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18 de Diciembre: Día Internacional del Inmigrante.

Ayer, día 18 de Diciembre, se conmemora el Día Internacional del Inmigrante (y también, el  Día Europeo de Acción Contra los Centros de Internamientos). Lo significativo de este día, y el sentido del mismo, viene motivado por la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre de 1990.

Esta Convención regula el estatus jurídico y los Derechos Humanos inherentes a la persona migrante, es decir, aquella persona que decide abandonar su tierra en busca de un futuro mejor. Si bien la Convención entró en vigor en el año 2003, la lista de países que han provocado dicha eficacia jurídica con su ratificación (actualmente 47 Estados), dice mucho de quienes son realmente los verdaderos interesados en que este instrumento jurídico esté dotado de indiscutible eficacia jurídica. Como ocurriera en el artículo de la semana anterior, la realidad se encarga de demostrar que cuando hablamos de Derechos Humanos, y más concretamente, de Derechos Humanos propios de la persona inmigrante, los intereses no son los mismos para todos los Estados.

En efecto, en esa lista de 47 Estados que ha ratificado la Convención*, no se encuentra ningún país que pueda ser considerado como receptor de inmigrantes. Al contrario, los Estados que han dado su ratificación son originarios de la inmigración actual. No encontramos ningún país occidental y desarrollado. No está ningún Estado de la UE. No están los países nórdicos. No está Rusia, ni los EEUU. No están las grandes potencias asiáticas como son la China, Japón y la India. Tampoco están los denominados Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán).

En conclusión, no están los Estados desarrollados e industrializados que más mano de obra inmigrante reciben y necesitan. Y lo peor no es que no hayan ratificado la Convención, sino que parafraseando la célebre expresión de Sabino Fernández Campo: Ni están, ni se les esperan.

Han pasado ya 23 años desde la aprobación de la Convención, y ninguno de estos estados industrializados se ha dignado a ratificar la Convención. Resulta curioso ver como los interés cambian de manera diametralmente opuesta de una época a otra. La Europa destruida por la II Guerra Mundial, no es la misma que la Europa del Bienestar (ahora en decadencia). Como tampoco lo son los Estados Unidos, país por antonomasia nacido de sangre inmigrante. Por lo tanto, n es lo mismo ser un país de emigrante que un país receptor de inmigración. Los intereses, como los vientos, cambian cuando menos se lo espera uno, y donde dije digo, digo Diego…    

Ante esta situación, la única duda que puede surgir es saber a qué temen tanto estos Estados ricos, poderosos, desarrollados e industrializados, que necesitan de mano de obra inmigrante (mano de obra barata, eso sí…), pero que no quieren incluir en sus ordenamientos jurídicos esa serie principios básico que contiene la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la pega a la ratificación de la Convención? Acaso se considera excesivo que la Convención parta por reconocer un conjunto de Derechos a todos los inmigrantes por el simple hecho de ser persona, algo que ya hace por cierto, Declaración Universalde los Derechos Humanos. ¿O acaso es el prever expreso el Principio de No Discriminación en el reconocimiento de “Derechos a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción” de los derechos previstos en esta Convención?

Si uno acude al texto de la Convención, concluye de manera evidente que los Derechos reconocidos en la misma son tan básicos y elementales, que no pueden poner en riesgo la “seguridad” ni el “orden socio-laboral” de estos Estados desarrollados e industrializados. ¿Qué problema existe entonces en querer abordar el Derecho a migrar como un Derecho Humano, o en reconocer expresamente a los propios inmigrantes una serie de Derechos Humanos reconocidos ya, por otro lado, a toda persona a través de otros instrumentos jurídicos? A veces la única conclusión posible a dicha actitud, a dicho comportamiento, es el no querer considerar al inmigrante como una persona digna de estos Derechos. El querer verlo como el otro, que no forma parte de nosotros, por mucho que se empeñe, por mucho esfuerzo y ganas que ponga por su parte.

