Categorías
Expulsión Jurisprudencia Opinión

STJUE de 23 de abril de 2015: Una interpretación alternativa.

En estos días se ha armado un revuelo jurídico para aquellos que nos dedicamos al Derecho de Extranjería debido a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 23 de Abril de 2015, Asunto C-38/14. Mediante esta resolución judicial se realiza un análisis jurídico sobre la adecuación del Derecho sancionador previsto en la LO 4/2000 en relación con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, más concretamente respecto al sistema de expulsión y multa contenido en la Ley de Extranjería española.

Las opiniones sobre esta Sentencia han sido variadas y desde puntos de vista e interpretaciones jurídicas diferentes (cabe destacar entre ellas la realizada conjuntamente por Pascual Aguelo Navarro e Hipólito Granero Sánchez, la reflexión de José Ramón Chaves García, o la realizada por Francisco Solans y José Miguel Sánchez Tomás en prensa).

Una vez estudiada la Sentencia del Tribunal de Justicia, y dentro de esta diversidad de opiniones jurídicas, mi valoración es la siguiente:

1º.- Considero, en primer lugar, que resulta necesario destacar la relevancia jurídica para el Derecho de Extranjería español de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 23 de Abril de 2015, Asunto C-38/14, no tanto por lo que dice expresamente, sino por todo aquello que se desprende de manera indirecta del contenido de esta resolución judicial.

2º.- Según mi opinión, entiendo que de la Sentencia no cabe interpretar en ningún momento que exista vulneración de la Directiva 2008/115/CE en la redacción actual de la LO 4/2000, que prevé la sanción de multa, sino más bien una corrección en la interpretación que de la misma se viene realizando en su aplicación práctica.

3º.- Considero que este desliz interpretativo, según mi punto de vista, radica básicamente en el hecho de que en la aplicación práctica de la LO 4/2000 por parte de la Administración y de los Órganos Instructores (Policía), se parte de la circunstancia de confundir dos conceptos elementales como son: Expediente Sancionador (Decisión de Retorno) y Expediente de Expulsión (Expulsión), según el contenido otorgados a cada uno de ellos por parte de la Directiva 2008/115/CE.

En efecto, si acudimos al contenido de la Directiva, se entiende como Decisión de Retorno (Artículo 3.4) “una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación de retorno”. Por otro lado, la propia Directiva define el concepto de Expulsión(Artículo 3.5) como “la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro”.

Ambos conceptos han de ser relacionados con el de salida voluntaria contenido en el Artículo 3.8 de la Directiva, según el cual se define dicha salida voluntaria como “el cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno”.

En consecuencia, se desprende una conclusión evidente: la Directiva 2008/115/CE en ningún momento impone la expulsión como sanción automática en los supuestos de situación irregular. Al contrario, la previsión expresa es imponer una Decisión de Retorno acompañado de una obligación de retornar (apartado 33 de la STJUE) y un plazo de tiempo para la salida voluntaria. Única y exclusivamente cuando se incumpla dicha salida voluntaria (Artículo 8.1) se podrá imponer la Expulsión coercitiva por parte del Estado miembro (apartado 35 de la STJUE).

4º.- Derivado de lo expuesto, entiendo que la sanción de multa, según su reconocimiento literal en la LO 4/2000, y no su aplicación práctica generalizada, debe entenderse en todo momento como una sanción ante el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular. Otra cosa muy diferente serán las consecuencias que dicha situación administrativa irregular pueda conllevar, una vez decretada la Decisión de Retorno (Expediente Sancionador) que es a lo que responde la Directiva 2008/115/CE: bien salida voluntaria (Artículo 3.8) bien expulsión (Artículo 3.5).

Como consecuencia de lo expuesto hasta el momento, entiendo que aplicando de manera correcta la LO 4/2000 resulta posible la imposición de la sanción de multa, en vez de la sanción de expulsión, sin que ello conlleve en momento alguno ir en contra de la Directiva 2008/115/CE.

