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Régimen jurídico para los ciudadanos de Croacia tras su adhesión a la UE.

Como ocurriera en anteriores adhesiones de nuevos estados miembros de la Unión Europea en los años 2004 y 2007, el Gobierno español ha optado por aplicar las limitaciones a la plena libertad de circulación para los ciudadanos croatas (concretamente por lo que respecta a la posibilidad trabajar por cuenta ajena) para los dos próximos años, de conformidad con la normativa de la propia UE. Dicha limitación ha venido impuesta por la Instrucción SGIE/4/2013, sobre régimen jurídico aplicable a los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Croacia y a sus familiares, de 1 de julio.

En 2004, estas limitaciones fueron impuestas por España a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, con las excepciones de Chipre y Malta. Por su parte, en 2007, los afectados fueron Bulgaria y Rumania (en este último caso, se ha llegado incluso a prorrogar dicha situación hasta el día 31 de diciembre de 2013).

Es necesario partir del hecho de que el régimen jurídico aplicable a los ciudadanos de un Estado miembro de la UE viene regulado por el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En este Real Decreto, y por lo que respecta a la limitación fundamental realizada por España, dispone el Artículo 3.2 que los ciudadanos de un Estado miembro de la UE (y sus familiares) “tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles”.

En relación a las dudas surgidas en los últimos días respecto a las limitaciones impuestas, así como el contenido de la Instrucción SGIE/4/2013, el sentido de este artículo es aclarar el régimen jurídico que durante este periodo transitorio será de aplicación a los ciudadanos croatas.

Los aspectos fundamentales de esta Instrucción son los siguientes:

1º.- Se establece un periodo transitorio de 2 años durante el cual los ciudadanos croatas no tendrán reconocido de pleno Derecho su condición como ciudadanos de un Estado miembro de la UE.

2º.- Este periodo transitorio de 2 años se extiende desde el día 1 de julio de 2013 hasta el día 1 de julio de 2015, pudiendo prorrogarse por 3 años más, es decir, por un máximo de 5 años (situación que ha afectado a los ciudadanos rumanos).

3º.- Desde el día 1 de julio de 2013, los nacionales de Croacia tiene reconocido el pleno Derecho a residir en España de conformidad con lo dispuesto en el RD 240/2007.

4º.- Durante este periodo transitorio, y para los croatas que no fueran residentes legales (residencia y trabajo) a fecha 1 de julio de 2013, no podrán ejercer una actividad laboral por cuenta ajena como el todo ciudadano de un Estado miembro de la UE, siendo necesario disponer de una Autorización de Trabajo por Cuenta Ajena, como el resto de extranjeros.

Si bien en anteriores Instrucciones reguladoras del periodo transitorio se disponía expresamente que este tipo de Autorizaciones de Trabajo por Cuenta Ajena no estaban sometidas a la situación nacional de empleo, en la Instrucción SGIE/4/2013 no se hace mención alguna en este sentido ¿despiste o traba motivada por la crisis? ¿Se encuentra subordinado un trabajador croata a que no existan españoles o extranjeros residentes legales demandantes de empleo para poder acceder al mercado laboral español?

Las dudas y el debate quedan abiertos…

5º.- Transcurrido un año de vigencia desde la expedición de esta Autorización de Trabajo, el trabajador croata sí tendrá reconocido el acceso al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los españoles, según el contenido del Artículo 3.2 del RD 240/2007.

6º.- Los ciudadanos de Croacia que tuvieran concedida ya una Autorización de Trabajo por Cuenta Ajena a fecha 1 de julio de 2013, tendrán reconocido el pleno Derecho de acceso al mercado de trabajo en las condiciones descritas anteriormente.

7º.- Por lo que respecta al Derecho a trabajar por cuenta ajena de los familiares de ciudadanos de Croacia, la Instrucción SGIE/4/2013 únicamente habilita a ejercer este Derecho al cónyuge y a los descendientes menores de 21 años o mayores a cargo, siempre y cuando se den alguno de estos dos supuestos: a) sean residentes legales junto con el trabajador a fecha 1 de julio de 2013; o b) si no son residentes legales antes de dicha fecha, deberán esperar 18 meses desde su residencia efectiva, o bien, a partir del tercer año de la fecha de adhesión de Croacia a la UE (¿…? ¿Hasta el 1 de julio de 2016? No queda claro…).

De este supuesto, se excluyen expresamente a los ascendientes a cargo, pero especialmente a la pareja registrada (pareja de hecho), lo cual no tiene ningún sentido. ¿Cónyuge sí, pareja de hecho no? Lo repito, no tiene sentido ninguno.

