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Opinión

Inmigración y emigración: Pasado, presente y futuro.

Esta semana se han publicado dos noticias relacionadas con inmigración, que además de ser merecedoras de ser destacadas, son al mismo tiempo contradictorias, al menos a mi modo de ver.

La primera (‘La población española cae por la fuerte salida de extranjeros’) recogía la última actualización anual del censo que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual la población española ha descendido por primera vez desde 1971, certificando el primer retroceso de la población española en el registro demográfico oficial desde el año 1857. En esta noticia se plasma la salida del España de 59.724 españoles (muchos de los cuales son extranjeros nacionalizados) y 417.043 extranjeros. Y en concreto, la mayor salida de extranjeros que de llegada de los mismos.

La segunda de las noticias a destacar (España necesitará otro boom de inmigrantes después de la crisis’), publicada dos días antes, realiza un retrato sobre el perfil del extranjero actualmente, incidiendo en la necesidad de población extranjera a partir de 2015, con el fin de compensar el déficit de la natalidad española y de mano de obra eficiente que ayude a levantar el país y nos proporcione un salvavidas para el maltrecho sistema de pensiones.

Por un lado, la salida de extranjeros fuera de nuestras fronteras, se vende como causa de la crisis. Se cuantifica los empleos perdidos por la población extranjera en unos 900.000 y una tasa de paro en el primer trimestre de 2013 el casi un 40%. Por otro, se defiende como motor indispensable de la recuperación económica y social al colectivo inmigrante, con tasas de natalidad más altas que la española y mano de obra necesaria. Pero al margen de la crisis económica, en este blog vengo reiterando desde sus inicios, la innegable crisis humanitaria y de valores impuestas por quienes ostentan el poder (antes y ahora). Existe una clara contradicción en el mensaje que se envía a la población inmigrante, pero especialmente a la sociedad en su conjunto: nos sobran inmigrantes, pero resultan necesario. O a la inversa, resultan necesarios los inmigrantes, pero nos sobran. Tanto monta, monta tanto…

Desde mi punto de vista, esta contradicción evidente tienes sus causas más allá de la mera crisis económica. En efecto, esta contradicción viene generada por una negligente, apática, e insuficiente gestión de las políticas migratorias. Los poderes públicos no han sabido asimilar el fenómeno de las migraciones y darle una respuesta coherente, social y humanitaria, evitando incidir en señalarles a ellos (no los nuestros, sino los otros) con cierta culpabilidad de lo que le viene ocurriendo al país. Las deficientes políticas en materia de inmigración así lo demuestran.

Bajo mi punto de vista, se ha fallado en la concepción adecuada del Derecho de Extranjería, con pasos atrás en el reconocimiento de Derechos, y criticada por los operadores e instituciones jurídicas especializadas en la materia. Se ha fallado también en las políticas de integración e inserción social de los extranjeros en España, lo cual genera ciertos comentarios xenófobos que no se adecúan a la realidad (como ese que se escucha a veces de que existen 5 millones de parados y al mismo tiempo 5 millones de extranjeros en España… algo sobra en este país. Argumento, por cierto, utilizado en Alemania en la crisis del petróleo en los años 70). Se ha fallado también en no saber plasmar la enorme riqueza cultural que tantas nacionalidades diferentes pueden aportar a una sociedad multicultural como es hoy España.

Pero sobre todos estos errores, ha fracasado de manera especial el no haber inculcado en la sociedad, especialmente la de los últimos 50 años, que hasta hace muy poco, en los años 50, 60 y 70, los españoles fuimos inmigrantes sistemáticos que diseminamos Europa y Latinoamérica de forma permanente. En ese momento, las fronteras no eran tan extensas, no existían vallas tan altas que saltar, y los visados no eran una burocracia interminable más propia de ‘El Castillo’ de Kakfa que de una Administración. Nos movíamos sin los férreos controles que hoy existen.

Las cosas han cambiado, y las migraciones, y los inmigrantes, han cambiado de bando. Ahora, como nuevos ricos, vemos la vida pasar desde nuestro palco privilegiado y ponerse en la piel del inmigrante ya no nos resulta tan necesario. Y quizás con este comportamiento, no seamos conscientes de las futuras consecuencias que ello puede acarrear. ¿Quién nos dice que el comportamiento que llevamos dando durante los últimos años a los inmigrantes que llegan no sea el mismo que vamos a comenzar a recibir nosotros ahora, que nos da por tener que descubrir de nuevo el nuevo mundo (aunque algunos se les llenen la boca hablando de eso que se denomina ahora como “movilidad exterior”)? ¿Quién puede poner en duda que la experiencia es un grado, y que el día de mañana, enterrada la crisis, el nuevo inmigrante que pretenda regresar a Europa, escarmentado, elija opciones más atrayentes que la aventura española? ¿O acaso tú no tendrías memoria?