Un ejemplo claro: extranjero en situación irregular en España (infracción administrativa) al que se le inicia un Expediente Sancionador (Decisión de Retorno), que no Expediente de Expulsión, se resuelve imponer la multa (sanción administrativa) y se aplica conjuntamente la medida de salida voluntaria, otorgando un plazo oportuno para llevarla a cabo por parte del extranjero sancionado. Lógicamente, y al margen de los recurso en sede jurisdiccional que resulten oportunos y las medidas cautelares suspensivas que pudieran decretarse, la ausencia de salida voluntaria conllevaría aparejada la Expulsión coercitiva por parte del Estado miembro.

Según se demuestra por medio del presente ejemplo, se observa claramente que en ningún momento se contradice la Directiva 2008/115/CE, y mucho menos que la sanción de multa por estancia irregular en España vulnere el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

5º.- Aclarado dicho extremo, resulta necesario hacer hincapié en el aspecto trascendental de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Como dije anteriormente, resulta necesario realizar una lectura detenida de todo aquello que, a mi juicio, insinúa indirectamente esta resolución.

En efecto, lo que la Sentencia viene a cuestionar concretamente, según mi punto de vista, es el hecho de que en la práctica, cuando la Administración (rara vez…) o una resolución judicial viene a descartar la imposición de la sanción de expulsión, y la sustituye por la multa pecuniaria, sin tomar ninguna otra medida alternativa y complementaria, lo que realmente se está haciendo es, precisamente, “poner en peligro la realización de los objetivos perseguidos por una directiva y, como consecuencia de ello, privarla de su efecto útil” (apartado 39 de la STJUE).

Y he aquí el quid de la cuestión: ¿Qué entiendo yo como medidas alternativas y complementarias? Por un lado, la imposición de esa salida voluntaria para que el extranjero abandone el territorio español motu proprio. Y por otro, y es precisamente donde radica el aspecto más importante de esta Sentencia, la obligación de regularizar a dicho extranjero, si se llega a la conclusión de que tanto la salida voluntaria como la Expulsión coercitiva no pueden ser llevadas a efectivo cumplimiento.

Efectivamente, ambas deficiencias son de las que adolece el Derecho de Extranjería español, que con la simple imposición de la multa, sin llevar a cabo ninguna de las medidas propuestas, está consintiendo, promoviendo y perpetuando, la existencia de extranjeros en situación irregular en España.

6º.- De estas medidas alternativas y complementarias, concretamente la de regularizar al extranjero en situación irregular inexpulsable, entiendo que tendría amparo inmediato en la propia Directiva 2008/115/CE. Así es, como bien cita la Sentencia, según dispone el Artículo 6.1 de la Directiva, “Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5”.

Dentro de estas excepciones, el apartado 4º dispone expresamente que “Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará ninguna decisión de retorno. De haberse ya dictado, se revocará la decisión de retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia o de otra autorización que otorgue un derecho de estancia”.

En consecuencia, es la propia Directiva 2008/115/CE la que dispone la facultad de un Estado miembro de regularizar al extranjero inexpulsable, vía Artículo 6.4.

7º.- Dicha potestad, no obstante y según mi opinión, a falta de una regulación concreta en el actual Derecho de Extranjería español, debe tener una cierta discrecionalidad por parte de la Administración, que no arbitrariedad, siendo en todo momento enjuiciable, como ocurre con los conceptos jurídicos indeterminados de arraigo, circunstancias excepcionales o razones humanitarias por parte de los Tribunales, corrigiendo cualquier posible desviación en sus actuaciones por parte de la Administración.

8º.- En virtud de todo lo expresado en estos últimos apartados, considero que en base a los Fundamentos de Derecho de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, una  interpretación más adecuada de la misma sería la siguiente:

a) La sanción de expulsión resulta excluyente con la de multa, siempre y cuando, con ello se esté permitiendo la continuación y la continuidad en la permanencia irregular de extranjeros en el territorio español.

b) La eliminación de la sanción de expulsión en sede jurisdiccional debe conllevar aparejada en todo caso alguna de estas medidas alternativa y complementaria: bien, la imposición de esa salida voluntaria para que el extranjero abandone el territorio español motu proprio en el plazo concedido para ello; bien, la obligación de regularizar a dicho extranjero, si se llega a la conclusión de que el extranjero es inexpulsable.

c) Esta excepción a la Decisión de Retorno contenida en el Artículo 6.4 de la Directiva 2008/115/CE, es decir, la regularización del extranjero inexpulsable, debe ser entendida en todo momento como una potestad discrecional, a falta de una adecuada adaptación del actual Derecho de Extranjería español a esta nueva concepción derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, corrigiendo cualquier posible desviación en sus actuaciones por parte de la Administración.