Aplicando un mínimo de sentido común, no tiene explicación, coherente ni racional, la negativa a la ratificación de la Convención, incluso partiendo de la idea de que la misma no es ni de lejos un estatuto migratorio perfecto para el inmigrante que establezca una política migratoria de puertas abiertas, como sí hacía sin embargo, el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (digo hacía, porque ya nadie se cree la eficacia jurídica de dicho precepto). Al contrario, la Convención distingue, entre Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Parte III) y otros Derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación regular (Parte IV). Por lo tanto, no es todo de color de rosas. La Convención, además de diferenciar entre inmigrantes regulares e irregulares en el reconocimiento de Derechos, tampoco soluciona todas las cuestiones que la inmigración ofrece hoy en día.

Es precisamente por ello, que se entiende menos todavía esa hipocresía que mantienes ciertos Estados pudientes (muchos, muchísimos) que se vanaglorian de Leyes de Extranjería acordes y respetuosos con los instrumentos jurídico-internacionales en la materia, pero sin embargo se niegan a ratificar y asumir el acondicionamiento de su leyes migratorias a un documento tan valioso y trascendental como es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Una situación de hipocresía y doble moral al antojo de único criterio superior a cualquier otra motivación más razonable y ética: ser simplemente un país de acogida de inmigración. O lo que es lo mismo desde su punto de vista: mano de obra barata.

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* Por orden alfabético: Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guayana, Guinea, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor, Turquía, Uganda y Uruguay.

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10 de Diciembre: ¿Día Internacional? de los Derechos Humanos.

Día 10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha simbólica que coincide con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de Diciembre de 1948.

El día tiene su sentido, como es lógico. Se conmemora la celebración del reconocimiento “universal” de esos Derechos mínimos, o mejor dicho, de ese estándar mínimo de Derechos reconocidos a todo ser humano por el simple hecho de serlo, sin que quepa ningún tipo de discriminación. Este reconocimiento, a simple vista, tiene un sentido más teórico que practico si tenemos en cuenta la cruda realidad social, jurídica, política y judicial que nos rodea. No se puede hablar realmente de un reconocimiento pleno de los Derechos contenidos en la Declaración Universal. En absoluto.Quizás haya quien pueda pensar que es una opinión muy pesimista. Al contrario, el día a día se encarga de demostrar que no existe realmente una justicia universal que reconozca universalmente la existencia de unos Derechos Humanos de ámbito mundial. Es verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ahí, pero a día de hoy está más cerca de ser considerado un amasijo de añejo papel mojado que una autentica norma jurídica de alcance internacional.

No digo que no existan mecanismo de defensa y protección de los Derechos Humanos. Estos mecanismos existen, por supuesto. Pero su existencia tiene, según mi opinión, un sentido más formalista que material: están ahí, existen, previstos por el Derecho nacional o internacional, pero su ejercicio efectico y los resultados materiales, por regla general, o no existen, o de existir, las soluciones llegan de manera extemporánea, años después.

Vuelvo a repetir que este no es un planteamiento pesimista, sino más bien la plasmación del sistema jurídico y judicial de amparo de los Derechos Humanos.

Y el hecho evidente de que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es un mero amasijo de papel mojado viene reflejado por el respecto que los Estados y las propias instituciones de ámbito internacional tienen respecto a su propio contenido y la trascendencia última de sus Derechos más elementales.

Hoy día no se puede decir (Artículo 1) que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, cuando una gran parte del planeta se muere cada día de hambre por desnutrición y falta de alimentos; de sed por la falta de agua potable; de enfermedades, unas más comunes, tratables y curables, otras complejas, pero merecedoras de cuidados paliativos.

Tampoco se puede afirmar que (Artículo 2) “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, porque realmente si existen diferencias que marcan, segregan y oprimen al diferente, al otro, a la minoría, dentro y fuera del propio país.

La misma conclusión cabe realizar cuando se dice que (Artículo 7) “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”, cuando hemos creado una justicia para ricos y otra para pobres, con o sin tasas judiciales.

