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¡Que vivan las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla!

Las cuchillas en las vallas de Melilla y Ceuta ya son una realidad. La controvertida concertina ha triunfado, y con ella, una atroz aberración jurídica que vulnera los principios más elementales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para aquellos que aún no estén enterados, la concertina se compone de retorcidos alambres de acero coronados de afiladas cuchillas que cortan todo aquello que se les cruce en el camino –en este caso, miembros y carne humana- como si de un cuchillo en mantequilla se tratase.

Así es. Esta, y no otra, es la función principal para la que se crea y existe la concertina en las vallas de Ceuta y Melilla: abrir en canal a todo aquel que se atreva a perturbar la paz social de España. Qué importa que se ponga en tela de juicio el respeto de Derechos Humanos como son el Derecho a la Vida, el Derecho a la salvaguarda de la Integridad física o el Derecho a la Dignidad Humana; no nos equivoquemos, lo importante es evitar que nos invadan las hordas de inmigrantes procedentes de todos los lugares del continente africano.

Eso es realmente lo que importa. Para ello, tenemos un gobierno ilustrado y juicioso que sabe medir su poder coercitivo y represor en defensa de la madre patria. No basta con las tres infinitas vallas sucesivas, las cámaras de video vigilancia, los sensores térmicos, los controles de la guardia civil y de la gendarmería marroquí. No, es necesario que los rastros de seres humanos desesperados, no por un futuro mejor, sino simplemente por un futuro, hondeen como una bandera entre las cuchillas de la concertina. Girones de piel, ríos de sangre, incluso cuerpos inertes colgando de nuestras vallas fronterizas. Solamente así es como se le dice al país, a la sociedad, a los invasores, al resto del mundo: ¡aquí no entran los indeseados: de estas vallas selectivas, no pasan!

Porque así es como se nos está vendiendo la moto. La concertina es necesaria. La concertina es la solución. La concertina disuade la inmigración irregular. La concertina es la panacea que todo lo cura. ¡Dios santo, cómo hemos podido concebir las políticas migratorias todos estos años sin la dichosa concertina!

Para que se van a fomentar la cooperación al desarrollo, la colaboración con los países de origen de la inmigración o el Derecho a la vida digna en el propio país, mientras exista la concertina. Estos alambres con cuchillas son mucho más efectivas que toda esta sarta de medidas que solo caen en saco roto, donde va a parar… Y si falla la concertina, no hay problema, todavía quedan el resto de medidas represivas para frenar a los asaltantes foráneos: las fuerzas de la autoridad de los estados “amigos”, que actúan como perros de presa, las devoluciones en caliente realizadas por la guardia civil al margen de la legalidad vigente, o los insaciables CIEs en territorio nacional, como último arma para aquellos pobres ilusos que consiguen superar todas las trabas anteriores.

Pero ahora, con la concertina, seguro que se lo piensan dos veces antes de asaltar las fronteras patrias. Menos mal que, en contra de todos aquellos que se equivocan (ONGs, abogados, defensores de Derechos Humanos, entidades religiosas, instituciones humanitarias, sindicato de policía, Asociación Unificada de Guardias Civiles, personajes de la política, Defensora del Pueblo, sociedad civil, etc…), hay que agradecer la capacidad visionaria del actual Gobierno de la Nación en sus miras de futuro en la lucha contra la inmigración irregular y las políticas migratorias con cabeza.

Así que, en un alarido entusiasta que alabe la sabia e ilustrada decisión del Gobierno de España, solo cabe una única conclusión al unísono:

¡Que vivan las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla!

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Politización e ideologización de los Derechos Humanos: un camino sin fin.

En estos días ha saltado a la palestra una (jurídicamente hablando) despreciable sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana que confirma un secreto a voces en el mundo del Derecho (nacional o internacional): la politización e ideologización de las normas jurídicas en detrimento de los Derechos Humanos.

Esta situación es especialmente sufrida en lo que respecta a los Derechos Humanos. No cabe duda.

Sin entrar de lleno en el contenido de la sentencia (dejo este privilegio a los excelentes artículos de Manuel Atienza, “Una oportunidad perdida”, publicado en el blog Al revés y al derecho, y de Mario Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”)grosso modo sí es necesario exponer unas pinceladas mínimas de la causa objeto de litis.