9º.- Derivado de estas premisas, y llegados a esta conclusión, la única duda que puede surgir a estas alturas es evidente: ¿qué supuestos deben entenderse integrados dentro del Artículo 6.4 de la Directiva 2008/115/CE, y por ende, susceptible de regularización al considerar al extranjero en situación irregular como inexpulsable?

Bajo mi punto de vista existirían dos grandes bloques:

a) Extranjeros que hayan sido reconocidos como inexpulsables en sede judicial. Resulta evidente a todas luces que cuando un extranjero ha sido amparado judicialmente y reconocido de manera individualizada como no susceptible de expulsión, el siguiente paso de la Administración, ya sea de manera voluntaria, ya sea forzada nuevamente por los Tribunales, es reconocerle expresamente el Derecho a Residir legalmente en España.

Estos casos son por todos conocidos, y se delimitan claramente en aquellos supuestos en los que existe jurisprudencia consolidada que reconoce la existencia de un marcado arraigo social, familiar o laboral, razones de carácter humanitario, circunstancias excepcionales, etc…, y que así son reconocidos de manera sistemática en sede jurisdiccional (Ej.: padre o madre de menores españoles; ciudadanos cubanos; extranjeros con abundante arraigo familiar en España, como cónyuge, hijos, padres,…).

b) Extranjeros que hayan sido reconocidos como inexpulsables por la LO 4/2000. El Artículo 57 de la LO 4/2000 contiene una serie de supuestos en los que expresamente se reconoce la situación de extranjero inexpulsable. Así es, considera su apartado 5º que “la sanción de expulsión no podrá ser impuesta”, salvo algunas limitaciones, “a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.

b) Los residentes de larga duración…

c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.

d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que estén a su cargo”.

Y continua el apartado 6º del Artículo 57 de la LO 4/2000 afirmando que “La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre”.

En todos estos supuestos, si la propia Ley de Extranjería prevé la imposibilidad de expulsar a estos extranjeros ¿Por qué no permite también expresamente su regularización? ¿Por qué consiente la existencia de extranjeros en situación irregular al amparo de su propio articulado? Es precisamente este tipo de supuestos los que contradicen el espíritu y el fin último de la Directiva 2008/115/CE.

10º.- En virtud de todos los argumentos esgrimidos hasta el momento, considero, por tanto, que frente a otras valoraciones jurídicas más catastrofistas de esta Sentencia, existe una interpretación diferente que ofrece un mayor margen de maniobra en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de los extranjeros.

Categorías
Derechos Humanos

Operación Mare Nostrum Vs. Operación Tritón.

Mucho se ha hablado estos días sobre las continuas muertes de inmigrantes y refugiados que se están produciendo en el Mediterráneo, que en la última semana asciende ya a más de 1.300 personas. En los medios de comunicación se escuchan o se leen referencias a la Operación Tritón o la Operación Mare Nostrum, sin saber muy bien cual es una y cual es otra, su finalidad, sobre que superficie se extiende, etc…

El objeto de esta nueva entrada del blog es dar a conocer los aspectos más destacados de ambos, Operación Tritón y Operación Mare Nostrum. No obstante, con carácter previo resulta imprescindible delimitar la desgraciada realidad de lo que viene sucediendo en esta zona del Mar Mediterráneo, y sus aspectos más significativos.

Según Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores), una de las principales rutas migratorias con destino a Europa, es la ruta del Mediterráneo Central, con flujos de inmigrantes o refugiados de diferentes países africanos, con salida desde Libia y con destino hacia Italia y Malta.

Operación Mare Nostrum Vs. Operación Tritón.

