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Derechos Humanos

Decálogo a favor de la Reforma Migratoria en Estados Unidos.

Como podía ser de esperar tras el atentado en Boston del pasado lunes 15 de abril perpetrado presuntamente de por dos personas de origen checheno, las voces contrarias a la reforma migratoria propuesta por Obama, y que actualmente se debate en Estados Unidos, no se han hecho esperar.

A pesar de que los presuntos autores del atentado no eran inmigrantes en situación irregular, algunas voces discordantes han tomado este desgraciado suceso como bandera anti-reforma migratoria, y de camino, para sacudir esas ideas latentes, pero dormidas, de vincular nuevamente inmigración y delincuencia. O aun peor, inmigración y terrorismo(de tintes islamistas).

Ante esta situación, no tengo duda alguna de que la reforma migratoria que se pretende llevar a cabo en Estados Unidos no tiene otra razón de ser que seguir adelante con la misma hoja de ruta prevista antes del desafortunado atentado.

Mis motivos vienen recogidos en el siguiente decálogo a favor de la reforma migratoria:

1º.- Todo inmigrante es un ser humano que tiene Derecho a residir legalmente en un Estado.

De auténtico perogrullo y reconocido en el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, es bien sabido que cada Estado adecúa su legislación migratoria a interese propio, dejando este precepto (desgraciadamente) en mero papel mojado.

No obstante, a pesar de estos obstáculos, existen inmigrantes en Estados Unidos (se calcula que más de 11 millones en situación irregular) que llevan años en la clandestinidad, siendo la cara oculta (pero necesaria) de la sociedad americana. Sociedad americana, por cierto, que ha acogido con muy buen agrado la reforma migratoria.

2º.- Cercenar de forma drástica cualquier vínculo entre inmigración y delincuencia…

Resulta de vital importancia deslindar de forma inmediata cualquier tipo de relación directa o indirecta entre inmigración y delincuencia. El inmigrante no puede ser identificado per se como delincuente. Mucho menos el inmigrante irregular, en situación más vulnerable que el resto del colectivo.

Este tipo de vinculación indeseada estigmatiza y humilla al inmigrante como ser humano, degradándolo a ser concebido de manera automática como responsable de todos los males que están sucediendo y sacudiendo a la sociedad americana. Criminalizar al inmigrante (irregular) evidentemente no es la solución.

3º.- … y por supuesto, entre inmigración y terrorismo.

Mucha menor justificación debe tener cualquier vínculo entre inmigración y terrorismo, sea del tipo que sea. Ya ocurrió en el pasado con los atentados del 11-S, donde se vivió una ola de fobia hacia la comunidad musulmana, ola que ha sido (o está siendo) difícil de poder revertir.

Curiosamente, desde el 11-S, el estado de alarma constante en el que se encuentra Estados Unidos ha sido el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de determinadas legislaciones contrarias a los Derechos Civiles y Derechos Humanos de los ‘enemigos’ de la nación, creando agujeros de odioso renombre como son, entre otros, Guantánamo o la prisión de Abu Ghraib.

Incluso los medios de comunicación deben medir sus palabras, a veces incendiarias, que empujan a que la opinión pública no perciba la realidad migratoria como lo que es: migración simple y llana, al margen de cualquier vinculación terrorista.

Recuerdo un artículo de opinión firmado por la periodista Michelle Malkin  (titulado ‘La tía inmigrante ilegal de Obama’) en el cual, refiriéndose al inmigrante en situación irregular, afirmaba que “se puede aprovechar de la tradicional práctica del Congreso de crear «leyes de ayuda especial» para ciertos inmigrantes ilegales que eviten su deportación y les otorguen la ciudadanía estadounidense. […] Algunos terroristas ya se han beneficiado de esta aplicación laxa de nuestras leyes contra la inmigración ilegal: Ramzi Yousef, Gazi Ibrahim, Abu Mezer y Mir Aimal Kansi, pidieron el asilo para evitar ser expulsados y así poder planear y ejecutar sus atentados desde dentro del país”.

Como he dicho más arriba, y como en su momento expuse holgadamente en mi artículo Inmigrantes Ilegales: concepto infame. Responsables y Deshonrados’, resulta eminentemente injusto todo vínculo entre inmigración y terrorismo. Considerar al inmigrante (ilegal)-terrorista pervierte al inmigrante como persona, como ser humano, identificándolo con el más vil de los asesinos, y transmite una concepción del fenómeno migratorio vinculado claramente con la concepción de terrorismo nacida después del 11-S.

4º.- Facilita la plena integración del inmigrante irregular.

