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Arraigo Familiar: ¿vía de regularización permanente o extinguida?

Desde hace unos meses viene existiendo una práctica administrativa peculiar por parte de las Oficinas de Extranjería en toda España, cosecha de la Dirección General de Migraciones, que afecta, entre otros procedimientos, pero especialmente, a la figura del Arraigo Familiar, según la cual: aquellos extranjeros que habiendo obtenido una Autorización por esta vía, llegado el momento de renovación, no podrán prorrogar esta situación por encontrarse en el mismo supuesto y tampoco podrán obtener una nueva Autorización Inicial por este motivo.

Para aquellos que no conozcan la figura del Arraigo Familiar, dispone el Artículo 124.3 del RD 557/2011 (Reglamento de Extranjería), que podrá obtenerse una Autorización de Residencia y Trabajo por Circunstancias Excepcionales (por razones de Arraigo) aquel extranjero que: a) “sea padre o madre de un menor de nacionalidad española”, o b) “sea hijo de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles”.

En estos supuestos, el extranjero obtendrá una Autorización de Residencia y Trabajo por un año de vigencia. Según criterio de la Dirección General de Migraciones, finalizada su vigencia, el extranjero deberá obligatoriamente obtener una Autorización de Residencia Temporal y Trabajo por Cuenta Ajena (o Propia) “normalizada”, cumpliendo para ello los requisitos que el Derecho de Extranjería establezca. De no poder hacerlo, la Dirección General de Migraciones no permite solicitar la prórroga por un año más de esta Autorización, ni tampoco volver a solicitar una nueva Autorización Inicial por este mismo motivo, al haber ya acogido el extranjero esta vía de regularización.

Siguiendo dicho criterio, la Dirección General de Migraciones considera que el Arraigo Familiar es una vía de regularización que se extingue por el mero hecho de haberla utilizado con anterioridad, es decir, tiene un solo uso (que se agota) y el extranjero no puede volver a alegarlo para regularizarse de nuevo.

Desde mi punto de vista, considero que esta interpretación del Arraigo Familiar, no solo no es correcta, sino que además resulta contraria a Derecho al no tener apoyo jurídico, ni en la Ley de Extranjería, ni en su Reglamento de desarrollo. Creo firmemente que la figura de Arraigo Familiar, más que una vía de regularización extinguida (o a extinguir) es una vía de regularización permanente, que puede alegarse de manera sucesiva, siempre y cuando persista el supuesto de hecho previsto en el Artículo 124.3 del RD 557/2011.

Para fundamentar esta tesis, parto del hecho primero de que el extranjero accede al estatus de residente legal en España a través de Autorización de Residencia y Trabajo por Circunstancias Excepcionales por medio de Arraigo Familiar, según lo dispuesto en el Artículo 124.3 del RD 557/2011. Como se dijo anteriormente, dicha Autorización se concede por vigencia de 1 año.

Una vez transcurrido el mismo, estaría en disposición de solicitar la prórroga de esta Autorización de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 130.4 del RD 557/2011, según el cual se establece que:

“4. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar”.

Según lo dispuesto en dicho precepto, es necesario señalar las siguientes conclusiones:

1º.- Según se establece, el interesado “podrá” acogerse a lo dispuesto en el Artículo 202 del RD 557/2011, de lo cual se desprende que esa acción no resulta imperativa.

En este sentido, entiendo que no resulta acertada la postura de la Dirección General de Migraciones según la cual se exige la modificación de este tipo de Autorización para acceder a una Autorización de Residencia Temporal y Trabajo de “régimen general” o “normalizada”.

Es más, el propio Artículo 202.1 del RD 557/2011 dispone igualmente que “Los extranjeros que se encuentren en España durante, al menos, un año en situación de residencia por circunstancias excepcionales, en los supuestos que determina el artículo 130, podrán acceder a la situación de residencia o de residencia y trabajo…”.

Ambos preceptos, 130.4 y 202.1 del RD 557/2011, establecen claramente dicha modificación no es imperativa.

2º.- El poder acogerse a lo dispuesto en el Artículo 202 del RD 557/2011 está condicionado “siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención”, esto es, el extranjero debe de cumplir con lo exigido por el RD 557/2011 para la obtención de la correspondiente Autorización de Residencia y Trabajo, (Artículo 71 para cuenta ajena; Artículo 109 para cuenta propia).