La relevancia de esta ruta como punto de entrada ha sufrido cambios significativos en los últimos años. Si bien en el año 2008 suponía una de los mayores puntos de entrada de inmigración irregular en la UE (aproximadamente el 40%), procedentes principalmente de Túnez, Nigeria, Somalia y Eritrea, durante los años 2009 y 2010 las entradas disminuyeron considerablemente como consecuencia de Acuerdo bilateral firmado entre Italia y Libia al respecto. En el año 2011 las entradas volvieron a aumentar, debido principalmente a los conflictos políticos y bélicos surgidos en Túnez y Libia, con más de 64.000 entradas, gran parte de ellos solicitantes de asilo. En 2013, después de un 2012 más aplacado, se volvieron a incrementar las entradas en aproximadamente 40.000, produciéndose las primeras muertes masivas de inmigrantes y refugiados en aguas del Mediterráneo (entre ellas, los más de 360 muertos tras el naufragio de Lampedusa).

No obstante, existe un punto de inflexión en el año 2014, donde las llegadas de inmigrantes y refugiados superan las 170.000, mayor registro de la historia para un país de la UE. En este año, y debido al aumento de las llegadas, generalmente procedentes de Siria y Eritrea, las muertes en el Mar Mediterráneo registraron un aumento considerable, cifradas por ACNUR en al menos 3.5000 fallecidos.

Entradas en la UE por medio de la ruta del Mediterráneo Central.

Las cifras en 2015 auguran los registros más negros hasta el momento. Tan solo en estos meses de 2015, la Organización Internacional de Migraciones estima en más de 1.750 los inmigrantes y refugiados que perdieron la vida en la ruta del Mediterráneo Central, 30 veces más que en el mismo periodo de 2014, mientras que la Organización Marítima Internacional vaticina 500.000 intentos de cruzar el Mediterráneo con un saldo fúnebre de hasta 30.000 personas.

Visto, por tanto, el panorama de la ruta migratoria del Mediterráneo Central en estos últimos años, es el momento de delimitar los aspectos esenciales de la Operación Tritón y la Operación Mare Nostrum, así como sus diferencias más significativas.

¿Qué son?

Mare Nostrum es una operación de carácter militar y humanitaria desarrollada por Italia de manera unilateral con comienzos en octubre de 2013 hasta el día 31 de octubre de 2014, tras el trágico naufragio cerca de la Isla de Lampedusa que costó la vida a más de 360 inmigrantes y refugiados.

Por otro lado, la Operación Tritón, en un principio Frontex Plus, nace al amparo de la UE, más concretamente de Frontex, y se lleva a cabo desde el día 1 de noviembre de 2014 hasta la actualidad.

Objetivos perseguidos.

Mare Nostrum nace claramente con una vocación humanitaria y de salvamento marítimo, siendo su objetivo primordial el rescate de personas que se encuentren en peligro en el mar. El operativo, además de autoridades migratorias destinada a la identificación de inmigrantes, dispone a bordo de personal médico para la ocasión. En total, se estima que las autoridades italianas lograron salvar durante la vigencia de este operativo a más de 155.000 personas.

Por su parte, Tritón se crea con la intención de controlar las fronteras marítimas exteriores de la UE bajo una premisa fundamental: ejercer el control fronterizo y luchar contra la inmigración irregular. Dentro de Tritón, las operaciones de salvamente y rescate de personas en el mar tienen carácter secundario, no siendo el objetivo primordial. 

Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación de Mare Nostrumalcanzaba, no solo las aguas territoriales italianas, sino también aguas internacionales, de gran extensión en el Mar Mediterráneo.

Tritón se limita únicamente a las 30 millas náuticas de las costas italianas, límite de la frontera exterior de la UE, descartando como ámbito de actuación propio las agua internacionales. 

Partida presupuestaria.

La partida presupuestaria destinada a cada una de las operaciones es otra de las diferencias más destacables. Mientras que Mare Nostrum destinaba la suma de más de 9 millones de euros al mes, Tritón limita los recursos a los 2,8 millones de euros mensuales.

Estas sumas plasman la diferencia de recursos materiales y humanos entre ambas operaciones. 

Efectividad de las operaciones.

