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Derechos Humanos Opinión

Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería.

Parece ser que desde el Gobierno no paran de pensar que los ciudadanos somos tontos, que se nos puede manipular en esto de las migraciones. Después de todo el siniestro circo de las devoluciones en calientes que llevamos viendo desde hace meses, si hace unos días el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió la legalidad de este tipo de actuaciones, hoy, el Ministro de Interior, Fernández Díaz, aseguraba ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (nada más, y nada menos), que España cumple con su obligación de hacer frente a la presión migratoria «con pleno respeto a los derechos humanos».

Así es. Y como llevan haciendo desde hace meses, se quedan tan panchos.

Como vengo advirtiendo desde hace meses respecto a las devoluciones en caliente, que es totalmente identificable con cualquier valoración sobre políticas migratorias, parece que una mentira, a base de repetirla incesante e indecentemente, termina convirtiéndose en verdad.

Por ello, a veces me pregunto si realmente es tan complicado concebir una Política Migratoria tan incompatible con el Derecho, con el respeto a los Derechos Humanos, con una lógica humanitaria y humanista, en conclusión, un Derecho de Extranjería y una Política Migratoria basados en el simple sentido común.

Haciendo un ejercicio de reflexión, entiendo que este propósito no es tan complicado. Imaginar un Derecho de Extranjería partiendo del sentido común y del respeto a los Derechos Humanos no deber ser, como ocurre hoy día en España, la excepción, sino la regla general. El Derecho de Extranjería debe ser desde el minuto uno, totalmente garantista, en contra de una concepción restrictiva y represiva de Derechos y Libertades, que es más bien lo que tenemos hoy en día en España.

Partiendo de estas sencillas bases, y de mi humilde opinión en la materia, entiendo que los fundamentos sobre los que debería edificarse un Derecho de Extranjería realmente garantistas con los Derechos Humanos de todo inmigrante, esto es, lo que vendría a ser una Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería, serían los siguientes:

1º.- Derecho de Extranjería y Derechos Humanos.

No es posible entender, y por tanto concebir y desarrollar, el Derecho de Extranjería si no es bajo el condicionante absoluto e irrenunciable del respeto a los Derechos Humanos, tanto es su concepción dada por la Constitución española, como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que España es parte.

2º.- Respeto del Ordenamiento Jurídico nacional e internacional.

No basta con que Derechos Fundamentales y Derecho Humanos estén expresamente previstos y recogidos en el Derecho de Extranjería si por parte del Estado y las instituciones que lo representan no se obtiene un reconocimiento efectivo de estos Derechos. Esta violación del Derecho nacional e internacional por parte del Estado no solo provoca una absoluta inseguridad jurídica, sino además, la ausencia total de garantías, impropio de un Estado Democrático y Derecho.

3º.- In dubio pro inmigrante.

A diferencia de lo que ocurre actualmente (excepciones aparte), resulta imprescindible que la interpenetración del Derecho de Extranjería que en el día a día realizan las diferentes Administración competentes en la materia, resulte en todo caso, y siempre en caso de duda, favorable a los Derechos en intereses del inmigrante, desterrando cualquier tipo de interpretación restrictiva.

Se aboga, por tanto, por una interpretación y aplicación garantista del Derecho de Extranjería.

4º.- Derecho de Extranjería y políticas Migratorias:

Resulta necesario concebir las Políticas Migratorias, y por tanto el Derecho de Extranjería, desde dos aspectos fundamentales:

a) Respeto del Derecho a la vida digna en el propio país, dirigido al extranjero que se encuentra fuera de España, basado en el reconocimiento de una política activa, sana y eficaz de ayuda y cooperación al desarrollo que impida la situación indeseada de las migraciones forzosas por motivos económicos, políticos o humanitarios.           

b) Concepción humanitaria y humanista del Derecho de Extranjería, para el inmigrante que se encuentra en España, que reconozca plenamente sus Derechos y Garantías, ya sean residentes legales o se encuentren en situación irregular.

