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Políticas migratorias: Análisis crítico de la Ley de Extranjería.

El Derecho de Extranjería es quizás una de las ramas del Derecho que más politizada se encuentra, por no decir la que más sufre esta situación. Hoy día hablar de Derecho de Extranjería es hablar de reforma tras reforma, no en vano, la actual Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social) acumula 6 modificaciones en tan solo 13 años de vigencia.

Esta situación se explica fácilmente si tenemos en cuenta que el gobierno de turno que nos dirige en cada momento tiene una concepción del fenómeno de la inmigración a cada cual más dispar. En estos últimos años de crisis, sea cual sea el color de dicho gobierno (rojo o azul), la modificaciones se han sucedido restringiendo cada vez más los pocos Derechos de los que son (o deberían ser) titulares los inmigrantes que se encuentra en España.

Un ejemplo de ello es la última reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 2/2009, que amparándose en concebir la inmigración como “una realidad que está en constante cambio”, se excusó en dicha modificación normativa para imponer una Ley de Extranjería supeditada al mercado de trabajo, entendiéndose los flujos migratorios única y exclusivamente como mano de obra.

Esta mercantilización del Derecho de Extranjería, de las políticas migratorias es sí, quedó patente con esta reforma, y se ha agravado más aun en plena crisis económica y humanitaria. Tenemos una Ley de Extranjería supeditada y esclava de los mercados (por cierto, tan de moda). Una Ley de Extranjería mercenaria. Como dijo una vez un sabio: Necesitábamos trabajadores, pero llegaron seres humanos.

Y a pesar de que existan voces que pregonan las bondades de la Ley de Extranjería de este país, estas bondades son escasas e insuficientes. Hay incluso quien ve en los defectos de Leyes de Extranjería de otros países virtudes de nuestro Derecho de Extranjería, pero no nos dejemos engañar: En España, la Ley de Extranjería atesora más defectos que virtudes, y con un mínimo análisis crítico de esta norma saltan a la luz las deficiencias acumuladas año tras año de una concepción errónea sobre el fenómeno de las migraciones que no consigue dar respuesta a una realidad visible y necesaria.

Pero además, estas deficiencias se pueden enumerar fácilmente:

1º.- Tenemos una Ley de Extranjería que exalta como objetivo primordial la plena integración de los inmigrantes, pero sin embargo y desde hace años se viene reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al Fondo de Integración para Inmigrantes. De los 200 millones de euros para implementar la plena integración de los inmigrantes en 2008 y 2009, se redujo en 70 millones en 2010, y en 66,6 millones de euros en 2011; hasta su eliminación en 2012.

Esta reducción drástica de recursos materiales influye directamente en la disposición efectiva de recursos humanos relacionados e implicados directamente con la integración de inmigrantes. Es precisamente la desaparición de estos recursos humanos, de estos agentes sociales, lo que más se está dejando sentir en plena crisis.

2º.- Tenemos una Ley de Extranjería que establece que la interpretación de sus preceptos se realizará de conformidad con el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUHD), así como con el resto de Tratados y Convenciones Internacionales relacionados con la materia y de los que España sea parte.

Muestras evidentes que indican lo contrario son, por ejemplo, la restricción del Derecho a la Libertad de Circulación y Residencia que preceptúa el Artículo 13 de la DUDH; o las limitaciones para poder ejercer el Derecho a Trabajar, que en otros países no se acercan ni por asomo a nuestra regulación; y que decir del Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, cuya reforma sanitaria vulnera flagrantemente el Derecho a la Vida y a la integridad física, que además de ir en contra de la DUDH debe ser considerada como de abandono humanitario, y según mi punto de vista, manifiestamente inconstitucional.

3º.- Tenemos una Ley de Extranjería que interpreta y regula de forma parcial y sesgada el Derecho a la Vida en Familia, reconocido únicamente a los extranjeros residentes legales y con ciertas limitaciones (en especial por lo que respecta a las posibilidades de reagrupación familiar de los ascendientes).

4º.- Tenemos una Ley de Extranjería que imposibilita la regularización del inmigrante que se encuentra en España de manera irregular, salvo las excepciones contempladas para los supuestos de arraigo, circunstancias excepcionales y razones humanitarias. El modelo existente, por tanto, lo que provoca es la irregularidad y una clandestinidad sistemática, que en la mayoría de los casos se eternizan durante años.

5º.- Tenemos una Ley de Extranjería que impide el acceso a la residencia legal a inmigrantes con condenas penales cumplidas, pero no canceladas. Este criterio va totalmente en contra del principio de reeducación, rehabilitación y reinserción social que reconoce el Artículo 25.1 de la Constitución española. Ni siquiera se valora ni se distinguen entre penas leves y penas de cierta gravedad.