Si bien es complicado evaluar la efectividad objetiva de ambas operaciones, así como las víctimas durante la vigencia de cada una de ellas teniendo en cuenta las circunstancias y variables diferentes en cada momento, bien es cierto que el número de muertes desde la implantación de la Operación Tritón supera con creces a los de Mare Nostrum, además de las estimaciones previstas para 2015.

Según mi opinión, y a la luz de la diferenciación de objetivos perseguidos, ámbitos de actuaciones e inversión presupuestaria, resulta más que evidente el fracaso de la Operación Tritón, preocupada más por el control fronterizo que por el salvamento marítimo.

Bibliografía:

FRONTEX – Ruta del Mediterráneo Central: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route/

Tritón no sustituye a Mare Nostrum a la hora de salvar vidas:

https://m.es.amnesty.org/noticias/noticia/articulo/triton-no-sustituye-a-mare-nostrum-a-la-hora-de-salvar-vidas/

Si conclude ‘Mare Nostrum’, al via ‘Triton’: http://www.interno.gov.it/it/notizie/conclude-mare-nostrum-triton

Frontex plus, Tritón, Mare Nostrum. Un año después de la tragedia de Lampedusa el sistema europeo común de asilo en la Unión: http://asiloineuropa.blogspot.com.es/2014/10/frontex-plus-tritone-mare-nostrum-un.html?m=1

La diferencia entre el «Mare Nostrum» y «Tritón»: http://www.ilpost.it/2015/02/11/differenza-mare-nostrum-triton/

Categorías
Derechos Humanos Opinión

Muertes en Mare Nostrum: víctimas y verdugos.

La tragedia continúa en las aguas del Mediterráneo. Gota a gota, se siguen escapando las vidas de inmigrantes desesperados que huyen del miedo y de la barbarie de guerras, el hambre y la sed. No importa su origen: Siria, Túnez, Etiopia, Somalia,… Da igual. La muerte los espera cada vez con más ansia y persistencia tras las olas asesinas del Mare Nostrum.

Más allá del cementerio de cruces anónimas que prosperan en la Isla de Lampedusa como el jardín que florece en la primavera de los años, un sinfín de crucifijos comienza a poblar el fondo marino del mar Mediterráneo. Las hay de todos los tamaños y con todos los significados religiosos posibles: en esto de la muerte no hay discriminaciones que valgan.

No importa si la persona es negra. Si reza con el Corán o con la Biblia. Si se trata de un anciano con toda una vida vivida o un bebé que aún no se ha hecho a los vértigos de este nuevo mundo. Mare Nostrum no perdona.

No importa si la mar está en calma o si la tempestad anuncia muerte y destrucción. No hay distinción entre un barcucho de mala muerte o un buque de tonelaje inerte. Mare Nostrum no perdona.

Y no importa tampoco si existe valor, inconsciencia, pánico o locura por jugarse la vida contra un desierto de mareas. Mucho menos importa si se queman con el frio helado de las aguas o con el inclemente sol del mediodía. Mare Nostrum no perdona.

Qué más da si son cien, doscientas, cuatrocientas, o dos mil las almas que embarcan ya sucumbidas hacia el fin de sus días. No importa de dónde salió el dinero que hipoteca sus vidas para ese pasaje del terror sin camino de vuelta. Mare Nostrum no perdona.

Todo ello da exactamente igual, porque cuando Mare Nostrum despierta bravío y encolerizado, su espada de Damocles comienza a mecerse lentamente sobre la nuca de todos estos seres humanos que iniciaron el viaje de su vida o de su muerte.

Nada de todo lo dicho le importa lo más mínimo a Mare Nostrum, que año tras año acumula a sus espaldas una plétora de víctimas inocentes. Nada de ello importa. Una pena inmensa para la humanidad. Una auténtica tragedia.

Pero la mayor de las penas y la más evidente de las tragedias dentro de esta reflexión es que si, el verdugo al que denomino Mare Nostrum, fuera sustituido en bloque por los Gobiernos, legítimos y mercenarios al mismo tiempo, de los países europeos, la historia no cambiaría ni un solo ápice de veracidad en esta inmundicia de inhumanidad.