Uno de los mayores problemas con los que se encuentra todo inmigrante fuera de su tierra es la integración en la sociedad de acogida. Si además se encuentra en situación irregular, el esfuerzo que debe hacer y los obstáculos que encuentra son aún mayores. Hay inmigrantes que debido al prolongado tiempo que llevan viviendo en Estados Unidos están plenamente arraigados en ese país a pesar de carecer de un estatus legal. Han asumido una forma de vida con la que al final terminan identificándose, por lo que es necesario que el camino recorrido acabe en la plena integración, asumiendo tanto Derechos como Deberes.

5º.- Es necesario acabar con esa fobia perenne a la deportación.

Existe un denominador común que identifica a todo inmigrante en situación irregular: el miedo a ser expulsado. A ser deportado.

Por regla general, el extranjero que no tiene su documentación en regla se encuentra en constante situación de ansiedad y angustia ante ese peligro constante de que la policía lo pueda parar y todo puede acabar con su expulsión del país. Este miedo acarrea que esa situación de clandestinidad a la que están abocados redunde en muchas ocasiones en un clima de inseguridad permanente. Miedo a ser expulsado. Miedo a tener que abandonar un país del que ya eres parte. Miedo a que te separen de tu familia: padres, hijos, cónyuge, nietos,… Ellos aquí y tú allí. Miedo al destierro, en muchas ocasiones, solo y sin familia.

Miedo a un futuro sin futuro. 

6º.- La reforma migratoria viene a reconocer la valía y la necesidad de la inmigración en la economía estadounidense.

Existen estudios que afirman que uno de los pilares fundamentales de la economía en Estados Unidos viene asentado en la mano de obra de la población inmigrante, parte de ella en situación irregular. Estos más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran pendiente de poder legalizar su situación en el país, son un recurso humano muy potente del que se viene beneficiando el sistema, y del que se va a seguir beneficiando en los próximos años.

Ya va siendo hora, por tanto, de que el sistema devuelva parte de lo que ha recibido de esta parte de la comunidad inmigrante y reconozca su valía y necesidad estratégica en la economía del Tío Sam. El inmigrante irregular es como la pieza del engranaje de un reloj de precisión: no se ve, es invisible. Pero si desaparece, el reloj se detiene. Deja de funcionar.

7º.- Es imprescindible para evitar la explotación laboral de mano de obra extremadamente vulnerable.

La población inmigrante en situación irregular suele ser uno de los colectivos más dañados por la explotación laboral. Salarios bajos, condiciones de trabajo infrahumanas, jornadas excesivas, vejaciones, humillaciones, y un largo etcétera, son el pan nuestro de cada día entre los inmigrantes en esta situación. Y no solo en Estados Unidos.

La vulnerabilidad de la irregularidad provoca que en muchos casos el trabajador explotado se encuentre ante la indefensión más absoluta, siendo dicha irregularidad precisamente un hándicap para poder exigir el respeto de sus Derechos laborales vulnerados de manera sistemática. La reforma migratoria, y por ende la residencia legal, brindaría, al menos, unas herramientas mínimas para la defensas de estos Derechos. 

8º.- Incluso en una lectura economicista e interesada, la regularidad supondría mayor contribución económica y fiscal.

No puede negarse que el incremento de residentes legales en Estados Unidos conllevaría aparejada un incremente importante a nivel de consumo, regularización y creación de empleo, y recaudación de impuestos. Estamos hablando de más de 11 millones de inmigrantes que pasarían contribuir de forma directa al sostenimiento de la economía y de la sociedad norteamericana.

Mayor consumo, porque es evidente que un inmigrante que no se encuentra sometido al yugo de la clandestinidad participa más de la vida social, consume más. Esa es la realidad. ¿Cuántos inmigrantes no salen de sus casas por miedo a que la policía los detenga y puedan acabar expulsados? Igualmente, el estar trabajando de forma legal incentiva la economía de forma directa. Y qué decir del aumento en la recaudación de impuestos.

Las ventajas, como se ven, no son pocas.  

9º.- Reconoce de forma implícita el Derecho a la vida en familia del inmigrante.

Como no puede ser de otro modo, el hecho de residir legalmente en un país, aleja al inmigrante de esa situación de clandestinidad ya descrita y del miedo a la deportación permanente. Se abandona ese miedo a que su expulsión pueda separarle de su familia. El desarraigo que ello provoca quebranta cualquier proyecto familiar de futuro conjunto, especialmente, si nos referimos a los hijos menores de edad, donde el desarraigo y la frustración que se genera cando se le niega el Derecho a crecer junto a sus padres resulta inhumano y cruel.

Pero ese estatus de residencia legal  también permitiría ejercer de forma libre (aunque no plena) el Derecho a la vida en familia, evitando las injerencias indebidas que la irregularidad administrativa provoca en la intimidad privada y familiar de los inmigrantes. Injerencias ilegítimas tales como no poder llevar a tus hijos al colegio sin correr riesgos; al parque o a un centro comercial donde puede disfrutar toda la familia; o simplemente, poder pasear libremente viendo una puesta de sol con tus seres queridos.

