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CIEsNO Opinión

Análisis crítico del nuevo Reglamento sobre los CIEs.

El día 15 de Marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Su entrada en vigor no ha dejado indiferente a nadie, y muchos han sido los sectores que ya se han pronunciado respecto al contenido del mismo.

Estudiado el contenido de este nuevo Reglamento sobre los CIEs, al igual que la gran mayoría, no tengo otra opción que mostrar mi rechazo más absoluto por esta regulación de unos Centros de reclusión de extranjeros, que primero, no deberían de existir, y segundo, aprueba un Reglamento que ya nace viciado por la evidente y contrastada vulneración de los Derechos contenidos en esta nueva normativa.

Partiendo de estos extremos, y de esta sencilla valoración previa, mi apreciación crítica del Real Decreto 162/2014, y las conclusiones a las que he llegado, son las siguientes:

1º.- “RECONOCIMIENTO” DE QUE LOS CIES NO SON RECINTOS RESPETUOSOS CON LA DIGNIDAD HUMANA.

Aunque parezca mentira, sorprende que la Exposición de Motivos del RD 162/2014 comience por afirmar que “la experiencia adquirida desde la implantación de los centros de internamiento, tanto desde el ámbito del Ministerio del Interior como desde el enfoque aportado por diversos organismos ajenos a dicho departamento y movimientos y colectivos sociales de distinta índole, aconsejan que los centros en los que se hallan los extranjeros deban sufrir una profunda reforma que traslade esos cambios demandados a la propia estructura y funcionamiento de los mismos”.

Partiendo de esta premisa, es necesario recordar que la labor de estos colectivos sociales, como los llama el legislador, y que incluyen entre otros a ONGs, agentes sociales, abogados, Oficina del Defensor del Pueblo o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, ha sido la denuncia sistemática de los CIEs, motivado fundamentalmente, por la violación del Derechos Humanos (para saber más puedes leer mi artículo ‘CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos’).

No obstante, esta “profunda reforma” que se pregona en la Exposición de Motivos, no tiene su reflejo, desgraciadamente, en el texto del RD 162/2014. En su día, definí los CIEs como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Esta definición, a pesar de la aprobación del RD 162/2014, a día de hoy no ha cambiado.

2º.- CENTRO NO PENITENCIARIO.

Al igual que la definición que de los CIEs hace la Ley de Extranjería  (Artículo 62.1 bis), el Reglamento en su Artículo 1.2 define estos centros como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

Esta definición, definición teórica, resulta carente de sentido y razón en tanto en cuanto no viene respaldada por la realidad. Partimos, por tanto, de una premisa inexistente, lo que hace que, como se dijo anteriormente, el Reglamento nazca ya viciado desde un inicio.

3º.- EN CONSECUENCIA: CRIMINALIZACIÓN (Y ESTIGMATIZACIÓN) DEL INMIGRANTE.

La realidad demuestra que en la práctica no se cumple el Principio de Proporcionalidad estipulado en el Artículo 1.4 del RD 162/2014, ni “el de intervención menos restrictiva y el de atención especializada a personas vulnerables [que] regirán, entre otros, la gestión de los centros”.

Dicha afirmación queda en evidencia cuando las decisiones (judiciales) no responden efectivamente a ese marcado carácter restrictivo. O cuando en la delimitación de “personas vulnerables” que contiene dicho precepto se excluye de forma premeditada supuestos de evidente y eminente arraigo, como son, a modo de ejemplo, el ser padre, madre o hijo de un ciudadano de nacionalidad española; o tener un marcado arraigo social, familiar, laboral, etc… en España.

(Según se desprende del reciente Informe de Pueblos Unidos, ‘CIE, Criminalizados, Internados, Expulsados’, sobre el CIE de Aluche, Madrid, de 300 extranjeros visitados en dicho CIE, al menos 30 tenían hijos menores españoles y 37 tenían hijos menores extranjeros, nacidos en España en su mayoría).

A esta situación hay que sumar el hecho de que no se imponga de manera imperativa la separación entre extranjeros irregulares y extranjeros condenados penalmente (Artículo 7.3: “se procurará que las instalaciones permitan la separación…”).

Este “se procurará”, el cual sorprende que no resulta obligatorio para los CIEs, redunda precisamente en esa generalización, criminalización y estigmatización del inmigrante, sin distinguir entre el extranjero recluido por una simple sanción administrativa y el que lo está por una condena penal.

4º.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INADECUADA.

Como ya se ha denunciado, el RD 162/2014 ha perdido la oportunidad de adecuar estos centros de reclusión a la realidad social y humana para los cuales deberían estar “previstos”.