6º.- Como se indicó anteriormente, tenemos una Ley de Extranjería totalmente mercantilizada y sometida a las necesidades del mercado. Si hace falta mano de obra extranjera, se flexibilizan los criterios de la Administración y las puertas se abren. Si sobran extranjeros, los criterios se recrudecen y se cierran las puertas. Esta realidad está quedando patente en estos años de crisis económica, y vuelvo a reiterar, humanitaria.

7º.- Tenemos una Ley de Extranjería que tipifica la situación de irregularidad administrativa de un extranjero como infracción, pudiendo ser sancionada con la expulsión, y peor aún, con reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Considero que llegar a privar de libertar a una persona por una simple sanción administrativa (único supuesto contemplado en el Derecho español) resulta cuanto menos contrario a los Derecho Humanos y la propia DUDH.

8º.- Tenemos una Ley de Extranjería que se obstina en no querer aclarar de una vez por todas que la mera situación irregular debe ser sancionada en todo caso con la multa económica, dejando la sanción de expulsión única y exclusivamente para casos excepcionalmente graves en los que concurran otro tipo de elementos a valorar de forma motivada.

La labor de policía y de la Administración, que se empecinan en recurrir constantemente a la sanción de expulsión, demuestran que la Ley no es clara en esta aspecto. A ello hay que sumar la existencia del Procedimiento Preferente de Expulsión, un procedimiento sancionador extremadamente sumario, precario y sin garantías adecuadas y acordes con el tipo de sanción a imponer, esto es, la expulsión de España y de todo el territorio de los Estados que conforman el espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países, Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza).

9º.- Por último, tenemos una Ley de Extranjería que reconoce la existencia de los CIEs, y que según el propio tenor de la Ley, jamás tendrán carácter penitenciario. Pues bien, acudiendo a la realidad contrastada, y según mi opinión, el CIE debe que ser definido como un centro de reclusión de extranjeros donde se priva a un ser humano de libertad y del ejercicio legítimo de otros Derechos Humanos (por una mera sanción administrativa), y donde existe elevadas probabilidades de sufrir actos de tortura, malos tratos, violación sexual, humillaciones, vejaciones, e incluso la muerte (según denuncian y documentan instituciones tanto privadas como públicas).

Todo CIE es un centro de deshumanización reconocido por la Ley de Extranjería en un Estado democrático y de Derecho como es España. Si esta situación se da actualmente en este y otros países, y se mantiene, es que algo falla.

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Ante las conclusiones de este análisis crítico de la Ley de Extranjería, que evidentemente son meramente la opinión de un servidor, estoy totalmente convencido de que la Ley de Extranjería vigente y las políticas migratorias existentes no responde a la realidad del fenómeno migratorio. E incluso volviendo a la Exposición de Motivos de la misma Ley de Extranjería y a su propio nombre, cabría preguntarse: ¿Está España “firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos”? ¿y con “los Derechos y las Libertades de los extranjeros en España y su integración social”?

Yo estoy absolutamente convencido: NO.

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La situación de la mujer en pleno S. XXI: Cenicienta permanente.

Como cito en el titular del artículo de esta semana, y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, no dejan de sucederse noticias, una detrás de otra, sobre la constante situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer. Da igual la parte del mundo en la que viva. “Civilizado” o “menos civilizado”. Desarrollado o en vías de desarrollo. Los Derechos Humanos más básico son pisoteados hoy día como si de la común de las cosas se tratara.

Sorprende especialmente que en pleno siglo XXI, el espejo en el que la mujer se mira y mide sus Derechos no devuelva la imagen equivalente que debe reflejar todo espejo. No existe esa simetría imperativa. Al contrario, el mundo devuelve un retrato desfigurado por violaciones, vejaciones, discriminación, vulneración de Derechos, etc… que se han asumido como cotidiano. Como algo normal que el día a día no hace sino corroborar. Tristemente. 

Y muestras de ello no faltan. 

En Pakistán, por ser mujer, Malala Yusafzai, de tan solo 14 años, fue tiroteada por defender su Derecho a poder estudiar (1). También en Pakistán, todavía se sigue usando a la mujer como moneda de cambio para solucionar disputas familiares (2).

En la India, por ser mujer, el peligro de ser violada es una constante que se ha incrementado en los últimos meses. Violaciones de niñas de tan solo 4 y 5 años hablan por sí solas (3) y dejan en evidencia cierta permisividad ante leyes laxas y estériles en una sociedad de castas eminentemente patriarcal. En concreto, el Centro para los Derechos Humanos de Asia (ACHR) ha registrado un total de 48.338 violaciones a menores entre los años 2001 a 2011.