Según dicha sentencia, se resuelve el caso de una mujer, Juliana Deguis Pierre, nacida en la República Dominicana hace casi 30 años (29, para ser exactos), no recocer el Derecho a ostentar la nacionalidad dominicana fundamentándose en el hecho de que es hija de haitianos emigrados en su día. Decreta igualmente, retirar su inscripción de nacimiento del registro civil y efectuar auditoria de los libros registrales en toda la República Dominicana desde 1929 a fin de revocar cualquier inscripción de nacimiento practicada “irregularmente”, con la consiguiente revocación instantánea de cualquier derecho de nacionalidad que ostenten dichas personas.

Esta situación escuetamente resumida, puede parecer irrelevante a simple vista para quienes no estén familiarizados con la materia, pero su relevancia es importantísima. Nada más y nada menos, por un lado, que dejar en situación de apátrida a Juliana Deguis Pierre y al resto de damnificados por este tsunami judicial. Y por otra parte, borrar de los registros civiles la identidad y la personalidad jurídica de miles de afectados, abandonándolos a una especie de limbo alegal que quien sabe cómo ha de acabar.

Toda esta aberración jurídica se fundamenta en la interpretación de una norma trujillista, años ha…, mediante la cual se diferencia a las personas extranjeras entre inmigrantes irregulares (cuyos hijos serían considerados dominicanos) y extranjeros en tránsito, que son aquellos que accedieron a la República Dominicana con destino hacia otro lugar y sin intención de permanecer en dicho país.

Dicha interpretación del Tribunal Constitucional dominicano, lleva a considerar que Juliana Deguis Pierre, a pesar de haber nacido, crecido, vivido y permanecido en suelo dominicano por casi 30 años, y no tener vínculo alguno con Haití, después de esos 30 años transcurridos, debe ser despojada de la nacionalidad dominicana que legítimamente ostentaba.

Este pronunciamiento, que contraviene además un dictamen la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que se condena a República Dominicana a reconocer el derecho a la nacionalidad de dos niñas, deja  en evidencia el sometimiento del Ordenamiento Jurídico, en especial los Derechos Humanos, a los caprichos ideológicos y políticos.

Pero esta situación no tiene carácter aislado. La misma puede ser extrapolada a decisiones tomadas en todas partes del mundo y que van en contra de los Derechos Humanos más elementales. No importa que vengan del gobierno de turno que de un órgano judicial: no se puede evitar en muchos casos ese tufo ideológico que logran crear un entramado de ingeniería jurídica que consigue justificar una decisión injustificable en detrimento de los más necesitados, de los más vulnerables.

Más muestras de ello son, por ejemplo, el hecho de querer “adecentar” las vallas de Ceuta y Melilla con afiladas cuchillas ante la aterradora invasión de los desheredados de la tierra. De los espoliados de sus tierras, como mejor se quiera ver. O las miradas hacia otro lado de unos pocos cuando un grupo de personas luchan por mantenerse a flote y no ahogarse en el intento de pisar la tierra prometida. Y qué decir de la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros, esas mazmorras tan ajenas de Derechos Humanos como de transparencia en su forma de gestión y gobierno de la que tanto adolecen. O las leyes inflexibles de Extranjería, que si no fueran por la humanidad en su aplicación por unos cuantos, serían totalmente incapaces de contemplar las evidencias de un mundo en crisis a pesar de tenerlo varado en sus propias narices.

¿Qué tipo de castigo o reproche jurídico obtienen este tipo de decisiones? Ninguno. A lo sumo el reproche moral y ético de unos cuantos, indignados de tanta hipocresía y dobles discursos. Por más que uno se empeñe, no encuentra fácilmente ningún tipo de castigo para este tipo de comportamientos, que como decía más arriba, siempre cae sobre las espaldas de los más desgraciados.

Siempre he sido de la opinión de que no se puede ser cómplice de los que someten. Resulta más reconfortante estar del lado del sometido, aunque la mayoría de las veces te toque darte de bruces contra los cerrojos del poder, del que abusa.