Se deja en manos de la policía la dirección, coordinación, gestión, inspección, vigilancia y seguridad de los CIEs (Artículo 3), quedando en manos de la Administración general del Estado y de las ONGs la administración (¿?) y las condiciones sanitarias y sociales.

¿No responde precisamente este tipo de estructura y organización, asentada sobre funcionario policial, a lo que es y debe ser un Centro Penitenciario? ¿No hubiera resultado más sensato, lógico, razonable y humanitario que la dirección, coordinación, gestión e inspección de los CIEs hubiera recaído bajo competencia del funcionariado no adscrito al Cuerpo Nacional de Policía, como ocurre con cualquier otra entidad o Administración Publica? Tendría algo de sentido que se les asigne a la policía labores de seguridad o vigilancia, ¿pero dirección, coordinación, gestión, inspección?

¿Por qué los inmigrantes recluidos en los CIEs, administrados al fin y al cabo, no son tratados como el resto de administrados en su relación con una Administración Publica, más aun si se pregona que los CIEs no tienen carácter penitenciario?

5º.- ¿CIES PROVISIONALES?

¿Alguien puede explicarme que es esto de los CIEs provisionales? Si ya se parte de la premisa de que los CIEs que existen en España no cumplen con las exigencias propias de este Reglamento, ¿qué hace pensar que un CIE habilitado ad hoc, e improvisado sobre la marcha, sí es merecedor de este indulto (Artículo 5: “Cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros, podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional…”)?

Estas dudas sobre la existencia de los CIEs provisionales resultan más alarmantes cuando a estos CIEs de “quita y pon” no se les exige que cumplan con las obligaciones contenidas en el RD 162/2014 (Artículo 5: “…podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional procurando que sus instalaciones y servicios sean similares a los de los centros…”).

De nuevo, una puerta abierta a la existencia de CIEs carentes de condiciones para albergar a seres humanos. ¿…?

6º.- CONTINÚA LA SITUACIÓN DE DESINFORMACIÓN DEL INMIGRANTE RECLUIDO.

Sorprende especialmente que el texto del RD 162/2014, y más concretamente, su Artículo 37, que regula las condiciones de cese de reclusión en los CIEs, salida del mismo y ejecución de la orden de expulsión, no contemple expresamente mención alguna relativa a la comunicación previa y anticipada al afectado del momento en el que va a ser expulsado de España.

Esta situación de desinformación sigue vulnerando la dignidad de la persona al negar el Derecho a conocer el día y el momento en el que va a ser expulsado. Partiendo del texto del RD 162/2014, cabe preguntarse dónde quedan las obligaciones impuestas judicialmente a los CIEs de comunicar el día exacto de ejecución (Auto de los Juzgados de Instrucción Nº 6, 19 y 20 de Madrid, de fecha 27 de febrerode 2012, y Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Valencia, de fecha 9 de Mayo de 2011.

7º.- HORARIOS Y VISITAS.

Por lo que respecta a los horarios, dispone el Artículo 40.3 del Reglamento que “El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno, así como, al menos, cuatro horas de paseo diurno”.

Si bien el Reglamento no habla en ningún momento de celdas, la realidad demuestra que los CIEs no tienen habitaciones, sino precisamente celdas para reclusos. Vuelvo a reiterar una vez más que no resulta compatible una concepción de los CIEs como centros no penitenciarios cuando la posibilidad de “paseo diurno” (esto es, libertad pura y dura dentro del CIE) solo queda limitada a cuatro horas al día.

Más de lo mismo si nos referimos a la regulación del régimen de visitas contenido en el Artículo 41 del Reglamento. Si uno lee con detenimiento dicho precepto, observa claramente que:

  • No se aseguran el poder recibir visitas de varios familiares al mismo tiempo (Artículo 41.4: “El número de personas que podrá simultanear la comunicación con un mismo extranjero se determinará en las normas de régimen interior, dependiendo de las características y posibilidades de cada centro”).
  • No se garantiza el Derecho a la intimidad, en tanto en cuanto las visitas “salvo resolución judicial en contrario, se realizarán con vigilancia meramente visual” (Artículo 41.5).
  • No se reconoce expresamente el contacto corporal en las visitas (un beso, un abrazo, una caricia por parte un familiar o un ser querido).
  • No se reconoce expresamente los encuentros íntimos al extranjero recluido (algo a los que sí tienen Derecho los reclusos –bis a bis).

8º.- SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA.