En Afganistán, por ser mujer, Gulnaz, de 19 años, fue condenada a 12 años de prisión por ser violada (4). Las leyes afganas consideran la violación por un hombre casado un delito de adulterio cometido por la mujer. Sí, atrozmente irracional e ilegítimamente inhumano.

En Afganistán igualmente y a pesar de leves cambios, por ser mujer, deben sufrir la imposición del burka, una prenda que niega a la propia mujer, la deshumaniza y las aprisiona bajo una reja de tela.

De manera más global, en África, por ser mujer, cada año se practican 2 millones de mutilaciones genitales, habiéndose alcanzado ya más de 135 millones de ablaciones entre mujeres y niñas. Según cifras manejadas por Amnistía Internacional, cuatro niñas son mutiladas cada minuto en el mundo (5).

Pero no solo en estas zonas del mundo se oprime a la mujer en pleno siglo XXI.

La situación de impunidad en Ciudad de Juárez, Méjico, es una muestra más de esa masacre que muchos no dudan en calificar como feminicidio, que se perpetúa en el tiempo sin que parezca ofrecer visos de acabar. Nuevamente, por ser mujer (6).

En El Salvador, por ser mujer, Beatriz, estando enferma con lupus y con alto riesgo de morir a causa del embarazo, a pesar de que el feto está diagnosticado de anencefálico (falta de gran parte del cerebro y el cráneo) y es prácticamente seguro de que morirá nada más nacer, Beatriz no puede abortar por estar penado en todos los casos. En este caso no estamos hablando del Derecho a decidir, sino simple y llanamente, del Derecho a la Vida.

Aquí mismo, en España, por ser mujer, las víctimas de violencia de genero son una constante despreciable que sigue año tras año, sin que se consiga frenar de una vez por todas. 73 muertes en 2010; 61 en 2011; y 52 mujeres asesinadas el pasado año. En total, casi 700 muertes provocadas por esta lacra social desde 2003.

Pero este problema no se da solo en España, sino que se extiende a distintos países occidentales. O como dirían otros, del mundo civilizado.

Esta lacra también salpica a Latinoamérica, según el último informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, por ser mujer, la violencia de género sigue siendo una autentica herida social, especialmente sobre las mujeres indígenas y afro-descendientes, particularmente expuestas a actos de violencia física, psicológica y sexual (7).

Y no nos engañemos, también es inmutable la explotación sexual de mujeres y niñas en todo el mundo, primeras víctimas del VIH y de otro tipo de enfermedades venéreas o no venéreas. O la discriminación de género que repercute en su libertad al pleno desarrollo, en el ejercicio de Derechos básicos, en cuestiones propias del día a día, en ámbitos tan cotidianos como el social, el laboral, el familiar… ¿Por qué la mujer sigue soportando la carga del hogar a pesar de haber asumido las mismas o incluso más responsabilidades que el hombre? ¿Por qué una mujer no cobra lo mismo que un hombre por realizar el mismo trabajo en pleno siglo XXI?.

Igualmente, la mujer sigue siendo víctimas de los roles preestablecidos por la sociedad (la propia o la ajena) que todavía hoy, en pleno siglo XXI, tiene encorsetada a la mujer sin permitirle que pueda respirar profundamente.

En definitiva, lo único cierto es que la mujer, desgraciadamente, cuando se mira en el espejo de los Derechos, sus Derechos, el espejo no le devuelve su retrato idéntico. Ese espejo todavía, en pleno siglo XXI, devuelve un retrato parcial y desfigurado, donde sus Derechos más básicos en ciertos aspectos de la vida común aun no tienen la consistencia y solidez que debía de esperarse a estas alturas de la película.

Mientras el espejo siga devolviendo ese retrato incompleto de Derechos no reconocidos de forma plena, la mujer no será reconocida como ser humano en igualdad de condiciones respecto al hombre. Y no me refiero a un reconocimiento teórico y artificial como el que “disfruta” actualmente, sino a un reconocimiento práctico, pleno y eficaz de Derechos.

Hasta tanto en cuanto eso no ocurra, y hasta que no nos encontremos con una civilización civilizada, la situación de la mujer será la del cuento de la cenicienta. En este caso, y después de tantos siglos transcurridos: una cenicienta permanente.

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Expediente de Expulsión por estancia irregular: consejos legales (II).

En el post anterior del blog [‘Expediente de Expulsión por estancia irregular: conceptos básicos (I)’] se expusieron los aspectos más destacados que se deben conocer sobre un expediente de expulsión. En relación con ello, toca ahora dar algunos consejos legales de gran valía para saber afrontar esta sanción de la manera más adecuada, siempre desde el punto de vista de los intereses del inmigrante.