8º.- Al contrario de las limitaciones realizadas respecto al Derecho a trabajar por cuenta ajena, no existe ninguna limitación a poder ejercer una actividad empresarial o profesional como trabajador por cuenta propia, al igual que ya pasó con las anteriores adhesiones de Estados miembros de la UE en 2004 y 2007.

Como ocurrió en su día, y ahora más con la crisis económica, se confía en la llegada de inversiones y creación de nuevas empresas y empleo por parte de este nuevo Estado miembro.

Al margen de que puedan ir surgiendo nueva Instrucciones y nuevas aclaraciones, esta es la situación actual en la que puede encontrarse un ciudadano de Croacia y  el régimen jurídico aplicable, al menos, hasta el 1 de julio de 2015.

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Derechos Humanos Opinión

Derecho de Extranjería: cuestión de interpretación.

Como todo en la vida, el Derecho, en general, tiene muchas interpretaciones. El Derecho de Extranjería, en particular, tiene un estatus especial es esa interpretabilidad de la norma jurídica en tanto en cuanto trata sobre los Derechos y Libertades de los extranjeros en España: Derecho a residir; Derecho a trabajar; Derecho a la sanidad; Derecho a la reagrupación familiar; Derecho a no ser expulsado; etc…

Todos ellos, y más, conforman el conjunto de Derechos reconocidos a todo extranjero que se encuentra en España. Unos reconocidos para todos los extranjeros por el sencillo hecho de ser seres humanos. Otros, única y exclusivamente reconocidos para aquellos que son residentes legales.  Según la propia Ley de Extranjería (Artículo 3), el Derecho de Extranjería se debe interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del resto de convenios y tratados internacionales en los que España sea parte y relacionados con la materia (Derechos Humanos y migraciones, se supone). Pero ¿realmente ello es así? ¿De verdad el Derecho de Extranjería recibe una interpretación tan laxa y flexible a los intereses y Derechos de los extranjeros?

Según mi opinión, ello no es así.

La interpretación que del Derecho de Extranjería se realiza influye directamente en la situación en la que un extranjero se puede encontrar en España. En unos casos, esa interpretación de la norma conforme dispone el Artículo 3 de la Ley de Extranjería, debería conllevar el reconocimiento o no de una serie de Derechos básicos por su condición de Derechos Humanos, reconocidos a toda persona por el simple hecho de ser precisamente persona. El caso más evidente de una interpretación restrictiva, y contraria al propio Artículo 3 de la Ley de Extranjería, fue la reforma introducida por la LO 8/2000, mediante la cual se vino a cercenar una serie de Derechos Humanos (Derechos de reunión, asociación, sindicación, huelga, educación y asistencia jurídica gratuita) a los extranjeros en situación administrativa irregular. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional por medio de varias Sentencias (destaca sobre todas la Sentencia 236/2007), vino a anular esta parte de la LO 8/2000, reconociendo estos Derechos Humanos a favor de todos los extranjeros, sin distinción entre residentes legales y extranjeros en situación irregular.

Otra prueba de que el Derecho de Extranjería no se interpreta como debería, viene demostrado por la conocida reforma sanitaria, la cual ha dejado sin cobertura y atención sanitaria a los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España. Esta reforma, como ya se expuso en otro artículo de este blog, atenta claramente contra el Derechos a la vida y el Derecho a la integridad física, Derechos Humanos por antonomasia. A pesar de que actualmente la reforma sanitaria se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, su aplicación deja al margen  de la legitima legalidad a cientos de miles de extranjeros (todo ello al margen de que algunas Comunidades Autónomas están desobedeciendo total o parcialmente esta restricción de Derechos y otorgando atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular).

Más pruebas de la inadecuada interpretación del Derecho de Extranjería, los expedientes de expulsión. A pesar de que la propia Ley de Extranjería reduce la sanción de expulsión a supuestos de cierta gravedad cuando un extranjero se encuentra en situación irregular en España, debiendo de prevalecer la multa en estos casos, la Administración de manera mayoritaria sigue imponiendo la expulsión como sanción tipo. Con una interpretación de la Ley de Extranjería contraria a la propia Ley de Extranjería (paradójico…), y a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de las diferentes CC.AA., se continua y se perpetua una práctica administrativa corregida sin cesar por los tribunales, dando lugar, sin embargo, a situaciones en las que no cabe marcha atrás y el extranjero es finalmente expulsado, a pesar de su disconformidad a Derecho.