3º.- Que según se concluye de ambas premisas, no siendo obligatorio acudir al supuesto previsto por el Artículo 202 del RD 557/2011, y existiendo supuestos en los que el extranjero (conoce que) no cumple con los requisitos expuesto en dicho precepto para la obtención de una Autorización de Residencia y Trabajo, entiendo que es posible optar, conforme Derecho, por solicitar la prórroga de la actual Autorización de Residencia y Trabajo por Arraigo Familiar obtenida un año antes.

Y ello en base a los siguientes Fundamentos de Derecho:

a)  El Artículo 130.1 del RD 557/2011 dispone que “En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año”.

b)  De ello se desprende que es posible solicitar la prórroga de la Autorización por Arraigo Familiar de la que el extranjero ha venido siendo titular. En este caso es necesario asumir de antemano que, en vez de los 2 años de vigencia que se establece por normal general para una renovación, la prórroga tendrá una vigencia de un solo año.

c)  Que no siendo imperativo acudir al Artículo 202 del RD 557/2011, según se ha expuesto ya, el extranjero sigue cumpliendo (por regla general) con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Artículo 124.3 del RD 557/2011 para el procedimiento de Arraigo Familiar, esto es, seguir siendo progenitor de un menor de nacionalidad española, o bien, seguir siendo hijo de padre o madre originariamente españoles.

d)  Es necesario tener en cuenta que el supuesto de Arraigo alegado, esto es, Arraigo Familiar, debe ser considerado como un supuesto de Arraigo de especial relevancia y transcendencia en Derecho de Extranjería al derivarse directamente del vínculo familiar con ciudadano español de origen. Un supuesto de Arraigo que por regla general permanece en el tiempo, no perece ni caduca, por lo cual se le debe reconocer la misma trascendencia y efectos jurídicos reconocidos desde un inicio, permitiéndose prorrogar dicha situación.

Estos supuestos no desaparecen, al contrario, permanecen en el tiempo. Por ello no tiene lógica alguna que la Dirección General de Migraciones quiera restarles valor jurídico eliminando su capacidad de regularización a estos extranjeros que conservan un vínculo innegable e inigualable con España. Es por ello que su continuidad en el tiempo no puede ser valorada de manera restrictiva, especialmente cuando estamos hablando del progenitor o del hijo o hija de un ciudadano español de origen.

Partiendo de estos argumentos jurídicos, tampoco puedo compartir la consideración de que no sea posible una nueva concesión inicial de una Autorización por Arraigo Familiar. Es necesario recordar a la Dirección General de Migraciones que el Artículo 31.3 de la LO 4/2000 y el Artículo 123 del RD 557/2011 son claros a este respecto.

Considera el Artículo 31.3 de la LO 4/2000 que “La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.

Acto seguido, el Artículo 123.1 del RD 557/2011 preceptúa que “De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público, previstos en los artículos siguientes”.

En virtud de dicho preceptos, en ningún momento se prohíbe que un extranjero pueda solicitar nuevamente Autorización Inicial si cumple con alguno de los supuestos previstos en el desarrollo reglamentario, en este caso, con los requisitos de Arraigo Familiar previstos en el Artículo 124.3 del RD 557/2011. Cualquier interpretación en contra por parte de una Administración Pública, conllevaría exceder la potestad discrecional que de forma limitada y restringida les reconoce el Ordenamiento Jurídico, convirtiéndose en supuestos evidente de arbitrariedad alejada de lo preceptuado por los Artículos 31.3 de la LO 4/2000 y Artículos 123 y 124.3 del RD 557/2011.

Es por todo lo expuesto hasta el momento, que considero, y concibo la figura del Arraigo Familiar, como una vía de regularización permanente a disposición del extranjero que cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos pueda acogerse a este procedimiento de manera encadenada.

Esta es mi humilde opinión, que evidentemente, no coincide con la postura mantenida por la Dirección General de Migraciones. Y como dice el refrán: Donde manda patrón, no manda marinero…

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Jurisprudencia Nacionalidad

Diferencia entre Estancia y Residencia Legal en los expedientes de nacionalidad por residencia.

Desde hace unos meses para acá, no dejo de ver (más que en otros años) múltiples denegaciones de nacionalidad por residencia fundamentadas en un mismo motivo: el erróneo cómputo de la situación de estancia legal por estudios como tiempo de residencia legal.