5º.- Inmigrante irregular como sujeto de Derechos Humanos.

Partiendo de la consolidada jurisprudencia constitucional, en relación a todo inmigrante como sujeto de Derecho Humanos inherentes a su condición como ser humano, resulta necesario el pleno reconocimiento de estos Derechos a todo inmigrante en situación irregular, al margen de convicciones políticas y criterios de oportunidad, sin que exista menoscabo de los mismos (como puede ser la limitación en el Derecho a la Educación, restricciones el en Derecho a la Asistencia Sanitaria, Seguridad jurídica, Tutela judicial efectiva, fácil acceso a vías de regularización permanentes, etc…).

6º.- Evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

El leitmotiv de todo Derecho de Extranjería debe ser en todo momento el implementar el acceso a la residencia legal, procurando el mantenimiento de este estatus jurídico. En consecuencia, resulta imprescindible la existencia de mecanismos flexibles encaminados a la consolidación del estatus como residente legal, evitando la caída en situaciones de irregularidad sobrevenida, especialmente en épocas de crisis económicas (de drásticas consecuencias para los trabajadores extranjeros).

7º.- Verdadero Derecho de Asilo y Protección Internacional.

Resulta imprescindible desarrollar y aplicar un Derecho de Asilo y Protección Internacional realmente benévolo, eficaz, veraz y respetuoso con la situación de las personas beneficiarias de estos estatutos. Resulta imprescindible desterrar el hermetismo y las restricciones que acompañan al reconocimiento del estatuto de refugiado, o subsidiariamente, al de protección internacional.

8º.- Gestionar de forma adecuada la inmigración laboral a medio-largo plazo.

Resulta imprescindible saber gestionar de manera adecuada la inmigración laboral, ya sea en origen como la existen en España en economía sumergida, especialmente si se tiene en cuenta las expectativas de futuro para España, marcadas por la baja natalidad, el descenso de población y el incremento del envejecimiento de la población (INE).

9º.- Derecho Sancionador con mayores garantías.

Resulta necesario ponderar y dotar de proporcionalidad al Derecho sancionador previsto en el Derecho de Extranjería, derivado de su estatus de simples sanciones administrativas.

Una mención especial merece la sanción de expulsión, que, entre otras medidas, debe ser redefinida como sanción excepcional, como mayores garantías jurídicas y de defensa, procedimientos menos sumarios, y bajo un reconocimiento expreso de inejecutabilidad de este tipo de actos administrativos hasta que no recaiga resolución firme en vía judicial que homologue la conformidad a Derecho de esta medida.

10º.- Deslegitimación de los CIEs.

En una regulación del Derecho de Extranjería bajo el prisma de los Derechos Humanos, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) existentes actualmente no tiene cabida legal ni legitima en un Estado de Derecho.

Resulta ineludible e inevitable su clausura inmediata hasta tanto en cuanto no sea posible la concepción de un CIE bajo el respeto más absoluto de los Derecho Humanos, si ello es posible. En su ausencia, y en los supuestos en los que la ejecución de una expulsión sea imperativa, se dotarán de otro tipo de medios menos coercitivos y reclusivos para llevarla a cabo.

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Este simple decálogo, esta Declaración de Principios sobre ‘mi’ Derecho de Extranjería, que evidentemente necesita de desarrollo en todos sus aspectos, parte de una concepción irrenunciable del Derecho de Extranjería en relación, no solo con el respeto de los Derechos Humanos derivados de la Constitución y de Tratados y Convenios Internacionales en la materia y de los que España es parte, sino de forma básica y primordial con el sentido común.

En consecuencia, y después de lo expuesto hasta el momento, solo llego a una única conclusión: otro Derecho de Extranjería es posible.

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Devolución Opinión

Devoluciones en caliente y reforma chapucera de la Ley de Extranjería.