Pero sin duda alguna, una de las interpretaciones más sesgadas que se realiza en Derecho de Extranjería es la relativa al reconocimiento y mantenimiento del Derecho a residir legalmente en España. En unos casos, la aplicación de la norma provoca que muchos extranjeros no puedan acceder a la residencia legal. Esa interpretación restrictiva de la norma hace que procedimientos básicos, como el Arraigo Social, tengan cada vez más trabas en relación, por ejemplo, a la demostración de la permanencia en España o  en el lugar en el que pretende presentar el procedimiento, pero sobre todo, por lo que respecta a la demostración de solvencia de las empresas y empleadores que pretenden contratar a estos extranjeros en trámites de regularizar su situación administrativa. Y que decir sobre los cada vez más exigentes requisitos de estabilidad laboral y medios económicos suficientes para la regularización de hijos menores de edad que se encuentran ya en España, o para el propio procedimiento de Arraigo Social sin contrato de trabajo. Tampoco se escapa de este tipo de interpretación el régimen comunitario, exigiéndose desde hace casi un año (bajo amparo normativo) la existencia de medios económicos para que el cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano español pueda obtener su Tarjeta de Residencia como Familia de Ciudadano de la Unión.

Los supuestos son variados, pero la conclusión es la misma: el acceso a la residencia legal está cada vez más encorsetado, lo cual no ayuda en nada a la plena integración de los extranjeros en España.

Idéntica fórmula la encontramos en los trámites de renovación de aquellos extranjeros que ya son residentes legales. La crisis económica está provocando que muchos extranjeros, que han  pasado años trabajando en España, se encuentren con la pérdida del estatus de residente legal debido a su situación de desempleo. El paro está forzando a que muchos extranjeros no cumplan con los requisitos marcados por el Derecho de Extranjería para poder renovar su Autorización. Esta situación arrastra también a aquellos extranjeros (familiares generalmente) que dependen económicamente de los primeros y a los que se encuentran vinculados a nivel de residencia legal. Estamos hablando, por tanto, de una irregularidad administrativa en cadena que puede afectar a familias enteras.

Sin embargo, ante esta situación de crisis económica y humanitaria, la Administración no ha sabido reaccionar, previendo una interpretación más laxa y flexible del Derecho de Extranjería que reconozca la excepcional situación que viene afectando a extranjeros de manera individual o a familias enteras. Esta interpretación de la norma, más cercana a la realidad social y vinculada con una interpretación acorde a los Derechos Humanos, permitiría la reducción de esa irregularidad sobrevenida en constante crecimiento, pero sobretodo, de ese paso atrás en la des-integración social que se acentúa cada vez más.

No obstante, y a pesar de que existen interpretaciones individuales dentro de las distintas Oficinas de Extranjería esparcidas por el territorio nacional (no hay que olvidar que al fin y al cabo quien asimila, interpreta y aplica la norma es una persona de carne y  hueso, no un ente público e impersonal), se ha echado en falta una interpretación conjunta y al unísono del Derecho de Extranjería ante esta situación excepcional. Esas directrices en forma de Instrucción procedentes de Madrid (antes Dirección General de Inmigración, ahora Dirección General de Migraciones), tan proclives y habituales para otro tipo de situaciones, brillan por su ausencia con una respuesta global y acorde a los Derechos Humanos ante una situación de crisis económica y humanitaria que se lleva cebando con los extranjeros desde hace bastante tiempo.

Por todo ello, y ante la ausencia de una Administración pública cercana y consciente de la realidad humana que vienen los extranjeros que se encuentran en España, únicamente cabe confiar en esa persona humana que hay detrás de toda Administración, de toda Oficina de Extranjería. A veces esa persona, consciente del mundo que le rodea, puede ser más eficaz y eficiente en esa interpretación humana y humanitaria del Derecho de Extranjería que la propia Administración pública a la que representa, y que se demanda a boca llena por quienes trabajamos en el ámbito de las migraciones: Una interpretación del Derecho de Extranjería acorde a criterios de justicia. Una Justicia Social tan necesaria en los tiempos que vivimos.

Al fin y al cabo, todo se reduce a la conclusión que una vez compartió conmigo un buen amigo:

“A la hora de interpretar y aplicar el Derecho de Extranjería existen dos tipos de personas –léase funcionarios-: aquellos para quienes cuando no queda más remedio, deniegan el procedimiento; y aquellos otros, para quienes cuando no queda más remedio, lo conceden”.