Gobiernos europeos y Mare Nostrum. Mare Nostrum y Gobiernos europeos. Dos verdugos de esta desgraciada y perenne tragedia en la frontera oceánica que es el Mar Mediterráneo. Dos verdugos, al fin y al cabo, pero con diferentes caras: mientras los Gobiernos europeos, verdugos, miran hacia otro lado y evidencian su falta de humanidad ante la cotidianeidad de estas muertes, Mare Nostrum, víctima y verdugo, llora a los caídos mientras arropa con su manto de lágrimas el cementerio de cruces que se esconde en las profundidades de sus entrañas.

Categorías
Devolución Opinión

I&P denuncia a España por la «regulación» de las Devoluciones en caliente.

Como ya se publicó en este blog la semana pasada, la “regulación” de las devoluciones en caliente en la Ley de Extranjería es ya una realidad, aunque dicha situación pueda resultar un auténtico disparate jurídico contrario al Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los inmigrantes.

En respuesta a este despropósito por parte del España y ante la evidente aberración jurídica que supone la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, desde INFANTE & PEÑA ABOGADOS, despacho del que formo parte junto a mi compañera Mercedes Infante Domínguez, hemos denunciado la situación ante la Unión Europea por medio de un doble mecanismo: Denuncia ante la Comisión Europea y Petición ante el Parlamento Europeo.

Para todos aquellos que estén interesados, les resumimos los aspectos más significativos en los que se fundamentan ambas acciones dirigidas contra España:

ACCIÓN E INSTITUCIÓN A LA QUE SE DIRIGE:

  • Denuncia contra España ante la Comisión Europea.
  • Petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA VULNERADO POR ESPAÑA:

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES:

Las acciones interpuestas contra España se fundamentan básicamente en el hecho de que la aprobación de la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, bajo el título de “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, supone una evidente vulneración del contenido y el espíritu de la Directiva 2008/115/CE.

Partiendo de dicha premisa, consideramos que lo pretendido y llevado a cabo por parte de España con esta nueva regulación contraria al Derecho de la UE, es la instauración de un apartheid jurídico en Derecho de Extranjería en las ciudades de Ceuta y Melilla para la figura jurídica de la Devolución, dentro del cual no se respetan los Derechos y Garantías jurídicos-procesales reconocidos en la LO 4/2000 y el RD 557/2011, y en consecuencia, en la propia Directiva 2008/115/CE.

CONTENIDO:

Las denuncias interpuestas contra España basan su contenido en cuatro pilares fundamentales:

A) Delimitación y encuadre de la figura jurídica de la Devolución dentro del Derecho de Extranjería español mediante el Artículos 58 de la LO 4/2000 y Artículo 23 del RD 557/2011.

B) Concreción de la figura de la Devolución dentro de la Directiva 2008/115/CE, concretamente a través de la definición de expulsión contenida en su Artículo 3.5.

C) Consideración de los Derechos y Garantías jurídico-procesales reconocidos expresamente por la LO 4/2000 y por el RD 557/2011 para los extranjeros sometidos Devolución, identificando a su vez todos estos Derechos y Garantías dentro del articulado de la Directiva 2008/115/CE.

D)  Como conclusión de los elementos anteriores, se realiza una comparativa entre la regulación contenida en la LO 4/2000 y el RD 557/2011 sobre la figura jurídica de la Devolución, incluido el contenido de la Directiva 2008/115/CE, y la nueva figura del rechazo en frontera de la Disposición Adicional 10ª en la LO 4/2000, denunciando expresamente la creación, para una misma realidad fáctica, de dos figuras jurídicas diferentes según el lugar del territorio nacional en el que se den: rechazo en frontera para la zona fronteriza de Ceuta y Melilla; y Devolución para el resto del perímetro fronterizo español (¿?…).