Parece ser que ya se conoce el texto con el que el Gobierno prevé modificar la Ley de Extranjería para dar “cabida” a las devoluciones en caliente. Y digo parece, porque después de la actuación ilegal, delictiva y chapucera del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil en relación a estas devoluciones ilegales, el Gobierno pretende ir más allá en este círculo vicioso de trasgresiones jurídicas con una reforma manifiestamente contraria al Ordenamiento Jurídico.

En efecto, según rezaría la nueva Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, se establecería lo siguiente:

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Este texto, exiguo, pero indecente jurídicamente, reúne todas las condiciones para ser considerado una aberración jurídica. Algo que no puede ser. Algo que es incompatible con el Derecho.

En primer lugar, y como ya expusiera en mi entrada de febrero de este año, “Devoluciones en caliente y reforma urgente de la Ley de Extranjería”, esta reforma resultaría claramente inconstitucional, al vulnerarse Derechos Fundamentales como serían el Derecho a la Tutela judicial efectiva (Art. 24.1), el Derecho de defensa o el Derecho a la asistencia letrada (Art. 24.2), cuyo reconocimiento resulta claro a la luz de consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Estos Derechos, juntos con otros de reconocimiento constitucional, como es el Derecho de Asilo (Art. 13.2), se unen a la vulneración del Artículo 10.2 de la Carta Magna, el cual obliga a España interpretar todos estos Derechos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En virtud de lo expuesto, los Derechos y garantías de los extranjeros citados anteriormente, se verían claramente cercenados con esta nueva Disposición Adicional, vulnerando por tanto la Constitución española, y en relación con ella, el Derecho Internacional del que España es parte en materia de Derechos Humanos.

En segundo lugar, y por lo que respecta al Derecho procedente de la Unión Europea, la nueva reforma iría en contra de la propia Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, reguladora de los procedimientos en los que un Estado pueda decidir sobre la expulsión de un extranjero, devolución incluida, y que reconoce igualmente y de forma imperativa el Principio de no Devolución (-non-refoulement-), el Derecho a la asistencia de un abogado, y en su caso, Derecho a un intérprete, la Obligación de dictar por escrito la orden de devolución, y el Derecho a recurrir cualquier resolución de devolución ante los tribunales.

En tercer lugar, sorprende el término utilizado por el Gobierno para integrar en la Ley de Extranjería las devoluciones en caliente, que no es otro que el de “rechazo en frontera”.

Al margen del eufemismo del concepto, que pretende evitar decir a las claras lo que realmente esconde, una vulneración continuada en el tiempo de la Ley de Extranjería desde hace años, resulta insólito que el Gobierno haga uso del término rechazo en frontera, por dos motivos fundamentales:

a) Cuando el texto de la reforma afirma que «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», hace uso de una regulación ya contenida en la propia Ley de Extranjería.

En efecto, dispone su Artículo 58 b) que procederá la devolución cuando el extranjero que “pretenda(n) entrar ilegalmente en el país”.

La identidad de ambos supuestos, devolución y “rechazo en frontera” (esto es, devolución en caliente) demuestran por tanto, que lo que el Gobierno pretende es excluir deliberadamente de la legalidad vigente a esos extranjeros que padecen cada día las devoluciones ilegales, condenándolos a la negación más absoluta de Derechos y garantías básicos reconocidos por la Constitución, El Derecho Internacional y la Ley de Extranjería.

b) Más sorprendente aun es el hecho de que el término “rechazo en frontera” ya tiene uso dentro del Derecho de Extranjería. En efecto, este término hace referencia a aquellos supuestos en los que personado el extranjero ante un puesto fronterizo terrestre y solicitando la entrada, la autoridad competente considera que dicho extranjero no cumple con los requisitos exigidos por el Derecho de Extranjería. Como consecuencia de ello, se procede a denegar la entrada en España, y por tanto, su rechazo en frontera.