Simple y llanamente eso. Dos caras de una misma moneda.

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Derechos Humanos Opinión

La Libertad de prensa en Melilla: con la soga al cuello.

El pasado 9 de julio se dio un hecho insólito (o al menos poco apropiado) para los tiempos que corren. En pleno siglo XXI, dos periodistas, Blasco de Avellaneda, corresponsal de Periodismo Humano en Melilla, y Richard Mateos, de Radio Malva, fueron detenidos por la Guardia Civil e incomunicados durante 5 horas. Los motivos: una presunta resistencia a la autoridad y la presencia en una zona de seguridad del Estado.

Independientemente de los hechos sucedidos y las posibles medidas a tomar, el desenlace de los acontecimientos, sus consecuencias y las reacciones posteriores no son propios de un Estado democrático y de Derecho.

En un Estado democrático y de Derecho el primera arma que se utiliza en este tipo de encuentros debe ser el dialogo. Estamos hablando de dos periodistas en el desempeño de su trabajo, no de dos delincuentes que conspiran en contra de la patria y que pretenden el advenimiento de la nación. Se debe esperar, al menos, un mínimo de diálogo constructivo por parte de las autoridades con el fin de evitar situación incomodas y medidas desproporcionadas que se pueden ir de las manos y acabar mal (como de hecho sucedió).

En un Estado democrático y de Derecho, se debe asumir que la prensa (libre) tiene ante la sociedad cierta potestad de denuncia, de control y de fiscalización de cómo funciona el sistema, o de si el sistema básicamente no funciona. Evidentemente, el continuo goteo de inmigrantes que saltan las vallas fronterizas, que cruzan el Estrecho o que llegan a España por cualquier otro medio distinto a los previstos por la Ley de Extranjería, demuestran que este sistema en particular no funciona como debería, y es precisamente esa disfuncionalidad evidente y pusilánime la que la prensa debe poner (tiene la obligación de poner) de relieve.

Esta labor es precisamente la que defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la que define a la prensa como un «perro guardián». En efecto, partiendo del hecho de que el TEDH reconoce a la prensa un papel destacado en toda sociedad democrática, considera que “A la función de la prensa de difundir, se añade el derecho que tiene el público a ser informado. De lo contrario, la prensa no podría desempeñar su indispensable papel de «perro guardián» (Sentencia TEDH, 1 de junio de 2010, Asunto GUTIÉRREZ SUÁREZ c. ESPAÑA).

Es precisamente esta labor de perro guardián la que permite concienciar a la sociedad de que son necesarios cambios en esta estructura enferma y podrida: el drama de la inmigración irregular, la trata de blancas, la explotación sexual, la violencia de género, la corrupción política, los excesos de la banca,… Esta labor de altavoz público, desde que el mundo es mundo, está encomendada a la prensa libre (de la cual es necesario matizar que no existe muchos exponentes).

No se puede coartar a un periodista para que muestre imágenes de inmigrantes saltando la valla fronteriza en Ceuta o Melilla. No se puede limitar el Derecho de Información cuando existen actuaciones inapropiadas (por decirlo suavemente) contra inmigrantes a uno y otro lado de la frontera. No se puede acusar ni responsabilizar a la prensa, ONGs de conocer y/o promover la inmigración irregular sin pruebas fehacientes de que ello es así. Pero además, no se puede concebir (razonablemente) que un Sindicato Unificado de Policía (SUP de Melilla) se dedique a realizar acusaciones desafortunadas e infundadas vía Twitter contra.

En un Estado democrático y de Derecho todos los ciudadanos, pero especialmente la prensa, tienen reconocido como Derecho Fundamental o Derecho Humano la Libertad de Expresión y la Libertad de Información y Comunicación, sin más límites que los estrictamente necesarios y razonables. Frente a estos límites, la prensa debe tener un margen de maniobra apropiado al fin legítimo que tiene encomendado, y por tanto los controles se extralimitan, bajo mi punto de vista, cuando se detienen, incomunican y denuncia a dos periodista por el ejercicio de su profesión. En palabras del TEDH, «la «necesidad» de cualquier tipo de restricción al ejercicio de la libertad de expresión debe quedar acreditada de forma convincente»

Esta acreditación de forma fehaciente en el presente caso brilla por su ausencia.