Lo que sí es cierto es que creo que la sociedad, pero especialmente los poderes públicos, no acaban de ser conscientes de todos los beneficios que la inmigración ha aportado, aporta y seguirá aportando. Y la segunda de las noticias citada solo se centra en las más inmediatas, utilitaristas y materiales: baja natalidad, necesidad de mano de obra y  sostenibilidad del sistema de pensiones (y del resto del Estado del Bienestar). Tienen que ponernos los números y el interés delante de las narices para que queramos ver una realidad aplastante. Y aun así, seguro que a algunos todavía les cuesta.

En fin, como dice el proverbio, quizás sea que los arboles no nos dejan ver el bosque…

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Nacionalidad

La jura o promesa de nacionalidad española ante notario.

Desde el lunes 17 de junio ya se encuentra disponible la posibilidad de realizar la jura o promesa de nacionalidad española ante notario. Este trámite, básico para consolidar la concesión de la nacionalidad por residencia (jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y el resto de leyes del ordenamiento jurídico española), resulta imprescindible, y las últimas mejoras en la tramitación y resolución de expedientes de nacionalidad por parte del Ministerio de Justicia han provocado que la gran mayoría de los Registros Civiles de España estén saturados.

En efecto, hay que recordar que según cifras del Ministerio de Justicia, desde la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad en verano de 2012, se han digitalizado, a enero de 2013, 450.000 expedientes de nacionalidad, resolviéndose más de 150.000. En total, y según datos del Consejo General del Notariado, existen 270.000 personas pendientes de realizar la jura o promesa para poder obtener la nacionalidad española.

Ante esta situación, y como consecuencia del gran número de concesiones de nacionalidad, los Registros Civiles no alcanza a poder dar cobertura a todos los trámites de jura o promesa de nacionalidad española, lo cual está acarreando retrasos considerables. En algunos casos de simples semanas. En otros, incluso se está dando cita para la jura o promesa para el año 2014 (concretamente en casos conocidos de primera mano, para abril de 2014).

En conclusión, la labor de los notarios se antoja imprescindible para dar la respuesta y la cobertura necesaria y exigible a la situación planteada. Es necesario destacar que el trámite de jura o promesa ante notario es totalmente gratuito para el extranjero (al menos hasta el día 31 de diciembre). No conlleva ningún tipo de honorarios, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que su labor es la de complementar a los Registros Civiles, en su condición de funcionarios públicos, según el acuerdo firmado en abril de 2013 entre el Consejo General del Notariado y el Ministerio de Justicia.

Igualmente, es necesario aclarar que aunque la jura o promesa podrá realizarse ante cualquier notario, actualmente, y a pocos días de la implantación del sistema, no todos los notarios de España están disponibles. Se supone que a medida que vayan transcurriendo los días se irá ampliando el  número de notarios disponibles (se habla de un total de 3.000 notarios).

Pero lo más importante, ¿Cómo se realiza el trámite de jura o promesa de nacionalidad ante notario? El  sistema no es muy complicado. El propio Consejo General del Notariado ha habilitado la página web http://nacionalidad.notariado.org, en la cual el extranjero tiene a su disposición los formularios necesarios para poder iniciar el procedimiento, remitir los datos personales y elegir el notario disponible más cercano a su lugar de residencia.

En dicha web, el extranjero tiene la posibilidad de adelantar ciertos datos necesarios para la preparación del protocolo notarial en el que constará la jura o promesa de nacionalidad. Este procedimiento consta de 4 fases:

1. Identificar expediente de nacionalidad en vía electrónica: CVS.

El primer paso es descargar la Resolución de concesión de nacionalidad por residencia en la página web del Ministerio de Justicia, en la sección ¿Cómo va lo mío?. Mediante el NIE y el número de expediente, la descarga de dicha resolución contiene un Código Seguro de Verificación (CSV), el cual permite comprobación de autenticidad del documento con su firma original.