En conclusión, confundir, o intentar confundir, el término rechazo en frontera con lo que realmente está sucediendo, que no es otra cosa que flagrantes, ilegales y delictivas devoluciones en caliente, dejan en evidencia la falta de fundamentos jurídicos en la reforma pretendida por el Gobierno, que además resulta a todas luces inconstitucional y contraria a los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte en materia de Derechos Humanos.

(Entrevista sobre el tema realizada en Es.Radio para el programa ‘En casa de Herrero’).

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Devolución Opinión

Negreros del s. XXI (by Ministerio del Interior).

A pesar de haber visto este tipo de comportamientos en anteriores ocasiones, las últimas actuaciones de la Guardia Civil tras los saltos fronterizos en Melilla resultan propios de auténticos negreros.

Como aquellos que perseguían al otro en las colonias del antiguo Congo Belga. O las redadas realizadas en el corazón del Amazona. Parece que uno está viviendo in situ los relatos que recoge Fray Bartolomé de las Casas en su ‘Brevísima relación de la destrucción de las Indias’. O sin ir más lejos, las cacerías que Vargas Llosa describe de manera magistral y visceral, al mismo tiempo, en ‘El sueño del celta’.

Nada más lejos de la realidad, y si no juzguen ustedes mismo tras ver los siguientes videos difundidos por la Asociación PRODEIN recientemente: los hechos hablan por sí solos.

Más allá de las infinitas e infames devoluciones en caliente, que ya quedan en pura anécdota, sorprende la dureza y la violencia con la que se emplea la Guardia Civil en su “obligación” de defender a la madre patria. Qué modos… como para rechistar lo más mínimo. Maneras propias de la camorra italiana, puros matones de calles oscuras que se refugian bajo el poder que ostentan para agredir, sin ton ni son, a quien se pone por delante.

Y no solo eso. No, que va. Seres humanos amarrados de pies y manos, transportados como animales hacia el paso fronterizo con Marruecos, donde Dios (o Alá) saben lo que les ocurrirá o les ha ocurrido ya.

Que sucia o vacía debe de estar la conciencia de una persona para tratar como escoria a un semejante que carga como única penitencia con el simple hecho de haber nacido donde uno no elige. Donde el hambre, la miseria, la corrupción, las enfermedades, únicamente ofrecen la muerte como futuro. Que falta de humanidad, empatía y de respeto a la legalidad por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que no lo olvide nadie), que no les basta con realizar devoluciones notoriamente ilegales, sino que además se encargar de dejar marcados los cuerpos de sus víctimas con un único y sencillo mensaje: NO vuelva usted mañana, sino ya sabe lo que le espera.

Este tipo de actuaciones, como dejé claro desde un principio, son propio de auténticos negreros. Negreros del siglo XXI, pero que siguen guardando las formas de sus ancestros, conservando arraigada la tradición para que no se pierda con el paso de los siglos. ¡No, por Dios!

Si los primeros negreros levantaran la cabeza, que orgullosos estarán de ellos…

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Residencia Trámite_Extranjería

Causas de extinción de la Residencia Legal en España.

Además de los supuestos de denegación de cada Autorización, el Reglamento de Extranjería (RD 557/2011) prevé una serie de supuestos en los que una Autorización de Residencia puede dejar de tener efectos durante la vigencia de la misma y antes de su caducidad. Estos casos vienen reconocidos como supuesto de extinción de Autorización.

Si bien son muchas las causas por las que puede extinguirse el estatus de residente legal en España del extranjero, la gran mayoría son totalmente desconocidas para los afectados. La pérdida del Derecho de Residencia, o lo que es lo mismo, su extinción, varía según el tipo de Autorización.

Partiendo de este extremo, y obviando los supuestos comunes de extinción para todas las Autorizaciones (caducidad, renovación extraordinaria en caso de Estado de excepción o de sitio) el extranjero puede perder su Derecho de Residencia Legal en los siguientes casos:

Extinción de Autorización de Residencia Temporal y/o Trabajo.