A pesar de la denuncia en este sentido por parte de ONGs y del Defensor del Pueblo, el RD 162/2014 reconoce los sistemas de video-vigilancia y circuitos cerrados de video como una opción (Artículo 54.2: “La vigilancia del interior podrá incluirla visualización y control por circuito cerrado de televisión de todas las dependencias…”), y no como una obligación.

Esta ha sido, y viene siendo, una de las mayores demandas a nivel de transparencia dentro de los CIEs. Concretamente, la Oficina del Defensor del Pueblo, en su documento “Criterios Generales de la Institución con relación a los Centros de Internamiento (CIES)”, denuncia expresamente esta ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro de los CIEs, por lo que respecta a la carencia y limitaciones del sistema de video-vigilancia.

9º.- ¿LUCES EN LOS CIES CON EL NUEVO REGLAMENTO?

A pesar de las voces que se han alzado proclamando posibles luces en esta nueva norma por lo que respecta al reconocimiento de Derechos, según mi opinión el RD 162/2014 no hace sino reproducir los Derechos contenidos en la propia Ley de Extranjería, los cuales, a día de hoy, se siguen vulnerando de manera flagrante.

El hecho de que este nuevo Reglamento transcriba y reitere Derechos, no garantiza su cumplimiento por parte del Estado. Es más: ¿si no se respetaban estos Derechos reconocidos expresamente en una Ley Orgánica, como es la Ley de Extranjería, que hace pensar que el hecho de duplicarse en un Reglamento les otorga mayores garantías de exito?

Ya tuve ocasión de pronunciarme sobre el respeto de estos Derechos en mi artículo ‘CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos’, al cual me remito.

No obstante, lo que si me sorprende de manera especial es el hecho de que el RD 162/2014 se planteé la “superación” de los actuales CIEs en lo que respecta a Derechos, instalaciones, personal adecuados, recursos materiales, esto es, lo que viene siendo un lavado de cara de estos Centros de reclusión para extranjeros, pero en cambio, todo ello tenga que llevarse a cabo, como establece la Disposición Adicional 2ª, bajo el título de “No incremento de gasto público”, sin que esta magna labor conlleve un “incremento del gasto público ni […] incremento de dotaciones, de retribuciones, o de otros gastos de personal al servicio del sector público”.

Si se descarta el milagro de los panes y los peces, esta nueva regeneración de los CIEs, lo que por algunos ha sido denominado como “luces”, es todo un misterio…

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Residencia Trámite_Extranjería

Reagrupación Familiar: nociones básicas.

La Reagrupación Familiar es uno de los procedimientos más importantes para todo extranjero de los regulados en la Ley de Extranjería. Su finalidad fundamental es la de reconocer el Derecho a la Intimidad familiar y ejercer el Derecho a la vida en familia, permitiendo la obtención de la residencia legal en España de los familiares más cercanos y su posterior entrada para residir junto al reagrupante.

La regulación de la Reagrupación Familiar se encuentra en el Capítulo II de la Ley de Extranjería (Artículos 16-19 de la LO 4/2000) y también en el Capítulo II del Reglamente de Extranjería (Artículos 52-61 del RD 557/2011).

Partiendo de estos preceptos, los aspectos más importantes del procedimiento de Reagrupación Familiar son:

1º.- EXTRANJERO REAGRUPANTE.

Podrá ejercer el Derecho a la Reagrupación Familiar, el extranjero que haya obtenido la renovación de la Autorización de Residencia (y/o Trabajo) inicial.

No obstante, a esta regla general se aplican las siguientes excepciones:

a) Reagrupación Familiar de ascendientes, en cuyo caso será necesario ser titular de una Autorización de Residencia de Larga Duración.

b) Reagrupación Familiar de residentes de larga duración, de trabajadores titulares de la Tarjeta Azul-UE y de beneficiarios del régimen especial de investigadores, en cuyo caso podrá solicitarse y concederse junto con la solicitud de residencia del reagrupante.

c) Extranjeros previamente reagrupados, siendo necesario haber obtenido Autorización de Residencia y Trabajo (cuenta ajena o propia) independiente de la de su reagrupante. Si fuera un ascendiente reagrupado, tendrá que ser titular de una Autorización de Residencia de Larga Duración.

2º.- FAMILIARES REAGRUPABLES.

