Categorías
Expulsión Opinión

Paremos los Vuelos: lectura recomendada.

Paremos los Vuelos: lectura recomendada.En estos últimos días he tenido la posibilidad de disfrutar (si se puede definir así la sensación) de leer un gran libro, un gran trabajo de investigación, como es ‘Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa’, nacido gracias al trabajo de Campaña Estatal por el Cierre de los CIE.

Y digo bien, gran trabajo de investigación sobre uno de los aspectos más indeseados, desconocidos e invisibles de las migraciones en España y en la UE: los vuelos de deportación mediante los cuales se ejecutan las órdenes de expulsión que existen sobre inmigrantes.

Desde un inicio se establece la relación directa, como una situación de causa y efecto, entre el demoniaco triangulo redadas racistas, internamiento en CIEs y los vuelos de deportación masivos (o individualizados), así como el uso de la criminalización del inmigrante en situación irregular como arma arrojadiza a nivel social, como un escarmiento ejemplarizante para todos aquellos que incumplen la Ley de Extranjería, aunque ello conlleve en sí mismo una violación misma del Ordenamiento Jurídico por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que decir de las devoluciones en caliente…).

Se relata con gran exactitud de detalles la intensidad de las redadas racista en fechas próximas a la realización de estos vuelos. No se puede permitir que los aviones vayan vacíos, es preferible asaltar en plena calle a inmigrantes (o no) siguiendo patrones étnicos y racistas. Se denuncia a viva voz las condiciones de esos vuelos: amenazas, abusos, agresiones, torturas… e incluso en ciertas ocasiones, la muerte. Esto son los casos de Osamuyi Aikpitanyi, nigeriano. O de Austin Johnson, también de Nigeria. Y de Semira Adamu, Joseph Ndukaku Chiakwa, o Jimmy Mubenga.

Todos muertos en estos vuelos de deportación, en los cuales no se tiene en cuenta la situación personal, social o familiar de la víctima. Mucho menos aún, la situación política del país de destino, supuesto país del inmigrante expulsado, exponiendo a la persona en ocasiones a un grave peligro para su vida o su integridad física. ¿Qué importancia tiene el Derecho de Asilo o la especial vulnerabilidad de mujeres víctimas de trata de seres humanos, si los aviones van completos hacia sus destinos? Y qué decir de la complicidad convenida y conveniente de los países receptores de estos vuelos, donde las negociaciones de esta MERCANCIA HUMANA (como bien define el libro) se asemejan bastante a las ferias de ganado, donde fajo de billetes va, fajo de billetes viene…

Cuando uno ve la opacidad de la sociedad, su ceguera más absoluta ante este tipo de vuelos, llega a pensar que la creación de ese clima de miedo al otro, a lo ajeno, ha hecho mella en la calle. La gente huele a invasión en el ambiente. A inseguridad. A criminales sueltos que campan a sus anchas por nuestras ciudades.

Quizás sea necesario un altavoz mayor para poner de manifiesto lo que estos vuelos de deportación esconden realmente tras de sí: amenazas constantes para intentar amedrentar a la persona y que no oponga resistencia; violencia física y psíquica ante intentos desesperados por no subir a un avión que acabe con sus vidas, o por conseguir que los bajen del mismo, posiblemente entre más insultos, amenazas y golpes; custodias desproporcionadas de dos agentes por cada expulsado, igual que si se tratase de un criminal peligroso al margen de la sociedad; abandono a su suerte al final del trayecto, como a un perro en una gasolinera.

Solo así se explica esta apatía de la sociedad por este tipo de vuelos de deportación: su ceguera, su ignorancia de la realidad. Al igual que se ignora que aerolíneas como Air Europa o Swift Air reciban cerca de 24 millones de euros de las arcas púbicas por realizar este tipo de “servicios al Estado” (sí, ha escuchado bien, 24.000.000 de euros de dinero público que se deja de destinar a educación, sanidad o ayudas sociales, pero que engordan las carteras privadas). Su ignorancia de que al margen de estos millones, cada vuelo tiene estipulados aranceles propios, donde la expulsión de tan solo 91 inmigrantes a Latinoamérica puede alcanzar cifras superior al medio millón de euros (en efecto, si usted está haciendo las cuentas como las he hecho yo, no tendrá otra conclusión: el negocio de las expulsiones resulta muy rentable para el bolsillo privado, pero tremendamente doloroso para el erario público).