1º.- ANTE UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN INEVITABLE, SIEMPRE ES PREFERIBLE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

Aunque rara vez se consigue que todo quede en nada, lo normal es que identificado un inmigrante en situación irregular automáticamente se le incoe un expediente de expulsión por dicho motivo. Ante esta situación inevitable, lo más oportuno es saber plantear correctamente la situación con el fin de que la expulsión a tramitar siga los cauces del Procedimiento Ordinario de expulsión, nunca del Preferente.

Como se explicó en el anterior artículo, las garantías que ofrece el Procedimiento Ordinario son claramente mayores que las reconocidas por el Preferente. Por ello, es de vital importancia la correcta identificación ante las autoridades policiales, así como comunicar el domicilio de residencia habitual, a fin de que se descarte desde el primer momento la existencia de dos de las posibles causas por las que puede utilizarse el Procedimiento Preferente: 1) riesgo de incomparecencia; y 2) evitar o dificultar la expulsión.

Habrá quien pueda pensar que con ello se está facilitando a la policía datos que pueden agilizar la ejecución de la sanción de expulsión una vez decretada. En mi opinión, sean cuales sean los datos facilitados, el expediente de expulsión se incoará, se tramitará, y finalmente, se decretará por la Oficina de Extranjería competente. La diferencia fundamental en que esta sanción sea tramitada mediante el Procedimiento Ordinario son las garantías que el mismo reconoce: 15 días de plazo para presentar alegaciones; hasta 30 días de plazo para práctica de prueba; plazo por otros 15 días para presentar alegaciones contra la propuesta de Resolución; reconocimiento de un periodo de salida voluntaria de hasta 15 días (prorrogable) una vez decretada la expulsión; e imposibilidad de acordar el internamiento en un CIE como medida cautelar o durante el periodo de salida voluntaria.

Todas estas prerrogativas y armas de defensa no estarán reconocidas si por una incorrecta identificación la policía opta por utilizar el Procedimiento Preferente.

2º.- CONTAR SIEMPRE CON UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DE EXTRANJERÍA.

Aunque parece una evidencia, por desgracia esta carencia suele ser una de las patas del banco que más cojea.

La Ley de Extranjería establece que ante un expediente de expulsión todo inmigrante tiene Derecho a la asistencia de un abogado, que será de oficio si no dispone de medios económicos. Ante esta situación, entiendo que el abogado que asiste a un inmigrante en un expediente de expulsión debe reunir los siguientes requisitos:

a)    Ser especialista en Derecho de Extranjería. Eso de que todos los abogados saben de todo es un mito sin fundamento que hace un daño tremendo a la profesión, pero más concretamente y de forma especial, al inmigrante que recibe un asesoramiento por un profesional que no está capacitado para ello. Como se deduce fácilmente, una asistencia letrada deficiente puede acarrear consecuencias a veces irremediables (Con estas palabras no pretendo decir que los abogados de oficio carezcan de la formación y especialización adecuadas; ni que un abogado de libre designación sea un experto en la materia. Nunca se puede generalizar).

b)    Además de especialista, el abogado debe tener experiencia suficiente en el asesoramiento en expediente de expulsión. Hay que tener en cuenta que la expulsión es una sanción, y como Derecho sancionador, siempre es aconsejable contar con un profesional que conozca el terreno en el que se mueve, que sepa manejar los temposdel procedimiento, y sepa también adelantarse a los acontecimientos para intentar dar una  respuesta anticipada.

c)    Si además ya te conoce, mucho mejor. Aunque este requisito no es imprescindible, siempre es de gran ayuda que el abogado que te asista en un expediente de expulsión ya conozca de antemano tu situación, lo cual puede resultar de vital importancia, por ejemplo, cuando el plazo de alegaciones sea de tan solo 48 horas, cuando se planteé el internamiento en un CIE, o cuando existan circunstancias de especial arraigo que deban de ser tenidas en cuenta desde un inicio.

3º.- CONFIANZA PLENA EN TU ABOGADO: PUEDE SER TU ÚNICA SALVACIÓN.

Es imprescindible que tu abogado conozca con lo mejor posible en que situación te encuentras. Cualquier información que puedas considerar irrelevante puede ser de gran valía para tu abogado. En esos momentos todo puede servir de ayuda.

Por ello, es ineludible que en la primera toma de contacto o en una entrevista posterior con tu abogado, facilites todos los detalles posibles de tu situación en España: tiempo de permanencia, familiares en España, distintas situaciones de arraigo, buena conducta y ausencia de antecedentes penales, etc… Con todos estos datos, el abogado debe de estar en condiciones de poder combatir de la mejor manera posible la sanción de expulsión.