En efecto, se vienen dando muchos casos en los que el extranjero ha permanecido de forma legal en España, permanencia durante la cual una parte ha sido como estancia por estudios, y otra como residencia legal. Con la suma de ambos periodos, el  extranjero pretendía demostrar el haber alcanzado los periodos mínimos de “residencia” exigidos según cada caso para poder solicitar la nacionalidad española por residencia.

De estas circunstancias surgen dos preguntas fundamentales: ¿Son idénticas estas figuras, estancia por estudios y residencia legal, jurídicamente hablando? ¿Tienen la misma trascendencia a la hora de resolver un expediente de nacionalidad española por residencia?

Contestando a la primera de las preguntas, es necesario diferenciar ambos supuestos. En primer lugar, la estancia por estudios es un supuesto de estancia legal habilitada por el Derecho de Extranjería que permite al extranjero permanecer en España por un periodo de tiempo de 90 días hasta 1 año con el fin de cursar estudios, realizar actividades de investigación, intercambio de alumnos, prácticas o servicios de voluntariado. La vigencia de esta situación será igual al periodo por el que vaya a prolongarse la actividad a realizar, pudiendo prorrogarse la misma.

Por otro lado, la situación de residencia legal, habilita al extranjero a permanecer en España precisamente como residente legal por motivos laborales (residencia y trabajo por cuenta ajena o cuenta propia) o no lucrativos (simple residencia), ya sea temporal (de 90 días hasta 5 años) o de forma indefinida como residente de larga duración (5 años).

Como ya se ha dicho, si bien ambas figuras habilitan al extranjero permanecer en España de manera legal, a nivel de Derecho de Extranjería la estancia legal y la residencia legal se expide por motivos diferentes, y sus consecuencias, por tanto, también son distintas. Igualmente, como a continuación se expondrá, tampoco tienen el mismo reconocimiento jurídico a efectos de nacionalidad española.

Es necesario matizar brevemente, que la estancia por estudios (Artículo 33 de la Ley de Extranjería) no debe ser confundida con el Régimen especial de investigadores (Artículo 38 bis), ya que la inclusión dentro del régimen de investigador al extranjero conlleva su  reconocimiento inicial como residente legal en España.

Una vez delimitadas ambas figuras jurídicas, y por lo que respecta a su trascendencia en los expedientes de nacionalidad española por residencia, es necesario partir de lo preceptuado en el Artículo 22 del Código Civil. Según este precepto, para poder solicitar la nacionalidad española por residencia se exige el haber sobrepasado determinados periodos de residencia al momento de la presentación. Concretamente estos periodos son de 10, 5, 2 o 1 año, dependiendo de cada caso.

En relación a los requisitos que debe cumplir esta residencia, el Artículo 22.3 del Código Civil establece que “en todos los casos la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”.

Esta exigencia expresa de residencia legal, bajo una interpretación literal del precepto, delimita claramente el tipo de permanencia legal en España admitido, descartándose por tanto la situación de estancia legal por estudios. Si bien es cierto que existen expedientes en los que se han admitido el computo de la estancia por estudios para valorar y conceder la nacionalidad española, igual  de cierto es que, con este tipo de interpretación, no existe una explicación jurídica para estas resoluciones favorables. Lo único que podría alegarse en su favor sería una interpretación más flexible y laxa del Artículo 22.3 del Código Civil.

Este tipo de interpretación, aun existente, no coincide sin embargo con la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal  Supremo en relación con supuestos en los que coinciden periodos de estancia legal por estudios y periodos con residencia legal. En concreto, la Audiencia Nacional en Sentencia de fecha 22 de Septiembre de 2011, fundamentándose en jurisprudencia consolidad del Tribunal Supremo, afirma de forma tajante que «la estancia en España amparada en una autorización de estancia para cursar estudios no puede considerarse como residencia legal a efectos de entender cumplido el requisito de “residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” previsto en el artículo 22.3 del CC».

Ante esta afirmación tan tajante, y en perjuicio de todos aquellos extranjeros que se viene viendo perjudicados, no cabe otra conclusión posible que considerar irrelevante la situación de estancia legal por estudios como computable para poder solicitar la nacionalidad española por residencia. Al menos, mientras no exista una nueva interpretación jurisprudencial en sentido contrario (la cual no resulta previsible).

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Residencia Trámite_Extranjería

Arraigo Social: Nociones básicas.

El procedimiento de Arraigo Social es uno de los principales procedimientos y más usado de todos los que prevé el Derecho de Extranjería para que un inmigrante que se encuentra en España pueda regularizarse.