Podrán ser reagrupados por el extranjero residente legal en España los siguientes familiares:

a) El cónyuge, siempre que no exista separación de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. Nunca podrán ser reagrupados más de dos cónyuges, aunque la ley personal del extranjero más de un cónyuge.

b) La pareja del extranjero reagrupante con una relación afectiva análoga a la conyugal (pareja de hecho), bien inscrita en un registro público, bien acreditando la existencia de dicha relación no registrada con carácter previo a la llegada del reagrupante a España. Esta situación no será compatible con el matrimonio.

c) Los hijos del extranjero residente y del cónyuge (incluidos los adoptados), menores de dieciocho años o mayores de esa edad incapaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

d) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad incapaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, bajo la representación legal del extranjero residente.

e) Los ascendientes en primer grado del reagrupante (padres) y de su cónyuge que vivan a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. La edad de sesenta y cinco años podrá disminuirse si se acredita la existencia de razones humanitarias.

3º.- REQUISITOS PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

Los requisitos básicos a acreditar para poder ejercer el Derecho a la Reagrupación Familiar los siguientes:

a) Existencia del vínculo familiar detallado más arriba, y en su caso, la existencia de dependencia económica.

b) Disponer de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades del reagrupante y la de los familiares reagrupados. La cuantía de estos medios económicos dependerá de los miembros de la familia, pudiendo oscilar, por ejemplo,  desde los 798,77 Euros mensuales para una familia de dos miembros (un matrimonio) hasta los 1.597,53 Euros al mes para una familia de cinco miembros (un matrimonio y tres hijos). 

En todo caso, los medios económicos deberán ser estables, debiendo existir una perspectiva de mantenimiento de dicho medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En ningún momento se tendrán en cuenta los ingresos provenientes del sistema de asistencia social, sin embargo, podrá minorarse la cuantía de los medios económicos exigidos, siempre y cuando, concurran circunstancias excepcionales que velen en pro del Principio del interés superior del menor.

c) Disponer de asistencia sanitaria, caso de no tener cobertura a través de la Seguridad Social.

d) Disponer de vivienda adecuada para Reagrupación Familiar. Esta situación será acreditada mediante Informe emitido por el órgano designado para ello por la Comunidad Autónoma o por el Ayuntamiento donde resida el extranjero reagrupante.

Este Informe deberá contener referencias a los siguientes aspectos de la vivienda: título de ocupación, número de habitaciones y uso al que se destina cada una de ellas, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento.

4º.- FASES DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de Reagrupación Familiar se divide básicamente en tres partes:

a) Tramitación de la Autorización de Residencia ante la Oficina de Extranjería, aportando la documentación necesaria para acreditar los requisitos citados anteriormente.

b) Obtención del visado de residencia por Reagrupación Familiar. Una vez concedida la Autorización, habrá que solicitar el visado en el plazo de dos meses desde la notificación de ésta.

Cuando se trate de familiares de residentes de Larga Duración-UE, titulares de una Tarjeta Azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investigadores en otro Estado miembro de la UE, no será necesario visado, desplegando sus efectos desde la efectiva entrada del familiar en España.

c) Entrada en España y solicitud de la Tarjeta de Identificación de Extranjeros ante la Comisaria de Policía, que tendrá una vigencia idéntica a la del extranjero reagrupante.

5º.- EFECTOS DE LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

Concedida la Reagrupación Familiar, y una vez obtenido el correspondiente visado, la vigencia de la Autorización de Residencia Inicial desplegará sus efectos desde la entrada en España del familiar reagrupado.

Además del Derecho a residir, este tipo de Autorizaciones habilita a trabajar por cuenta propia o cuenta ajena al cónyuge y a los hijos en edad laboral (desde los 16 años).

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Derechos Humanos Opinión

Acción popular a 9.000 Euros: ¿justicia para todos?

9.000 Euros. Esta es la fianza impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Ceuta para que las ONGs puedan ejercitar la acción popular (concretamente: la Coordinadora de Barrios y Migreurop, compuesta por CEAR, Andalucía Acoge, APDHA, SOS Racismo y Elín).

9.000 Euros, sí: 1.500 euros por barba… Y lo primero que me pasa por la cabeza es: ¿estamos locos o qué? ¿Cómo es posible que se pueda exigir a estas entidades sin ánimo de lucro 9.000 Euros para ejercitar la acusación popular?Desconozco los fundamentos jurídicos que ha podido esgrimir la jueza delJuzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta para tomar esta decisión, pero evidentemente, no los comparto.

No entiendo que para poder ejercitar un Derecho reconocido por la Constitución española haya que pasar previamente por caja y desembolsar tan monstruosa cantidad ¿acaso la justicia no era gratuita es este país? ¿o cómo va esto? Por más que le doy vueltas al asunto no lo entiendo…

Lo primero que hay que tener en cuenta, como acabo de exponer, es que la acción popular viene reconocida como Derecho Constitucional en su Artículo 125, según el cual “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular […], en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.