Este tipo de Autorización se extinguirá, sin previa comunicación por parte de la Oficina de Extranjería competente, como supuesto más destacado, por existir algún supuesto de prohibición de entrada, conocida con posterioridad a la concesión del Derecho de Residencia.

También se podrá extinguir la Autorización de Residencia Temporal y/o Trabajo, previo trámite de audiencia al interesado y por medio de Resolución, en los siguientes casos:

1. Por cambio o pérdida de nacionalidad.

2. Por desaparición de las circunstancias que sirvieron de base para la concesión inicial.

3. Cuando existan inexactitud grave en las alegaciones efectuadas, o bien falsedad en los documentos aportados para obtener la Autorización.

4. Cuando se deje de poseer pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción, válidos y en vigor, salvo si se demuestra la realización de los trámites necesarios para su renovación o recuperación.

5. Por permanecer fuera de España durante más de seis meses en un año (salvo supuestos especiales).

Extinción de Autorización de Residencia Temporal y Trabajo para Investigación y para profesionales Altamente Cualificados.

Al margen de los supuestos comunes ya citados, se podrá extinguir este tipo de Autorización, previo trámite de audiencia y a través de Resolución motivada, en los siguientes casos:

1. Cuando la obtención de la Autorización haya sido fraudulenta.

2. Por desaparición de las circunstancias que sirvieron de base para la concesión inicial o si se comprueba su inexistencia.

3. Cuando el extranjero resida en España para  fines distintos para los que fue autorizado.

Extinción de Autorización de Residencia Temporal y Trabajo de víctimas de trata de Seres Humanos.

Además de los supuestos comunes, tras trámite de audiencia y Resolución expresa, se podrá extinguir este tipo de Autorizaciones por:

1. Por resolución judicial que determine la existencia de denuncia fraudulenta o infundada, si existió fraude en la cooperación.

2. Por desaparición de las circunstancias que sirvieron de base para la concesión.

3. Cuando el extranjero titular reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia, sus relaciones con los presuntos autores del delito.

4. Cuando el extranjero deje de prestar su cooperación.

Extinción de Autorización de Residencia de Larga Duración y Larga Duración-UE.

Se producirá la extinción en estos casos cuando:

1. El extranjero haya obtenido la Autorización de forma fraudulenta.

2. Se imponga la sanción de expulsión, en los supuestos previstos legalmente.

3. Por ausencias fuera del territorio de la UE durante más de doce meses consecutivos (diferente de la denegación del Derecho de Residencia de Larga Duración por ausencias del territorio español superiores a diez meses).

4. Al adquirir la Residencia de Larga Duración-UE en otro Estado miembro.

5. Por cese, finalización, denegación de renovación o revocación de la condición de protección internacional por otro Estado miembro de la UE, si sirvió de base para su concesión.

6. Para la Residencia de Larga Duración-UE, por ausencias de España de seis años.

Extinción de Tarjeta de Residencia como Familiar de Ciudadano de la Unión.

Regulado por el RD 240/2007, se establece como causa de extinción de este Derecho de Residencia como Familiar de Comunitario, como regla general, las ausencias de España superiores a seis meses en un año. No obstante, existen las siguientes excepciones a esta regla general:

1. Ausencias de mayor duración, siempre que se demuestre el cumplimiento de obligaciones militares.

2. Ausencia superiores a doce meses consecutivos por motivos de gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional, o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país.

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Nacionalidad

Causas más comunes de denegación de Nacionalidad Española por Residencia.

En este nuevo post os hablaré sobre las principales causas por las que suele denegarse tu solicitud de Nacionalidad por Residencia.

Por regla general, las denegaciones se suelen fundamentar en los siguientes supuestos:

Existencia de antecedentes penales o falta de acreditación de buena conducta.

El hecho de tener antecedentes penales en España o en tu país de origen es causa de denegación de la Nacionalidad por Residencia. Pero no solo eso, según exige el Código Civil, es necesario acreditar buena conducta, lo cual también puede implicar la existencia de antecedentes policiales o cualquier causa penal pendiente de juicio.