Exponía Pio Baroja en su obra ‘El árbol de la ciencia’ que ante las injusticias universales y de grandes magnitudes el ser humano puede actuar de dos maneras: mostrarse indiferente ante esas injusticias por no poder darles solución de forma completa, o bien actuar en círculos pequeños, dentro del ámbito que te rodea, y al menos en ese círculo, por muy pequeño que sea, intentar acabar con los pocas injusticias que estén a tu alcance.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, la eliminación de las cuchillas en las vallas o el cierre de los CIEs deben ser entendidos siempre como un símbolo de la lucha en esos pequeños círculos de actuación en los que se encuentra uno, como una manera de combatir esos comportamientos indignos que someten los Derechos Humanos a criterios políticos e ideológicos. Estoy plenamente convencido de que solamente así, puede salvarse uno del pecado de caer en la desidia de la defensa de los Derechos Humanos.

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Residencia Trámite_Extranjería

El problema de la tenencia de Antecedentes Penales: requisitos para su cancelación.

La tenencia de antecedentes penales de un extranjero, además de las consecuencias propias a toda sanción penal, tiene el inconveniente añadido de que afecta directamente a su situación administrativa en España. Su influencia en la vida del extranjero puede tener múltiples formas de expresión. Desde cerrar las vías de acceso a la residencia legal en España, hasta la expulsión de España por la misma causa.

No obstante, como veremos a continuación, la manera de excluir la consideración de los antecedentes penales es solicitar su cancelación, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello.

En concreto, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Derecho de Extranjería, la existencia de antecedentes penales puede afectar a un ciudadano extranjero de alguna de las siguientes maneras:

1. IMPEDIR EL ACCESO A LA RESIDENCIA LEGAL.

El primer impedimento que puede tener una extranjero que cuente con antecedentes penales en España es la imposibilidad de obtener una Autorización de Residencia y/o Trabajo Inicial, o lo que es lo mismo, impedir el acceso a la residencia legal.

Concretamente, el Artículo 31.5 de la Ley de Extranjería dispone que  para “autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España…”.

El precepto citado resulta más que evidente, por lo que cualquier solicitud de una Autorización de Residencia y/o Trabajo Inicial tendrá una respuesta negativa de forma automática.

2. OBSTACULIZAR LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN VIGOR.

Aunque en estos casos la tenencia de antecedentes penales también resulta un problema, sin embargo no conlleva la denegación instantánea del trámite de renovación. Al contrario, para estos supuestos, la Ley de Extranjería preceptúa que los antecedentes penales serán valorados teniendo en cuenta “la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad” (Artículo 31.7).

En virtud de dicho artículo, la Administración deberá valorar (al menos eso dice la teoría) dichas circunstancias a fin de resolver si los antecedentes penales en cuestión, deben o no, motivar la denegación de la renovación solicitada. Por regla general, gran parte de estos expedientes acaban siendo denegados, empujando al extranjero a una nueva situación de irregularidad sobrevenida.

3. IMPEDIR LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA.

Un requisito fundamental para poder obtener la nacionalidad española por residencia es, según el Artículo 22.4 del Código Civil, que el extranjero acredite “buena conducta cívica”. A todos los efectos, y hablando claro, que el solicitante no tenga antecedentes penales.

Nos encontramos, por lo tanto, ante otro supuesto en el que la tenencia de antecedentes penales supone un problema serio para el extranjero.

(No obstante, hay que matizar que en estos casos la referencia a la buena conducta cívica exigida por el Código Civil tiene un sentido y una interpretación jurisprudencia más amplia que la de simples antecedentes penales).

4. PROVOCAR LA EXPULSIÓN DE ESPAÑA.

Dispone el Artículo 57.2 de la Ley de Extranjería que “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.

Hay que recordar que en estos casos, la sanción impuesta no solo conllevaría la expulsión del territorio nacional, sino que además lleva aparejada una prohibición de entrada en todo el espacio Schengen, así como la extinción de la Autorización que habilite al extranjero a residir legalmente en España, si la tuviera.