Código Seguro de Verificación (CSV)

2. Cumplimentar el formulario con los datos personales para la jura o promesa de nacionalidad.

El formulario para la jura o promesa se compone de los datos personales y aquellos necesarios para la consolidación de la obtención de la nacionalidad española (datos personales, conservación de nombre y apellidos actuales, lugar de residencia, vecindad civil por la que se opta, renuncia a la anterior nacionalidad, supuestos de doble nacionalidad, elección entre jura o promesa, entre otros).

3. Elección del notario ante el cual se realizará el acto de jura o promesa.

Introducidos todos los datos requeridos en los pasos anteriores, y una vez sea habilitada toda la lista de notarios, el extranjero tendrá que escoger el Colegio Notarial o Notaría para realizar la jura o promesa de nacionalidad.

Una vez elegido, los datos registrados serán remitidos telemáticamente a dicho notario. Se recomienda ponerse en contacto al día siguiente con la notaria selecciona con el fin de concretar la cita para el acto.

4. Acuda a la Notaria para realizar el acto de jura o promesa.

En último lugar, el extranjero deberá personarse ante el notario elegido el día de la cita, junto con su Tarjeta o Certificado de Residencia (NIE) y Pasaporte para realizar el acto de jura o promesa de nacionalidad.

En el momento en el que el notario de fe del acto, lo comunicará al Registro Civil en el cual deba realizarse la inscripción por medios telemáticos. El ciudadano extranjero, ahora ya español, no tendrá que realizar ningún otro trámite, quedando tan solo a la espera de la inscripción para luego solicitar Certificado Literal de Nacimiento con el cual poder solicitar el DNI y Pasaporte español.

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Residencia Trámite_Extranjería

Ausencias de España en la Residencia de Larga Duración: la renovación de la Autorización de Residencia Temporal como alternativa.

Una tónica que se viene detectando cada vez con más asiduidad es la tramitación de manera más escrupulosa que las Oficinas de Extranjería realizan en el paso de las Autorizaciones de Residencia Temporal (léase, Residencia y Trabajo, Residencia no Lucrativa, Reagrupación Familiar, etc…) a la Autorización de Residencia de Larga Duración.

Entre las posibles causas de denegación previstas por el Derecho de Extranjería, cada vez más se acude al control de las ausencias del territorio nacional como justificación para denegar el acceso al estatus de Residencia de Larga Duración.

En concreto, el supuesto más común por el que se suele acceder a la Residencia de Larga Duración es el supuesto contemplado en el Artículo 32.2 de la LO 4/2000 (Ley de Extranjería) y Artículo 148.1 del RD 557/2011 (Reglamento de Extranjería), según los cuales, se considera que el extranjero tiene Derecho a solicitar la Autorización de Residencia de Larga Duración cuando “hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada”.

En ese momento, se adquiere un estatus de residente legal en España que la Ley de Extranjería califica como la “situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles”. El carácter indefinido de este tipo de residencia legal con la equiparación al ciudadano español en muchos aspectos, así como el hecho de que este tipo de Autorización abra la posibilidad de obtener este mismo estatus en otro país de la Unión Europea, resulta a simple vista una características muy especial y privilegiada de la Residencia de Larga Duración.

No obstante, una de las causas para denegar el acceso a la Residencia de Larga Duración, como se ha indicado más arriba, viene siendo las ausencias y salidas del territorio nacional. En el caso de ciudadanos del Magreb (Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Libia y Sáhara Occidental), y especialmente en la zona de Andalucía, estas salidas de España pueden resultar más asiduas que respecto a otros extranjeros con destinos más lejanos. Marroquíes o argelinos residentes e n Cádiz o Málaga, por ejemplo, tienen mayor facilidad para cruzar el estrecho y poder viajar a su tierra, con los cual las ausencia pueden llegar a ser más asiduas y prolongadas que otros extranjeros.

En relación con ello, el Artículo 148.2 del RD 557/2011 dispone que “la continuidad a que se refiere el apartado anterior no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años referidos en el apartado 1”.

En conclusión, según se desprende de los preceptos mencionados, el Derecho a la Autorización de Residencia de Larga Duración se encuentra condicionado a la preexistencia de dos premisas esenciales:

a) Que el extranjero solicitante “hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada” (Artículo 32.2 LO 4/2000 y Artículo 148.1).

b) Que el extranjero solicitante no tenga “ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años.” (Artículo 148.2 RD 557/2011).

Ante esta situación, especialmente en los casos en los que el extranjero tiene ausencias del territorio nacional por un periodo de más de 10 meses en los últimos 5 años, las distintas Oficinas de Extranjería (en su mayoría) suelen resolver de manera desfavorable la Autorización de Residencia de Larga Duración solicitada, dejando al extranjero en situación irregular.