El Arraigo Social, tal y como se conoce hoy, se reguló por primera vez en el Artículo 45.2 b) del anterior Reglamento de Extranjería (Real Decreto 2393/2004). A día de hoy, las variaciones son muy pocas, sin embargo, en el día a día me consta de primera mano que, aunque es un procedimiento muy conocido por los inmigrantes que se encuentran en España, existe dudas importantes sobre los requisitos exigidos por el Artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011.

La idea fundamental de este artículo es delimitar todos los requisitos exigidos por el Artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011, así como explicar cómo poder acreditarlos y aclarar las dudas más comunes respectos a los mismos.

Según dispone el Artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011, podrán acogerse al procedimiento de Arraigo Social, los inmigrantes que encontrándose en situación administrativa irregular en España, cumpla con los siguientes requisitos:

a) Acreditar una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.

b) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país en el  que el inmigrante haya residido durante los últimos cinco años.

c) Disponer de contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud.

d) Tener vínculos familiares con inmigrante residente legal o presentar un Informe de Integración (o Inserción) Social, emitido por la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en el que tengan su domicilio habitual.

Vistos los requisitos de forma genérica, es hora de detallar cada uno de ellos, dando respuesta a las dudas más comunes:

A) ACREDITAR UNA PERMANENCIA CONTINUADA EN ESPAÑA DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE TRES AÑOS.

La permanencia continuada en España puede acreditarse de cualquiera de las formas admitidas en Derecho. Al contrario de los que muchos inmigrantes piensan, el empadronamiento no es el único modo de acreditar esta permanencia. Existen otros muchos documentos que son igualmente útiles.

El primero de ellos, si todavía se conserva, es el sello de entrada en España (si la entrada fue directa, y si las autoridades sellaron el pasaporte) y los billetes o pasajes de avión. A partir de aquí, los documentos a aportar son infinitos.

Por regla general, y así suelo aconsejarlo, siempre son preferibles documentos emitidos por administraciones públicas, unos más comunes (certificado de empadronamiento; tarjeta o certificado sanitario; informes, recetas, citas médicas; resguardos o denegaciones de anteriores trámites de Extranjería), otros menos usuales (inicios o resoluciones de expedientes de expulsión; multas o sanciones; documentos notariales; certificados de matrimonio celebrados en España; certificados de nacimientos de hijos en España).

Pero también son válidos los documentos emitidos por entidades privadas (seguros médicos; documentos de banco; resguardos de envíos de dinero; facturas; certificados de estudios; etc…).

Como se puede ver, la lista es interminable. Hay que tener en cuenta que todos los documentos que se aporte deben de contener los datos de identidad del solicitante de Arraigo Social y la fecha, con el fin de poder acreditar correctamente la permanencia en España por el periodo de tres años exigido.

B) CARECER DE ANTECEDENTES PENALES EN ESPAÑA Y EN SU PAÍS DE ORIGEN O EN EL PAÍS EN EL  QUE EL INMIGRANTE HAYA RESIDIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

Este es un requisito fundamental. No se pueden tener antecedentes penales ninguno, tanto en España como en el extranjero.

En muchos casos me encuentro con supuestos en los que el inmigrante que pretende acogerse al procedimiento de Arraigo Social tiene antecedentes penales (por regla general, en España). En estos casos, lo primero que habría que hacer es cancelar estos antecedentes penales. No siempre es posible hacerlo de inmediato, sino que es necesario, primero, haber cumplido íntegramente la condena impuesta; y segundo, que hayan transcurrido los plazos dispuestos por el Código Penal español sin haber vuelto a cometer un delito. En ocasiones se podrá solicitar la cancelación de forma inmediata, y en otras habrá que esperar.

Respecto a la acreditación de no tener antecedentes penales fuera de España, es necesario solicitar un Certificado de Antecedes Penales al país de procedencia (por regla general, el país de origen). Este documentos debe ser original, de fecha reciente (caducan a los tres meses) y debe venir legalizado (vía diplomática o apostilla de la Haya, según el país de procedencia).

En ningún caso son válidos los Certificados de Buena Conducta emitidos por los Consulados, ni los Certificados de Antecedentes Policiales.

C) DISPONER DE CONTRATO DE TRABAJO FIRMADO POR EL TRABAJADOR Y EL EMPRESARIO EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD.

Aunque el Reglamento de Extranjería habla de contrato de trabajo, realmente debe entenderse como un pre-contrato o un compromiso de contratación, que desplegará los efectos jurídicos propios una vez haya sido concedida la correspondiente Autorización de Residencia Temporal y Trabajo por Cuenta Ajena por Arraigo Social.