Esa pesada losa, losa psicológica, que te arrastra durante la penitencia de ser un inmigrante irregular, se torna en una suave brisa a favor con el acceso a la residencia legal.

10º.- Por último, demostrar que el Gobierno de Estados Unidos (y los Gobiernos en general) son mínimamente civilizados.

Sí, digo bien, civilizados. Creo que es exigible a todo Gobierno que combata y elimine las situaciones de irregularidad administrativa de los inmigrantes que viven es su país. Al margen de los distintos medios previstos para ello (más o menos legítimos), entiendo que cuando se acumula una bolsa considerable de inmigrantes irregulares, en este caso más de 11 millones, se deben de buscar medidas humanas, coherentes y razonables encaminadas a regularizar su situación. Y ello, como no puede ser de otro modo, para evitar una irregularidad a perpetuidad que vulnera de forma clara Derechos Humanos y Derechos Fundamentales que condena a la clandestinidad sin fin e impide el ejercicio legítimo del Derecho a la vida en familia.

Por todo ello, y en consonancia con los motivos contenidos en este decálogo, la reforma migratoria se debe llevar a cabo especialmente para evitar cualquier influencia negativa de aquellas opiniones oportunistas que confunden, y vinculan peligrosamente, inmigrante, ya sea regular o irregular, con delincuentes y terroristas.

Como vengo repitiendo hasta la saciedad, ni delincuente, ni terrorista. El inmigrante es precisamente eso: simple y llanamente, INMIGRANTE.

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Opinión

Empleados de hogar como trabajador discontinuo: ¿Pro o contra para los trabajadores inmigrantes?

El pasado 1 de abril entraron en vigor las últimas modificaciones introducidas en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (por medio del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social).

Las modificaciones introducidas fueron muy criticadas por sindicatos y organizaciones sociales, ya que se consideraban como un nuevo retroceso en los Derechos de estos trabajadores y trabajadoras (mujeres en su gran mayoría). No obstante, desde el punto de vista de la situación social y laboral a la que se encuentran sometidas la gran mayoría de la mano de obra que desarrolla su actividad dentro del ámbito del servicio doméstico, esto es, inmigrantes –en su práctica totalidad mujeres (1)-, quizás las conclusiones de sindicatos y organizaciones sociales no sean tan fieles a la realidad migratoria.

Obviamente, resultan conclusiones diametralmente opuestas. No obstante, partiendo de esa realidad migratoria, y de la experiencia adquirida del día a día en el desarrollo de mi trabajo, no tengo duda alguna de que es así.

En concreto, el Real Decreto-ley 29/2012 introduce una figura muy parecida, aunque no idéntica (jurídicamente hablando existen ciertas diferencia), a lo que la anterior normativa denominaba como empleados de hogar discontinuos. Los cambios introducidos se fundamentan en los siguientes aspectos:

a) Se establece que los empleados de hogar que presten servicios con jornadas de trabajo inferior a las 60 horas mensuales, deberán asumir directamente su afiliación, alta, baja o comunicación de variaciones de datos ante la Seguridad Social, si así lo acuerdan con el empleador.

b) En estos casos, el empleado de hogar será responsable del cotizar a la Seguridad Social, debiendo de percibir del empleador la parte correspondiente de la cuota a ingresar.

Si bien puede considerarse que ambos aspectos son contraproducentes a los Derechos de los trabajadores del servicio doméstico, desde el punto de vista del inmigrante que trabaja como empleado de hogar, y sobre todo, de las exigencias impuestas por el Derecho de Extranjería en vigor, la vuelta de esta figura de trabajador discontinuo debe ser considerara como necesaria para el mantenimiento del estatus de residencia legal de muchos inmigrantes.

En efecto, por un lado la crisis, pero por otro la eliminación en 2011 de la figura del trabajador discontinuo ha venido provocando que muchos inmigrantes que trabajan como empleados de hogar no hayan podido trabajar de alta en la Seguridad Social, y por ende, cumplir con los periodos de cotización exigidos por el Derecho de Extranjería para poder renovar la Autorización de Residencia y Trabajo de la que eran titulares. Soy testigo de infinidad de casos en este sentido, al igual que muchos abogados y entidades sociales que se dedican a la atención y asesoramiento a inmigrantes. Muchos se preguntaran qué relación existe entre una cosa y otra: muy sencillo. El anterior supuesto como trabajador discontinuo permitía al trabajador domestico controlar su situación laboral desde el mismo momento en el que se venía haciendo responsable de la afiliación, alta, y especialmente, de la cotización a la Seguridad Social.