Es importante también estar a disposición de tu abogado para lo que pueda ir necesitando desde ese momento. La comunicación abogado-cliente es fundamental durante toda la tramitación de un expediente de expulsión.

Sin embargo, no hay que olvidar que a la inversa también se debe responder, esto es, el abogado tiene que asumir de la mejor manera posible tu defensa jurídica. Para ello debe de interesarse en tu situación personal y recabar toda la información y documentación necesaria. Debe de tenerte informado con cualquier novedad importante. Y evidentemente, debe de estar disponible y a tu disposición, respondiendo con su trabajo durante toda la tramitación del expediente de expulsión.

Desgraciadamente, esto a veces no sucede, por lo que mi consejo es que si detectas que tu abogado no ofrece garantías de controlar la materia o que no está actuando de forma adecuada en beneficio de tus intereses, confía tu situación a otro abogado antes de que sea demasiado tarde.

4º.- SIEMPRE SE DEBEN DE PRESENTAR ALEGACIONES.

Por muy mala que sea tu situación en España, tu abogado siempre debe presentar escrito de alegaciones contra tu expediente de expulsión. Más o menos completa. Con mayor o menor documentación a tu favor. Pero siempre se debe alegar en contra del expediente de expulsión.

Para preparar adecuadamente el escrito de alegaciones, se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

a)    Facilita a tu abogado todos los documentos acreditativos de tu arraigo en España. Tiene que ser tu abogado el que te indique que tipo de documentación debes facilitarle, pero generalmente, yo aconsejo siempre acreditar los siguientes indicadores de arraigo: tiempo de permanencia en España; domicilio fijo y estable; vínculos familiares con residentes en España; convivencia estable con estos familiares; buena conducta y carencia de antecedentes penales; disponibilidad de compromiso de contratación; posibilidad de regularizar tu situación en España; posibles situaciones de vulnerabilidad o enfermedad grave.

b)    Alegar desde el primer momento supuestos de especial arraigo. El supuesto por excelencia es el ser padre o madre de un menor de nacionalidad española, ya que según jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo no se puede decretar la expulsión en estos casos.

c)    Facilitar comunicación y contacto con amigos y familiares. Sobre todo si se decreta el internamiento en un CIE, ya que puede ser de gran ayuda en la recopilación de la documentación necesaria para preparación de alegaciones, o aportar información adicional de importancia.

d)    Si es posible, y los plazos lo permiten, es vital intentar regularizar tu situación en España. Si ese trámite de regularización se puede aportar junto con el escrito de alegaciones, mejor que mejor.

Entiendo que no es fácil a estas alturas, pero os sorprendería la cantidad de veces que un expediente de expulsión se inicia a las puertas de presentar una solicitud de Arraigo Social, por ejemplo. Hay que saber aprovechar la oportunidad, y para ello el abogado debe tener un papel importante a la hora de identificar una posible vía de regularización y acceso a la residencia legal.

5º.- CONTROLAR DESDE EL INICIO LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN.

Como indiqué más arriba, siempre es recomendable estar en continua comunicación con tu abogado, y tu abogado contigo. Es la única forma de poder prever acontecimientos. No hay que olvidar que la gran mayoría de expedientes de expulsión incoados acaban, no con la sanción tipo de multa, sino precisamente en expulsión.

El contacto permanente posibilita estar informado de cualquier novedad en relación a la Resolución de la expulsión, pero sobre todo, para ir previendo recurrir esta Resolución en vía judicial.

6º.- RECURRIR TODO EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN EN VÍA JUDICIAL.

Partiendo de la premisa de que la gran mayoría de los expedientes de expulsión incoados por la policía son confirmados por la Oficina de Extranjería, no suele quedar otra opción que recurrir esa decisión ante juez con el fin de poder anular esta sanción, en muchos casos desproporcionada y desajustada a Derecho.

Además, los motivos de acudir a los tribunales de justicia son varios:

a)    Intentar que se anule el expediente de expulsión por no ser conforme a Derecho, o en todo caso, que se cambie por la sanción de multa. En ocasiones, si ha habido alguna deficiencia en la tramitación del expediente de expulsión se puede solicitar que se declare la nulidad de todo el procedimiento, quedando excluida cualquier tipo de sanción.

Si ello no es posible, siempre hay que intentar que se revoque la sanción de expulsión y se cambie por la sanción de multa económica en su cuantía menor (501 Euros).

b)    Intentar que se suspenda la ejecución de la expulsión como medida cautelar. Como expuse en el anterior artículo, la ejecución de la expulsión será inmediata si se decretó mediante el Procedimiento Preferente, o una vez finalizado el periodo de salida voluntaria (Procedimiento Ordinario).