Pero ante esta situación cabe preguntarse: ¿existe alguna alternativa ante este tipo de ausencias que no afecten al estatus de residente legal de extranjero que solicita la Residencia de Larga Duración? ¿Es posible evitar la irregularidad sobrevenida?

Yo pienso que . Existen alternativas a la irregularidad sobrevenida con la que evitar que el extranjero residente legal (después de 5 años) se quede sin ningún tipo Autorización.

Partiendo de los dos requisitos expuestos anteriormente para poder obtener la Residencia de Larga Duración, en los casos en los que el extranjero tenga ausencias superiores a los 10 meses en los últimos 5 años, según mi opinión, SÍ EXISTE, no obstante, el Derecho a solicitar una nueva renovación de la Autorización de Residencia Temporal y/o Trabajo por Cuenta Ajena/Propia de la que viene siendo titular. Esta opinión, viene además, respaldada por el propio Derecho de Extranjería.

En efecto, esta posibilidad viene expresamente reconocida en diversos Artículos del RD 557/2011, como son:

  • ARTÍCULO 51.7 (Renovación de Autorización de Residencia Temporal no Lucrativa):

“7. La autorización de residencia temporal renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que corresponda obtener una autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE.”

  • ARTÍCULO 72.1 (Renovación de Autorización de Residencia Temporal y Trabajo por Cuenta Ajena):

“1. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un periodo de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración…”

  • ARTÍCULO 109.7 (Renovación de Autorización de Residencia y Trabajo por Cuenta Propia):

“7. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.”

De los preceptos citados, se desprende claramente que para los supuestos en los que cumpliéndose con los requisitos legal y reglamentariamente dispuestos por dichos Artículos, y no correspondiendo una Autorización de Residencia de Larga Duración, procederá la renovación de dicha Autorización por otra nueva con vigencia por dos años.

Como se ha expuesto más arriba, el único supuesto en el que no correspondería dicha Autorización de Residencia de Larga Duración sería cuando  el extranjero solicitante no “hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada” (Artículo 32.2 LO 4/2000 y Artículo 148.1), o cuando el extranjero solicitante tenga “ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años.” (Artículo 148.2 RD 557/2011).

En este último caso, y según vengo defendiendo, procedería la renovación de la Autorización de Residencia Temporal y/o Trabajo por Cuenta Ajena/Propia de la que el extranjero venía siendo titular hasta el momento.

Dicha solución, además de ser la más justa y conforme a la LO 4/2000 y el RD 557/2011, según se ha expuesto, sería además la más coherente a criterios de Justicia, en tanto en cuanto persigue como objetivo inmediato el cese de la irregularidad sobrevenida que se viene produciendo en todos aquellos extranjeros que no teniendo Derecho al acceso de la Residencia de Larga Duración, SÍ CUMPLEN, sin embargo, con los requisitos establecidos por los Artículos 51, 71 y 109 del RD 557/2011 para renovar su actual Autorización.

En este sentido, no puede olvidarse que el espíritu que prevalece en la propia Ley de Extranjería y su Reglamento de desarrollo no es otro, como su propio título indica, que la “integración social”de los extranjeros en España. También de su Reglamento de ejecución, RD 557/2011, cuya aprobación se inspira, según la propia Exposición de Motivos en “responden sobre todo a la voluntad de consolidar un modelo basado en la regularidad” y especialmente buscando “la promoción de la cultura de la regularidad, el nuevo Reglamento también pretende fomentar la integración y la igualdad de derechos y deberes, fortaleciendo la integración y la cohesión social”.

Partiendo de todas las premisas expuestas, la única conclusión que cabe obtener es la admisión de esta válida y legal alternativa a la Residencia de Larga Duración. Si bien existen Oficinas de Extranjería que ya vienen aplicando este criterio, existen no obstante, muchos extranjeros que desconocen esta posible alternativa con la que eludir la irregularidad sobrevenida.

En consecuencia, no cabe duda de que todo extranjero que se encuentre en situación de solicitar Autorización de Residencia de Larga Duración, pero tenga ausencias del territorio español por valor de más de 10 meses dentro de los 5 años previos de residencia legal, tiene Derecho a mantener el estatus de residente legal en España mediante la renovación de su Autorización por otros 2 años más, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 51.7, 72.1 y 109.7 del RD 557/2011 (previo cumplimiento de los requisitos establecidos en dichos preceptos para ello, evidentemente).