Hay que partir de un hecho indiscutible: el servicio doméstico es uno de los trabajos donde la regulación jurídica destaca especialmente por la evidente vulnerabilidad de sus trabajadores, con un marco normativo de eminente desprotección donde los trabajadores deben ser considerados como unos auténticos olvidados dentro de las reformas laborales (entendidas en el buen sentido del término) llevadas a cabo en las últimas décadas. Y los casos y abusos cometidos sobre los empleados de hogar, especialmente sobre las mujeres, son una muestra innegable de ello: salarios míseros; jornadas de trabajo excesivas; supuestos en los que la retribución en especie llegaba a alturas abusivas; trabajadores en régimen interno que pasan las 24 horas del día encerrados en una casa prestando servicios; vacaciones y días de descanso no respetados ni disfrutados; y ello sin hacer mención a auténticos casos en los que existe explotación laboral, abuso sexual, humillaciones, vejaciones,… convirtiendo a la persona en auténtico esclavo del siglo XXI.

Toda esta lista de barbaridades fueron, son y siguen siendo el pan nuestro de cada día dentro del mundo del servicio doméstico, y resultan ilustrativas para considerar que su regulación en España es, como poco, inapropiada y desafortunada para los tiempos que vivimos. Aún más cuando muchos de los Derechos reconocidos en la actual regulación carecen de mecanismo (serios) que garanticen su efectivo cumplimiento.

Pero además, respecto al trabajador inmigrante (extracomunitario) existe un abuso adicional que no puede darse sobre el nacional o ciudadano de la UE: las consecuencias de la falta de alta y cotización a la Seguridad Social. Habrá quien piense que este hecho perjudica a cualquier trabajador por igual, si pensamos en una futura jubilación, incapacidad, bajas por maternidad, enfermedades, etc… Cierto, todas estas circunstancias son comunes a cualquier trabajador, extranjero o nacional, pero existe una diferencia vital. Los inmigrantes (por regla general) se encuentran obligados a tener que demostrar determinados periodos mínimos de alta en la Seguridad Social para poder renovar la Autorización de Residencia y Trabajo de la que son titulares, y con ello, mantener la residencia legal en España.

Esta falta de alta en la Seguridad Social es la que está acarreando que muchos inmigrantes que trabajan como empleados de hogar no puedan seguir manteniendo su residencia legal, y junto con ellos, todos los familiares que viven a su cargo o que tienen alguna relación de dependencia. La irregularidad sobrevenida en cadena está siendo una lacra en los últimos años debido a la crisis, pero especialmente entre los empleados de hogar, debido a la falta de alta en la Seguridad Social. Y es que dentro de esta situación hay una realidad innegable: los empleadores se niegan en muchos casos a asumir las cuotas de cotización de la Seguridad Social que les corresponde desde la aplicación efectiva del Real Decreto 1620/2011, y que antes debía cubrir el propio trabajador. Ante esa tesitura muchos empleados de hogar terminan trabajando sin alta en la Seguridad Social y sin cotizar, viendo como se marchan poco a poco las posibilidades de poder renovar su estatus legal.

Evidentemente, en ningún momento defiendo, ni defenderé que el trabajador en servicio doméstico tenga que tragar con todo y asumir los abusos por parte de su empleador. Lo que sí defiendo es el Derecho de todo inmigrante que trabaja duro y con esfuerzo cada día, a que pueda renovar su Autorización y continuar siendo residente legal en España. Y esa situación es la que ofrece esta última modificación del Sistema especial para Empleados de Hogar, esto es, el poder controlar su situación laboral y poder cubrirse las espaldas con garantías de continuar manteniendo ese estatus legal que tanto cuesta conseguir.

En un mundo perfecto, los empleados de hogar tendrían todos los Derechos y las mismas garantías que cualquier otro trabajador por cuenta ajena (por cierto, ¿para cuándo el reconocimiento de la prestación por desempleo para un empleado de hogar? ¿Acaso no cotizan igual que cualquier otro trabajador? Hay fórmulas y mecanismos para, al menos, un reconocimiento parcial, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores autónomos). En un mundo perfecto, el trabajador inmigrante tendría garantías efectivas (no solo teóricas) de poder mantener la residencia legal ante abusos y ausencias de cotización achacables a sus empleadores. En un mundo perfecto, debería poderse reconocer una vergonzosa realidad fáctica como es la enorme burbuja de economía sumergida existente en el servicio doméstico, donde el perjuicio clamoroso recae sobre los trabajadores, únicas víctimas del actual sistema.

Pero sobre todo, en un mundo perfecto, el trabajador inmigrante no debería dejar de ser residente legal porque el empleador no quiera darle de alta en la Seguridad Social y el sistema no prevea otras vías para el mantenimiento de este estatus legal. Mientras que no existe una alternativa mejor, en este mundo imperfecto, la única alternativa efectiva para ello es esta figura como trabajador discontinuo que el Real Decreto-ley 29/2012 vuelve a introducir.