Por regla general, el contrato de trabajo será de un año de duración con un único empresario o empleador, salvo las siguientes excepciones:

1º- En el sector agrario, podrán presentarse dos contratos con distintos empleadores y seguido el uno del otro, con una duración de seis meses cada uno.

2º.- En el caso de disponer de más de un empleo, podrá presentarse dos o más contratos de trabajo a tiempo parcial (la suma de la jornada semanal no será inferior a 30 horas) y de una duración cada uno de un año.

3º.- En el caso de querer trabajar como autónomo, habrá que acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de una actividad por cuenta propia, según lo dispuesto por el Reglamento de Extranjería.

Para que el contrato de trabajo sea válido, la empresa o empleador contratante debe ser lo suficientemente solvente como para poder hacer frente a las obligaciones de la futura contratación. Si es una empresa, además de demostrar que no tiene deudas fiscales o con Seguridad Social, debe acreditar suficientes beneficios empresariales como para poder contratar. Si es un empleador (por ejemplo, en servicio doméstico), tendrá que acreditar medios económicos suficientes como para poder cubrir sus necesidades y las de su familia, y poder hacer frente a la contratación.

Este es un requisito muy importante, y motivo de gran número de denegaciones en estos tiempos de crisis económica.

D) TENER VÍNCULOS FAMILIARES CON INMIGRANTE RESIDENTE LEGAL O PRESENTAR UN INFORME DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Este es un requisito alternativo a demostrar. Uno u otro.

En el caso de demostrar vínculos familiares con residente legal, únicamente serán admisibles el cónyuge o parejas de hecho, padres o hijos.

Si no se dispone de estos familiares, habrá que aportar un Informa de Integración Social emitido por la CC.AA. o Ayuntamiento en el que resida de forma habitual. Este Informe debe hacer referencia a los siguientes aspectos: tiempo de permanencia en el domicilio habitual; tiempo de empadronamiento; medios económicos con los que cuenta; vínculos con familiares residentes en España; esfuerzos de integración a través de programas de inserción socio-laborales y culturales; así como cualquier otra referencia a nivel social que se considere oportuno.

También podrá recomendar que no se exija contrato de trabajo cuando el inmigrante disponga de medios de vida suficientes (a través de un familiar, por ejemplo) o cuando pretenda desarrollar una actividad por cuenta propia.  

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Además del cumplimiento de estos requisitos, en ocasiones existen casos en los que el inmigrante tiene decretado un expediente de expulsión previamente. Es necesario decir que en estos casos, SÍ ES POSIBLE presentar el procedimiento de Arraigo Social.

En este sentido, dicha expulsión será revocada y modificada por una multa, siempre y cuando, se cumplan con los requisitos para la concesión de la Autorización de Residencia Temporal y/o Trabajo por Arraigo Social. En todo caso, la expulsión debe traer como causa la simple estancia irregular en España y que además no haya sido ejecutada.

Hay que recordar, por último, que el Reglamento de Extranjería dispone que si un inmigrante al que se la va a iniciar un expediente de expulsión tiene presentada y en trámite solicitud de Autorización de Residencia y/o Trabajo por Arraigo Social (Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias), la policía en todo caso, deberá de interesarse previamente por el estado de dicho solicitud. Si esta solicitud cumple con los requisitos exigidos para su concesión, se procederá al archivo del expediente de expulsión. Sin embargo, si la solicitud fuera a ser denegada, se continuará con la tramitación del expediente de expulsión.

Se desprende claramente, por tanto, la importancia de un correcto asesoramiento en la preparación y presentación del procedimiento de Arraigo Social, del cual dependerá la regularización o no del inmigrante en España.

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Nacionalidad

Denegaciones de nacionalidad española y estupidez institucional.

En los últimos meses se vienen sucediendo una serie de denegaciones de expedientes de nacionalidad española por parte del Ministerio de Justicia fundamentadas, como diría yo sin resultar excesivamente ofensivo, inapropiadas. Bueno, inapropiadas no. Digámoslo abiertamente: estúpidas.