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CIEsNO Derechos Humanos

CIEs en España: Al margen de los Derechos Humanos.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son para muchos (incluido un servidor) una de las figuras más controvertidas que contiene las Leyes de Extranjería en Europa. Por lo que respecta a España, este pensamiento no es una excepción.

Partiendo de la premisa básica de que uso estas líneas para la denuncia de una institución indigna e incompatible con el ser humano migrante, mi concepción del CIE quedó plasmada hace unas semanas en el artículo ‘Políticas migratorias: Análisis crítico de la Ley de Extranjería’. En él definía el CIE como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas).

Esta es la definición que, según mi experiencia y la de estas instituciones públicas y privadas, se adecúa más a lo que realmente es un CIE. Evidentemente no es la concepción del CIE que nos da la Ley de Extranjería, pero la realidad, como en otros tantos ámbitos de la vida, supera con creces a la teoría. La Ley dice una cosa. Los hechos, denuncias, la realidad, dicen otra.

Pero, ¿qué es realmente un Centro de Internamiento de Extranjeros?  Resumiendo brevemente, según dispone la Ley de Extranjería, el CIE es un recinto de carácter no penitenciario en el cual se puede internar a un extranjero, previa autorización judicial, que se encuentra en proceso de ser expulsado o sobre el cual consta ya un expediente de expulsión decretado (para conocer más, puedes visitar los artículos: ‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: conceptos básicos (I)’ y ‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: consejos legales (II)’). La propia Ley de Extranjería prevé una serie de Derechos y obligaciones en relación a los “internos”.

Pero, ¿realmente es así? En absoluto, para comprender verdaderamente la realidad de los CIEs uno no se puede quedar en la teoría legal, la cual resulta totalmente superficial y contraria a lo que cada día ocurre de manera extendida en la gran mayoría de los CIEs de España. Por todos estos, resulta muy útil y visual exponer la verdadera realidad de los CIEs de forma comparativa con las previsiones legales (las cuales quedan totalmente en evidencia), partiendo de mi propia experiencia, pero sobre todo, de las constantes denuncia que entidades vinculadas con el mundo de las migraciones no se cansan de evidenciar (1):

1.  Según la Ley de Extranjería los CIEs son “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

FALSO. La realidad demuestra que este primer axioma, de entrada, no se cumple. El ambiente carcelario resulta innegable. Partiendo de que existen CIEs que están asentados en los que anteriormente fueron antiguos centros penitenciarios, en todos los CIEs la estructura coincide: existen celdas, no habitaciones; el inmigrante está recluido y confinado; baños y aseos fuera de las celdas; la dirección y gestión se realiza por funcionariado policial; las condiciones impuestas son de carácter penitenciario; existen celdas de aislamiento o castigo; existe un control absoluto sobre la persona; el trato otorgado es el propio de un recluso.

2.  En los CIEs se salvaguardan “los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”.

FALSO. En los CIEs, además de la libertad ambulatoria (esto es, el encarcelar a una persona sin permitirle que pueda moverse libremente), se vulneran prácticamente todos los Derechos (Humanos y Fundamentales) reconocidos por el Ordenamiento Jurídico, como se verá a continuación.

3.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser informado de su situación”.

FALSO. Una de las mayores denuncias que las entidades independientes recogen es la falta de información sobre la situación en la que se encuentra el extranjero recluido. Desconoce su situación dentro del CIE. Desconoce qué motivo lo ha llevado a estar encarcelado. Desconoce a quién dirigirse dentro del CIE. Desconoce cuáles son sus Derechos. Desconoce quién es su abogado. Desconoce con certeza el tiempo exacto que permanecerá recluido. Desconoce cuál será su  destino final: ¿será expulsado o puesto finalmente en libertad? Esta situación de desinformación suele provocar desorientación y situaciones de agobio y angustia.

4.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad”.

FALSO. La mayoría de denuncias existentes por vulneración en los CIEs tiene que ver con la violación continuada e ininterrumpida de estos Derechos. Las muertes de Samba Martine en diciembre de 2011 el CIE de Aluche y de Ibrahim Sissé en enero de 2012 el CIE de Barcelona son prueba de ello. A estas muertes hay que sumar las de Jonathan Sizalima en 2008 y Mohamed Abagui en 2010. Ambas en el CIE de Barcelona.