En consecuencia, mientras ese mundo perfecto no llegue, se debe permitir que el trabajador inmigrante pueda gestionar autónomamente su propia estabilidad laboral, que ante la falta de una figura jurídica como es la del trabajador discontinuo, le viene empujando desde la aplicación efectiva del Real Decreto 1620/2011 hacia la economía sumergida forzada, la irregularidad sobrevenida propia y de sus familiares, y la perdida irremediable de Derechos básicos (no hay que olvidar que con la reforma sanitaria los inmigrantes en situación irregular han visto restringido el Derecho a la Asistencia Sanitaria de forma drástica).

Creo que hay una realidad evidente, esta es, la irregularidad sobrevenida en la que están cayendo miles de inmigrantes que hasta 2011 venían trabajando por horas y gestionaban su propia situación laboral mediante la figura del trabajador discontinuo, a la que hay que dar respuestas antes de plantearnos metas de mayor envergadura.

Creo sinceramente que si no se trabaja en esa dirección, se corre el riesgo de ignorar necesidades básicas e imprescindibles para el desarrollo pleno de otros Derechos de mayor relevancia.

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(1) El porcentaje medio de mujeres inmigrantes en situación de alta en el Sistema especial para Empleados de Hogar respecto al de hombres representa 90%.

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Derechos Humanos Opinión

Violación de DDHH: Las vergüenzas del Estado de Derecho.

En estos días no dejan de aparecer noticias en las redes sociales (la prensa parece que está para otras cosas) que denuncian la vulneración flagrantes de los Derechos Humanos de los inmigrantes en España. Un caso tras otro deja patente que la situación actual de los Derechos Humanos no tiene toda la protección y garantía que se debería presumir en un Estado de Derecho como es España.

Informes sobre el CIEs de Valencia (Zapadores), en los que se han constatado amenazas, insultos, vejaciones sistemáticas, malos tratos físicos, e incluso casos de abuso sexual (‘¿Cuál es el delito?’, Informe de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros: Caso Zapadores).

Pero estos casos no son aislados. No hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar las muertes de inmigrante en los CIEs de España: Samba Martine en diciembre de 2011 el CIE de Aluche; e Ibrahim Sissé en enero de 2012 el CIE de Barcelona.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

También sorprende la muerte de una mujer boliviana en Valencia a la que una simple gripe mal diagnosticada le arrebató la vida ante la desesperación de sus esposo que veía como la ambulancia tardaba más de 2 horas en llegar (el Ministerio Fiscal investiga por posible negligencia médica e indicios racistas). Consecuencias de la negativa a atenderla por parte de los servicios hospitalarios provocados por la reforma sanitaria.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Para colmo nos encontramos con un anteproyecto de reforma del Código Penal (Artículo 318 bis) que intenta criminalizar la ayuda prestada a un inmigrante irregular con penas de prisión de hasta dos años. Como posibles responsables penales una lista interminable: ONGs, entidades religiosas, entes públicos, abogados, transportistas, personas altruistas,… en fin, cualquiera, tú y yo incluidos. Estos intentos de criminalizar al inmigrante y de criminalizar a quien le presta ayuda, podría ser calificado como un chiste de mal gusto si no fuera porque la sanción penal prevista puede acarrear una pena privativa de libertad.

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Y no podían faltar las polémicas tasas judiciales. Éstas afectan a todos los ciudadanos, no solo a los inmigrantes. En el caso de los extranjeros, nos encontramos con la clamorosa situación (absurda, ilegítima e inconstitucional a mi manera de ver) donde la tutela judicial reconocida constitucionalmente en España como Derecho Fundamental por el Artículo 24.2 queda en mero papel mojado. ¿Cómo es posible que para poder recurrir un Expediente de Expulsión, situación que nace del poder punitivo del Estado, se tengan que pagar tasas por valor de 218 euros? A veces, la única manera de poder parar una expulsión es acudir a instancias judiciales. Y mucho peor ¿Cómo se puede concebir que para recurrir un Auto que deniega la suspensión de la ejecución de dicha expulsión haya que pagar la cantidad de 818 euros de tasas? Pero esto es únicamente una muestra: denegaciones de reagrupación familiar, renovación de autorizaciones, supuestos por circunstancias excepcionales o razones humanitarias,…

Una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.

Y esto es solo la punta del iceberg. Todos estos casos del día a día muestran y demuestran las vergüenzas de un Estado de Derecho como es (o debería ser) España. Uno se pregunta en qué mundo vivimos. O mejor dicho: ¿en qué Estado de Derecho vivimos? ¿O habría que decir “Estado de Derecho”?

Recuerdo cuando comencé la carrera de Derecho. En la asignatura Derecho Natural, uno de los autores estudiados, Nomberto Bobbio, en su Teoría General de Derecho, distinguía entre la validez jurídica de una norma y su relevancia en relación con los valores de Justicia. Considera Bobbio que si bien una norma jurídica puede tener su validez reconocida por el sistema, una vez que ha sido aprobada según el procedimiento establecido, la misma no siempre representa los valores de Justicia a las que el Derecho debe aspirar. Ejemplos claros de esta situación son las leyes existentes durante muchos siglos que permitían la esclavitud de las personas; las leyes sobre apartheid en Sudáfrica; o las leyes promulgadas en Alemania contra los judíos durante el Tercer Reich.