Cuando se recurre esta expulsión ante un juez, se debe solicitar que se decrete la suspensión de la misma hasta que no se celebre la vista y se decida mediante sentencia si se mantiene o no la sanción de expulsión.

La ventaja indiscutible es la garantía absoluta de que no podrán expulsarte hasta que no recaiga una resolución firme al respecto. Teniendo en cuenta que esto puede tardar años, es de vital importancia conseguir esta suspensión.

c)    Intentar ganar tiempo para poder regularizarte. Si no fue posible poder regularizar tu situación en España en el momento en el que fue decretada la expulsión, mantenerla recurrida en vía judicial y suspendida su ejecución, puede otorgarte tiempo de maniobra para reunir los requisitos necesarios para acceder a la residencia legal (por ejemplo, el transcurso de los 3 años de permanencia en España para poder acogerte al procedimiento de Arraigo Social).

El Derecho de Extranjería reconoce actualmente diferentes vías de regularización. En el momento que tengas la posibilidad de acceder a una de ellas hay que aprovecharla.

7º.- EN CASO DE INTERNAMIENTO EN UN CIE.

Cuando se proponga tu internamiento en un CIE, la labor del tu abogado puede resultar crucial para intentar evitar que la misma llegue a efectuarse.

Ya sea como media cautelar solicita con la incoación del expediente de expulsión, ya sea una vez decreta la misma y con el fin de asegurar su ejecución, siempre es recomendable seguir los consejos 2º y 3º, esto es, contar con una abogado especialista en Derecho de Extranjería que te asista, y confiar plenamente en él.

En este caso, la labor de tu abogado consiste en desvirtuar los posibles motivos de internamiento. Para ello es imprescindible acreditar la situación de arraigo según los criterios expuestos más arriba (tiempo de permanencia en España; domicilio fijo y estable; vínculos familiares y convivencia estable con estos familiares; buena conducta y carencia de antecedentes penales; disponibilidad de compromiso de contratación; posibilidad de regularizar tu situación en España; posibles situaciones de vulnerabilidad o enfermedad grave). En todo caso, hay que evitar cualquier duda que pueda empujar al juez a considerar que existe riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio estable, actuaciones que puedan dificultar la expulsión, la existencia de sanciones administrativas previas o de procesos penales o administrativos sancionadores pendientes.

No obstante, como en ocasiones no es posible demostrar estos criterios en el momento en el que se resuelve el internamiento en el CIE, es labor de abogado, en la medida de lo posible, intentar argumentar esta situación a posteriori, recurriendo la resolución judicial de internamiento con el fin de lograr el cese de tu reclusión en el CIE.

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Expediente de Expulsión por estancia irregular: conceptos básicos (I).

Una de las mayores fobias que tiene todo inmigrante irregular en España es el miedo a que puedan expulsarlo del país. Miedo a la expulsión. Un miedo constante durante esa etapa de irregularidad por la que desgraciadamente pasan muchos inmigrantes, a veces desde su entrada en España (irregularidad originaria), otras, sobrevenida, tras perder su residencia legal debido, especialmente, a esta interminable y desoladora crisis económica.

Con el fin de evitar (en lo posible) esa situación de pánico a ser expulsado y de desconcierto que ahoga al inmigrante que se ve retenido en una comisaría de policía a la espera de la incoación del expediente de expulsión, este artículo ofrece una pequeña guía acerca de los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante esos momento, si alguna vez llegan a darse. ¿Qué es un expediente de expulsión? ¿Cómo es el procedimiento que se sigue para imponer esta sanción? ¿Cómo y cuándo puede decretarse el internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)? ¿Cómo puede eliminarse esta sanción administrativa?

Igualmente, estas líneas deben de servir para despertar la empatía de aquellas personas, españoles y ciudadanos de la UE, que jamás sabrán lo que es estar sometido a un procedimiento de expulsión. Conocer esta realidad es el primer paso para comprenderla.

¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN POR ESTANCIA IRREGULAR?

La expulsión es una de las sanciones administrativas que la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) prevé para el inmigrante que se encuentra en situación irregular en España, esto es, que no dispone de Autorización que le habilita a permanecer legalmente en el país, o teniéndola, no la ha renovado dentro de plazo. De esta definición cabe destacar tras aspectos fundamentales para entender adecuadamente un expediente de expulsión.

En primer lugar, es una simple sanción administrativa. No es una sanción penal (al menos de momento…), por lo tanto, el inmigrante en situación irregular no puede ser equiparado con un delincuente. Como comúnmente se suele decir, la expulsión como infracción equivaldría a una mera infracción de tráfico, si no fuera porque las consecuencias y la sanción impuesta resultan rotundamente desproporcionadas.