DERECHOS Y GARANTÍAS JURÍDICO-PROCESALES VIOLADOS:

Con la introducción de la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla en detrimento de la Devolución –además de denunciar la pretensión por parte de España de querer dar visos de legalidad aparente a la práctica ilegal de las devoluciones en caliente llevadas a cabo de manera sistemática por parte de la Guardia Civil-, se concretan los Derechos y Garantías directamente afectados por la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000 en relación a los extranjeros en Ceuta y Melilla:

  • Derecho a la asistencia jurídica por un abogado de todo extranjero objeto de Devolución (Artículos 22.2 LO 4/2000; 23.3 RD 557/2011; 13.3 y 13.4 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a un intérprete, si no comprende el idioma (Artículos 22.2 LO 4/2000; 23.3 RD 557/2011; 13.3 Directiva 2008/115/CE).
  • Obligación de dictar por escrito una resolución de Devolución dictada por la Delegación del Gobierno en Ceuta/Melilla, que deberá respetar todas las Garantías administrativas reconocidas por el Ordenamiento Jurídico, ser motivada en Derecho e indicar los recursos que contra la misma puedan interponerse (Artículos 20.2 LO 4/2000; 35 y ss. Ley 30/1992; 23.1 RD 557/2011; 12.1 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a interponer recurso contra la resolución de Devolución, tanto en vía administrativa como judicial (Artículos 20.1 LO 4/2000; 13.1 y 13.2 Directiva 2008/115/CE).
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional, y contemplado en el Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951 (Artículos 58.4 LO 4/2000; 23.6 b) RD 557/2011; 18.1 d) y 19.1 Ley 12/2009; 5 c) Directiva 2008/115/CE). Además, cabría incluso hablar de vulneración de Derechos reconocidos expresamente por el Artículo 58 de la LO 4/2000 y por el Artículo 23 del RD 557/2011 para la Devolución, de difícil delimitación dentro de la Directiva 2008/115/CE, salvo mejor criterio de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo, entre los que se encuentran:
  • Derecho a comparecer ante la Comisaria de la policía nacional a efectos de ser identificado e iniciarse el correspondiente procedimiento de Devolución conforme a Derecho (Artículos 58.3 LO 4/2000; 23.2 RD 557/2011).
  • Derecho a ser informado sobre la posibilidad de acceder a la residencia legal por razones humanitarias, cuando el extranjero sometido a Devolución sea víctima de trata de seres humanos, de mafias o de redes criminales organizadas (Artículos 59 y 59bis LO 4/2000).

ÁMBITOS DE VULNERACIÓN DE LA DIRECTIVA 2008/115/CE:

Consideramos que la Directiva 2008/115/CE se vulnera desde tres esferas diferentes:

A) Limitación de los Derechos y Garantías jurídico-procesales contenidas en la LO 4/2000 y el RD 5572011, derivados en última instancia de la Directiva 2008/115/CE.

Como se desprende de manera ineludible, los Derechos y Garantías reconocidos expresamente para la Devolución por el Ordenamiento Jurídico español y por la Directiva 2008/115/CE, han sido cercenados de manera explícita para los extranjeros sometidos a esta nueva figura jurídica denominada rechazo en frontera por la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, única y exclusivamente, si tiene lugar en los territorios de Ceuta y Melilla.

B) Discriminación en la aplicación de la Directiva 2008/115/CE.

Consideramos que por medio de la Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000 deriva igualmente una doble discriminación en la aplicación de la Directiva 2008/115/CE.

En primer lugar, existe discriminación en cuanto a su aplicación efectiva, en tanto en cuanto, España decide no reconocer toda la batería de Derechos y Garantías jurídico-procesales reconocidos expresamente por la Directiva 2008/115/CE en la nueva figura del rechazo en frontera. Y en segundo lugar, la discriminación nace expresamente del incumplimiento de propio Artículo 2 de la Directiva 2008/115/CE, ya que España no puede alegar ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 2.2 a efectos de considerar inaplicable la Directiva a los extranjeros rechazados en frontera.

C) Realización encubierta de actuaciones ilegales y presuntamente delictivas por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por medio de las denominadas devoluciones en caliente, ahora rechazo en frontera.

Es a día de hoy vox populi la realización sistemática de devoluciones en caliente por parte de los agentes de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que además de ser manifiestamente ilegales, pueden llegar a revestir ilícito penal.