Las diferencias puestas de relieve por Bobbio entre leyes justas y leyes injustas están totalmente de vigencia hoy en día. Y desgraciadamente la existencia de leyes injustas en relación con los Derechos Humanos resulta cada más patente. Ejemplos de ello también citados anteriormente: Una Ley de Extranjería que permite la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros donde se amenaza, se coacciona, se maltrata, se humilla, se abusa, e incluso donde llegan a morir personas que se encuentra recluidas de libertad; una reforma sanitaria que restringe el Derecho a la Salud de los inmigrantes en situación irregular, llegando a provocar la muerte de personas necesitadas de un médico que las atienda; o una Ley de Tasas judiciales que crea una Justicia para ricos y otra para pobres, que impide el acceso efectivo a la tutela judicial con todas las garantías previstas por la Constitución para todas las personas, independientemente de su nacionalidad; y que no decir de ese anteproyecto de reforma del Código Penal que quiere criminalizar la hospitalidad a diestro y siniestro.

En fin, la existencia de leyes injustas y contrarias a los Derechos Humanos son evidentes. Leyes injustas pensadas y aprobadas por quienes nos gobiernan, por quienes nos representan legítimamente. Aunque cabría preguntarse: ¿Por quienes de verdad nos representan legítimamente? Yo estoy totalmente convencido de que no es así. El pueblo reclama sin cesar un Derecho justo y legítimo. Un Derecho que represente sus ansias de Justicia. Un Derecho que defienda y dé cobertura legal a las necesidades más elementales del ser humano.

Sin embargo, ¿qué se encuentran a cambio?: Un sistema político enfermo y endémico donde la corrupción se ha convertido en la regla general y donde la impunidad (desgraciadamente) campa a sus anchas; una (descastada) casta política que cada vez menos puede ser considerada como representativa y merecedora de la confianza ciudadana; dinero público derrochado negligentemente; en unos casos, dinero público que (presuntamente) ‘Noos’ han estado robado durante años llevando por bandera el ‘sin ánimo de lucro’; en otros, dinero público que perteneciendo al pueblo andaluz se ha malgastado en gambas, putas y cocaína; en fin, dinero público que se recorta de otros lugares y que se destina al rescate de la banca.

Ésta es, al fin y al cabo, la realidad que la gente de la calle se encuentra en el día a día: por un lado, leyes injustas aprobadas contra todos en general, y contra los Derechos Humanos (especialmente de los inmigrantes), en particular; y por otro, leyes injustas aprobadas para amparar los privilegios y la impunidad de unos pocos, y mantener un sistema, que como se dijo anteriormente, está claramente enfermo y endémico.

En conclusión, y por si todavía no ha quedado claro hasta ahora: Nos encontramos ante una realidad vergonzosa para un Estado de Derecho.   

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Consecuencias de la Reforma Sanitaria: el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros.

Ha llovido ya bastante desde que el pasado 1 de Septiembre de 2012 entrara en vigor de forma plena la polémica reforma sanitaria llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el actual gobierno. Pero a pesar del tiempo transcurrido (7 meses), todavía siguen existiendo ciertas dudas sobre algunos aspectos de la reforma sanitaria. Uno de estos puntos controvertidos es el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros que se encuentran en España, tras la modificación del Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería) y de los Artículos 3 y 3 ter de la Ley 16/2003 (Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud).

En efecto, aunque los preceptos citados, presuntamente buscaban delimitar el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros, fueran residentes legales o inmigrantes en situación administrativa irregular, todavía hoy sigo siendo testigo de casos en los que, por ejemplo, los Centros de Salud niegan la expedición de la Tarjeta Sanitaria a extranjeros residentes legales a la que tienen Derecho según lo dispuesto en los recién modificados Artículo 12 de la Ley de Extranjería y Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Salud. O supuestos en los que inmigrantes en situación irregular son desatendidos en los servicios de urgencias de algunos hospitales, algo a todas luces ilegal (sin entran en valoraciones éticas, humanitarias o deontológicas, y como no, constitutivas de delito) al considerar que la enfermedad o dolencia de la que se aquejan no se encuentra dentro de los supuestos previstos por la legislación en vigor.

Pues bien estas situaciones, a día de hoy se siguen dando. Y no hablo de casos aislados. Me sorprende, en primer lugar, el profundo desconocimiento que está demostrando una parte de las personas responsables de garantizar la asistencia sanitaria de los inmigrantes (nunca se debe generalizar). Pero me sorprende aún más, que habiendo transcurrido 7 meses desde la reforma sanitaria en este sentido, todavía se sigan dando estos supuestos de indefensión y vulneración en un Derecho tan básico y trascendental como es el Derecho al acceso a la Salud de la población inmigrante.