En segundo lugar, la expulsión es una de las sanciones previstas por estancia irregular del inmigrante, junto con la sanción de multa. Incluso es necesario aclarar que la sanción tipo prevista por la Ley de Extranjería es la de multa, imponiéndose la sanción de expulsión (en base al principio de proporcionalidad) cuando, además de la mera situación irregular del inmigrante, existan otros elementos negativos que deban de ser tenidos en cuenta para imponer esta sanción. Por lo tanto, la sanción tipo debe ser siempre la multa, siendo la expulsión la sanción máxima cuya imposición al inmigrante debe ser adecuadamente motivada por la Administración.

Desgraciadamente, la interpretación realizada por policía y Extranjería suele ser la contraria, imponiéndose generalmente y por sistema la sanción de expulsión en detrimento de la multa, en contra de la propia Ley de Extranjería y de la interpretación que de ella realiza la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y Tribunales de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas.

Por último, únicamente podrá imponerse la sanción de multa o la de expulsión, nunca ambas sanciones de forma simultánea.                 

¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE SIGUE EN UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN POR ESTANCIA IRREGULAR?

La Ley de Extranjería distingue entre dos procedimientos para poder imponer la sanción de expulsión por estancia irregular; el Procedimiento Ordinario y el Procedimiento Preferente. Veamos los aspectos fundamentales de ambos.

El Procedimiento Ordinario es el procedimiento básico y genérico establecido por la Ley de Extranjería para la incoación y tramitación de un expediente de expulsión. El Procedimiento Preferente debe ser utilizado cuando exista riesgo de incomparecencia del inmigrante, cuando pueda evitar o dificultar su expulsión, o cuando represente un riego para el orden público, o la seguridad pública o nacional.

En ambos procedimientos se reconoce el Derecho a la asistencia de un abogado (de oficio o de libre designación) y a la de un intérprete si comprende el castellano, de forma gratuita si no dispone de medios económicos.

Hasta aquí las similitudes. Las diferencias entre Ordinario y Preferente son abismales:

a)    El Ordinario prevé como plazo para presentar alegaciones contra el expediente de expulsión 15 días; el Preferente, únicamente 48 horas.

b)    Si se admite la prueba propuesta, el plazo para practicarla en el Ordinario es de hasta 30 días; en el Preferente el máximo es de 3 días.

c)    Contra la propuesta de resolución (de expulsión), el Ordinario permite presentar alegaciones por un plazo de 15 días; en el Preferente no existe esta posibilidad.

d)    Durante la tramitación del expediente de expulsión, el Preferente permite adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas por la Ley de Extranjería (las más comunes son la personación periódica ante policía; residencia obligatoria en determinado lugar; o retirada del pasaporte), incluida el internamiento en un CIE; el Ordinario impide dicho internamiento en el CIE.

e)    Una vez resuelta la expulsión, el Ordinario establece una periodo de salida voluntaria de hasta 15 días, pudiendo prorrogarse en atención a determinadas circunstancias (por ejemplo, tener a cargo hijos escolarizados o vínculos familiares); en el Preferente, la ejecución es inmediata, pudiendo decretarse incluso el internamiento en el CIE.   

En consecuencia, las garantías ofrecidas por el Procedimiento Ordinario son mayores que las del Preferente, siendo este último (desde mi punto de vista) un procedimiento de ínfimas garantías jurídicas, sumario, que provoca una gran indefensión al inmigrante afectado por el mismo. No hay color… 

¿QUÉ EFECTOS TIENE LA IMPOSICIÓN DE EXPULSIÓN PARA EL INMIGRANTE?

Una vez decretada la expulsión, el inmigrante debe de tener todas las precauciones posibles para que la misma no llegue a ejecutarse.

En primer lugar, como la propia sanción establece, la primera consecuencia es la imposición de una sanción administrativa que conlleva la expulsión del territorio nacional y del resto del territorio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países, Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza).

Igualmente, se impone la prohibición de entrada en los territorios delimitados anteriormente por un periodo de 3 a 5 años. La prohibición de entrada puede alcanzar los 10 años cuando el inmigrante suponga una amenaza grave para el orden, seguridad o salud pública, o para la seguridad nacional.

No obstante, es necesario destacar que existen casos en los que no podrá decretarse la expulsión, destacando sobremanera el supuesto de padre o madre de ciudadano español, según determinó en su día el Tribunal Supremo (STS de 26 de Enero de 2005).

¿CÓMO SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN?

La ejecución de la expulsión, como se indicó más arriba, tiene carácter inmediato si le procedimiento utilizado fue el Preferente. Si el procedimiento fue el Ordinario, se establecerá un periodo de salida voluntaria de entre 7 y 15 días, pudiendo prorrogarse en atención a determinadas circunstancias de especial relevancia como son tener a cargo hijos escolarizados o vínculos familiares, a modo de ejemplo. Transcurrido dicho plazo de salida voluntaria, la ejecución podrá realizarse en cualquier momento.   