Mediante la nueva Disposición Adicional 10ª de la LO 4/2000, España pretende, por tanto, intentar dar visos de legalidad a evidentes actuaciones ilegales y presuntamente delictivas, situación que va en contra del contenido y del espíritu de la Directiva 2008/115/CE.

_____

Este es el contenido en el que se basan, tanto la Denuncia ante la Comisión Europea, como la Petición ante el Parlamento Europeo. Por el momento estamos a la espera de respuesta. Con cualquier novedad os tendremos informados.

Categorías
Devolución Opinión

Aprobadas las devoluciones en caliente: hacia el apartheid jurídico.

Se consumó la tragedia para los Derechos Humanos de los inmigrantes en España. Así es, el pasado martes se publicó en el BOE la bien llamada Ley Mordaza, que no obstante, el Gobierno ha decido bautizar con el eufemismo de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de “protección de la seguridad ciudadana”.

Dentro de esta norma, se prevé la controvertida, ilegal y, con toda seguridad, inconstitucional Disposición Adicional Décima, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, mediante la cual se reforma la Ley de Extranjería y se suprime la figura de la devolución prevista por dicha Ley para los inmigrantes en Ceuta y Melilla, creando expresamente una especie de apartheid jurídico.

Así es, y no puede ser entendido de otra manera, si tenemos en cuenta que con la limitación en la aplicación de la regulación ordinaria de la Ley de Extranjería, también se están limitando los Derechos y Garantías jurídicas previstas para todo supuesto de devolución legal. El texto de la Disposición Adicional Décima lo deja muy claro (saber más sobre publicaciones de devoluciones en caliente en este blog).

Ante este tipo de comportamientos claramente vulneradores de Derechos Humanos y Garantías jurídico-procesales nacidos de un parlamento nacional, uno se pregunta seriamente donde están los límites de la moral y la racionalidad humana en este tipo de actuaciones. Pero esta pregunta no solo le limita a esta actuación concreta. No señor, el texto completo de la Ley Orgánica 4/2015 es una alegato inequívoco de que los Derechos Fundamentales proclamados por la Constitución Española se encuentran en horas bajas, donde parece ser que la lógica irracional del Derecho se alinea y se identifica con tiempos pasados donde la democracia era un bien preciado ajeno y despreciado por este país.

De este tipo de actuaciones, sobresale un tufillo a soberbia retestinada que se filtra de manera evidente desde las alcantarillas. Un tufillo a soberbia que pasa sobre el criterio jurídico de un sinfín de expertos en la materia que llevan denunciando la barbaridad que suponen dentro del ámbito de los Derechos Humanos en general, y del Derecho de Extranjería en particular, la figura de las devoluciones en caliente y las pretensiones infames de este Gobierno, ya consumadas, de querer darle (y darse a sí mismo) visos de legalidad a una práctica claramente impropia en un Estado de Derecho.

Repito: no ha importado, ni importa, la opinión al respecto de profesionales del Derecho, ONGs, defensores del Derechos Humanos, jurista expertos en la materia, Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Defensor del Pueblo, Instituciones de la UE, etc… Nada de ello ha válido ni ha sido tenido en cuenta.

En fin, lo único que uno saca en claro de este panorama dantesco es que en tiempos de crisis económica, la crisis se traslada al ámbito de los valores y de la razón, dando lugar a una crisis humana, humanitaria y humanista, donde los primeros perjudicados y recortados son los Derechos de los ciudadanos. Si hablamos de inmigrantes, los recortes pasan por encima de sus Derechos Humanos más elementales. Supongo que será la traición del inconsciente de la masa gris de gran parte de los representantes de nuestro parlamento nacional, que consolida esa idea rancia de que estos despojos procedentes del África profundo no pueden tener de modo alguno la consideración de ciudadanos en España. Solo faltaba eso…

Pues lo dicho: consumado queda esta muerte anunciada de los Derechos Humanos de los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Uno tiene el único consuelo de pensar que con la publicación de la Ley Mordaza solo se ha perdido una batalla.

La guerra, en esta infame regulación de las devoluciones en caliente bajo el seudónimo de rechazo en frontera, no acaba más que empezar…