En estos casos, siempre es recomendable instar la cancelación de antecedentes penales y/o policiales antes de presentar nueva solicitud de nacionalidad.

Falta de cumplimiento de los años de residencia legal.

Un requisito básico para poder solicitar la Nacionalidad española por Residencia es contar con los años de residencia legal exigidos para cada caso. El hecho de presentar antes de alcanzar el tiempo requerido es causa automática de denegación. Igualmente, si esa residencia legal no es continuada e inmediata a la presentación de la solicitud, también será causa de denegación.

Incompatibilidad de la situación de estancia por estudios con la de residencia legal.

Como ya indicaba en mi entrada ‘Diferencia entre Estancia y Residencia Legal en los expedientes de Nacionalidad por Residencia’, los periodos de estancia legal no son computables como residencia legal a la hora de solicitar la Nacionalidad por Residencia. En estos casos, tendrás que esperar a adquirir tu primera Autorización de Residencia Legal, y a partir de entonces, comenzar el cómputo de residencia legal exigido por el Código Civil.

Salidas y ausencia del territorio español.

Aunque esta no ha sido una causa de denegación tradicional, desde hace un tiempo, el Ministerio de Justicia viene considerando que las salidas reiteradas de España y los periodos de permanencia fuera del país son motivos suficientes para considerar que no existe una situación de residencia continuada en España, procediéndose por tanto a la denegación de la solicitud de Nacionalidad por Residencia.

Falta de acreditación de suficiente grado de integración en España.

En muchas ocasiones, la denegación viene motivada por la falta de integración o arraigo en España. Motivos en los que se fundamenta esta causa de denegación: no hablar mínimamente el español (u otra lengua autonómica), la falta de vínculos con España, el no haber quedada acreditada dicha integración en la entrevista realizada ante el encargado del Registro Civil o la práctica de costumbres que no concuerden con la cultura o forma de vida española o tengan el rechazo por parte de la sociedad.

Falta de medios de vida suficientes.

Un requisito muy importante para poder acceder a la nacionalidad española es el hecho de demostrar tener medios de vida suficientes. Si bien no se dice claramente por parte del Ministerio de Justicia, lo que se pretende es que la persona recién nacionalizada no sea o pase a ser una carga para el Estado.

En estos casos no es aconsejable presentar la solicitud de nacionalidad si no se dispone de una estabilidad laboral mínima que pueda servir de garantía. Si la denegación fue por este motivo, solo cabe esperar a que la situación laboral o la existencia de medios de vida cambien a mejor.

Errores de documentación o documentos caducados.

Puede ocurrir que con las prisas o con tanto papeleo, se presenten documentos que puedan contener un error ortográfico o de contenido, como por ejemplo, el no haber sido legalizados debidamente. También puede ocurrir que haya algún documento que no se haya presentado y cuya ausencia no permite la concesión de la nacionalidad. Por último, en otras ocasiones puede que estos documentos hayan caducado cuando se presentaron, como puede ser el caso del Certificado de Antecedentes Penales o el Certificado de Nacimiento.

Aunque en estos casos el Ordenamiento Jurídico establece que el Ministerio de Justicia debería requerirte para la subsanación de cualquier deficiencia, sin embargo la respuesta suele ser la denegación de la solicitud de Nacionalidad por Residencia.

Y ante esta situación ¿Qué puedes hacer?

Si estás en alguno de los supuestos descritos más arriba, o cualquier otro por el cual se haya denegado tu solicitud de Nacionalidad por Residencia, has de saber que tienes Derecho a interponer Recurso de Reposición contra dicha denegación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado con el fin de que sea revocada y se consiga la concesión de la nacionalidad solicitada. En estos casos, existe un plazo de un mes desde la notificación de la Resolución denegatoria.

Igualmente, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Para cualquier duda o aclaración puedes hacer tu consulta sin ningún tipo de compromiso.