Como se puede ver, la ignorancia y la ceguera social es innegable ante este tipo de negocios turbios del Estado, de consecuencia humanas incalculables.

Los detalles que contiene este enorme trabajo de investigación son infinitos, pero como nunca me ha gustado destripar los libros, recomiendo la lectura de este documento, bien comprándolo, bien descargándolo directamente de la propia editorial ‘Cambalache’, que ofrece su libre difusión bajo licencia copyleft.

Espero que su lectura consiga abrir los ojos a parte de la sociedad.

Categorías
Devolución Opinión

Acción Penal y Disciplinaria contra agentes de la Guardia Civil por Devoluciones en caliente.

En mi post de la semana pasada sobre las nuevas Devoluciones en caliente realizadas por la policía marroquí (con la complicidad de la Guardia Civil) en el Islote de Perejil, lanzaba una reflexión al aire.

Me preguntaba si para acabar de una vez por todas con este tipo de actos indudablemente ilegales llevados a cabo en su mayoría por agentes de la guardia Civil, había llegado el momento de dejar de querer reclamar en las alturas por este tipo de actos. Planteaba que quizás fuese el momento de optar por medidas más drásticas (y a mi modo de ver más eficaces y eficientes) como sería el reclamar directamente a los agentes de la Guardia Civil que llevan a cabo la devolución en caliente la responsabilidad disciplinaria y penal que de sus propios actos se deriva.

A primera vista puede resultar algo drástico el plantear una denuncia penal y/o una denuncia por responsabilidad disciplinaria. Sí, puede ser alguien considere desproporcionadas este tipo de acciones. Pero si somos realmente objetivos creo que nadie se cuestiona hoy día que sea necesario esclarecer la responsabilidad penal que se esconde detrás de una presunta ‘Caja B’ del Partido Popular con la colaboración del Señor Bárcenas. O el escándalo de los EREs que tiene revuelta media Junta de Andalucía por la juez Alaya. Y qué decir del Caso Noos, Urdangarín y la Infanta Cristina; o de las condenas penales impuestas a los Mossos d’Esquadra acusado de inflingir torturas a detenidos (aunque luego hayan sido indultados por el Señor Gallardón).

En todos estos casos, nadie se cuestiona la obligación moral y jurídica de exigir responsabilidad penal a estos presuntos delincuentes. Nadie considera desproporcionadas las medidas de imputación, prisión provisional, o condenas (indultadas) que puedan recaer sobre estos personajes.

Ante esta realidad social, mi reflexión vuelve a ser la misma: ¿de verdad puede parecer desproporcionado exigir responsabilidad penal y/o disciplinaria a agentes de la autoridad que no respetan la Constitución o el Ordenamiento Jurídico? ¿De verdad resulta drástico querer erradicar a estas personas, que a sabiendas incumplen la Ley de Extranjería y cometen actos tipificados penalmente, de seguir perteneciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Según dispone el Artículo  104.1 de la Constitución Española, “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Este mandato constitucional viene corroborado por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando en su Artículo 5.1 a) exige como principio básico de actuación de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil incluida, “Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Incluso el estatuto propio de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de Octubre, reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, establece como deber ineludible todos sus agentes “respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como el de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las acciones penales y disciplinarias propuestas hoy van precisamente en este camino: depurar a aquellos agentes que deciden no acatar la Constitución, el Ordenamiento Jurídico y un Estatuto propio que le exigen precisamente eso, respetar los Derechos reconocidos en la Constitución y en el resto del Ordenamiento Jurídico a todo extranjero que está siendo víctima de una Devolución ilegal por parte de agentes que representan al Estado, y que en el ejercicio de sus funciones, deciden defraudar al propio Estado.

Deciden defraudarnos a todos.

Por todo lo dicho hasta el momento, y con el fin de poner mi pequeño granito de arena en erradicar de una vez por todas estas ilegales, ilegitimas y delictivas Devoluciones en caliente, adjunto al presente artículo denuncia penal y denuncia disciplinaria de libre usopara todos aquellos que hayan sido víctima o testigo de este tipo de Devoluciones, o para quienes teniendo conocimiento directo de estos hechos, y queriendo actuar de manera más contundente, carecen de las herramientas jurídicas adecuadas.

Ambas denuncias parten de unos fundamentos en Derecho contundentes, pero que evidentemente pueden ser ampliado y mejorados en todos aquellos aspectos que se consideren oportunos.