Por todo ello, el objetivo del presente texto es aclarar lo máximo posible los distintos supuestos en los que el actual Ordenamiento Jurídico reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los extranjeros en España.

I. EXTRANJERO RESIDENTE LEGAL.

Antes de comenzar por delimitar los supuestos en los que el extranjero residente legal tienen reconocido el Derecho a la Asistencia Sanitaria, es necesario poner de relieve que el Artículo 12 de la Ley de Extranjería, tras la modificación sufrida por la reforma sanitaria, dispone que «Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria».

Según se desprende de dicho precepto, desde entonces es necesario acudir a lo dispuesto en el articulado de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en especial su Artículo 3.

De conformidad con ello, el extranjero residente legal en España tiene reconocido el Derecho a la Asistencia Sanitaria en los siguientes supuestos:

a)      Extranjero trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que se encuentre de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta.

b)      Extranjero que tenga reconocida una pensión por la Seguridad Social.

c)      Extranjero que esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo, así como cualquier otra prestación reconocida por la Seguridad Social.

d)     Extranjero que se encuentra en situación de desempleo tras haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo.

e)      Extranjero que no encontrándose en ninguno de los supuestos anteriormente citados, (sea nacional de un estado de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y que resida en España, o), siendo residente legal en España, no disponga de ingresos propios superiores a los 100.000 Euros al año.

Este supuesto, uno de los que crea más confusión, reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria por el simple hecho de ser residente legal en España sin más límite que el no tener ingresos superiores a los 100.000 Euros en cómputo anual. 

f)       Por último, también se reconoce el Derecho a la Asistencia Sanitaria al extranjero residente legal que sea cónyuge o persona con análoga relación de afectividad (léase, pareja de hecho), al ex cónyuge a cargo, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

Según los supuestos citados, únicamente cabría excluir al extranjero residente legal del Derecho a la Asistencia Sanitaria cuando disponga de ingresos propios superiores a las 100.000 Euros, en cuyo caso la asistencia sanitaria podrá obtenerse bajo pago de la misma. Salvo esta excepción, en los demás casos, el extranjero residente legal tendrá siempre Derecho a la Asistencia Sanitaria, situación idéntica a la de una persona de nacionalidad española.

En estos casos, el Derecho a la Asistencia Sanitaria reconoce la siguiente cobertura:

a)     Atención Primaria: Nivel más básico de la atención sanitaria, incluye entre otras, la asistencia sanitaria bajo cita previa o de urgencias; prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; rehabilitación básica; atención paliativa a enfermos terminales; atención de salud mental; o atención de  salud bucodental.

b)   Atención Especializada: Garantiza la continuidad de la atención integral al paciente cuando se sobrepasa la atención primaria y hasta su reintegración en dicho nivel. Comprende la asistencia especializada en consultas y hospitalaria; hospitalización en régimen de internamiento; apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio; prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; atención paliativa a enfermos terminales; atención de salud mental; y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

c)    Atención Sociosanitaria: Conlleva el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos (generalmente crónicos) que por su situación pueden beneficiarse de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. Se incluyen en este nivel: Los cuidados sanitarios de larga duración; la atención sanitaria de convalecencia; y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

d)   Atención de Urgencia: Es aquella que se dispensa cuando la situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata, ya sea en Centros Sanitarios o en el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día. Incluye atención médica y de enfermería.

e)    Prestación Farmacéutica: Comprende los medicamentos, productos sanitarios y las actuaciones sanitarias, en las dosis precisas según cada paciente, durante el período de tiempo necesario.

f)    Prestación Ortoprotésica: Uso de prótesis ortopédica que sustituye total o parcialmente una parte del cuerpo, o modifica, corrige o facilita su función.

g)   Transporte Sanitario: Es el desplazamiento del enfermo por causas exclusivamente clínicas, cuya situación le impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.

Esta es la situación actual del extranjero residente legal en España según las modificaciones introducidas por la reforma sanitaria.

II. EXTRANJERO EN SITUACIÓN IRREGULAR.

Los extranjeros en situación irregular son los que más han sufrido los recortes excesivos de la reforma sanitaria. Hay que recordar que antes de la reforma, el Artículo 12.1 de la Ley de Extranjería establecía que «Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».

Tras la reforma sanitaria, el gobierno ha limitado el Derecho a la Asistencia Sanitaria del extranjero en situación irregular a lo dispuesto en el nuevo Artículo 3 ter de la Ley 16/2003. Dicho precepto reconoce únicamente el Derecho a la Asistencia Sanitaria del extranjero irregular en los siguientes casos:

a) Supuesto general: Asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) Para la mujer: Asistencia al embarazo, parto y postparto.

c) Para los menores de 18 años: Asistencia Sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Al margen de estos dos últimos supuestos, que no han sido modificados por la reforma sanitaria, el extranjero en situación irregular únicamente tendrá Derecho a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente.