En el caso concreto de Samba, la muerte se produjo después de diez visitas a los servicios sanitarios del CIE, en las cuales no recibió la atención médica que cabría esperarse. Únicamente se prestó servicios de traducción en una de las visitas, a pesar de que Samba no entendía correctamente el castellano. A la vista de los hechos, ¿cómo puede decirse que se respetan la vida, la integridad física y la salud de los extranjeros recluidos en un CIE, cuando la muerte de una persona viene provocada por una deficiente atención sanitaria?

Y los casos en los que se denuncian malos tratos de palabra y de obra, tratos intimidatorios y degradantes, agresiones, violaciones sexuales, vejaciones, humillaciones,… tampoco son escasos. En la mayoría de estos supuestos, perpetrados por funcionarios de la policía, existe además el agravante de que las víctimas no siempre pueden o no quieren identificar a sus agresores por miedo a represalias. En unos casos se dificulta las investigaciones de estos abusos de autoridad, y en otros muchos, las víctimas son expulsadas de manera urgente, lo que provoca la finalización prematura de cualquier investigación que puede aclarar los hechos y la posible responsabilidad de sus autores.

La ausencia de cámaras de vigilancia ahonda más en esta situación de impunidad que parece campar a sus anchas por los CIEs en España.

Otro comportamiento que vulnera la dignidad de la persona es la ausencia del Derecho a conocer el día y el momento en el que el extranjero va a ser expulsado. A pesar de que algunos jueces empiezan a limitar esta vulneración de Derechos, este tipo de actuaciones no es la norma común a la hora de ejecutar la expulsión. Estas expulsiones sin previo aviso, además de vulnerar el Derecho a la intimidad y la dignidad del extranjero, acarrean una situación de permanente ansiedad, angustia y agobio que no cesa durante todo el periodo de reclusión en el CIE.

5.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento”.

FALSO. Por lo expuesto hasta el momento, y lo que se seguirá exponiendo, se concluye claramente que esta premisa tampoco se cumple. Vuelvo a recodar que en esta situación de reclusión cuasi-delictiva, por una mera sanción administrativa, no es compatible con las limitaciones impuestas en la realidad.

6.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”.

FALSO. Además de las muertes referidas, la “asistencia médica y sanitaria adecuada”brilla por su ausencia. Se han documentado deficiencias en la atención sanitaria, así como la insuficiencia de la misma. Además de encontrarse la gestión sanitaria, por regla general, en manos de entidades privadas, existe únicamente una atención médica general, sin que exista atención de especialistas varios, como por ejemplo, odontología, ginecología o atención psicológica y psiquiátrica.

No se puede negar el impacto, no solo en la salud física, sino también en la psicológica, que sufren los extranjeros recluidos en un CIE en las condiciones descritas. En concreto, la reclusión en un CIE, además de los síntomas físicos (dolores de cabeza, problemas osteomusculares, dolores de estómago o problemas dermatológicos), provoca síntomas psicológicos y emocionales como son, según detalla la plataforma CIES NO en su Informe, “insomnio, tensión extrema y estrés, tristeza profunda y ganas de llorar, dificultades de adaptarse a la situación, pensamientos irracionales, rumiaciones y angustia por las condiciones del encierro y por la posibilidad de la expulsión”. Igualmente “sensación de indefensión cognitiva” o “estado de alerta permanente”ante la incertidumbre del momento de la expulsión.

Se reclama incluso cierta privacidad en la atención sanitaria e independencia por parte del personal médico respecto a la dirección del CIE.

Por su parte, la atención social es prácticamente inexistente. A pesar de ser un Derecho reconocido en la Ley de Extranjería, en CIEs como el de Valencia, se niega este Derecho bajo el argumento de falta de presupuesto. Inaceptable.

7.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro” y a “ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique”.

FALSO. Existen graves problemas de indefensión por lo que respecta al Derecho a comunicarse y relacionarse con el abogado. A veces se desconoce la identidad del abogado o como comunicarse con él. Otras no se posibilita el entregarle copia de documentación que se considere necesaria o relevante. Incluso, por experiencia propia, he sufrido los problemas en el acceso de un notario para la realización de un poder general para pleitos, de vital importancia si se quiere recurrir la expulsión en sede judicial.

Ante estas situaciones, el extranjero queda abandonado a su suerte, resultando el Derecho a la Tutela judicial efectiva vacío de contenido.

8.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial”.

FALSO. Las posibilidades y horarios de comunicación con el exterior son claramente insuficientes si tenemos en cuenta una vez más que el extranjero recluido de libertad (y de otros muchos Derechos) se encuentra en esa situación por una mera sanción administrativa.