Vuelvo a reiterar que no se puede confundir a un periodista con un delincuente, y por tanto las consecuencias nunca deben ir más allá de lo que marca la lógica y la razón. ¿Qué se han introducido en una zona de seguridad para la cual no tiene autorización? Existen medios para comunicarlo sin que sea necesaria una detención e incomunicación por un periodo de 5 horas.

Y por último, en un Estado democrático y de Derecho, se respeta la libertad de prensa con todas sus consecuencias y por muy incómoda que pueda resultar a la autoridad (política, policial o militar) de turno. Se respeta el Derecho a informar y a ser informado. Se respeta la condición de interés general que una noticia (escrita o gráfica) puede representar para la sociedad. En este caso, las condiciones inhumanas que una parte de los inmigrantes tiene que asumir para entrar en territorio español. Este tipo de noticias merecen el mismo respeto y la misma cobertura que los paseos en yate de la Casa Real por Menorca; o que las idas y venidas a la Audiencia Nacional de Bárcenas y compañía.

Cuando estos mínimos no se respetan, se está vulnerando el Derecho de la prensa a la Libertad de Expresión e Información. En resumidas cuentas, esto es lo que realmente sucedió el pasado día 9 de julio en Melilla: una flagrante y desproporcionada limitación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información de la prensa libre.  

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Cruce del Estrecho, un camino sin retorno.

El silencio lo invade todo. No se escucha un alma. Todos caminan con sigilo hacia el mar. La luna como único testigo de un viaje arriesgado: cruzar el Estrecho.

No saben cuántos son, o no quieren saberlo. Cada inmigrante está concentrado en el secreto de la noche, en no despertar a la tempestad de un mar en calma que se erige en único juez de sus destinos. De todos y cada uno de sus destinos. Confidentes de sus propios proyectos de futuro, anhelan llegar a Europa y pisar la tierra prometida.

Poco a poco, van invadiendo la embarcación. Hoy es una patera. Ayer una zodiac. Mañana una simple embarcación de juguete para niños usada por adultos en un arriesgado y desesperado cruce del Estrecho. Tan solo 14 kilómetros de distancia, pero 14 kilómetros de equilibrismo sin red.

El silencio es sobrecogedor. Solo se escuchan las leves olas que zarandean la embarcación de un lado a otro mientras acaba por llenarse. Se amontonan unos contra otros. Son muchos, y algunos envites de las olas escupen agua hacia dentro de la nave. La luna mira desde el cielo negro, incapaz de arrojar algo de luz en este camino sin retorno que está a punto de iniciarse.

Y los recuerdos invaden las vidas e historias de cada uno de estos intrépidos inconscientes con un mismo denominador común: el abandono de su tierra buscando un futuro mejor…

Todos tuvieron que abandonar su hogar por falta de medios y por el miedo a faltar a sus responsabilidades familiares como padres, hijos, cónyuges, hermanos, amigos… Sin trabajo, sin comida, sin esperanzas por un futuro mejor. A veces con guerras, violaciones, explotación, abusos de Derechos. Zonas desoladas por las catástrofes de la naturaleza, pero especialmente, por las catástrofes humanas. Las partidas son difíciles, el destierro voluntario por el bien del grupo se asume como necesario, y la salida, inminente, meditada e inconsciente, termina llegando.

Pero el pasaje no es un camino de rosas, sino más bien una odisea. Algunos consiguen llegar a Marruecos en unos meses. Otros necesitan invertir años en ese mismo trayecto. Las distancias, las aventuras, las penurias, y las vivencias son muy diferentes de una persona a otra. Cada vida es un mundo: días e incluso semanas cruzando desiertos (algunos, espaldas mojadas del Sahara, jamás saldrán de sus dunas); secuestros y víctimas de trata de personas; violaciones, explotación sexual, trata de blancas; explotación laboral, condiciones infrahumanas y esclavizadoras; palizas y agresiones.

Otra veces el camino resulta más liviano y el transito se realiza por etapas, trabajando aquí y allá para conseguir algo de dinero con el que continuar el viaje hacia el norte, hacia Marruecos.

Pero las dificultades y penurias no acaban con la llegada a las costas marroquíes. La espera a una oportunidad para poder cruzar el Estrecho no siempre es inmediata. Los costes también son un problema. Las mafias cobran el cruce en una patera con cifras que oscilan entre los 2.000 y 5.000 Euros (dependiendo del precio, algunos traficantes de personas garantizan varios intentos en caso de ser interceptados y devueltos). Otros optan por intentar cruzar en los bajos de un camión o en el interior de un coche, despiezado previamente para ser encasquetados en ellos, como si de una pieza de puzzle se tratase. Los que disponen de menos medios arriesgan más sus vidas y en una balsa de juguete se consuelan a cruzar este mar titánico que transita entre las columnas de Hércules.