La primera noticia surgió en el mes de abril y afirmaba que habían denegado la nacionalidad española a un inmigrante por no conocer el nombre de la esposa del ex-Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La noticia me produjo algunas dudas. No era capaz de concebir que el Ministerio de Justicia (sí, de Justicia, de momento…) vía Dirección General de los Registros y del Notariado, pudiera argumentar en Derecho la denegación de un expediente de nacionalidad española en ese escaso, ínfimo, ilegitimo y alegal motivo. A día de hoy todavía me asaltan las dudas, pero lo cierto es que la denegación está ahí, pendiente de que la Audiencia Nacional aclare el entuerto.

La segunda noticia que saltó a la palestra decía que se había denegado la nacionalidad española a ciertas personas que tenían reconocido el estatuto de refugiado en España. Simple y llanamente por eso. Saltándose a la torera el ordenamiento jurídico, una de estas resoluciones disponía literalmente que el solicitante “se encuentra en España como refugiado, por lo que no procede su informe positivo por parte del registrador que suscribe”. Me hubiera parecido igual de insólito si no es porque pude ver la Resolución en cuestión con mis propios ojos. (Si hay algún otro incrédulo, que pinche aquí).

Unos días después, CEAR denunciaba que existían más de 200 casos en los que el único motivo de denegación de los expedientes de nacionalidad española era el hecho de ser refugiado. Un fallo informático alegó el Ministerio ante tan absurdo (y antijurídico) modo de proceder.

Pero si ya creía haberlo visto todo, en julio salto la noticia de que el Ministerio de Justicia había denegado la nacionalidad española a una niña de 3 años por no acreditar buena conducta. Así es. No es un chiste. Al menos, a los padres de la menor no les ha hecho ninguna gracia. Esta denegación resulta más propia de un país de comparsa, que trata a una niña de 3 años de la misma manera que a un delincuente peligroso. Eso, o el Ministerio quiere empezar a encauzar desde muy joven a esta nueva generación que viene pidiendo paso. (Habrá que suponer que a sus 3 años esta niña no se comporta como debe en la guardería…).

Pero no acaban aquí los absurdos. Por mis manos han pasado denegaciones de nacionalidad fundamentadas en el simple hecho de no constar certificado de empadronamiento (que el solicitante mantiene que sí se presentó); en no admitir como válidos certificados de buena conducta expedidos por el Consulado, igual de lícito que un certificado de antecedentes penales; o una de las más absurdas de todas, el haber cambiado de domicilio durante el tiempo de tramitación (se ve que el Ministerio no permite las mudanzas sin su previo consentimiento). Y estoy convencido de que la lista sigue y sigue. Tiene que haber por España más resoluciones de este tipo que demuestran, no que las cosas no se están haciendo bien, sino al contrario, que las cosas se están haciendo muy mal.

Y ahora llega la pregunta del millón: ¿a qué se deben este tipo de denegaciones?

Para unos, el Plan Intensivo de Nacionalidad llevado a cabo por el Ministerio de Justicia, además de sus virtudes, tienes sus deficiencias. Quizás las prisas no son buenas consejeras. Probablemente sea preferible, como dice el refrán, ir despacito y con buena letra, antes de arrollar el abecedario y dar al traste con denegaciones de nacionalidades, sin pies, ni cabeza.

Para otros, el motivo fundamental es la intervención de los registradores de la propiedad, que quizás no tengan la experiencia ni el conocimiento para tramitar y resolver expedientes de nacionalidad por residencia. Tanto el Derecho de Extranjería como el de Nacionalidad son ramas jurídicas muy especializadas, que deben tener una respuesta más contundentes, y probablemente, personal más cualificado (sin ofender a los registradores de la propiedad. Al fin y al cabo, cada uno debe dedicarse a lo que se debe dedicar).

Para mí, la respuesta es mucha más sencilla. Hay cosas que no dependen de las prisas. El hacerlas más o menos rápido no influye en el resulta. Tampoco creo que este tipo de denegaciones estén condicionada por el mayor o menor conocimiento del Derecho que regula la adquisición de nacionalidad española. Este tipo de condicionantes no justifican el denegar la nacionalidad española por no conocer a la esposa de un ex-Presidente del Gobierno (¿cuántos de nosotros, españoles de origen, conocemos su nombre?) o  por tener el estatuto de refugiado (bastante tienen ya con lo que llevan padecido). Y mucho menos, puede justificar, razonable y racionalmente, el no permitir que una niña de 3 años no sea española por no acreditar tener buena conducta.

Mi opinión, en este tipo de denegaciones y sobre los fundamentos que la sustentan, se parece mucho a esa afirmación que en su día hizo Albert Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana”.

En este caso, la estupidez, además de ser humana, es institucional.