Una vez recluido el extranjero, se le priva de su teléfono móvil, lo cual imposibilita claramente la comunicación con el exterior. A ello hay que sumar las restricciones y controles en el acceso a la agenda personal del teléfono, o las limitaciones en horario, acceso y suficiencia en las cabinas que existen en el CIE, muy pocas en relación al número de personas encerradas.

Por lo que respecta al régimen de visitas, se ha constado en muchos casos las dificultades existentes para llevarlos a cabo: periodos de escasa duración (en Barcelona, por ejemplo, es de 30 minutos una vez a la semana); retrasos en la entrada, sin compensación de tiempo; supresión del régimen de visitas; o cambios de horarios. Todo ello sin previo aviso, tanto para los extranjeros recluidos y para los visitantes.

La vulneración de este Derecho a poder comunicarse, se deja notar en el hecho de que se suele impedir en contacto físico entre las personas. Los familiares no se puedes besar. No se pueden tocar. No se pueden abrazar. Los hijos no pueden tener un mínimo contacto con sus padres y madres, lo cual resulta cruel e inhumano. ¿Dónde queda el respecto de todos los demás Derechos? ¿De los Derechos Humanos? ¿Dónde queda el bien superior del menor?

A ello hay que unir las limitaciones provocadas por la propia dirección y gestión de los CIEs, en manos de la policía, lo cual conlleva que amistades y familiares que se encuentren en situación irregular no puede acudir a realizar visitas por miedo a que se les puede iniciar un expediente de expulsión y sufrir en sus propias carnes el horror de ser encerrados en un CIE.

9.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano”.

FALSO. La muerte de Samba tras diez atenciones sanitarias en las que solamente una fue asistida por traductor demuestra que este Derecho tampoco se respecta.

A nivel personal, me constan impedimentos por parte del notario a realizar poder general para pleitos por no existir traductor que explicase al extranjero lo que iba a firmar (CIE de Aluche, Madrid).

10.  Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que […] existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar”.

FALSO. Si resultan cuestionables los CIEs como centros decentes y adecuados en el que puede estar encerrada una persona adulta, mucho menos puede concebirse que un menor se pueda encontrar dentro de las cuatro paredes de estas cárceles.

Hay que dejar constancia de que la práctica totalidad de los CIEs destacan por la precariedad de sus instalaciones y por el descuido de las mismas, impropias tanto para adultos como para menores de edad.

11. Se reconoce al extranjero recluido el Derecho “a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”.

FALSO. La redacción de este precepto, así como el contacto del extranjero recluido con este tipo de organizaciones resulta algo engañosa, ya que se prevé como Derecho del extranjero, y no como facultad de este tipo de organizaciones pro inmigrantes y de Derechos Humanos.

Si ya resulta complicada la comunicación externa con familiares, amigos o su abogado, uno se puede imaginar la complicación que debe suponer el contacto con estas entidades. Incluso la labor de estas ONGs se encuentra muy controlada y limitada. Pero no solo ONGs. Resulta absurdo, inadmisible e irracional el hecho de que hace poco se denegara la entrada en el CIE Barranco Seco, Gran Canaria, a una comisión de jueces y fiscales que pretendían visitar el centro.

A veces uno se pregunta que tendrán que ocultar…

No obstante, es necesario reivindicar y resaltar la importantísima labor que día a día realizan estas organizaciones denunciando, asesorando  y apoyando a nivel social y anímico. Sin ellas, los CIEs serían un agujero negro al margen de los Derechos Humanos mayor de lo que hoy día son.

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Pero además de la vulneración metódica de estos Derechos, aún hay más: se denuncia mala y escasa alimentación; imposibilidad de acceder a los baños durante la noche (situados fuera de las celdas); escasa y deficientes medidas de higiene; duchas con agua helada o hirviendo, sin término medio; problemas de custodia de enseres personales; etc…

Esta realidad innegable deja constancia, sin ningún ápice de dudas, de lo que es realmente un CIE en España y su disconformidad con el Ordenamiento Jurídico. No obstante, y por si acaso existe alguna indecisión al respecto, y alguien puede considerar que existe falta de imparcialidad en estas denuncias, es necesario recordar que todas estas violaciones de Derechos Humanos no se desprende únicamente de un servidor que se apoya en su experiencia personal y en los contundentes Informes de entidades con una experiencia de campo mayor que la mía.