Si acudimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal), esta acción se regula expresamente en los Artículos 101 y 270. Según el primero de estos preceptos, “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”. Por otro lado, el Artículo 270 preceptúa que “Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley”.

Es cierto que la posibilidad de establecer fianza viene reconocida también en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 280: “El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio”), pero esta exigencia de fianza nunca puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia, ni mucho menos para ejercitar una acción pública. Este planteamiento, que resulta eminentemente lógico, no es de un servidor, sino que tiene amparo legal en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial también recoge, regula y reconoce la acción popular de conformidad con el contenido constitucional expuesto. De entre su articulado, destaca expresamente el Artículo 20.3, según el cual, y ante la posibilidad de exigir fianza para poder ejercitar la acción popular, establece que “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.

Teniendo en cuenta este último precepto, me reafirmo en mi idea de no compartir la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta de exigir la cantidad de 9.000 Euros de fianza a las ONGs para poder ejercer la acción popular. ¿Cómo es posible (y entendible) que entidades sin ánimo de lucro puedan hacer frente a dicha cuantía? ¿Cómo se puede concebir que un órgano judicial coarte el acceso a la justicia, y por ende, el Derecho a la tutela judicial efectiva de esta manera?

Exigir 9.000 Euros a ONGs para poder ejercer la acción popular debe considerarse, según mi criterio, como un acto cuya inadecuación impide expresamente el ejercicio de la acción popular, según manifiesta el Artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay que recordar que si no se posibilita el ejercicio efectivo de la acción popular en esta causa, ¿qué queda? En primer lugar, la teórica figura de la acusación particular resulta inerte e inexistente en la muerte de estos 15 inmigrantes. ¿Quiénes actúan en nombre de las víctimas? ¿Se conocen sus familiares? ¿Han sido, incluso, identificadas?

Ante esta situación la pregunta vuelve a ser la misma ¿Qué queda? Soy de la opinión de que este tipo de causas penales no puede quedar a criterio único del Ministerio Fiscal por diferentes motivos. En primer lugar, porque después de todo lo ocurrido, resulta manifiestamente evidente que los interés de las víctimas (los 15 inmigrantes muertos) no son los mismos que los intereses defendidos por Ministerio Fiscal (aunque la teoría jurídica diga otra cosa). Segundo, por ser quienes son los posibles responsables penales, esto es, la Guardia Civil, resulta necesaria una acusación independiente, externa e interesada que vele por los verdaderos intereses de las víctimas y por esclarecer la verdad de todo lo ocurrido aquel fatídico día. Tercero, porque si existen evidencias demostradas de posible responsabilidad penal, resulta necesario una contraparte fuerte e indubitativa que exija el cumplimiento efectivo de dicha responsabilidad penal y de las consecuencias que la misma conlleve aparejada. Y en cuarto lugar, porque cuando tenemos a un Ministro del Interior que reclama la unidad nacional y el “sentido de Estado” ante una tragedia de estas magnitudes, en las cuales existen 15 víctimas mortales, sin ninguna responsabilidad política ni penal, y cierra filas de forma abrupta e irracional ante las negligencias cometidas por agentes de la autoridad el día 6 de febrero, precisamente por ello, resulta necesario e imprescindible la personación de esta acusación popular.

Según Sáez y López Fernández, se define al acusador popular “como aquel ciudadano que, ante la perpetración de una infracción penal, siente en su ser y su propia dignidad, aun sin haber sido víctima ni perjudicado por el delito, toda la conciencia de su responsabilidad cívica y comparece ante los Tribunales de la Justicia Penal en demanda de que se castigue al culpable”(1).

Las preguntas vuelven a surgir: ¿se encuentran dentro de esta definición las acciones legales llevadas a cabo por parte de la Coordinadora de Barrios y Migreurop? Indiscutiblemente, . ¿Se puede limitar esta definición de acusación popular bajo la evasiva legal de una fianza de 9.000 Euros? Mi respuesta resulta incuestionable: NO.

Por todos estos motivos, esos 9.000 Euros no pueden ser vistos jurídicamente, y desde mi punto de vista, como un requisito formal previsto y exigido expresamente por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino más bien como una traba en el acceso a la justicia y al Derecho a la tutela judicial efectiva de 15 seres humanos fallecidos el día 6 de febrero por negligencia (o anormal actuación) de cuerpos de seguridad del Estado español, que vulnera además de estos Derechos fundamentales, el contenido expreso del Artículo 20.3 de la Ley del Poder Judicial, cuando taxativamente sentencia que:

“No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.