En comparación con la situación de extranjero residente legal, al que se encuentra en situación irregular:

a) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Primaria.

b) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Especializada.

c) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención Sociosanitaria.

d) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Atención de Urgencia para cualquier tipo de atención que no responda a enfermedad grave o por accidente.

e) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Prestación Farmacéutica.

f) NO se le reconoce y se le retira el Derecho a la Prestación Ortoprotésica.

g) NO se le reconoce y se le retira el Derecho al Transporte Sanitario.

Para poder acceder a estos Derechos, la reforma sanitaria exige al inmigrante irregular el pago de la prestación de estos servicios sanitarios.

La diferencia entre ambos supuestos resulta abismal. A pesar de los intentos por dar una explicación coherente a esta restricción de Derechos por parte de autores y defensores de esta atroz reforma del Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes irregulares, no logro entender como en pleno siglo XXI se puede llegar a cercenar un Derecho tan valioso como es el Derecho a la Salud.

En efecto, no hay que olvidar que con estas restricciones se está especulando con el Derecho a la salud y a la integridad física de estas personas, y por ende, con un Derecho Humano de reconocimiento universal como es el Derecho a la Vida, Derecho Fundamental en España según dispone el Artículo 15 de la Constitución.

¿Cómo es posible que un Estado de Derecho restrinja un Derecho de vital importancia basándose en meros criterios oportunistas? ¿Depende la solidez del sistema público de sanidad español de excluir a estas personas de la atención sanitaria? ¿De verdad estamos dispuestos a legitimar este tipo de restricciones y cargar en nuestra conciencia las funestas consecuencias que pueden acarrear?

Si bien es cierto que algunas Comunidades Autónomas han decidido hacer caso omiso a dichas restricciones introducidas por la reforma sanitaria, no menos cierto es que no existe claridad ni homogeneidad en las decisiones tomadas. Sin ir más lejos, como dije al comienzo, yo mismo he sido testigo de casos de hospitales en la provincia de Cádiz que se han negado a la atención de urgencia por considerar que el inmigrante en situación irregular no se encontraba en el supuesto contenido en el Artículo 12 de la Ley de Extranjería; o de la abuelita a la que un Centro de Salud le retiro un tratamiento médico con problemas cardiacos hasta la obtención de su Autorización de Residencia; incluso casos en los que no se reconoce el Derecho a la obtención de la Tarjeta Sanitaria de una inmigrante residente legal por considerar (antijurídicamente) que no se encontraba en ninguno de los supuestos previstos por la Ley.

Esto sucede en la provincia de Cádiz, Andalucía, a pesar de haberse repetido una y otra vez que la Comunidad Autónoma mantendría el Derecho a la Asistencia Sanitaria en las mismas condiciones que se reconocían a todos los extranjeros antes de la reforma sanitaria. Desconozco como estarán actuando otras CC.AA., pero lo cierto es que por acción u omisión el Derecho a la Asistencia Sanitaria de los inmigrantes en Andalucía (al menos en la provincia de Cádiz) no está teniendo la cobertura prometida.

Pero yendo un paso más allá, habría que cuestionarse directamente el fin último de una Ley de Sanidad, como es la Ley 16/2003, la cual no respecta sus principios más básicos y elementales. Para ello solo tenemos que acudir a su propia Exposición de Motivos, según la cual «La Constitución Española de 1978, en su artículo 41, afirma que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; asimismo, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».

O su Artículo 2 b), según el cual considera principio básico en el que se sustenta dicha Ley el «aseguramiento universal y público por parte del Estado».

En plena crisis económica y humanitaria ¿Dónde están las garantías que debe prestar la Ley de Sanidad contra esas supuestas «situaciones de necesidad»? ¿Cómo se garantiza y se reconoce «el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», cuando hay una reforma sanitaria que mutila estos Derechos para los extranjeros en situación irregular? ¿Dónde ha quedado ese «aseguramiento universal y público por parte del Estado»?

Resulta grotesco ver como el propio Real Decreto-Ley 16/2012 justifica la reforma sanitaria llevada a cabo considerando que «será de esta manera como realmente se podrá garantizar a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal».

¿En qué lugar de dicha afirmación se encuentra el inmigrante irregular? Al menos que, evidentemente, no consideremos al inmigrante irregular como ciudadano digno de estos Derechos. Después de todo, quizás resulten no ser personas, sino simple escoria que no merecen más atención. Más Derechos.

Lo que si queda claro es que nos encontramos con un gobierno y un Estado “de Derecho” que delimita y distinguen sus Derechos Humanos más elementales, como son el Derecho a la Salud y el Derecho a la Vida, entre seres humanos de primera y seres humanos de segunda.