Al contrario, entre instituciones de reconocido prestigio, la Oficina del Defensor del Pueblo, en un pronunciamiento bajo el título “Criterios Generales de la Institución con relación a los Centros de Internamiento (CIES)”, denuncia, entre otros, los siguientes extremos:

a) Priorización de las medidas de seguridad y control policial sobre las condiciones de vida y Derechos de los extranjeros recluidos en los CIEs.

b) Modelo inadecuado de los CIEs, basado en la custodia directa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, labor que debería ser realizada por personal especializado en intervención social.

c) Ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro del CIE (ausencia de correcta identificación; carencia y limitaciones del sistema de video vigilancia).

d) Ausencia generalizada de servicios de asistencia social, a pesar de ser un imperativo legal.

e) Sobrepoblación de algunos CIEs, lo cual deja en evidencia las carencias y deficiencias estructurales.

f) Ausencia de módulos adecuados de convivencia familiar.

g) Inadecuación de los funcionarios policiales para el desempeño de labores que van más allá de la custodia de personas privadas de libertad.

Además del Defensor del Pueblo, la divulgación reciente del “Informe al gobierno español sobre la visita a España realizada por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes”, publicado el día 30 de Abril de 2013, recalca las siguientes conclusiones:

a) Sobre los CIEs de Aluche, Madrid y Zona Francia, Barcelona, el Comité considera que “el aspecto y la estructura de ambos centros eran más bien los típicos de un ambiente carcelario, con rejas en las ventanas, en los corredores y las celdas. El ambiente seudo-carcelario, además, era acentuado por el régimen restrictivo y las restricciones en los contactos permitidos con el exterior”.

b) Respecto a denuncias por malos tratos, el Comité afirma respecto a hechos ocurridos en el CIE de Barcelona que “las lesiones habían sido declaradas coherentes con las acusaciones de malos tratos”; y por agresiones denunciadas en el CIE de Aluche, que “tal y como pudo comprobar el médico del centro, eran coherentes con las denuncias”.

Acaba concluyendo respecto a la pasividad de las autoridades españolas que la “ausencia de toda investigación constituye una falta de cooperación con el CPT, así como una potencial violación de las garantías de procedimiento derivadas del art. 3 del Convenio Europeo sobre Derecho Humanos”.

c) En relación al trato degradante hacia los internos, el Comité afirma que “desaprueba también las prácticas seguidas en los dos establecimientos visitados de llamar a los detenidos por su número de detención. Muchos de los detenidos entrevistados la consideraban una práctica humillante y degradante”.

d) El Comité exige que se “revisen la provisión de comida”, se “aseguren que los internos cuenten con suficientes productos para mantener su higiene personal así como la de las celdas en las que se encuentran” y que se “garanticen a los internos el acceso a baños y aseos limpios en cualquier momento, incluidas las noches”.

e) En relación a la atención sanitaria “recomienda elevar la presencia del personal de enfermería” y adoptar medidas para “asegurar que los internos tengan acceso, en su caso, a dentista y ginecólogo” y “la adopción de medidas para garantizar asistencia psicológica y psiquiátrica para las personas retenidas en los CIE”.

f) Por lo que respecta a las escasas posibilidades de tener contacto con el exterior, y considerando que “la regla general debería ser que los extranjeros puedan recibir visitas en régimen abierto, limitándose las visitas cerradas a través de un cristal a casos excepcionales y debidamente justificados”, reprocha que en estos CIEs la regla general sea el régimen cerrado.

Considera el Comité que “para los extranjeros que tenían niños, que eran una parte considerable de la población del centro, la limitación del contacto físico no solamente es muy difícil para él, sino que podría afectar mucho más negativamente a los propios menores; en este contexto, el CPT recuerda que debería tomarse en consideración el interés superior del niño”.

Después de todo el repertorio de denuncias expuestos y documentadas por todo tipo de instituciones públicas o privadas, la definición del CIE que se aportó en el comienzo cobre mayor peso. Y debe ser reiterada: un CIE es un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte.

Ante esta definición, solamente cabe realizarse una única pregunta posible: ¿de verdad existe alguien que crea realmente que los CIEs deben seguir existiendo?

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(1)Entre todas estas denuncias públicas, cabe destacar los recientes informes realizados por Pueblos Unidos (‘Encerrados tras las rejas. Informe 2012sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España’, Abril 2013) y por la plataforma CIE NO (‘¿Cuáles el delito? Informe de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores’, Marzo 2103), los cuales han sido muy elocuentes y desgarradores. Recomiendo la lectura de ambos informes, así como el de cualquier otro que denuncie la vergonzosa realidad que ocurre en  los CIEs de toda España.