¿Caduca el procedimiento de Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000 a los 3 meses?

Últimamente le he estado dando vueltas a la cabeza sobre como poder combatir un Expediente de Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000, especialmente si el extranjero está en situación administrativa irregular. Como suele ser normal en un abogado, lo primero que hice fue fiscalizar todos los aspectos formales del Expediente, a fin de encontrar un resquicio legal por donde poder entrar y abrir camino.

Estudiando toda la normativa que resulta de aplicación en estos casos (Constitución Española, LO 4/2000, RD 557/2011, Ley 30/1992,…) me asaltó lo que primero fue una hipótesis, y que más tarde tomó solidez, y sobre todo, una argumentación jurídica que le puede servir de sustento: En contra del plazo de caducidad de seis meses común para toda Expulsión dentro del Derecho de Extranjería, ¿caduca el procedimiento de Expulsión ex Artículo 57.2 a los tres meses?

  Mi respuesta a día de hoy es (salvo mejor argumentación jurídica que disienta de esta teoría) y la baso en los siguientes argumentos jurídicos:

En primer lugar, es necesario comenzar por dejar sentada una premisa irrefutable y que no admite discusión en contra a estas alturas: la consideración consolidada a nivel jurisprudencia de que el Expediente de Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000 no debe ser considerado como una sanción administrativa, sino más bien como una causa o consecuencia legal derivada de la comisión de una conducta delictiva y prevista por la Ley de Extranjería para proceder a la expulsión administrativa de un extranjero (con lo que se podrá o no estar de acuerdo).

Como consecuencia de ello, entiendo que al no ser la Expulsión ex Artículo 57.2 una sanción administrativa, esto acarrea la consecuencia inmediata de que no le resulte de aplicación aspectos consustanciales al Derecho Sancionador previsto por la LO 4/2000 y el RD 557/2011. Más concretamente, dentro de estos aspectos consustanciales se encontraría el Capítulo I (titulado “Normas comunes del procedimiento sancionador”) del Título XIV del RD 557/2011.

Dentro del mismo se encuentra el Artículo 225.1, el cual dispone que “El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento será de seis meses desde que se acordó su iniciación,…”. Continua dicho precepto afirmando que “Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la expresada resolución se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su suspensión”.

Partiendo de lo argumentado hasta el momento, debe de entenderse que la caducidad derivada de todo procedimiento sancionador en Derecho de Extranjería resultaría de aplicación a un Expediente de Expulsión impuesto como sanción al extranjero, situación en la que no se encuentra el supuesto contenido en el Artículo 57.2 de la LO 4/2000.

Derivado de ello surge la primera cuestión a tener en cuenta: ¿Contiene la LO 4/2000 o el RD 557/2011 algún precepto que regule expresamente la caducidad en la causa de Expulsión prevista en el Artículo 57.2 de la LO 4/2000? No. ¿Esto quiere decir que no es posible la caducidad en la tramitación procedimental de este tipo de Expulsión? Tampoco, únicamente habría que acudir al cuerpo normativo que resultaría de aplicación para estos casos de vacío legal dentro del Derecho de Extranjería.

En relación con ello, cabe traer a colación lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del RD 557/2011, apartado 1º, según la cual “En lo no previsto en materia de procedimientos en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su normativa de desarrollo,…”.

Consecuentemente, y acudiendo a la Ley 30/1992, resultaría de aplicación lo preceptuado por el Artículo 42.2 y 42.3 de la Ley 30/1992 que regula la obligación de resolución expresa por parte de la Administración, y que disponen: primero, que “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y segundo, aclara posteriormente en su apartado 3º que “Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”, contándose en los procedimientos iniciados de oficio (como es el caso de toda Expulsión ex Artículo 57.2) “desde la fecha del acuerdo de iniciación”.

En relación con lo preceptuado, debe tenerse en cuenta inmediatamente el Artículo 44 de la Ley 30/1992, titulado “Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio”, y cuyo apartado segundo dispone que “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: […] 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.”

Como se decía anteriormente, si bien existe una posición tajante respecto a la negación del carácter sancionador de la Expulsión exArtículo 57.2 de la LO 4/2000, lo que no puede ser obviado, por resulta indiscutible, es que este tipo de Expulsión acarrea un acto por parte de la Administración “susceptibles de producir efectos desfavorables” (que de hecho los produce sí o sí) en la situación del extranjero, tal como exige el Artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

En virtud de todo lo expuesto hasta el momento, y teniendo en cuenta los Fundamentos de Derecho alegados, entiende un servidor que se desprenden de forma inequívoca las siguientes conclusiones:

1º.- Que existe la consideración consolidada a nivel jurisprudencia de que la Expulsión ex Artículo 57.2 no tiene la noción de sanción administrativa, sino la de causa o consecuencia legal derivada de la comisión de un delito y prevista por la Ley de Extranjería (repito, postura con la que se podrá o no estar de acuerdo, pero que a día de hoy hay que acatar).

2º.- Que en base a ello, sobre la Expulsión ex Artículo 57.2 únicamente resultaría de aplicación lo regulación respecto al procedimiento a seguir para su imposición (Artículos 63 o 63 bis de la LO 4/2000, que regulan los procedimientos Preferente y Ordinario de Expulsión), así como los preceptos del RD 557/2011 que lo desarrollan a nivel reglamentario, pero no el resto de preceptos propios del Derecho Sancionador de Extranjería que se encuentran regulados en el Capítulo I, titulado “Normas comunes del procedimiento sancionador”, del Título XIV del RD 557/2011.

3º.- En consecuencia, no resultaría de aplicación el Artículo 225.1 del RD 557/2011 que prevé la caducidad del procedimiento sancionador al transcurrir seis meses desde la incoación, sino más bien el Artículo 44.2 de la Ley 30/1992, en relación al Artículo 42, apartado 2º y 3º, que disponen expresamente la caducidad de todo procedimiento iniciado de oficio (como es el de una Expulsión ex Artículo 57.2) transcurridos tres meses desde su apertura.

4º.- En definitiva, y como conclusión final (salvo mejor criterio jurídico en contra), entiende un servidor que la caducidad en el procedimiento de toda Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000 debe ser declarada a los tres meses, y no a los seis, como decreta el Derecho Sancionador de Extranjería.

Quedo abierto a todo tipo de comentarios y matizaciones al respecto.