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Como se dijo anteriormente, en estos cuatro supuestos, la tenencia de antecedentes penales supone a todos los efectos un problema importante para el extranjero. Al margen de otras herramientas jurídicas que puedan hacerse valer contra estos antecedentes, generalmente secundarias, la manera más directa de afrontar este problema es solicitar la cancelación de los antecedentes penales.

A estas alturas algunos se habrán preguntado en que consiste la cancelación de antecedentes penales. En palabras sencillas, la cancelación es un Derecho reconocido en el Código Penal mediante el cual se permite a una persona condena penalmente a que dichas condenas y las sanciones impuestas por las mismas sean borradas del Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministerio de Justicia. En consecuencia, con la cancelación se consigue que dichos antecedentes penales se consideren como inexistentes y no puedan ser tenidos en cuenta, además de en otros ámbitos, a los efectos planteados en este artículo.

En relación con lo expuesto, las cuestiones básicas para poder solicitar la cancelación de antecedentes penales son los siguientes:

A) ¿Qué requisitos se exigen para solicitar la cancelación de antecedentes penales?

El Código Penal establece que para poder cancelar antecedentes penales tendrán que cumplirse los siguientes requisitos:

1.- Haber satisfecho las responsabilidades derivadas de la condena penal, salvo en los supuestos de insolvencia declarada judicialmente.

2.- Haber transcurrido sin delinquir nuevamente, una vez extinguida la pena, los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves; 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; 3 años para las restantes penas menos graves; y 5 años para las penas graves.

En todo caso, el cómputo de los plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.

B) ¿Cómo se decreta la cancelación de antecedentes penales?

Si bien el Código Penal dispone que la cancelación podrá ser declarada de oficio, esto es, a instancias del propio Ministerio de Justicia, en la práctica, dicha situación es mero papel mojado. Por regla general, tendrá que ser el extranjero condenado el que inste la cancelación de sus antecedentes penales.

C) ¿Cómo se puede solicitar la cancelación de antecedentes penales?

Para los extranjeros, la solicitud de cancelación variará según su situación administrativa.

El EXTRANJERO RESIDENTE LEGAL, podrá solicitar la cancelación por una de estas dos vías: en persona, acudiendo al propio Registro General del Ministerio de Justicia, Madrid, o bien ante cualquiera de sus Gerencias Territoriales repartidas por España; por correo, dirigido al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Ambas posibilidades pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Justicia.

Para el EXTRANJERO EN SITUACIÓN IRREGULAR, y a pesar de que la legislación aplicable no realiza distinción alguna en este sentido, el Ministerio de Justicia no permite usar ninguna de estas dos vías alegando, precisamente, la situación de irregularidad administrativa.

En estos casos, no queda otra opción que solicitar la cancelación de antecedentes penales a través del Juzgado o Tribunal sentenciador, el cual, comprobado el cumplimento de los requisitos exigidos, procederá a ordenar la cancelación solicitada.

Si bien a primera vista puede parecer que no existen diferencias significativas, en la práctica, las vías habilitadas por el Ministerio de Justicia para los extranjeros residentes legales puede ser inmediata o en apenas unos días, mientras que realizar el mismo trámite de cancelación a través del Juzgado o Tribunal sentenciador puede suponer meses de espera.

No obstante, y a pesar de esta discriminación sin fundamento legal aplicada por el Ministerio de Justicia, el extranjero en situación irregular no tendrá otra opción que ejercitar el derecho a la cancelación por vía judicial. En estos casos, el extranjero podrá actuar personalmente, o bien acudiendo a los servicios de un abogado de confianza que tenga experiencia en este tipo de procedimientos.

D) ¿Qué consecuencias conlleva cancelación de antecedentes panales?

Como se dijo anteriormente, una vez cancelados los antecedentes penales, los mismos no podrán ser tenidos en cuenta en contra del extranjero. De este modo, y en sentido contrario al planteado en el presente artículo, estos antecedentes ya no podrán ser motivo de denegación para:

1. El acceso a la residencia legal.

2. La obtención de la renovación de la actual Autorización.

3. Obtener la nacionalidad española por residencia.

4. Como causa de expulsión por motivos penales.