales de la misma, resulta necesario acudir a la propia Directiva, cuyo Artículo 6, titulado “Orden público y seguridad pública”, apartado 1º dispone expresamente que “Los Estados miembros podrán denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública”, y sigue afirmado que “Al adoptar la correspondiente resolución, el Estado miembro tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia”.

2º.- Práctica administrativa generalizada: denegación automática.   

A pesar de lo expresado por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, así como las condiciones exigidas por dicho precepto para que la Administración pueda limitar, y por tanto denegar, el estatuto de Residencia de Larga Duración, la práctica administrativa en general viene decretando la denegación automática de la Autorización de Residencia de Larga Duración por la mera existencia de antecedentes penales no cancelados, sin valorar ningún otra circunstancia al respecto.

En consecuencia, la regla general será un Resolución denegatoria en el cual la Administración no demuestra ni motiva mínimamente la concurrencia de las premisas exigidas por el Artículo 6.1 de la Directiva 2003/109/CE, en especial, la existencia de razones de orden público o seguridad pública.

3º.- Correcta interpretación de los conceptos “orden público” y “seguridad pública”.

Partiendo de los dos principios anteriores, una buena defensa jurídica debe basarse en la adecuada interpretación que de los conceptos jurídicos indeterminados “orden público” y “seguridad pública” se viene realizando por la jurisprudencia, especialmente la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de demostrar que la Administración se aparta de estos criterios interpretativos a la hora de resolver la denegación de una Autorización de Residencia de Larga Duración.

Entre esta jurisprudencia consolidada, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de diversos Tribunales Superiores de Justicia, cabe destacar, entre otras muchas, Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 3 de septiembre de 2000, Asunto C-355/98; Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 10 de julio de 2008, Asunto C-33/2007; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de marzo de 2008, Recurso Nº 307/2008; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 15 de febrero de 2011, Recurso Nº 370/2010; o Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 8 de septiembre de 2011, Recurso Nº 274/2011.

La jurisprudencia citada coincide en exigir, para que la Administración pueda limitar el estatuto de Residencia de Larga Duración, que concurran las siguientes premisas:

a) Existencia de razones de orden público o seguridad pública.

b) Existencia de motivos suficientes, razonables y razonados de que la conducta personal del extranjero constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

c) Que se tenga en cuenta, única y exclusivamente la conducta personal del extranjero, sin que pueda alegarse razones que no tengan relación directa con el caso concreto o basadas en motivos de prevención general.

d) Tener en cuenta de manera expresa que la existencia de condenas penales no constituye, per se, y de manera automática razón suficiente para denegar una Autorización de Residencia de Larga Duración.

4º.- Dejar constancia de aquellos aspectos positivos y acreditativos de arraigo del extranjero.

Con el fin de respaldar todos los axiomas anteriores, se recomienda hacer referencia expresa a todos aquellos aspectos positivos que concurran en el extranjero y relativos a la situación de arraigo en España, entre los que se pueden citar (además de los cinco años de Residencia Legal previos):

a) La existencia de arraigo laboral, arraigo social u otros aspectos que dejen constancia de su plena integración en España.

b) Hacer referencia a la existencia de condena penal única y/o al cumplimiento íntegro de la condena o condenas impuestas.

c) Acreditar el hecho de estar plenamente reinsertado socialmente, sin que haya existido reincidencia penal.

d) Por último, y más importante de todas las citadas, la existencia de arraigo familiar y su vinculación con el Derecho a la vida en familia, amparado jurídicamente tanto a nivel nacional como supranacional, así como por la jurisprudencia nacional e internacional existen al respecto.

5º.- Supuestos reales: éxitos judiciales.

Por último, y como dice el sabio refranero español que para muestra un botón, y que predicar con el ejemplo es el mejor argumento, comparto en este post tres casos diferentes de denegación de Autorización de Residencia de Larga Duración por existir antecedentes penales no cancelados recurridos en vía judicial y cuyo resultado ha sido plenamente satisfactorio para los intereses de nuestros clientes.