A veces una simple reflexión sirve de inspiración para ir un poco más allá. Para decir basta ya. Para querer frenar una hemorragia de Derechos Humanos en la Frontera Sur de España. Para pedir Justicia.

Espero que ambas denuncias sean de gran utilidad y eficacia.

Categorías
Devolución Opinión

Islote Perejil y tambores de guerra.

Como no existía ya polémica suficiente con las devoluciones en caliente realizadas por la Guardia Civil a través de las vallas de Ceuta y Melilla, vulnerando de forma flagrante la Ley de Extranjería, esta semana se vuelve a dar una situación idéntica pero con escenario diferente: el Islote de Perejil.

Parece que fue ayer cuando el Ministro de Defensa, Federico Trillo, pusiera el grito en el cielo tras la invasión por Marruecos de un peñasco de mala muerte, que hasta entonces era desconocido en el panorama nacional e internacional. Rasgadas las vestiduras, el orgullo patrio no podía permitir que nuestro vecino africano perturbara el plácido retiro del que disfrutaban las escasas cabras que habitaban el islote. Tras días de angustia nacional, las aguas volvieron a su cauce, y toda España pudo respirar por la recuperación de la soberanía nacional de ese ‘punto estratégico’ del paso del Estrecho, pasando página de uno de los momentos más tensos de nuestra historia reciente.

Ironías aparte, los tiempos, sin embargo, ya no son los que eran… Ahora se deja abandonados a su suerte a una madre inmigrante con un bebé durante más de 12 horas. Incluso se permite que la policía marroquí pueda llegar a sus anchas por esas tierras soberanas para llevara cabo nuevas devoluciones en caliente ante la mirada insólita de los medios y ONGs, y el distraído atisbo (nuevamente) del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

No importa que esta situación, la de las devoluciones en caliente y la vulneración por el Estado de la Ley de Extranjería, se venga denunciando de manera abrumadora en estos últimos meses. No importa. El Ministerio del Interior y la Guardia Civil hacen oídos sordos y siguen actuando al margen del Ordenamiento Jurídico.

Ante este panorama desolador para los Derechos Humanos de los inmigrantes, uno se pregunta si realmente se está haciendo suficiente para zanjar de una vez por todos estos actos ilegales, delitos de Estado en muchos casos. Quizás no baste ya con la denuncia pública en medios de comunicación y redes sociales. Quizás haya llegado el momento de tomar medidas más drásticas, dentro de la legalidad vigente, por supuesto (no se nos debe confundir con estos malhechores y forajidos). Quizás, es el momento de dejar de apuntar tan alto, a la cúspide, y empezar a señalar con el dedo y a pedir responsabilidades (disciplinaria e incluso penal) a aquellos que con sus actos manifiestamente ilegales vulneran los Derechos Humanos de los inmigrantes. En efecto, me refiero a los autores materiales de estos hechos ilegales (o delictivos), y no a sus autores intelectuales. Al que ejecuta, no al que da la orden.

Quizás ha llegado el día en el que, para evitar que se sigan perpetuando este tipo de actuaciones, no se debe señalar al Ministro de Interior o al Director de la Guardia Civil; a lo mejor ya ha llegado el día de dirigirse contra el agente de la Guardia Civil que agarra al inmigrante por el brazo y lo lleva hacia la puerta abierta en la valla fronteriza para entregarlo a la policía marroquí y consumar la devolución en caliente contraria a la Ley de Extranjería, por tanto ilegal (y desde mi punto de vista, incluso constitutiva de delito y de sanción disciplinaria a este agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones).

Y lo mismo cabe decir de la policía marroquí que vulnera, como autor y cómplice, la Ley de Extranjería y el Código Penal español.

En estos casos, la responsabilidad (disciplinaria y penal) resulta más evidente que si uno intenta ir contra la cúpula, contra los Señores de despacho. Puede resultar muy drástico, lo sé, pero después de la vulneración perenne de Derechos Humanos que se está llevando a cabo en la frontera sur de España, a lo mejor es el único camino de salida para frenar estos ilícitos de Estado que no cesan y que no tiene visos de que vayan a cesar.

Quizás este nuevo artículo sea una simple reflexión y no pretenda ir más allá de mover conciencias y despertar cautelas.

Quizás sea solo eso, un simple aviso.

O quizás no…