Por tierra los medios son distintos, pero con idénticas consecuencias. Muchos acuden a las inmediaciones de Ceuta y Melilla para intentar saltas las vallas fronterizas. Una triple valla con más de seis metros de altura coronadas con espinas de acero en las que todavía quedan restos de los últimos cuerpos que intentaron atravesarlas. Sangre de Modou… jirones de piel de Rachid…. cabellos de Amy… ropa despeluchada de Clement…

Algunos consiguen pasar. Otros tienen que volver derrotados en la batalla, pero deseosos de vencer en su guerra particular por una vida digna. Los supervivientes en tierras marroquíes se esconden en las montañas, al refugio de su suerte. En campamentos improvisados por la miseria y la fe, aguardan al próximo intento. Alá es grande, quizás haya más suerte la próxima vez.

Mientras tanto, evitan caer en manos de la gendarmería, brazo duro, ilegal e ilegitimo que marca los cuerpos y vergüenzas de estas víctimas de la miseria y de un mundo al borde de la desdicha. El monte Gurugú es testigo de ello. El miedo y el pánico se hacen dueño de los campamentos clandestinos cuando en medio de la oscuridad de la noche, todos corren sin sentido intentando escapar de la música de una orquesta violenta y desafinada que quiebra piernas y brazos, abre sus cabezas y yaga la piel de sus cuerpos como labios que gritan… Las cicatrices psíquicas y morales son aun peores que las físicas. Y todo ello con la impunidad como único testigo, porque la luna ya no puede mirar tanta masacre.

Cruce del Estrecho, un camino sin retorno

Tánger, Ceuta y Melilla son los pasos fronterizos improvisados en un proyecto migratorio que no entiende de fronteras ni visados. El único requisito necesario es tener esa valentía desconfiada, instintiva e irracional de asumir cruzar hacia Europa sabiendo que se puede morir en el intento. Esta vía de acceso no viene reconocida en la Ley de Extranjería, aunque por estos lares eso importa poco. Lo importante es entrar, luego ya se verá…

Abandonados los recuerdos y las vivencias sufridas, la embarcación se mece mar adentro. La moneda se ha lanzado al aire, la suerte ya está echada. Alea iacta est.

Mientras rezan por llegar sanos y salvos, nadie caerá en la cuenta de que probablemente sus cuerpos se irán entumeciendo. No sentirán los pies. No sentirán las piernas. No sentirán las caderas. La sensibilidad de sus dedos irá desapareciendo poco a poco entre la oscura y fría noche. La mar irá acunando la patera entre las olas, dejando a su merced el destino de estos niños, hombres y mujeres. La mar irá también venciendo a la embarcación, e irá forzando, forjando y minando su dureza. Nadie será consciente de que el agua salada y el combustible vertido irá quemando sus pieles. Únicamente cuando se quiten las ropas heladas, el dolor los hará despertar cuando noten que se desollan vivos y que su piel pegada a las prendas deja en carne viva un pedazo de su ser.

Quizás estos sean los afortunados. O no. Unos llegaran sanos y salvos a las costas andaluzas. Allí, como decía Sabina, la Guardia Civil les decomisará el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa, dando con sus huesos en las mazmorras de un CIE hasta que se resuelva su devolución o expulsión del país. Otros quizás corran mejor suerte y consigan escapar a su suerte y deambular en busca de ese sueño anhelado.

Pero habrá muchos otros que no consiga salir de las aguas del Estrecho. Que en una llamada desesperada de socorro solo consigan escuchar cantos de sirena mientras sus sueños, sus miedos y sus fobias se hunden al mismo tiempo que esa patera, zodiac o embarcación de juguete que los metió en medio de ese infierno helado. Sus ojos mirarán en todas direcciones buscando ese clavo ardiendo al que agarrase en mitad de la nada. El Estrecho no perdona, y la muerte silenciosa ahoga los gritos angustiosos mientras que las olas tapan con su manta la luz de otras vidas.

Una muerte silenciosa. Una muerte agónica. Una muerte innecesaria en un mundo donde unos tienen tanto y otros tan poco. Una muerte sin espectadores ni testigos…

… porque incluso la luna, hace tiempo que se cansó de ser el único testigo de tantas injusticias.

En honor a todos los seres humanos desaparecidos

y olvidados en las aguas del Estrecho de Gibraltar.