No se puede considerar que realmente (Artículo 3) “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, cuando la pena de muerte es un arma punitiva de los Estados y la guerra es un instrumento de agresión preventiva.

Mucho menos que (Artículo 4) “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”. La trata de personas, esclavitud del siglo XXI, somete a hombres, mujeres, niños y niñas a explotación laboral, sexual, económica y social ante los ojos cuasi-impasibles de los que deben actuar. Repito de nuevo, no digo que no se haga nada, sino que no se hace todo lo que debería hacerse.

No es verdad que (Artículo 5) “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Ejemplo de ello son los CIEs y las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, y como ejemplo internacional más evidente (y cuya promesa de clausura motivo un Premio Nobel de la Paz): GUANTÁNOMO. En este último caso, y según mi opinión, también afecta a los CIEs, tampoco puede afirmarse que (Artículo 9) “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Casos como el Guantánamo afectan también a Derechos Humanos tan básicos y elementales como el Derecho de toda persona (Artículo 8) “a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; (Artículo 10) “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”; (Artículo 11) “a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

No es válido afirmar que (Artículo 6) “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, o que (Artículo 15) “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, no al menos para saharauis, palestinos o, recientemente, dominicanos en la República Dominicana.

Idénticas conclusiones podrían realizarse respecto a Derechos Humanos tales como el Derecho a la intimidad personal y familiar (Artículo 12); Derecho de Asilo (Artículo 14); Derecho a contraer matrimonio en plena igualdad (Artículo 16); Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 18); Derecho a la Libertad de opinión y de expresión (Artículo 19); Derecho a la Libertad de reunión y de asociación pacíficas (Artículo 20); Derecho de participación política (Artículo 21); Derecho a un nivel de vida digno (Artículo 25); o Derecho a la educación (Artículo 26).

Pero sobretodo, por lo que al sentido de este blog corresponde, resulta totalmente falso a día de hoy el Derecho reconocido en el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

Este Derecho, creado a imagen y semejanza para los interesases particulares de una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, dejo de tener vigencia a medida que las migraciones internacionales dejaron de ser necesarias para la causa, y pasaron a ser un estorbo indeseado para los país desarrollados de occidente. Un Artículo 13 que únicamente fue verdaderamente efectivo cuando nosotros éramos emigrantes, pero que ha perdido cualquier vigencia moral y jurídica cuando los inmigrantes empezaron a ser otros.

En definitiva, y visto lo visto, ¿puede afirmarse positivamente que existe a día de hoy ese  “orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (Artículo 28)?

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Concertinas, Derechos Humanos y sentido común.

El miércoles, después de tantas negativas seguidas, unas tras otras, como un parapeto de escusas inertes, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sorprendía a todos al plantear la posibilidad (remota) de retirar las odiosas concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla “Si demuestran que hay otros medios disuasorios más eficaces que la concertina,rectificaremos”.

No se puede negar que la noticia ha de ser tomada como un paso positivo en relación con el respeto a los Derechos Humanos (de momento, en grado de tentativa) de los inmigrantes. Sin embargo, esta buena nueva no logra librarse de cierto tufillo que le es propio a toda declaración de intenciones procedente del Ministerio del interior en relación con políticas migratorias. Como dice el refrán, y nunca mejor dicho, será que la cabra siempre tira al monte…

Partiendo de esta declaración de intenciones, es necesario matizar que el planteamiento no es del todo acertado. Según mi opinión, se vuelve a caer en el error, nuevamente, de plantear como opción primera y primordial el uso de concertinas, mientras que la alternativa (si llega a demostrarse que existe), es su retirada.

Pues bien, partiendo de ese planteamiento erróneo, entiendo que existen razones de sobra para que triunfe esa oprimida alternativa que es retirar las concertinas, por los siguientes motivos:

1º.- Por respeto a los Derechos Humanos.

Según reconoce expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que evidentemente España es parte, todo ser humano (inmigrantes incluidos, para el que todavía lo dude) tiene reconocido el Derecho a la Vida y a la Integridad física (Artículo 3), a la Dignidad humana (Artículo 1) y Derecho a no padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 5).