En todo caso, si no pudiera realizarse en la ejecución en el plazo de 72 horas, podrá solicitarse el internamiento del inmigrante en un CIE hasta tanto en cuanto pueda ejecutarse la expulsión de España.

No obstante, la ejecución podrá suspenderse o aplazarse cuando se haya presentado una solicitud de protección internacional, hasta su inadmisión o resolución de la misma, o previa valoración, en los siguientes casos: a) mantener la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español; b) prestar atención sanitaria de urgencia o tratamiento básico de enfermedades; c) permitir el acceso para los menores al sistema de enseñanza básica; y d) necesidades especiales de personas vulnerables.

En la práctica, estos supuestos no suelen ser aplicados por la Administración de motu proprio, sino en la práctica totalidad de los casos son decretados en vía judicial.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE INTERNA AL INMIGRANTE EN UN CIE?

El internamiento del inmigrante en un CIE (qué son los CIEs lo veremos con detenimiento en próximos artículos) puede darse en dos momentos:

a)    Inicialmente como medida cautelar adoptada con la incoación del expediente de expulsión. Únicamente puede decretarse si se sigue el Procedimiento Preferente y con el fin de asegurar la expulsión.

b)    Con posterioridad a la imposición de la sanción de expulsión por Extranjería, si detenido el inmigrante no es posible ejecutar dicha expulsión en el plazo de 72 horas.

En estos supuestos, un juez podrá aprobar el internamiento del inmigrante a expulsar en un CIE, que deberá valorar adecuadamente en base al principio de proporcionalidad las circunstancias que concurren en ese caso concreto, especialmente, la posibilidad de riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa; actuaciones que puedan dificultar o evitar la expulsión; la existencia de sanciones administrativas previas o de procesos penales o administrativos sancionadores pendientes. Igualmente deberá tenerse en cuenta la situación de arraigo social, familiar, laboral, etc., del inmigrante a internar en el CIE.

(Esto, al menos, exige la Ley de Extranjería, aunque en muchas ocasiones la realidad dista mucho de la teoría, incumpliéndose estos criterios).

Decretado el internamiento en el CIE, solo podrá mantenerse por el tiempo imprescindible para llevar a cabo la ejecución de la expulsión, teniendo como límite máximo el plazo de 60 días. Igualmente, si en algún momento desaparecieran las condiciones que dieron lugar al internamiento, el inmigrante tendrá que ser puesto en libertad.

¿QUÉ ES LA CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO?

Afortunadamente para el inmigrante que está intentando regularizar su situación en España, dispone el Reglamento de Extranjería (RD 557/2011) que si en inmigrante al que se la va a iniciar un expediente de expulsión tiene presentada y en trámite solicitud de Autorización de Residencia y/o Trabajo por Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias, policía deberá de interesarse previamente por el estado de dicho solicitud.

Si esta solicitud cumple con los requisitos exigidos para su concesión, se procederá al archivo del expediente de expulsión, dejando sin efecto las actuaciones realizadas. Sin embargo, si la solicitud fuera a ser denegada, se continuará con la tramitación del expediente de expulsión, pero a través del Procedimiento Ordinario.

¿ES POSIBLE REVOCAR UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN UNA VEZ IMPUESTO?

Sí, es posible revocar un expediente de expulsión. La revocación es la posibilidad de eliminar esa sanción de expulsión y que imposibilita al inmigrante poder regularizar su situación en España.

En este sentido, cuando el inmigrante tenga decretada un expediente de expulsión, se podrá revocar, siempre y cuando, se cumplan con los requisitos para la concesión de una Autorización de Residencia y/o Trabajo por Arraigo, Circunstancias Excepcionales o Razones Humanitarias; por ser víctima de violencia de género; por Colaboración contra redes organizadas; o por ser víctimas de la trata de seres humanos. Es necesario tener en cuenta que el único impedimento para la concesión debe ser precisamente la existencia de dicha expulsión.

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Estos son los aspectos más importantes que toda persona debe conocer sobre un expediente de expulsión como sanción administrativa prevista por la Ley de Extranjería.

La próxima semana, en la segunda parte de este artículo, comentaré una serie de consejos legales que todo inmigrante debe tener en cuenta cuando se le inicie un expediente sancionador que pueda acarrear su expulsión de España, con el fin de poder combatir adecuadamente esta sanción administrativa de forma que todo acabe de la manera más favorable para sus intereses: bien, con su revocación en vía administrativa; o bien, con su eliminación y/o sustitución por multa en vía judicial.