En idéntico sentido, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su Artículo 6 el Derecho a la Vida como inherente a la persona humana y en el Artículo 7 el Derecho a no ser sometido a tatos crueles, inhumanos o degradantes.

Motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

2º.- Por acatamiento del Derecho de la Unión Europea.

Al margen del resto de la normativa comunitaria que hace referencia a la obligación de los Estados miembros de salvaguardar la dignidad de toda persona, es necesario recordar que según la Carta Europea de Derechos Fundamentales, también se reconoce expresamente en su capítulo I, el respecto de los Derechos a la Dignidad Humana, Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad de la persona, y la Prohibición de tratos inhumanos o degradantes, en sus Artículos 1 a 4, en ese orden.

Por otro lado, y derivado del Consejo de Europa, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconoce nuevamente la Obligación de respetar los Derechos Humanos (Artículo 1), Derecho a la vida (Artículo 2) y la Prohibición de someter a toda persona a tratos inhumanos o degradantes (Artículo 3).  

Motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

3º.- Por obediencia  a la Constitución española y la propia Ley de Extranjería.

En efecto, la Constitución española, en contra de lo que considera el Gobierno de la Nación, dispone en su Artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, […] son fundamento del orden político y de la paz social”, y añade en su apartado segundo que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.  

Más concretamente, dicho leitmotiv viene reconocido expresamente por la Ley de Extranjería en su Artículo 3.1 que dispone que “Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos”.

El Artículo 3.2 reitera nuevamente que “Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España”.

Nuevamente, motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

4º.- Por sumisión a la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en la materia.

El Tribunal Constitucional viene delimitando claramente cómo ha de entenderse el respeto y reconocimiento a estos Derechos Humanos de ámbito universal en jurisprudencia consolidada. Muestra de ello, entre otras muchas Sentencias, es la STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, según la cual se expone palmariamente que “nuestra jurisprudencia ha reiterado que existen derechos del Título I que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” (STC 107/1984, FJ 3) […]. Estos derechos son los que “pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y moral, […]. Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal,…”.

Motivo suficiente, qué duda cabe, para la retirada de las concertinas.

5º.- Por respeto al criterio jurídico, moral y ético de todos aquellos equivocados (ONGs, abogados, defensores de Derechos Humanos, entidades religiosas, instituciones humanitarias, sindicato de policía, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Unión Progresista de Fiscales, personajes de la política, Defensora del Pueblo, sociedad civil, etc…) que considera, en contra de la opinión del Gobierno, que las concertinas son una medida desmedida, inhumana, alegal y antijurídica, ilegítima, inmoral y asesina.

6º.- Por respetar al pueblo que le dice a su Gobierno que no va por el camino correcto.

Aunque sea evidente, es necesario recordar que al  menos en teoría, el Gobierno se debe a la nación como bien establece el Artículo 1.2 de la Constitución española cuando dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Esta legitimación del Gobierno derivada de todos aquellos que equivocados, debe ser también, motivo suficiente para la retirada de las concertinas.

7º.- Por dar la imagen de que España es un Estado Democrático y de Derecho, al menos también en teoría, que respecta los Tratados y Convenios Internacionales de los que es parte en materia de Derechos Humanos, y no una república bananera al margen de los principios más básicos emanados de dicho Ordenamiento jurídico internacional.

8º.- Y por último, y creo que más importante que cualquier norma jurídica nacional o internacional, interpretación jurisprudencial, criterio moral, ético o jurídico, u opinión pública,… el SENTIDO COMÚN y una evidencia innegable: las consecuencias que provocan las concertinas.

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Sus efectos y resultados, tan innecesarios como inhumanos, no necesitan comentarios. Hablan por sí solos. Y hasta que no se invierta la idea, el hecho de contemplar el uso de concertinas, no ya como primera opción, sino como una opción en sí misma, no se logrará avanzar en camino correcto y adecuado en el respecto de los Derechos Humanos en general, y de las personas inmigrantes en particular.